El portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, denunció este viernes por la tarde en Ibiza «el desamparo total» que sufren las víctimas de la usurpación de viviendas, lamentando también que son el eje de una campaña orquestada por el Gobierno para minimizar e invisibilizar el sufrimiento de las personas a quienes han okupado sus casas. Así lo aseguró Bravo, participante en la iniciativa del PP de Ibiza, ‘Objectius a Debat’, que en esta ocasión abordó el problema de la okupación ilegal de viviendas, el allanamiento y la inquiokupación. El foro fue moderado por el senador autonómico Miguel Jerez y contó además con el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Baleares, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular en materia de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. El presidente de la plataforma nacional recordó que ahora mismo registran en toda España unos 7.000 casos abiertos relacionados con okupaciones, casos que, según estadísticas, habrían crecido más de un 7% en el último año, aunque puntualizaron que hay muchas víctimas más que no aparecen recogidas en esos porcentajes puesto que algunas familias pueden decantarse por buscar vías extrajudiciales para solventar su situación. «En las estadísticas no se recoge ni un solo caso de inquiokupación. Nosotros los ciframos en unos 80.000 en toda España», insistió. Bravo lamentó que no se estén dando soluciones legislativas para acabar con esta lacra. También reconoció la sorpresa en la plataforma porque en Baleares, con la grave problemática habitacional, se están dando incluso okupaciones de barcos. «En las islas, vemos más las usurpaciones como síntomas de la situación, no como la causa», insistió. «En Baleares hay muchas segundas residencias que están siendo okupadas. Los extranjeros allanados desconocen los recursos existentes en España. Puede haber un número de afectados sorprendente que puede crear una alarma incluso internacional», advirtió Bravo. Según explicó también, el caso de la casa okupada en Sant Antoni llegó al Parlamento Europeo donde se comentó cómo llegó a actuar el pueblo para expulsar a los okupas. Consejos como contratar de inmediato a un abogado para saber cómo actuar ante una posible okupación fue uno de los consejos ofrecidos por Bravo puesto que, actualmente, «sólo se puede denunciar y esperar». Fausto Oviedo, por su parte, agradeció que el Partido Popular haya impulsado este debate social «tan necesario» al haberse convertido la usurpación de viviendas en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. «Y es normal porque se está legislando de forma desleal contra la Constitución para convertir el país en una España sin propiedad privada y sin herencia y esto es muy grave», consideró. El presidente de la asociación balear señaló que la okupación y la inquiokupación no son un reflejo real de la sociedad actual, sino que «son el resultado de la permisividad institucional ante las mafias».  «Desconozco las razones por las que se está erosionando la Constitución, pero estos fenómenos sólo demuestran el fracaso del actual Gobierno al ser un síntoma inequívoco de que existe un país donde no hay ley ni orden», criticó. Según añadió también, eventos como el de ayer sirven para brindar información a los ciudadanos y aumentar la conciencia social sobre la necesidad de lograr un cambio legislativo para contar con una auténtica ley antiokupación.

Bromea con que le llamemos ‘Capitán Jack Sparrow’ mientras sus compañeros, un grupo de personas sin hogar que duerme en el interior del Aeroport de Palma, escuchan atentamente los retazos de su última aventura. Es curioso, pero cuando lo cuenta, se ve ilusión en sus ojos . Aunque también sabe que ha cometido un delito grave robando el ‘Peregrin Tuk’; un velero de doce metros de eslora en el que navegó, junto a otro de los compañeros sintecho, durante dos días. Pedro M.V. cumplía los 59 años el pasado lunes 21 de abril cuando, según él, «decidí dar fin a la aventura y entregarme a las autoridades». Pasó su aniversario en el calabozo. Quiere dejar claro que, tras el robo de la embarcación , no fueron interceptados por la patrullera sino que fue él mismo quien contactó con el Canal 16, dio el aviso a Salvamento Marítimo y éstos, a la Guardia Civil. Los agentes acabaron por detener a los dos hombres la mañana del lunes a las 09.50 horas. Habían pasado más de cuarenta y ocho horas en el barco robado . La patrullera acudió al punto que indicó la radiobaliza desplegada. Según el testimonio del hombre, fue él quien avisó a Salvamento Marítimo porque «quería entregarme» «El velero era precioso», dice. Iba acompañado de un ex acaudalado empresario y patrón de yate que también acabó sin techo a causa de concatenar una serie de malas decisiones. El alcohol fue el detonante en la mente de ambos para cometer el delito . «Nos bebimos una botella de whisky en la terminal y luego, no sé cómo, llegamos a Ca’n Pastilla. Nos metimos donde los barcos y entramos en uno. Le gustó a mi amigo», cuenta. En el interior encontraron más alcohol y continuaron con su fiesta particular. Acabaron con dos botellas de ron, dos de tequila y una caja de cervezas. «Pero no había comida. Dicen que nos pusimos las botas, pero no es cierto. Beber sí bebimos», confiesa. Asegura que estuvieron de fiesta durante toda la madrugada y que partieron con el velero ya de día. Era la mañana del sábado 19 de abril. «No forzamos nada. Las llaves estaban en un canastillo muy cerca del bombín, junto al puesto de gobierno . Las cogimos, arrancamos y tiramos p’alante», narra convencido. Se dirigieron hacia Cabrera y dice que llegaron a abarloarse a la costa «para pedir tabaco, porque nos habíamos quedado sin». A pesar de ello siguieron adelante con su viaje inesperado, «teníamos alcohol y combustible en el velero». Según cuenta, luego volvieron en dirección a Sa Ràpita, encontrándose en el canal con olas de entre dos y tres metros . Llegaron a pasar dos noches en el buque. Pedro quiere compartir su historia para provocar una reflexión, aunque sabe que cometió un delito grave que ha afectado a otras personas «Él durmió en el camarote del capitán y yo en el otro, había tres en total», dice Pedro, añade que se despertó de madrugada y convenció a su compañero para dar aviso. «Tú no sabes lo que es estar en este agujero» , cuenta señalando los sacos de dormir de los sintecho con los que convive en el aeropuerto. «No nos dejan dormir aquí y por eso nos despiertan de madrugada, duermes en el suelo, no hay derecho a esto», cuenta con tristeza. Afirma que quiso escapar de la realidad por unos instantes. Sentir la libertad y la soledad de «navegar en silencio y bajo las estrellas» . Muchos pensaron que su intención era escaparse ya que llevaban todo su equipaje con ellos, aunque explica que fue para que no le tiraran sus cosas a la basura. Según sus cuentas, «a la velocidad que íbamos, podríamos haber llegado a Alicante», aventura. Aunque su estado, despierto aunque bajo los efectos del alcohol, dificulta pensar en esa posibilidad como veraz. «En parte sí lo hice por mi cumpleaños pero la verdad es que el alcohol nos dominó. Navegar sin ver a nadie, sin que venga la policía, poder dormir en un colchón, levantarte y ver el barco navegar, disfrutar», divaga. Le duele una costilla. Resbaló en el barco y se golpeó contra el picaporte del baño . Asegura que él también tiene conocimientos de náutica y que fue «patrón de embarcaciones de recreo con un barco de nueve metros de eslora», además de trabajar para Aena durante años. «Si no sabes navegar, te estrellas. Cuando él dormía, yo navegaba y viceversa, hemos devuelto intacta la embarcación . Es mentira que esté destrozada, ni un rasguño tiene», dice convencido. La propiedad del velero no piensa lo mismo. Asegura que los dos indigentes «vandalizaron» el interior de la embarcación y forzaron la puerta de la cabina . Pedro admite que «dejamos tiradas varias latas de cerveza, un cojín en el suelo, el mamparo caído, pero poco más. Con el oleaje se cayó también el platero». Se le nota la preocupación por las repercusiones; por mucho que pueda dar una imagen distinta, sabe que se ha equivocado. « Me arrepiento , esto me va a costar caro, perderé a mi familia y eso es lo que más me importa, me preocupa muchísimo», confiesa emocionado. Por otra parte, dice no tener miedo de entrar en la cárcel, «no tengo antecedentes pero igual no puedo pagar y entro por eso». Mientras habla, su mente vuelve a las horas en las que fue libre, navegando en el velero robado. «Ver el mar azul, olvidarme de todo lo que veo aquí todos los días , necesitaba una escapada, más que por mi cumpleaños, de la vida en general», dice. El detenido fue puesto en libertad el martes 22 y volvió al recinto aeroportuario. Allí nos contó que tiene conocimientos náuticos, al menos, como patrón de embarcaciones de recreo. «Pienso en donde estoy, quien soy y donde quiero ir, y como nada está saliendo bien, uno se vuelve rebelde» Pedro no se enorgullece de su hazaña, a pesar de que ha sido una de las pocas cosas que le ha hecho sonreír en los últimos tiempos. Es consciente del daño que ha causado a los afectados y una vez más, le ha hecho pensar en los errores cometidos a lo largo de su vida. Según cuenta, vivía en un chalet en Badia Gran y llegó a tener su propia embarcación. Lo perdió todo a causa de decisiones erróneas y la llamada ‘mala vida’. Con sangre andaluza, Pedro también escribe y toca flamenco; nos lo cuenta mientras nos lleva al rincón de Salidas, en Son Sant Joan , donde ha dormido los últimos siete meses. «Mira, aquí vivimos. Lo compartimos todo» , dice mientras le pido que baje la voz para no despertar a los demás. «No tengo esperanza en que las cosas vayan mejor, no veo la luz, ésa es la verdad, si la viera, no estaría aquí», sentencia. Sabe qué ha sido el protagonista de una historia sorprendente, de un delito que nadie esperaba. «Es una locura, lo sé», dice. «Si yo me levanto todos los días con sentimientos de rabia, frustración y melancolía, qué más da robar un banco», zanja. No habla en serio. O quizá sí. Pero mientras en su día a día pasan desapercibidos ante los miles de viajeros que recibe el aeropuerto de Palma ; estas últimas horas, a pesar de enfrentarse, según la calificación provisional, a una pena de entre uno y tres años; todos se paran a escucharle . Nada justifica un delito, pero quien no tiene nada, nada tiene que perder.

El primer combate judicial por la okupación de un piso en Ibiza con una anciana dentro se iba a celebrar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza . Sin embargo, se tuvo que aplazar a la semana que viene por un problema logístico del juzgado . Iba a ser un juicio rápido programado unas horas después de que el desencuentro llegara por primera vez al plano físico y diera pie a denuncias cruzadas por lesiones. Y es que el último puente que podía quedar en pie entre J. y Patricia saltó por los aires en la tarde del lunes, cuando por primera vez llegaron a las manos. El hombre estaba abandonando el piso cuando se encontró de bruces con la mujer, que en ese momento salía del ascensor. Se inició un forcejeo en el que también se vio involucrada la madre de ella, de 83 años. Resuelto el rifirrafe, J. y Patricia acudieron a distintos centros sanitarios en busca de atención médica. Él sufre excoriaciones en la región occipital y contusión frontal izquierda. Le curaron con yodo. Ella sufría dolor abdominal a consecuencia de un puñetazo y ansiedad. Le recetaron ibuprofeno y un ansiolítico. Ambos partes médicos van acompañados de sendos informes judiciales. El encontronazo en el descansillo del edificio se producía dos semanas después de que Patricia realizara un nuevo intento de diálogo con J. a través del siguiente mensaje.  "No sé qué pretendes. Me sacas de mis casillas con tu actitud. No entiendo cómo un joven de tanto provecho se pone en ese plan de querer perjudicar y vivir a costa del trabajo ajeno. A mí conseguir legalmente este piso me ha costado muchísimo esfuerzo y sacrificio. Yo no le perjudico nada a nadie, pero tampoco dejaré que se metan con mis cosas, lucharé por ello. Quiero que te vayas de la casa, de la casa de mi madre, que nos dejes en paz , que te busques un lugar. Yo no te he alquilado nada. Te di tiempo para que te fueras y te aprovechaste de eso. Aún estás a tiempo de irte y que esto no se convierte en un sinvivir para todos», le rogó, sin éxito, el pasado 26 de marzo.

El PP de Ibiza celebrará este viernes un debate sobre la «preocupante situación» de la okupación ilegal de viviendas en las islas con motivo de la nueva edición de la jornada ‘Objectius a Debat’. La cita, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el Centro Cultural de Jesús a partir de las 19.30 horas, según anuncia la formación. El foro contará con la participación del portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo; el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Balears, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ibicenco, Sara Ramón, valoró la campaña iniciada por su partido para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol , que «desbloquee» la ley del PP aprobada por el Senado, con la que se «permitiría echar a los okupas en 24 horas». Además, esta iniciativa contempla incrementar las penas y suspender la inscripción en el padrón municipal de los okupas, entre otras medidas.  «Pero Armengol bloquea esta ley, conocedora de que es una votación que saldría adelante en caso de votarse», criticó Ramón. En Ibiza, los socialistas también han elegido «seguir en el lado de los delincuentes y fomentar una práctica que cada vez afecta a más familias», añadió. La popular ha cuestionado que «una mala ley socialista» ha disparado las okupaciones en Balears, «situándola como la segunda comunidad con la tasa más alta». No obstante, Ramón aseguró que los populares llegarán al poder «en dos años» y desbloquearán esta ley.

A las seis y veinte de la mañana del pasado domingo las cámaras de seguridad del club náutico de Can Pastilla grabaron al velero ‘Peregrin Tuk’, de 12 metros de eslora, saliendo por la bocana del puerto. Dos indigentes iban a bordo del barco tras haberlo robado y se dirigían hacia el sur de Mallorca cargados con litronas de cerveza. Horas después se desorientaron en aguas de Cabrera y contactaron con Salvamento Marítimo para informar de que estaban a la deriva y les pidieron que transmitieran su posición a través de la radiobaliza. La patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó la embarcación y detuvo a los dos sintecho, españoles de 53 y 59 años. Los agentes recuperaron el barco y se lo devolvieron a sus legítimos propietarios. Los dueños del ‘Peregrin Tuk’ se sorprendieron al ver el estado en el que se encontraron el velero. «Han destruido el barco, lo han vandalizado», explicaba uno de los propietarios del barco, que pertenece a una familia. «El interior ha quedado muy lastimado por estos individuos que se emborracharon y dejaron una serie de litronas que no son nuestras». Los titulares de la embarcación lamentaron la inseguridad en el Club Marítimo de San Antonio de la Playa, en Can Pastilla. «¿Cómo pueden entrar estos dos individuos y llevarse el barco?», se preguntan. «Nos llama la atención que se activara todo el protocolo por la llamada de los indigentes», añaden. «Esta zona está llena de personas sintecho, hay dos poblados enteros, no podemos permitir más inseguridad». Los dos detenidos fueron trasladados por la Guardia Civil, ayer por la mañana, hasta los juzgados de Manacor. El juez de Instrucción número 2, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad. No quisieron declarar. La familia agradece al capitán Salas de la Guardia Civil su profesionalidad La familia propietaria del velero ‘Peregrin Tuk’, que prefiere no revelar su identidad, quiere agradecer al capitán Salas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil su «profesionalidad» en el trato con ellos y su «comportamiento ejemplar». Los agentes interceptaron el barco cuando se encontraba navegando en aguas próximas a cabrera. Los dos tripulantes quedaron detenidos y fueron trasladados hasta el puerto de sa Ràpita. Las víctimas del robo recuperaron su embarcación: «Estábamos súper angustiados», aseguran.

Dos indigentes que habitualmente pernoctan en el Aeropuerto de Palma , uno de ellos con conocimientos náuticos, decidieron dar un vuelco drástico a sus penurias cotidianas. Así, el domingo robaron un velero de 12 metros de eslora y se echaron a la mar. Después de comer y beber todo lo que toparon en la embarcación, su singladura se puso fin abruptamente en sa Ràpita. Tras quedar el patrón inconsciente y el otro sin posibilidad de llevar el timón, embarcaciones de Salvamento Marítimo acudieron a su rescate y efectivos del S ervicio Marítimo de la Guardia Civil procedieron a su abordaje y posterior detención. Los dos indigentes habían encontrado acomodo en el Aeropuerto de Palma . Hastiados de las penurias, uno de ellos trató de sacar partido de sus conocimientos náuticos y le propuso al otro aventurarse en una particular odisea. Así ambos se dirigieron la mañana del domingo al club náutico San Antonio de la Playa de Can Pastilla. El patrón potencial reparó en un velero de doce metros de eslora y le convenció de que ambos podrían zarpar y echarse a la mar. Durante la travesía los dos indigentes reconvertidos en marinos dieron buena cuenta de la comida y, sobre todo, de la bebida que albergaba la embarcación. Hasta tal punto de que el patrón y el único de los dos con conocimientos náuticos se quedó inconsciente. Su acompañante empezó entonces a sentirse desvalido. El único ocupante que se encontraba consciente no tenía la menor idea de gobernar el velero y su mayor preocupación entonces pasaba por encontrar la fórmula para que alguien acudiera en su auxilio. Después de manipular la radio, consiguió establecer contacto con Salvamento Marítimo. Sin embargo, el tripulante del velero no tenía la menor idea de transmitir cuál era su posición. El primer consejo que le dieron fue que activara la radiobaliza para que pudieran acudir en su auxilio. Sin embargo, este no encontró la fórmula para poner en marcha el dispositivo. Ante la manifiesta incapacidad que presentaba el interlocutor para actuar ante esta emergencia, los expertos de Salvamento Marítimo le propusieron una solución drástica: arrojar al mar la radiobaliza para que se activara automáticamente nada más entrar en contacto con el agua. El incompetente ladrón del barco siguió las instrucciones que le marcaron los expertos al pie de la letra para que le rescataran. Aunque eso le pudiera suponer que acabara detenido junto con su compañero de fatigas. Dicho y hecho. Nada más entrar en contacto con el agua del mar, la radiobaliza posicionó con exactitud el lugar donde se encontraba la embarcación sustraída y sus dos ocupantes. Los servicios de emergencia tenían constancia de que se encontraban ante una embarcación robada. A continuación un dispositivo especial se movilizó hacia el lugar que marcaban las coordenadas de la radiobaliza después de haber sido lanzada al mar. Salvamento Marítimo movilizó un remolcador para hacerse cargo del velero robado y una lancha para ocuparse de los ladrones, reconvertidos en náufragos. Detención Al tener constancia de que se encontraban ante dos presuntos ladrones, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil desplazó la patrullera Río Gállego para actuar ante los delincuentes. Tras divisar a la deriva el velero ‘Pelegrin Tuk’ , de 12 metros de eslora, y sabedores de que había dos delincuentes en el interior los efectivos del instituto armado adoptaron las debidas precauciones y procedieron al abordaje de la embarcación al sur de sa Ràpita. Lejos de oponer resistencia, los dos indigentes recibieron con cierto alivio la llegada y el abordaje del velero efectuado por los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su alocada singladura había llegado a su fin de forma abrupta con la detención de estos dos individuos. Mientras, el personal del remolcador de Salvamento Marítimo se encargó de amarrar la embarcación de manera provisional en el muelle de sa Ràpita.

Inseguridad jurídica: el enemigo silencioso del crecimiento económico En el debate público sobre los grandes desafíos económicos de España, rara vez se menciona con la suficiente claridad uno de los factores que más daño está haciendo a nuestro modelo productivo: la creciente inseguridad jurídica. Este fenómeno, que avanza casi de forma silenciosa pero firme en estos últimos años, está erosionando con rapidez las bases sobre las que se ha sostenido buena parte del crecimiento económico español en las últimas décadas. Atraídos por su clima, su calidad de vida, su localización estratégica, la estabilidad dentro de la Unión Europea y un marco jurídico que garantizaba la propiedad privada, durante años nuestro país se había convertido en uno de los principales destinos para la inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años este escenario ha cambiado radicalmente. La propiedad privada, tradicionalmente protegida en los países de nuestro entorno, se ha convertido en un bien cada vez más expuesto a vaivenes políticos y normativos, que han introducido un nivel de incertidumbre desconocido hasta ahora en España. La actual inseguridad jurídica, marcada por la proliferación de normativas intervencionistas en el mercado inmobiliario, las trabas a los desahucios incluso en situaciones flagrantes de impago, la aparición de la ambigua figura del vulnerable y el auge de las ocupaciones ilegales, todo ello amparado por una saturación desesperante de los procesos judiciales, están enviando un mensaje muy claro a los inversores: España ya no es un país seguro para invertir. Y cuando el capital recibe ese mensaje, actúa en consecuencia. La inversión extranjera directa en el sector inmobiliario español cayó un 15% en 2023 respecto al año anterior, según datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No es un fenómeno aislado, sino una tendencia que empieza a consolidarse. Cuando la inversión se frena, no es solo un problema para inversores o constructores, sino que toda la cadena de valor se resiente. El resultado está a la vista: caída de la inversión, fuga de capital extranjero en favor de otros países, contracción de la oferta de vivienda y, paradójicamente, subida de precios. Pero si hay un fenómeno que refleja de forma paradigmática la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario español es el de las ocupaciones ilegales. Lo que en otros países de nuestro entorno se resuelve de manera rápida y eficiente, aquí se ha convertido en un auténtico calvario para los propietarios. Los procesos judiciales se alargan incluso años, y la protección al ocupante ha llegado a extremos incomprensibles desde el punto de vista de un sistema económico que históricamente se ha basado en el respeto a la propiedad privada para su estabilidad y desarrollo. El binomio turístico-inmobiliario España ha sostenido su crecimiento económico en las últimas décadas sobre dos pilares fundamentales: turismo e inmobiliario. Ambos sectores no son compartimentos estancos, están profundamente interrelacionados, y representan juntos cerca de un 25% del PIB, generando millones de empleos. Por ello, la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario representa un grave obstáculo para el desarrollo sostenible de economías fuertemente dependientes del turismo. La falta de seguridad jurídica no es, por tanto, un problema menor o aislado. Es un riesgo sistémico que pone en cuestión la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. La inestabilidad normativa, el intervencionismo desbordado y la falta de respeto a la propiedad privada están expulsando a los inversores, reduciendo la oferta de vivienda, alimentando la economía sumergida, afectando al empleo y debilitando la imagen internacional de España como destino de inversión y turismo, en favor de otros destinos competidores. La imagen internacional de un destino turístico se basa, entre otros factores, en la percepción de seguridad y calidad de vida. Las noticias sobre ocupaciones ilegales, la percepción negativa sobre la seguridad y el orden, o inacción de las autoridades proyectan una imagen negativa que puede afectar directamente a la captación de nuevas inversiones en nuestro país. Un frenazo en el desarrollo de infraestructuras turísticas genera una oferta turística envejecida y menos atractiva, lo que reduce la capacidad de competir frente a destinos más modernos y seguros legalmente, y disminuye la afluencia de turistas, preocupados por posibles problemas legales o por el deterioro del entorno. El turismo moderno depende en gran medida de la calidad de la infraestructura y servicios ofrecidos. Si la inseguridad jurídica paraliza el desarrollo o la renovación de la oferta turística, ésta se vuelve obsoleta frente a otros destinos, y esto lleva a una pérdida de competitividad regional frente a destinos que sí garantizan estabilidad legal y seguridad patrimonial. Sin inversión, no hay renovación. Sin renovación, no hay competitividad. Y sin competitividad, el destino pierde atractivo. Las Islas Baleares: las grandes damnificadas En regiones tan dependientes del turismo como son las Islas Baleares, este fenómeno adquiere una dimensión aún más preocupante. Baleares es la comunidad autónoma con mayor dependencia del turismo en España, representando el 45% del PIB. Si a ello le sumamos el sector inmobiliario, estos dos motores económicos representan más del 65% para la economía balear. En este contexto, los efectos que la inseguridad jurídica está generando sobre las Islas Baleares —como resultado del complejo entramado normativo estatal que está socavando de forma inusual el derecho a la propiedad privada— son casi tres veces más intensos que los que se observan en el conjunto de la economía española. En consecuencia, la inseguridad jurídica para la propiedad privada representa una amenaza estructural para todo el modelo turístico balear. Hoteles, resorts, complejos residenciales turísticos, segundas residencias y servicios de infraestructura (centros comerciales, puertos deportivos, restaurantes, etc.) dependen de un marco legal claro, transparente y estable. No olvidemos que el turismo residencial —más sensible aún si cabe a los efectos de la inseguridad jurídica inmobiliaria—, representa tradicionalmente una vertiente estratégica dentro del modelo turístico balear, un sector que complementa el turismo tradicional y que dinamiza de manera intensa el tejido económico local. El turismo residencial atrae a visitantes de poder adquisitivo medio-alto durante todo el año, dinamiza el sector inmobiliario e impulsa servicios vinculados de calidad, generando miles de puestos de trabajo. Se trata de un turista que no busca la masificación, en muchas ocasiones impulsa la revitalización de zonas rurales o menos saturadas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para modelos de desarrollo turístico sostenible. En definitiva, el llamado “turismo de calidad” no es una etiqueta vacía: se trata de un perfil de visitante que gasta más, permanece más tiempo, busca experiencias culturales y gastronómicas, valora la exclusividad y, sobre todo, exige un entorno ordenado, limpio, seguro y profesional. Pero este turista no tolera la inestabilidad. Cuando percibe desorden urbano, inseguridad jurídica, cambios legislativos arbitrarios, conflictos sociales o degradación del entorno, simplemente cambia de destino. Cuando un destino turístico pierde su atractivo para el visitante de calidad y al mismo tiempo se convierte en un territorio de residencia permanente para aquellos más vulnerables, el modelo económico empieza a mostrar grietas estructurales. La estacionalidad se acentúa, los ingresos fiscales se reducen, la imagen exterior se deteriora y los conflictos sociales aumentan. El destino se convierte, paulatinamente, en un espacio saturado, con una economía de bajo valor añadido, escasa cohesión social y limitada proyección futura. Las Islas Baleares son, hoy por hoy, un claro ejemplo de este doble fenómeno en acción. Por un lado, un fuerte crecimiento de la población residente extranjera, aún atraída por las oportunidades de empleo rápido que ofrece una economía basada en los servicios —aunque estas sean en muchos casos precarias—, que han convertido a la región en un polo natural de atracción migratoria, especialmente para trabajadores de baja cualificación. Por otro lado, el socavamiento de la capacidad del destino para atraer y fidelizar el denominado “turismo de calidad”, que provoca una expulsión progresiva del visitante de mayor poder adquisitivo, que es precisamente el que genera mayor valor añadido, impulsa la inversión privada y eleva la recaudación fiscal. La pérdida de este segmento supone una reducción directa de la rentabilidad del sector turístico y una menor capacidad de reinversión en infraestructuras y servicios. Si no se revierte esta tendencia, la economía balear —altamente dependiente del turismo— será la que en este caso se convertirá en vulnerable, perdiendo competitividad frente a otros destinos emergentes mejor posicionados. Amenazar estos sectores por un exceso de intervencionismo o por la falta de seguridad jurídica no es solo un error; es un riesgo estratégico. Las Islas Baleares no pueden permitirse este lujo. Más que ninguna otra región, deben asumir un papel de liderazgo firme y decidido en la defensa del derecho de propiedad privada frente a las injerencias del Estado, sin ambigüedades ni concesiones. La seguridad jurídica no es una cuestión ideológica. Es una condición imprescindible para el progreso económico y social. No se trata de proteger solo al propietario o al inversor; se trata de proteger la economía en su conjunto. La sostenibilidad de la economía balear pasa necesariamente por garantizar este marco normativo estable, transparente y predecible para la recuperación de la confianza inversora.  Lo contrario es avanzar hacia un escenario de menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor conflicto social. En definitiva, cavar la tumba de un modelo económico que, con sus luces y sombras, ha permitido a las Islas Baleares prosperar en las últimas décadas. Y lo más preocupante es que, cuando los inversores y los turistas se van, volver a recuperarlos no es cuestión de meses, sino de generaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto en su punto de mira a herencias y a herederos . El pasado lunes, el líder del PSOE compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda , aunque una parte de su discurso se lo dedicó a las casas que los padres legan a sus hijos tras su fallecimiento. En plena escalada de precios de la vivienda y tras 6 años de mandato, Sánchez presentó 12 medidas inmobiliarias para intentar solucionar un problema causado, principalmente, por la falta de oferta . Sin embargo, el plan de Sánchez gira en torno a más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas liberticidas, lo que no augura ninguna solución.  Amenaza velada a las herencias Dentro de sus propuestas relativas a la vivienda, en el discurso de Sánchez llamaron la atención unas declaraciones que ya han sido interpretadas como una amenaza velada a los herencias. "Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales, económicas y políticas que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas" señaló Sánchez. "Y si no lo hacemos, la sociedad europea y española va a acabar dividida en dos clases de personas: las que reciben una o varias casas de sus padres , y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a formarse o viajar, y las que se pasan la vida trabajando para pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven" añadió. Alrededor de esta reflexión de Sánchez surgen numerosas incógnitas. Las principales son ¿cómo piensa evitar el presidente del Gobierno que haya herederos? ¿está planeando algún tipo de traba? También cabe preguntarse si es que el líder del PSOE cree que las herencias son un juego de suma cero , en las que, cuando aumenta el capital de los herederos disminuye el de los inquilinos. Resulta llamativo que en las dos Españas de Sánchez no existan los ciudadanos que se compran su propia vivienda con su esfuerzo y trabajo (ya sea para vivir o como inversión para alquilar). Tras escuchar las palabras de Sánchez, el abogado de Herencias.es , David Fernández, considera que la táctica del líder del PSOE es "la del globo sonda: decir una bestialidad para que cuando intervenga parcialmente en las herencias vía impuestos , la gente se vea aliviada". El letrado señala que para prohibir las herencias "Sánchez tendría que modificar el Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y no va a llegar hasta ahí". Fernández añade que "si se prohibieran las herencias, se dispararían las donaciones, ¿también prohibiría las donaciones? No tiene sentido". Montero quiere subir Sucesiones Cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tiene un especial interés recaudador sobre el legado de los fallecidos. Y es que, la socialista lleva clamando por subir Sucesiones en las regiones donde lo tienen más bajo desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía con el equipo de Susana Díaz. Hace unos meses, la socialista volvía a apostar por la "armonización fiscal" y, en concreto, por aumentar la tributación a las herencias en las regiones que tienen el Impuesto de Sucesiones más bajo o desaparecido, como Madrid o Andalucía. Ya lo ha hecho con Patrimonio, y todo apunta a que el siguiente paso será Sucesiones. Además, la de las herencias no es la única amenaza del Ejecutivo a los propietarios de vivienda en los últimos meses. En el marco del 41 Congreso Federal , el PSOE planteó una extensa batería de medidas económicas entre las que destacó la aplicación de "un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda ". De momento, no se conocen más detalles.

El conocido abogado mallorquín, Carlos Barceló , ha conseguido algo nada frecuente. Ha convencido al juzgado de Instrucción número 4 de Palma para proceder al desalojo exprés de un grupo de personas que había okupado una vivienda en la capital balear en tan solo diez días. Según ha podido saber OKBALEARES , ante el delito de usurpación de vivienda denunciado, el letrado remitió un escrito al juzgado interesando el desalojo «como medida cautelar». Y el juzgado, estimando la petición, ha ordenado el desalojo de las personas que se habían hecho fuertes en la vivienda. La petición de medidas cautelares apenas tiene precedentes en España y mucho menos con resultado exitoso. Barceló no ha llegado a utilizar la nueva legislación. Con la anterior le ha bastado para desalojar a los okupas.  Los propietarios de una vivienda de alto standing en una zona privilegiada de Palma denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, la okupación de la lujosa vivienda por un grupo indeterminado de personas formado por un matrimonio y otras personas que no han sido identificadas. Acto seguido, acudieron al despacho de Carlos Barceló para que llevara la tramitación judicial para conseguir su expulsión. Es algo para lo que normalmente la demora es de meses o años en los peores casos. Con lo que nadie contaba es que al abogado se le ocurriera pedir medidas cautelares el primer día que asumió el caso. A los diez días la policía, por mandato judicial, los expulsó de la vivienda. Baleares es una de las comunidades con más viviendas okupadas, según refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. En concreto, señala que el índice de ocupaciones en relación con el número de viviendas vacias por comunidades autónomas de las Islas es de 113. Desde el citado organismo explican que se ha tomado como base 100 para el conjunto de España, por lo que el peso de la ocupación sobre las viviendas vacías en las Islas es mayor que en el total nacional un 13 %. Se trata de «niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías», señalan desde el citado organismo . Baleares tiene actualmente un total de 518 viviendas en venta con okupas, lo que supone un 1,7% del total de inmuebles que hay a día de hoy en el mercado. La gran mayoría de ellas se encuentran en Palma, donde hasta 213 viviendas que se venden están okupadas (2,9%), según datos del cuarto trimestre del año pasado del portal inmobiliario Idealista. Se trata de un fenómeno que hace unos años era completamente inexistente en España y ahora las viviendas en venta con okupas suponen el 2,6% de la oferta en todo el país. Y es que este primer estudio revela que un total de 20.464 viviendas en venta de toda España reconocieron sufrir un proceso de okupación durante el cuarto trimestre de 2024. Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.

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Cinco miembros de un clan familiar fueron condenados ayer a penas que suman ocho años y medio de prisión por utilizar pisos okupados en Palma para cultivar grandes cantidades de marihuana con las que luego traficaban. Los procesados disponían de cuatro inmuebles en Son Gotleu y La Soledat , donde habían realizado conexiones ilegales a la red eléctrica para no pagar el abultado consumo de los sistemas para cultivar las plantaciones. En el juicio, tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados, la Fiscalía y la letrada de Endesa, se declararon autores de delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico . Además, deberán indemnizar a la compañía suministradora con 73.000 euros. Uno de los acusados, además, confesó otro delito de tenencia ilícita de armas porque tenía una escopeta de cañones paralelos sin licencia. Otro encausado fue absuelto al retirarse los cargos contra él. Los cinco procesados, miembros del clan del Cauta, fueron detenidos en octubre de 2022 por agentes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional. Los agentes llevaban meses indagando sobre las actividades del grupo y averiguaron que tenían con cuatro viviendas en Son Gotleu y La Soledat, varias de ellas okupadas . Los domicilios se habían reconvertido en invernaderos en los que habían instalado grandes plantaciones de marihuana. Los investigadores estimaban que podían producir unos cinco kilos de cannabis cada mes, que vendían a otros grupos de traficantes asentados en las mismas barriadas. La Policía Nacional llevó a cabo un operativo tras varias semanas de pesquisas y registró los cuatro pisos vinculados al clan. Encontraron casi 400 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento y abundante material para fomentar su crecimiento, como aparatos de aire acondicionado, lámparas, extractores y filtros . Todo estaba conectado a la red eléctrica mediante enganches ilegales , lo que les permitía ahorrarse las facturas y al mismo tiempo no levantar sospechas por el elevado consumo que generaban las plantaciones. En una de las viviendas la Policía encontró también una escopeta de cañones paralelos en buen estado y con capacidad de ser disparada. La operación culminó con la detención de cinco miembros del clan, tres de los cuales pasaron medio año en prisión preventiva por orden judicial.  Cuatro delitos La Fiscalía les imputó delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y defraudación de suministro eléctrico, así como otro de tenencia ilícita de armas para el propietario de la escopeta. Por ellos, el ministerio público solicitaba condenas de entre cuatro y cinco años de prisión para cada uno de los procesados, así como sendas multas de 100.000 euros y que indemnizaran con casi 73.000 euros a Gesa-Endesa por el consumo de energía que no pagaron durante los meses que tuvieron en marcha las plantaciones de marihuana.

El juez decano en Ibiza, Sergio González Malabia, consideró este miércoles que la nueva Ley Orgánica 1/2025 que entra en vigor este jueves «no cambiará mucho» la respuesta judicial en casos de okupación. «En algunos supuestos se podrán mejorar plazos. Si realmente se pretende agilizar procedimientos, las medidas deberían ser de mayor calado y no quedarse en la superficialidad», señaló. Según recordó el magistrado, la nueva ley contempla, entre otros aspectos, modificaciones procesales en todas las jurisdicciones. Aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene la «supuesta intención» de agilizar procesos relacionados con los temidos casos de okupación, el magistrado dudó que la norma proporcione los resultados esperados. «Introduce determinadas modificaciones para intentar que la tramitación de los procedimientos relacionados con casos de usurpación o allanamiento de morada se puedan agilizar; se intenta, pero no sé hasta qué punto se podrá conseguir», reconoció el juez decano. Según puntualizó, no se modifican penas ni otros aspectos a grandes rasgos, pero sí se contemplan determinados pasos que «pueden» llegar a resolver casos en algunos supuestos, aunque no de forma inmediata. «En relación a delitos de usurpación o allanamiento se prevé la posibilidad de que se tramiten como juicios rápidos. La usurpación seguirá siendo un delito leve con la pena de delito leve, mientras que las penas de prisión ya se contemplaban en casos de allanamiento. En determinados supuestos, si tienen encaje en la tramitación de juicio rápido, podrán agilizarse los procesos, pero tampoco se podrán acortar dichos plazos en exceso. En allanamientos, se podría agilizar si existe la conformidad del autor», explicó González. Según comentó también, jueces y abogados se mantienen expectantes para ir comprobando los resultados de la nueva ley. Carlos Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), consideró este miércoles que, con la reforma normativa para intentar agilizar los lanzamientos en casos de okupación, «por muchas demandas que haya y por mucho que diga la ley, si el caso se tiene que poner a la cola, tardará más». «Un desahucio no puede pasar por delante de la custodia de un niño o sobre una persona pendiente de cobrar una indemnización. Quedará a la cola; lo que es importante es que la cola se mueva», afirmó. Letrados consultados por este rotativo reconocieron que, en estos momentos, son otros los temas que les preocupan en relación a los cambios aprobados recientemente en el sistema judicial español. Cabe recordar también que tras producirse varios casos de okupación en Ibiza, el juez decano explicó que estas situaciones pueden solventarse con cierta rapidez si a través de la vía penal se decretan medidas cautelares por parte del juzgado de guardia. Para ello, la Guardia Civil debe entregar el atestado que recoge todos los detalles e información sobre el caso, actuando después el juzgado de guardia en consecuencia, «aunque hay que diferenciar entre el juicio, que se alarga en el tiempo, y una medida cautelar de protección que puede decretarse en 24 horas y que puede suponer la restitución de la propiedad», explicó el juez a este rotativo. Si el propietario interpone una demanda civil, éste debe acreditar la propiedad, mientras que los okupas deberán presentar en el plazo de cinco días el título que les permita permanecer en la vivienda o, en caso contrario, se determinará su lanzamiento, un proceso que puede alargarse hasta 20 días.

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas para los propietarios. Un problema que está creciendo en los últimos años y que está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad, según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe.  El 'think tank' de la CEOE repasa de la mano de los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí cómo han ido creciendo las denuncias por okupación en nuestro país mientras ha ido empeorando el marco regulatorio que garantiza la propiedad privada inmobiliaria, hasta el punto de provocar un 'efecto llamada'. Los primeros datos que aporta el documento son los que proporciona la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el fuerte incremento de las denuncias de los delitos usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica y muestra un alza cercana al 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Al margen del repunte de esta cifra, desde el IEE recuerdan que esta estadística solo tiene en cuenta las denuncias que ponen las personas físicas, por lo que habría que sumar tanto aquellos casos de okupación en los que los propietarios son personas jurídicas como aquellos en los que el propietario particular no denuncia para evitar los elevados costes del proceso. Tampoco están incluidos los casos de inquiokupación, que agrupa los casos en los que el arrendatario deja de abonar la renta y, no obstante, permanece en el inmueble. Por tanto, el problema sería muy superior al que dibujan las cifras oficiales. Para Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho , "la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer". En su análisis, la catedrática recalca que, a la vista de los datos oficiales, "el incremento es indudable y ostensible" desde el año 2010, cuando se contabilizaron poco más de 2.700 casos (frente a los más de 16.000 en la actualidad) y critica que el Gobierno compare el número de denuncias sobre el total de viviendas en España para limitar su impacto. Según Cuena Casas, "no es posible obviar lo evidente y negar el problema comparando la tasa de ocupación ilegal con el total de viviendas es manipular la información". Las reformas legales han agravado el problema Para la catedrática, el incremento de los casos de okupación de los últimos años ha venido de la mano de unas reformas legales que han provocado que la situación se haya agravado, lo que le lleva a concluir que "no existe una voluntad de resolver el problema" y que "la ocupación ilegal se ha convertido en mecanismo utilizado por el Estado para garantizar el derecho a la vivienda". Cuena Casas reprocha que "lo grave no es tanto que se produzcan casos de ocupación ilegal, sino el tiempo que tarda el propietario en recuperar el inmueble (no menos de un año, en función de la provincia) y los costes en los que tiene que incurrir para desalojar al ocupante ilegal". Su opinión es que "el foco hay que ponerlo en arbitrar mecanismos rápidos para ordenar el desalojo. Y la clave es que muchas de las reformas legales han ido, precisamente, en sentido contrario, poniendo obstáculos procesales al propietario para recuperar la posesión del inmueble". Un ejemplo concreto es la Ley de Vivienda , que "pone más obstáculos procesales al propietario de la vivienda para desalojar tanto al ocupante ilegal como al «inquiokupa» al imponer requisitos de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda". Así, detalla, "todo propietario (sea o no gran tenedor), deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no vivienda habitual del ocupante ilegal y si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. De serlo, si el propietario es un gran tenedor no se admitirá la demanda de desalojo hasta que el propietario acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes". Otra de las medidas legales que ha dañado la propiedad privada es la regulación de la suspensión de los desahucios de los inquilinos que no podían abonar la renta en plena pandemia del coronavirus, pero que, posteriormente, se extendió a ocupantes ilegales en situación de vulnerabilidad. La medida estará vigente al menos hasta finales de año y, según Cuena Casas, "es otro claro incentivo a la ocupación ilegal". Como argumenta la catedrática, "para que proceda la suspensión debe tratarse de propietarios grandes tenedores (titulares de más de diez viviendas) y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. En suma, basta que haya un menor o persona dependiente en el inmueble para que entre en el ámbito de aplicación de la suspensión del desalojo que durará hasta el 31 de diciembre de 2025. Se prevé una compensación para el propietario que acredite que la suspensión le ha producido un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o en alquiler", por lo que "no es una compensación a todo propietario, sino al que cumpla este requisito, lo que implica que el que no tuviera la vivienda en mercado de alquiler o venta tiene que soportar al ocupante, sin compensación alguna". En este contexto, señala Cuena Casas, "no es de extrañar que se haya profesionalizado el negocio de la okupación" y lamenta que "España se ha convertido en el paraíso de las mafias de la ocupación ilegal por la conciencia generalizada de que la ley protege al okupa". Sus críticas coinciden en el tiempo con las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos , durante un acto en Málaga, en el que defendido que "si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco". La falta de vivienda social traslada la carga al propietario Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona , es otro de los autores que participa en el estudio del IEE. Su percepción es que "de forma concurrente, se ha producido un incremento de la ocupación sin título legítimo de posesión. En un principio se realizó por personas afectadas por los lanzamientos cuando no tenían una alternativa habitacional. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado a otros colectivos que lo han utilizado como solución habitacional". Para el catedrático, el origen de la situación actual está en la falta de vivienda social en nuestro país. "El problema que se plantea en España es que el Estado no tiene vivienda social para ofrecer esta alternativa habitacional , lo que ha provocado que haya trasladado la carta al propietario ampliando el concepto de la función social de la propiedad [...] El legislador ha optado por ralentizar y suspender el proceso judicial cuando implique el lanzamiento de la vivienda habitual de personas vulnerables ante la falta de vivienda social del Estado para ofrecerles una alternativa habitacional. De esta forma, dicta leyes que suponen la suspensión del proceso judicial que implica lanzamiento como medida de protección de las personas vulnerables, trasladando a los particulares lo que es una obligación del Estado", detalla en su análisis. Pérez Daudí también cuestiona uno de los argumentos más utilizados actualmente para defender la regulación del mercado de la vivienda, como es que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Una afirmación que el catedrático matiza: "El derecho a la vivienda, en España, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica , por lo que no puede ser invocado directamente ante los Tribunales. Es el poder legislativo el que debe regularlo y, en el caso de entrar en relación con algún derecho fundamental, realizar el juicio de proporcionalidad correspondiente". Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, lo que se está viendo afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva , que se configura como el derecho de acceso a los tribunales y a la efectividad de sus resoluciones, ante las recientes modificaciones normativas, como por ejemplo la Ley de Vivienda. Para Pérez Daudí, el legislador "puede imponer requisitos de procedibilidad o suspender temporalmente la eficacia de una resolución judicial para que la Administración competente pueda ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por un lanzamiento. Lo que no puede hacer es impedir el acceso al proceso judicial o suspender, de forma permanente, la eficacia de una resolución que implique lanzamiento, ya que afectaría al núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Soluciones para atajar el problema Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda. "Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", alerta el informe en este sentido. Entre las medidas que propone el estudio para atajar el problema de la okupación en España se encuentran elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente ; y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de propiedades que hayan sido ocupadas de forma ilegal. Así, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda. También reclaman cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, exigiendo el sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar. Asimismo, proponen elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal; equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada , lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos; o establecer exenciones fiscales a los propietarios cuando acrediten haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal. Por último, desde el 'think tank' de la CEOE consideran necesario proteger a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, siempre que esté acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado ordene el desalojo. España no mejora posiciones en el Índice de Derechos de Propiedad La nueva edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo del promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea. En 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, situándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE (el mismo que en la anterior edición), lo que indica "la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad", según el IEE. El ranking está liderado por Finlandia, seguido de Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Completan el 'top 10' Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Alemania y Suiza. Portugal e Italia se encuentran por debajo de España en la lista, que cierran México, Colombia y Turquía. Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político . En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de los Veintisiete.

España retrocede posiciones entre las grandes economías desarrolladas respecto a lo que a la protección de la propiedad privada se refiere. Nuestro país ocupa el puesto 22 entre 37 países analizados de la OCDE, por debajo de Estados como la Republica Checa y del promedio.

El 93,4% de los propietarios que arriendan su vivienda en España son personas particulares con tan solo un inmueble en alquiler, de clase media, y que usan la renta para pagar la hipoteca o complementar su pensión en el caso de los mayores. Es la radiografía que hace el estudio Perfil de los propietarios de viviendas en alquiler en España, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro , que trata de tirar por tierra la imagen de 'rentista' que algunos partidos políticos y organizaciones de inquilinos achacan a los arrendadores. El mismo estudio asegura que tan solo un 5,3% de los caseros cuentan con dos inmuebles y el 1,3% dispone de más de tres. «La gran mayoría son, por tanto, pequeños propietarios que, según el perfil que traza este estudio elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y datos aportados por la empresa Alquiler Seguro, residen en zonas de clase media y tienen más de 65 años», es la principal conclusión del informe. Casi la mitad de los propietarios, un 44,4% tienen más de 65 años , porque «los más mayores han tenido más oportunidades de adquirir nuevas propiedades a lo largo de su vida, ya sea a través de herencias o de la compra». Algo que según los elaboradores del estudio explica que la principal fuente de ingresos que sustenta al 46,6% de los hogares de los arrendadores españoles sean las pensiones contributivas. A los mayores de 65 años les sigue el grupo de propietarios con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años, que son el 37,9%. Los que tienen entre 35 y 49 años representan el 16,5%, mientras que los más jóvenes, con menos de 35 años, tan solo suponen el 1,2%. La edad media asciende a 59 años. Además de las pensiones contributivas, otras fuentes de ingresos relevantes en los hogares de los propietarios son los ingresos de trabajo por cuenta ajena (40%) y por cuenta propia (9,6%). Tan solo un 1,1% de estas familias se sustentan gracias a las rentas del capital y de la propiedad, aportan los autores. ¿A qué dedican el dinero estos propietarios? La mayoría, un 34%, destinan este dinero a complementar sus pensiones y un 27% para pagar la hipoteca, mientras que un 32% utilizan el alquiler como una inversión para obtener una rentabilidad. Según el estudio, el 6% restante destina estos ingresos a otros fines, como pagar su propio alquiler, complementar su sueldo, ahorrar o simplemente para evitar que su vivienda esté vacía. Mayoría de clase media El informe también incide en que los hogares de los propietarios ingresan de media unos 3.200 euros mensuales, que si se reparten entre la media de 2,5 personas que componen cada hogar, salen a unos 1.260 euros. Aunque los autores también aclaran que es una cifra muy susceptible de variar según la ubicación y las características de los inmuebles que arrienden. Con todo, la gran mayoría de propietarios, un 75,4%, residen en zonas urbanas de clase media. Les siguen los que viven en áreas rurales, que representan el 15,8%, y en barrios de clase alta, que son el 7,1%. En cambio, son muchos menos los que habitan en zonas de clase media baja (1,2%), y aún menos los que lo hacen en zonas urbanas de lujo (0,5%). Principales preocupaciones El estudio también apunta a la importancia que dan a los propietarios a encontrar un inquilino con solvencia y estabilidad por encima de obtener una mayor renta. Es por eso que el 83% asegura que su prioridad es encontrar un inquilino fiable que no dé problemas, «incluso si para ello tienen que acceder a bajar el precio de la renta». En este sentido, el informe dice que la desconfianza de los propietarios «es un freno para la generación de oferta» y sitúa como mayores preocupaciones el impago de la renta (33%) y los posibles daños a la vivienda (32%). Otro tipo de preocupaciones que también destacan son la dificultad para encontrar buenos inquilinos (13%), los problemas legales (9%) o la rotación frecuente de los arrendatarios (6%).

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Desbordados por la multitud de casos que se dan en Cataluña, los jueces de Barcelona lideran estos días la rebelión contra la impunidad okupa. Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordase que, a partir de ahora, cortar o dejar de pagar los suministros de los okupas de patada en la puerta no constituirá un delito de coacciones , los magistrados de la ciudad condal ponen coto a la temida inquiokupación, la modalidad que más ha crecido desde 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, a pesar del fin de la pandemia, ha sido prorrogado hasta en once ocasiones. A tal fin, y según ha podido saber Libre Mercado, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma (punto 4), ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios. Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces. Lo que dice el acuerdo "La prórroga de la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 prevista en el Real .Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no excluye la posibilidad de verificar que subsisten los requisitos que determinaron que se otorgara en su momento ", esgrime el mencionado acuerdo al que ha tenido acceso LD. El documento en cuestión justifica tal decisión alegando que "dado que los documentos e informes de servicios sociales que pudieron determinar la previa suspensión acreditaron la concurrencia de los requisitos habilitantes para la misma en un momento anterior, nada obsta a que deban ser actualizados en el momento de decidir sobre la prórroga de la suspensión, máxime cuando dichos documentos tienen una vigencia temporal limitada ". Lo que opinan los expertos "Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo para exigir que esos inquiokupas tengan que justificar que siguen reuniendo los requisitos de vulnerabilidad, por eso es tan importante", subraya José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario . Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo, por eso es tan importante El letrado considera que los jueces de Barcelona han asumido el liderazgo de la rebelión antiokupa, también con el tema de los suministros, por una razón muy sencilla: " Prácticamente, el 50% de la okupación que hay en España está en Cataluña y hay jueces que pueden hacer hasta 25 o 30 sentencias semanales en materia de okupación, con lo que es evidente que marcan tendencia, pero, tal y como están las cosas, esto va a ir a más en todas las comunidades, así que yo espero que este tipo de acuerdos se vayan extrapolando". Lo que desean las víctimas Lo mismo desean desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación , cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recuerda que, aunque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que revisar los requisitos de vulnerabilidad con cada prórroga y debería sentar jurisprudencia ( STS 1417/2024 ), la realidad es que muchos jueces siguen sin hacerlo. Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo  "Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, tanto por registro en el Ayuntamiento, como informando a sus abogados para que lo reclamen al juez —apunta Bravo—, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo".

Tres personas okupan desde el pasado fin de semana el chalet donde el poeta Antonio Machado vivió durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1938, en el municipio valenciano de Rocafort. La casa, una construcción modernista de principios del siglo XX con el nombre de Villa Amparo, es propiedad de la Generalitat Valenciana desde 2018 y está cerrada al público desde 2023. Anteriormente, ya han habido intentos de okupación y el inmueble está visiblemente deteriorado. Ver la noticia completa en el enlace

Según un estudio de Idealista, en España ya se venden más de 20.000 viviendas con okupas dentro, y en solo un año, los casos han aumentado un 7%, con 16.000 denuncias presentadas.  En El Análisis Diario de la Noche , abordamos esta problemática con María Segura, concejala de Seguridad en Alguazas (Murcia), que ha ordenado tapiar 94 viviendas okupadas, y con Antonio Ruiz, activista que denuncia la ilegalidad de estas medidas.

El PSOE supo el mismo 23-J que la correlación de fuerzas emanada de las urnas le obligaría a ir modulando su acción legislativa a lo largo de la legislatura para ir contentando a su variada lista de socios de investidura. Pero la distancia que existe entre las derechas y las izquierdas en lo relativo a los desahucios en casos de ocupación le está impidiendo satisfacer a los segundos. Quienes amenazan con reaccionar a futuro por el “incumplimiento” socialista. El origen de la encrucijada del PSOE data de noviembre, cuando el pleno del Congreso aprobó la l ey de eficiencia de la Justicia . Esa iniciativa incluyó una enmienda del PNV para que, tal y como también venía reclamando Junts , se puedan celebrar juicios rápidos, en 48 horas, por allanamientos y okupaciones replanteando así las medidas impulsadas por los sucesivos legisladores tras la crisis inmobiliaria de 2008 para demorar los lanzamientos fulminantes de los ocupantes antes tomar en consideración la situación de las personas que se han instalado en una vivienda y las circunstancias legales de la propiedad. Desvelada la argucia de los peneuvistas, ERC y EH Bildu se disculparon por haber apoyado “por error” una enmienda que no compartían, ni comparten. Esperamos que, como se comprometió el Gobierno con nosotros, haga su trabajo para convencer a todos los grupos y se elimine esa cláusula prodesahucios Javier Sánchez Serna Portavoz de Podemos Mientras que, en el caso de Podemos , cuyos cuatro diputados apoyaron la norma, ligaron su posicionamiento al haber pactado con el Gobierno que la citada enmienda sobre desahucios sería derogada en la siguiente ley orgánica que se tramitara. Pero esa derogación sigue sin llegar. El Gobierno lo ha intentado este martes de nuevo. Introduciendo su propia enmienda a otra ley que no tiene, a priori, relación directa con los desahucios como es la ley de asociaciones, presentada por los socialistas para disolver aquellas organizaciones que hagan apología del franquismo. En concreto, el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu firmaron con este objetivo una enmienda transaccional la semana pasada durante la reunión de la ponencia de la reforma de la ley de asociaciones. La ley se ha debatido en la Comisión Constitucional. Sin embargo, fuentes parlamentarias han explicado esta enmienda transaccional no ha salido adelante por falta de apoyos. De hecho, la citada reforma de la ley de asociaciones ha finalizado este martes su trámite en comisión e irá al pleno del Congreso para su aprobación definitiva sin ninguna alusión a los desahucios. Y eso está impacientando, entre otros, a Podemos: “Esperamos que, como se comprometió el Gobierno con nosotros, haga su trabajo para convencer a todos los grupos y se elimine esa cláusula prodesahucios”, ha advertido su portavoz, Javier Sánchez Serna. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López , ha restado importancia al fracaso en el intento de revertir la medidas sobre desahucios a través de la ley de asociaciones. “Nosotros hicimos una modificación legislativa en su momento para que los allanamientos se pudieran resolver en menos de 48 horas. Por lo tanto, nos parece que hay legislación suficiente para que los jueces puedan determinar si alguien allana una vivienda y no tiene ningún tipo de relación con ese inmueble, pueda ser desalojado. Y, en caso de que sean vulnerables, puedan ponerse el propio juez pueda ponerlo en relación con los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos son las instituciones”, ha declarado.

o sé a ustedes, pero a mí de niña me contaban cuentos que se pretendían edificantes. Es decir, con moraleja. Uno de ellos era el de los tres cerditos. Para las víctimas de las últimas reformas educativas, ahí va un spoiler: son tres cerditos que se quieren hacer una casa cada uno. El primero se la hace de papel, el segundo de paja. Así no se estresan mucho y les queda mucho tiempo libre para jugar o para mirar el tiktok de los cerdos. Sólo el tercer cerdito se toma el tema en serio y levanta con el sudor de su lomo una casa de verdad, una casa de ladrillo, mientras los otros dos se burlan de él. No le llaman cerdo capitalista pero sí cerdo empollón, aburrido y culpable de la cerdada suprema: trabajar .  En estas viene un lobo que debe ser muy woke, porque quiere okupar las casas de los cerdos y comérselos. Todo ello gratis, por supuesto. "¡Soplaré, soplaré y vuestra casa derribaré!", grita, tremebundo. La casa de papel y la de paja evidentemente las derriba de un suspiro. Sus habitantes sólo se salvan porque el tercer cerdito, el que invirtió en ladrillo, les acoge y les defiende de la okupación. De todo eso me he acordado leyendo aquí mismo, en Libertad Digital, la apabullante noticia de que el portal Idealista tiene ya a la venta 20.000 viviendas con okupas dentro . Se dice pronto. Lo cuenta el mismo Idealista en un informe que se hizo público este jueves y que hace eso que a los indepes les gusta tanto —las dichosas balanzas fiscales—, siempre que la comparación no sea odiosa y les deje a ellos con sus propios tocinos al aire. En Barcelona hay un 7,6 por ciento de viviendas okupadas. La sigue Toledo, con un 4,1 por ciento, Murcia con el 4 por ciento, Girona con el 3,8 por ciento y Sevilla con el 3,7 por ciento. Madrid está en el 2,6 por ciento, justo la media de toda España. Estos son los porcentajes sobre el total del parque de viviendas. Si miramos las viviendas a la venta que lo son con "bicho", es decir, con okupa dentro, allá vamos: Girona un 8,8 por ciento, Murcia un 5,5 por ciento, Sevilla un 4,7 por ciento, Almería el 3,9 por ciento y Málaga el 3,8 por ciento. Madrid se queda en el 2,3 por ciento, por debajo de la media española. Sin duda la okupación tiende a ser más alta en determinados núcleos urbanos más importantes o más densamente poblados. Por eso llama la atención que justo en la muy inmobiliariamente apetecible capital de España el tema esté más bajo control que en Barcelona. Entre las leyes de la señorita pepis que hasta ahora han protegido a los propietarios y el discurso de la izquierda molona y gorrona que durante años ha gobernado la capital catalana, el balance es desolador . No es lo mismo hacer política de vivienda que con la vivienda. Es fascinante el empeño woke en intervenir y topar los alquileres para toda la vida como hizo, quién lo iba a decir, Franco. La gente se cree que la izquierda más ultra defiende más las libertades, cuando su esencia es el puro y duro intervencionismo en todo de la Administración, venga o no venga a cuento. Los extremos y las dictaduras se tocan. Hasta Franco se dio cuenta de que su regulación masiva de los alquileres, que pudo tener un sentido cuando muchas familias españolas sufrían para levantar cabeza en una economía de posguerra, acabó generando un efecto contrario al deseado. Cada vez se alquilaban menos casas. Decidió el dictador de entonces crear un organismo público sólo para construir nuevas viviendas . ¿Les suena? Vivir es ver volver. El caso es que ni Franco se atrevió a prometer casas gratis. A nadie. Incluso a los excombatientes de la División Azul se les daban facilidades para acceder a viviendas de protección oficial, pero no les regalaban una dacha. Lo malo de ciertos discursos políticos es que la realidad es tozuda y los deja a la intemperie, como los dos primeros cerditos del cuento. Claro que, con lo que pasa ahora, el que palmaría es el tercer cerdito, el que construyó una casa de verdad. Se la soplarían. O mirarían para otro lado cantando La Internacional mientras se la soplan otros. Lo cual es más grave de lo que parece, no sólo porque cuestionar el derecho a la propiedad privada y al fruto del trabajo es muy peligroso si se aspira, no sé, a seguir recaudando impuestos. Es que encima sucede otra cosa. En estos lares, la gente invierte sus ahorros en ladrillo como en otras latitudes en Bolsa. Por eso unos tienen burbujas financieras, otros burbujas inmobiliarias, y algunos alumnos aventajados de Bakunin disfrutan las dos. ¿Queremos de verdad que la clase media, o lo que de ella quede, desconfíe de ahorrar para comprarse una casa, vivir en ella y dejársela en herencia a sus hijos? Hasta don Pablo Iglesias y doña Irene Montero pudieron comprarse el famoso chalet de Galapagar porque acababan de heredar de sus respectivos progenitores. Como supongo que esperan que sus tres churumbeles les hereden a ellos. ¿En qué quedamos, señorías? Mientras la Administración no sólo no se tome en serio que viene el lobo, sino que le quiera poner un piso (el nuestro), seguiremos cavando la tumba de todo contrato social imaginable. ¿Y si lo que nos aguarda a la vuelta de la esquina no es ya puro y duro populismo, sino la ley de la selva?

Una familia okupó una vivienda vacía de Cales de Mallorca que estaba a punto de ser vendida. Los intrusos intentaron hacer creer a los agentes de la Policía Nacional que llevaban semanas viviendo allí. No obstante los vecinos coincidieron en señalar que les habían visto llegar e instalarse allí la tarde anterior. Tras apercibirles de que si no se marchaban incurrirían en un presunto delito de desobediencia grave y acabarían detenidos. Optaron por abandonar el inmueble. Los hechos se produjeron durante el presente mes de marzo. Una familia recién llegada en Mallorca decidió okupar una casa vacía en Cales de Mallorca, que estaba a punto de ser vendida. Un vecino presenció la escena y llamó inmediatamente al 091. A continuación una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar para averiguar qué era lo que ocurría, pero los okupas intentaron engañarles y les dijeron que llevaban semanas viviendo allí y se negaban a irse. Entonces se limitaron a identificarlos. Okupar una caseta de aperos en una finca no constituye ningún delito Tras hacer gestiones para comprobar lo ocurrido, los agentes contactaron al día siguiente con los legítimos propietarios. Estos confirmaron que acudían habitualmente al inmueble y que, justo el día anterior por la mañana, habían estado haciendo arreglos allí de cara a su venta. Luego la habían cerrado perfectamente, según sus propias palabras. De hecho los perjudicados acudieron a la Comisaría de Manacor para interponer la correspondiente denuncia. También ayudaron a los agentes a localizar varios testigos. Todos estos coincidieron en señalar que la okupación se había producido la tarde anterior, cuando actuó la primera patrulla. También les aportaron imágenes que así lo acreditaban. Desobediencia grave  Ante estas circunstancias, dos patrullas de la Policía Nacional acudieron a la vivienda e instaron a los okupas a abandonar el lugar y que estaban obligados a ello. También les informaron de que el hecho de que se hubiesen negado a seguir sus indicaciones, y al proseguir con esa actitud, les haría incurrir en un presunto delito de desobediencia grave y serían detenidos. Tras constatar que el requerimiento de los policías iba en serio, los okupas optaron por abandonar el inmueble. Y anunciaron que se irían a otra casa para okuparla. Se da la circunstancia de que esta vivienda estaba a punto de ser vendida y pudo ser recuperada en un tiempo récord. De lo contrario, la transacción se podría haber abortado. La Policía Nacional resalta la importancia de denunciar estos casos lo más rápido posible. De lo contrario la recuperación del inmueble se dificulta notoriamente.

Hasta 50 jóvenes asaltaron y destrozaron en la noche de este domingo 23 de marzo un centro cívico en Girona. Según han relatado fuentes de los Mossos d'Esquadra a EFE, se enfrentaron a los policías a pedradas incluso. En el intento de ocupar el local Onyar, en el barrio Font de la Pólvora de la ciudad, los agentes fueron alertados de que el numeroso grupo estaba quemando contenedores y causando daños para tratar de acceder al interior del inmueble. De inmediato, se movilizaron variedad de patrullas junto a otras de la Policía Local de Girona para tratar de disuadir a los asaltantes. Eran las 00:30 horas cuando empezaron a recibirles con lanzamientos de piedras y otros objetos. Sin heridos ni detenidos También los vehículos policiales sufrieron desperfectos en unos incidentes que se prolongaron durante tres horas. Las mismas fuentes han precisado que concluyeron sin heridos ni tampoco detenidos por los hechos. No obstante, esta mañana se han reunido tanto el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas , como varios concejales de su equipo de gobierno, con el delegado territorial del Departamento de Interior de la Generalitat, Eduard Adrobau. Al encuentro han asistido también mandos policiales para hablar de la situación vivida anoche. El regidor la ha calificado de "intolerable por asaltar un equipamiento público y social que da servicio a los barrios " de Girona. "Encontrar a los responsables y actuar con contundencia" Ante este suceso violento, Salellas ha asegurado que se actuará "con toda la contundencia posible ", una vez que finalicen las labores para " encontrar a los responsables de los destrozos", como igualmente ha manifestado el ayuntamiento. Policía Local y Mossos ya trabajan conjuntamente para identificar a los jóvenes que participaron en el altercado. Ha provocado "graves desperfectos" al centro cívico, que permanecerá cerrado al público hasta el domingo 30 de marzo. "Próximamente se iniciarán las actuaciones pertinentes para arreglar " todo lo que ha quedado dañado en las instalaciones, según ha avanzado el consistorio. 

En España hay 20.000 viviendas a la venta pero con okupas dentro . Barcelona es la ciudad con más pisos en esta situación y le sigue Madrid. Baleares está en la parte media de la tabla . En las Islas, se ofrecen en este momento 513 casas con okupas , según el portal Idealista. Casi la mitad, unas 213, están en Palma . Si te preguntarás cómo condiciona a la venta el hecho de que el piso esté okupado, José Miguel Artieda, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, explica en COPE Baleares “afecta al precio, lo condiciona a la baja ”. tipos de okupación Explica Artieda que en la actualidad se dan tres tipos de ocupación . La clásica de una vivienda vacía, sobre todo en barrios desfavorecidos , la inquiokupación que tiene intención de fraude desde el principio porque paga unos meses y deja de cumplir con los pagos. Y ahora, se observa un aumento de ocupación cuando vencen los contratos de alquiler “ no se renueva porque se va a vender el inmueble pero como no encuentran otro hogar se quedan y eso provoca la bajada del precio de venta”. Poner a la venta una vivienda okupada supone una bajada de su precio de entre un 20 y un 30% . Según Artieda “son de viviendas de barrios desfavorecidos donde ya hay bastante demanda de estos pisos más ya baratos y el descuento no es tanto.” trabas si quieres comprar Si te planteas la compra de uno de estos pisos en venta con okupa tienes que saber que hay algunas trabas “ no puedes visitarlo , ni saber cuándo podrá recuperar la posesión o el estado en que se encuentra. Además, no se puede hipotecar , porque el tasador no puede hacer la valoración”, explica el presidente del Colegio de Apis de Baleares. En cuanto al perfil de comprador “son inversores o personas que disponen de medios económicos para afrontar el pago sin hipotecas ”. Reconoce Artieda que no son casos muy frecuentes con los que trabajen “ y cuando está próxima la recuperación del piso por parte de entidades bancarias se hace la venta, a veces se da la compra por parte del propio okupante o un vecino del piso ”. También hay ventas de propiedades con inquilino que sí tiene contrato de alquiler y que paga su mensualidad explica “si el contrato está vigente hasta que no llega la fecha de vencimiento no se puede echar al inquilino y se debe cumplir la totalidad del contrato . Si en el contrato existiera la cláusula de condición de recuperación de vivienda para el propietario sí podría ejercer ese derecho el nuevo comprador, pero normalmente ya se vende con el contrato y se hace respetar la vigencia del contrato ”, afirma José Miguel Artieda. October 21, 2024 " >

La Audiencia de Palma , a través de una sentencia, lo deja muy claro: la okupación de una caseta de aperos no constituye ningún delito . Esta aclaración se detalla en una reciente sentencia, por la que se absuelve a dos personas que inicialmente fueron condenadas, aunque fuera por un delito leve, castigado con multa, por entrar y utilizar como vivienda habitual una caseta ubicada en una finca rústica de Mallorca . Si bien era un espacio cubierto, ni siquiera se podía considerar como un inmueble, puesto que no tenía agua corriente, ni tampoco luz eléctrica. Fue el propietario de la finca el que denunció los hechos ante la Guardia Civil , al descubrir a dos personas que habían entrado en una pequeña caseta de su finca, que utilizaba como almacén para sus herramientas, y ninguno de ellos quería salir. Es decir, la pareja había decidido okupar dicha caseta porque no tenían otro lugar donde poder vivir. La denuncia del propietario justificó la celebración de un juicio por delito leve y el juez condenó a los dos acusados . Les impuso una sanción económica . Esta sentencia fue recurrida ante la Audiencia de Palma, que realiza una interpretación completamente distinta a la que hizo el juez que impuso esta condena. El tribunal, basándose en la interpretación que se han realizado sobre otros hechos parecidos, establece que no se puede hablar de delito, aunque sea leve, de usurpación porque se trata de una casa de aperos, que no disponía de las mínimas condiciones para poder se habitada. De hecho, ni siquiera se encontraba cerrada, debido a su mal estado. Por lo tanto, el tribunal considera que este tipo de invasión de la propiedad privada está fuera de la protección penal, es decir, no se puede castigar con un delito a una persona que okupe una vivienda de estas características.

La oferta de pisos okupados que salen a la venta no para de crecer y en Baleares se ofrecen en este momento un total de 513 inmuebles con okupas , según el portal Idealista. Casi la mitad, un total de 213, están en Palma. Este fenómeno de venta de pisos ocupados no para de crecer, si bien todavía representa un volumen muy bajo de las ofertas totales y apenas llega al 1,7 % de las operaciones que hay en marcha en las Islas en estos momentos. Según Francisco Iñareta, portavoz de idealista, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno, tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que tienen los propietarios. «Supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado», afirma. «Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler», señala el portavoz de la plataforma. Las ofertas de viviendas okupadas en Baleares están ligeramente más baratas que el precio medio de la inmuebles, pero entre las que figuran en el portal hay un casa unifamiliar en el Amanecer que sale a un precio de venta de 825.000 euros y se ofrece como una inversión . «Oportunidad de inversión: propiedad sin posesión. Imposibilidad de visita interior, no se puede financiar la compra de este inmueble», reza el anuncio de esta vivienda. En Son Gotleu se vende un piso por 62.900 euros y en el anuncio se alerta de que está ocupado por personas desconocidas, «lo que quiere decir que no se puede hipotecar ni visitar». El anunciante advierte también de que se podría financiar con un préstamo personal y añade que está en marcha una demanda «por lo que es cuestión de tiempo que salgan». Añade que es una «oportunidad inversión y adquirir una vivienda al cincuenta por ciento de su precio de mercado». Según el estudio publicado por Idealista con datos del último trimestre del año 2024, en este periodo había en toda España un total de 20.464 viviendas anunciadas que se encontraban en un proceso de okupación, una tendencia cada vez más creciente.

El mercado inmobiliario de España tiene a la venta 20.464 viviendas con okupas , según un estudio publicado por Idealista con arreglo a los inmuebles anunciados en su base de datos en el cuarto trimestre de 2024. Además, el portal destaca que estos inmuebles suponen ya el 2,6% de todas las casas que hay en venta en España, algo que muestra como se está recrudeciendo el problema de la okupación en el país durante los últimos tiempos. De esta forma, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, asegura que los datos ponen de manifiesto la «especial relevancia» que está teniendo la okupación tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un «lastre más» para la recuperación de la oferta en el mercado. «Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler», ha añadido el portavoz del portal. Viviendas con okupas en España En ese sentido, según los datos de Idealista, Gerona encabeza el fenómeno de la venta de viviendas con okupas en España, con un 8,8% de los inmuebles en venta en esta situación. Le siguen Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%). Por su parte, Barcelona y Santa Cruz de Tenerife alcanzan un 3,5%, mientras que en Lérida y Valencia la cifra es del 3,4%. Otras ciudades por encima de la media nacional incluyen Huelva (3,3%), Palma (2,9%), Tarragona (2,8%) y Las Palmas de Gran Canaria (2,7%). No obstante, en los grandes mercados, las cifras son más bajas. Por ejemplo, en Madrid, las viviendas okupadas representan el 2,3% de la oferta; en Alicante , el 2,1%; en San Sebastián , el 1,3%; y en Bilbao , solo el 1%. En el extremo opuesto, Logroño presenta el menor porcentaje, con solo un 0,2% de las viviendas en venta afectadas por la okupación. Otras ciudades como Salamanca, Ourense, Guadalajara, Cáceres, Palencia y Ciudad Real registran un 0,4%. En términos absolutos, los mercados más grandes concentran el mayor número de viviendas okupadas en venta. Barcelona lidera con 723 viviendas con este problema en el cuarto trimestre de 2024, seguida por Madrid con 644. Murcia ocupa la tercera posición con 390 viviendas, seguida de Málaga (286), Sevilla (272), Valencia (243), Palma (213) y Alicante (176). Estas ocho capitales agrupan el 71% de todas las viviendas con okupas en venta de las capitales españolas . Entre los grandes mercados, Bilbao y San Sebastián se quedan fuera de este grupo principal, con 36 y 22 viviendas, respectivamente, durante el mismo periodo. En el extremo opuesto, Teruel registra solo una vivienda en esta situación, seguida por Guadalajara y Ceuta (3 cada una), y Cuenca y Melilla (4 cada una). También destacan las cifras bajas en Huesca (5), Logroño (6), Ciudad Real (6), Zamora (6), Ávila (6), Palencia (7), Cáceres (8), Pamplona (8), Pontevedra (8), Lugo (9) y Segovia (9). A nivel provincial , Barcelona también lidera con 6.778 viviendas okupadas, seguida de Madrid (1.389), Murcia (1.236), Alicante (1.160), Málaga (1.130) y Girona (1.101), las únicas con más de 1.000 unidades. En contraste, Soria tiene solo una vivienda en esta situación, mientras que Teruel (12), Palencia (13) y Zamora (13) registran los números más bajos.

La concejala y modelo, María Segura, lleva 94 casas tapiadas Segura echa de las casas a los okupas conflictivos y tapia las puertas para que no puedan volver La venta de viviendas 'okupadas' en España: en qué ciudades hay más y qué supone para el mercado En el municipio de Alguazas, en Murcia, María Segura, Concejala de Seguridad que también trabaja como modelo, ha conseguido acabar con 94 pisos okupados en dos años de legislatura. En esas viviendas había gente conflictiva que perjudicaba al pueblo, su modo de actuar consistía en esperar a que el okupa saliera de casa para aprovechar y tapiar puertas y ventanas. 'El programa de Ana Rosa' ha hablado en directo con María Segura y José Gabriel García, alcalde del municipio, que nos han contado cómo están trabajando para terminar con los okupas. Tras desokupar casi 100 casas, tienen claro que "no piensan parar" : "Desde que entramos al Gobierno municipal teníamos claro que la seguridad era una de nuestras prioridades y desde el inicio empezamos con los okupas y, hasta el día de hoy, no pensamos parar" , comenzaba diciendo la Concejala de Seguridad. Sus acciones no son bien recibidas, han sufrido amenazas e incluso arañaron el coche de María Segura: "Yo el tema de las amenazas lo sufro menos, es más el alcalde el que los sufre en primera persona, pero es cierto que me han rayado el coche, me han roto el espejo ... es nuestro pan de cada día". Ante la pregunta de Ana Rosa sobre la cantidad de okupas, el alcalde apuntaba: " No creo que sea una situación que solo se de en Alguazas. Al final es un pueblo más de tantos que tienen esta situación, la cuestión es cómo se afronta. Nosotros desde el Gobierno Municipal tenemos claro que tenemos que solucionar este problema." Hace tres meses desalojaron por completo un edificio en el que se vendían y consumían estupefacientes , los propietarios suelen ser entidades bancarias, José Gabriel apuntaba: "Cuando son los propietarios entidades bancarias es más complicado, hay muchísimas viviendas que estaban okupadas que eran de particulares, muchas de ellas de gente del pueblo, y han agradecido que hayamos liberado estas viviendas."  Antes de finalizar, Ana Rosa preguntaba a María Segura cómo compatibilizaba su trabajo de modelo y concejala: "Mi profesión es concejala y abogada, de modelo es algo que hago esporádicamente y, sobre todo, lo he hecho con tiendas del municipio o concretamente con un fotógrafo que es amigo mío, pero profesionalmente no ejerzo de modelo".

La empresa ofrece hasta 1.000 euros a los moradores ilegales a cambio de firmar un documento de salida Durante la mañana de este jueves, una decena de operarios de la empresa madrileña D&S Desokupa desembarcó en el complejo turístico abandonado y okupado de Punta Arabí, propiedad de Paquita Marsan. Tal como asegura el gerente de la empresa de desokupación, Rafael González, durante la primera jornada del operativo, «hemos conseguido que se marche prácticamente la mitad de la gente y, durante la jornada de mañana, se habrá marchado el 80 % de los okupas ». Así, de las cerca de 70 personas que habitaban el complejo turístico, siempre según el relato de González, 25 lo habrían abandonado en la primera jornada y «otros tantos lo harán durante el día de mañana, ya que hemos firmado un acuerdo de salida». El profesional de la desokupación aseguraba a Periódico de Ibiza y Formentera que los primeros momentos de su operativo fueron tensos, con visita de la Guardia Civil incluida. «Al principio han salido algunos individuos un poco violentos porque no se lo esperaban, pero, a lo largo de nuestro trabajo durante el día, se han ido cambiando las tornas y les hemos convencido de firmar un acuerdo de salida». Los acuerdos de salida con los que la empresa Desokupa ha disuadido a los moradores del complejo turístico tienen que ver, tal como explica el mismo González, «con pagarles 1.000 euros para que firmen el documento y se marchen». «La mayoría de gente que hay son saharauis que han okupado todo el recinto», asegura el desokupador en referencia al 80 % de las personas que prevé que se marchen del recinto durante la jornada de este viernes. Sobre el 20 % restante, González asegura que «son unas ocho personas, entre las que hay dos familias y un niño pequeño que habían sido trabajadores de la propiedad». Estas familias, tal como explica el profesional de la desokupación, «van a tener un tiempo para organizarse, ya que nos han manifestado su intención de marcharse de la isla y necesitan solucionar una serie de asuntos y documentos».

En los últimos años, la okupación ilegal se ha convertido en un tema recurrente en la actualidad española. Los propietarios de viviendas han visto cómo su tranquilidad se tambaleaba ante la posibilidad de perder el control sobre su propio inmueble. Sin embargo, la situación ha dado un giro inesperado: los okupas han encontrado un nuevo objetivo. Ya no se centran exclusivamente en pisos vacíos o chalets en zonas residenciales, sino que han fijado su atención en algo que, hasta hace poco, parecía impensable: las plazas de garaje. Este nuevo fenómeno está afectando a miles de personas en todo el país, especialmente en las grandes ciudades donde el aparcamiento es un bien escaso y caro. La facilidad con la que pueden apropiarse de estos espacios y la lentitud del sistema legal para resolver estos conflictos han convertido las plazas de garaje en un blanco perfecto. Lo que antes solo parecía un problema menor de aparcamiento indebido, ahora se ha transformado en una okupación en toda regla que deja a los dueños en una situación de indefensión preocupante. El reciente decreto de desalojos exprés aprobado en el Congreso busca agilizar la recuperación de propiedades invadidas. Sin embargo, la aplicación de esta medida sigue siendo incierta cuando se trata de espacios como garajes, que legalmente no son considerados viviendas, lo que añade una capa extra de complejidad a un problema que va en aumento. Los garajes, el nuevo objetivo de los okupas Para muchas personas que viven en grandes urbes, tener una plaza de garaje es casi un lujo. La falta de aparcamiento en la calle y lo que cuesta aparcar en muchas zonas, hacen que estos espacios sean muy valiosos. Y es precisamente por eso, que han despertado el interés de okupas que buscan aprovecharse de la situación. Cada vez es más frecuente que propietarios de plazas de garaje descubran que un vehículo ajeno ha ocupado su espacio sin permiso. Al principio, podría parecer un simple error o un acto de incivismo, pero cuando el coche permanece días o semanas sin moverse y el dueño del vehículo se niega a retirarlo, se convierte en un problema real. La diferencia clave con la okupación de viviendas es que, en estos casos, la ley no permite una actuación tan rápida ni clara, dejando a los afectados en un limbo legal. El problema legal y la lentitud de los desalojos El marco legal actual protege a los propietarios de plazas de garaje, pero no con la misma contundencia que en el caso de viviendas habitadas. El artículo 245.2 del Código Penal establece que ocupar una propiedad privada que no sea una vivienda puede conllevar multas de entre tres y seis meses, pero esto no implica que el desalojo sea inmediato. En la práctica, la lentitud del proceso judicial hace que los afectados pasen semanas o incluso meses sin poder recuperar su plaza. Además, muchos propietarios descubren que la grúa municipal no tiene competencia en garajes privados, lo que significa que no pueden simplemente llamar para que retiren el vehículo invasor. Para lograr que un juez ordene el desalojo, es necesario presentar una denuncia, seguir un procedimiento legal y, en muchos casos, esperar una resolución que se demora demasiado tiempo. ¿Qué hacer si te okupan la plaza de garaje? Si un propietario descubre que su plaza de garaje ha sido ocupada, lo primero que debe hacer es intentar identificar al dueño del vehículo. En muchas comunidades de vecinos, el administrador o el presidente pueden ayudar en esta tarea, facilitando una solución rápida y evitando problemas mayores. Si la persona que ha ocupado la plaza niega a retirar su coche, es fundamental actuar con prudencia. Intentar mover el coche por la fuerza o bloquear su salida puede derivar en problemas legales para el propio dueño de la plaza. En su lugar, lo recomendable es interponer una denuncia ante la Policía, alegando una ocupación indebida del espacio privado. En estos casos, la paciencia es clave, pero también es importante presionar para que la situación se resuelva lo antes posible. La ley está de parte del propietario, pero en la práctica, conseguir que se haga justicia puede requerir más tiempo del deseado. El problema de la okupación en España Aunque desde el Gobierno se insiste en que la okupación es un fenómeno marginal, los datos reflejan una realidad muy distinta. Según cifras del Ministerio del Interior, en 2023 se registraron más de 15.000 casos de usurpación de inmuebles en España, lo que demuestra que es un problema que sigue latente en la sociedad. Además, encuestas realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indican que un 34% de los ciudadanos considera la okupación como un problema real, y un 2% ha sido víctima directa de este tipo de situaciones. Esto significa que, aunque el porcentaje de afectados pueda parecer pequeño, el impacto social de la okupación es mucho mayor de lo que se suele reconocer. Con la reforma legal en marcha, se espera que los propietarios puedan recuperar sus inmuebles y espacios privados de forma más ágil. Sin embargo, la okupación de plazas de garaje demuestra que este problema sigue evolucionando, encontrando nuevas vías de manifestación y dejando a miles de personas en una situación de incertidumbre. La okupación de plazas de garaje es un fenómeno que pone de manifiesto la necesidad de una legislación más efectiva y rápida. Lo que podría parecer un simple inconveniente de aparcamiento, en realidad es un problema legal complejo que afecta a miles de personas en España. Mientras no haya una solución clara y eficaz, los propietarios seguirán viéndose atrapados en una batalla legal y burocrática que, en muchos casos, podría evitarse con medidas más contundentes y eficaces.

El piso se encuentra en una comunidad de 9 viviendas en Cala Millor, en el municipio de Son Servera. Nicoleta quedó como okupa en el piso donde trabajaba hace unos seis años después de que el hombre al que cuidaba falleciera y en enero los ‘nuevos’ okupas le dijeron que recogiera sus cosas. | R.D.

El Congreso ha dado este martes un primer paso para tramitar una ley que acelere los desahucios y los desalojos de okupas en un plazo de 48 horas. La Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición presentada por Junts a la que han sumado sus apoyos PSOE y PP. Populares y socialistas coinciden en reconocer su preocupación por la okupación ilegal de viviendas. Los de Pedro Sánchez recuerdan que el allanamiento de morada ya es un delito, aunque consideran que el ordenamiento jurídico es "susceptible de mejora". A su izquierda, sus socios habituales insisten en que se trata de un problema minoritario alimentado por discursos alarmistas. La iniciativa a la que el Congreso ha dado el visto bueno inicial plantea que los procedimientos para desalojar inmuebles okupados ilegalmente no están siendo "suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas". Por ello, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en caso de denuncia y garantizar la recuperación de la vivienda en un máximo de 48 horas, "impidiendo dilaciones" cuando se aleguen situaciones de vulnerabilidad . "La aplicación indiscriminada de esta protección se ha convertido en una herramienta que puede ser utilizada para dilatar injustificadamente los procesos", argumenta el texto impulsado por Junts. "Hay que evitar que la protección de la vulnerabilidad recaiga sobre los titulares de inmuebles", ha recalcado en el debate parlamentario la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha enfatizado la necesidad de preservar el derecho a la propiedad privada y ha reconocido que la mayoría de okupaciones ilegales no se producen sobre viviendas habituales. Los de Puigdemont admiten que se ha creado una "alarma ciudadana" que no se corresponde con la realidad , pero creen que la "extrema izquierda" y la "respuesta permisiva legal y judicial" han contribuido a hacer proliferar las okupaciones y que este fenómeno se ha convertido en un "grave" problema que vinculan con la delincuencia y consideran que genera problemas de convivencia. Además de Junts, la propuesta de los de Puigdemont ha contado con el voto favorable de PP, PSOE, PNV, Coalición Canaria y Vox. Los socialistas han defendido que se trata de una iniciativa para "preservar" el derecho a la propiedad privada. "El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para perseguir la mal denominada ocupación ilegal. No obstante, este marco jurídico evidentemente es susceptible de mejora" , ha señalado el diputado socialista Guillermo Hita, que ha recalcado la necesidad de que no se "menoscabe" la protección a los colectivos especialmente vulnerables y ha matizado que el endurecimiento de los desalojos no soluciona por sí solo el problema de la vivienda .  El PP ha dicho compartir la preocupación por la okupación, aunque ha recordado que ellos ya impulsaron su propia ley antiokupación y ha denunciado que se encuentra "congelada" por los socialistas en el Congreso. "Podríamos haber acabado ya con las okupaciones ilegales, porque ya podríamos tener vigente una ley que no tenemos porque Sánchez y Armengol han decidido bloquearla. No les importa convertir España en un país donde un okupa tiene mayor protección que aquel al que le roban su casa", ha expresado la diputada Cristina Agüera, que ha defendido que la iniciativa de los populares es "más completa" que la de Junts. También ha apoyado la proposición de ley ha sido el PNV, que ha resaltado la necesidad de "mejorar la protección de los ciudadanos en la tenencia y disfrute de sus propiedades" y atender los "perjuicios que este fenómeno puede ocasionar a los vecinos", aunque ha reconocido que apenas se interponen 16.500 denuncias al año y ha pedido no "desatender" las situaciones de vulnerabilidad. "El vigente ordenamiento jurídico no tiene una respuesta ágil y eficiente para recuperar las viviendas" , ha asegurado el diputado Mikel Legarda. No obstante, los nacionalistas vascos han subrayado que el debate en torno a al okupación no puede ser una "excusa" para acusar al Gobierno de "gestión criminal" o "complicidad" con los okupas ni para alentar un discurso xenófobo. Vox ha vinculado precisamente la okupación y la inmigración y ha acusado al Gobierno de "amparar la delincuencia". Según los de Abascal, "la comparsa de okupas extranjeros, islamistas y antifascistas se adueña no solo de las casas sino de las calles". "No estamos ante una ocupación puntual de espacios públicos, sino constante de gente que impone sus mundos en nuestros mundos. Hay códigos postales completamente ocupados por inmigraciones masivas", ha aseverado el diputado Carlos Hernández, que ha asegurado que "hay zonas donde no solo hay que desokupar viviendas, sino barrios enteros".

El PP redobla su ofensiva contra la okupación ilegal. A la batería de medidas diseñadas para acabar con esta "realidad que perjudica a las familias" —en palabras de la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín— ahora propone crear en colaboración con la Europol un registro de mafias para controlar las okupaciones.  El área responsable del plan integral de vivienda de Alberto Núñez Feijóo aboga por crear un registro europeo de okupas, que incluya una base de datos y un análisis sector por sector de la ocupación ilegal y la ocupación en Europa. Tal y como explican desde Génova, esta base de datos también debería reflejar los posibles vínculos entre la okupación y otros delitos organizados, como la trata de seres humanos o el tráfico de inmigrantes, para contribuir a la Evaluación de la Amenaza de Delincuencia Grave y Organizada (SOCTA) de Europol.

En la madrugada de este martes, la Policía Local de Ibiza ha impedido la okupación de una vivienda ubicada en la calle Narcís Puget Viñas, en Dalt Vila. Según han explicado desde el Ayuntamiento de Vila, han sido los vecinos de la zona quienes han alertado a la Policía de que alguien estaba entrando en la vivienda con algunos enseres. A su llegada, los agentes han podido comprobar cómo la cerradura ya había sido cambiada y se habían colocado colchones en el interior de la casa. Aun así, uno de los autores, de origen italiano, ha sido detenido puesto a disposición de la Policía Nacional. Por su parte, el Ayuntamiento de Ibiza ha agradecido «enormemente» la rápida alerta de los vecinos y la eficaz actuación policial, «gracias a lo cual se ha podido impedir que la okupación se consume».  El alcalde del municipio, Rafa Triguero, ha recordado que los casos de allanamientos de moradas y usurpaciones han aumentado en las islas en un 91 %, pasando de los 264 casos en 2018 a los 514 de 2024. «La okupación ilegal además de dejar desprotegido a los propietarios provocan situaciones de peligrosidad que debilitan la convivencia social de nuestras ciudades y de nuestra sociedad. Es necesario dotar a los jueces y a las fuerzas de seguridad del Estado de todos los instrumentos legales para que estos casos no se produzcan, y si ocurren, se pueda actuar de una manera rápida y efectiva», ha señalado Triguero. Finalmente, el Ayuntamiento reitera el gran trabajo realizado por la Policía Local, «que a su vez ya ha podido contactar con el propietario de la vivienda para informarle de la situación», han concluido desde el Consistorio.

Frenar a los okupas El desatino que supone para la vida de la gente normal la lacra de la okupación ha tomado cuerpo esta semana en dos hechos significativos en Cataluña. La algarabía agónica de Salt y la presión popular en Badalona para echar a una okupa en 24 horas. En España seguimos teniendo un problema con la adaptación de las leyes para hacer frente al fenómeno de la okupación, un movimiento que es capaz de englobar a bandas criminales que desean interpretar a su manera el mercado inmobiliario, a inquiokupas a los que les gusta más la idea de okupar sin pagar el alquiler y a familias sin recursos de verdad que okupan como última medida para no dormir en la calle. Esas leyes no facilitan a los cuerpos de seguridad la posibilidad de intervenir sin contemplaciones y eliminar los efectos de las okupaciones con celeridad. Y mientras eso no ocurra se repetirán ejemplos de okupaciones que ya sólo provocan la aceptación de aquellos que no son conscientes del problema que supone . En Salt, el desalojo de un imán y su familia tras más de cinco años sin pagar su hipoteca propiedad de un banco acabó convirtiéndose en una batalla campal . Por poco simpático que pueda ser que la propiedad sea de un banco, en una propiedad privada quien no paga no puede seguir, por muy imán que sea y por mucho predicamento que tenga entre la comunidad islámica de una de las poblaciones que lleva permanentemente el distintivo de alarma roja en el mapa yihadista del Estado, compitiendo directamente con Ceuta y Melilla. Lo que le faltaba a Salt, una población en la que su alcalde ha dirigido una política inteligente, pero en la que es difícil hacer milagros cuando se convive en medio de un polvorín emocional. En Badalona vivieron una situación inversa . No hubo alteración del orden público por defender a un okupa. Sucedió todo lo contrario. El alcalde y un buen número de vecinos presionaron a una okupa que tuvo que abandonar el inmueble en 24 horas , sin llevarse un solo euro de indemnización, una de las prácticas habituales de estos usurpadores de viviendas, cuando la necesidad ha dejado paso al negocio ilegal. En cualquier caso, al mismo tiempo que hay que combatir con más energía la okupación, es necesario dar pasos agigantados para resolver el infierno de acceder a una vivienda . El tope del alquiler en Cataluña, más que controlar el precio ha provocado una caída de la oferta, lo cual ha complicado más la vida a la gente que desea alquilar. Ahora sigue siendo caro y, como hay menos pisos a disposición, las dificultades para lograr uno se multiplican. O están en el mercado paralelo del alquiler temporal (un modo de burlar la ley a precios prohibitivos), o en el mercado de compraventa o en ningún mercado, ya que muchos propietarios ante la duda prefieren cerrar su inmueble y retirarlo de la circulación. Un lío, vamos. 

Según las estadísticas que maneja el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con datos de 2023, el tiempo medio en España para desalojar de manera legal a un okupa es de doce meses, un plazo al que si se le añaden las apelaciones de sentencias en las Audiencias Provinciales puede extenderse hasta casi los dos años, en concreto a 23,2 meses. Ante esta situación, algunos propietarios pueden tener la tentación de buscar vías más directas. Una de ellas, de puro sentido común para un propietario burlado, que ve cómo tiene que seguir pagando el agua y la luz a quien le usurpa su casa, es la dejar de pagar o cortar los suministros básicos de la vivienda , algo que, no obstante, puede acarrear problemas legales. En este sentido, la legislación española es clara, al establecer que cualquier intento de echar a un inquilino ilegal sin la intervención de las autoridades puede considerarse un delito de coacción. Cortar el agua, la luz o el gas , considerados suministros básicos, estaría dentro de este supuesto. Ahora, al menos en las provincias de Barcelona y Gerona, esto dejará de ser así. Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Barcelona y de la de Gerona acordaron en sus reuniones de este 7 de marzo y del 22 de noviembre de 2024, respectivamente, unificar criterio, de modo que «en caso de que el titular de una finca (en régimen de propiedad o cualquier otro título que habilite su uso), ocupada o que ha sido objeto de allanamiento de morada , no mantenga el alta de los suministros o el abono de los mismos, no será constitutivo de un delito de coacciones».  Antonio Ramírez Cerezo Los mismos magistrados acordaron que en caso de denuncias por delito leve de usurpación contra personas cuya identidad resulte desconocida, « no será posible acordar el sobreseimiento provisional » sin que los cuerpos policiales traten de identificar a los ocupantes de la finca. Solo en caso de que no lo consigan se procederá al sobreseimiento. La decisión de los jueces de Barcelona ha sido valorada por fuentes del sector inmobiliario consultadas por ABC como de «sentido común», y mostraron su confianza en que, con la misma lógica, se acabe extendiendo el mismo criterio al conjunto de España. Al respecto, fuentes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) apuntan que así acabará siendo una vez que, bien porque las juntas de jueces en otras provincias sigan el ejemplo, bien por que llegue al Tribunal Supremo por vía de recurso, se acabará unificando doctrina. Se trataría de llegar a una interpretación unificada para que no se haga en cada comunidad autónoma una cosa distinta. En la misma línea se pronuncia Fernando Portillo, portavoz de la asociación Foro Judicial Independiente, que celebra que, al menos en Barcelona y desde este momento, se haya clarificado la interpretación: «Hasta ahora dependía un poco de la lectura que hiciese cada juez, porque el Supremo tiene resoluciones dispares». Es lo que define como una cuestión «fronteriza», de interpretación variable, algo que ahora en Barcelona queda ya definido. En este sentido, apunta Portillo, sería deseable que el mismo criterio se extendiese por todo el territorio nacional, sin que esto signifique que los jueces en otras parte de España ya estén actuando con la misma lógica. Sí celebra el portavoz de Foro Judicial Independiente que la decisión adoptada en Barcelona da más armas para luchar contra el fenómenos de la ocupación, bien sea por usurpación de bien inmueble o o por impago de alquiler, lo que coloquialmente se conoce como «inquiocupación». Por su parte, Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, coincide en que acabará siendo el TS el que se pronuncie de modo que vincule a todos los jueces de España. Además de la despenalización del corte de suministros , Oliva considera «interesante y positiva» la decisión de no permitir el sobreseimiento de las ocupaciones sin que se haya intentado al menos la identificación de los autores, unos atestados sin autor conocido que se quedaban en la Policía y no llegaban al Juzgado. El acuerdo de los magistrados de Barcelona precedía al adoptado por los de Gerona, que además de avalar el corte de suministros autorizaba lo que se ha definido como «desalojo exprés» sin autorización judicial previa si la policía actúa en las primeras 24 horas. Es en base a este criterio que actuaron los Mossos para desalojar al imán de Salt (Gerona) cuando trató de volver a ocupar el piso del que había sido desalojado, una intervención que desencadenó varias noches de graves incidentes en esta localidad. El acuerdo de los magistrados de Gerona, que avanzó 'El Periódico', busca no únicamente la expulsión de los ocupantes por la vía rápida sino una mayor celeridad judicial. Así, los jueces «aconsejan» que la tramitación de los procedimientos por delitos leves de usurpación de bienes inmuebles se haga a través del «procedimiento inmediato (...) debiendo cuidar los cuerpos policiales de la identificación y citación a juicio de los ocupantes denunciados». «Los agentes actuantes realizarán un acta de comprobación de daños que incorporarán al atestado policial, que se remitirá al Juzgado de guardia junto con la citación a juicio de los ocupantes», añaden en un intento de comenzar a encauzar un fenómeno al que no parece fácil poner remedio. Ayer precisamente trascendió que el número total de lanzamientos, o desalojos, practicados en 2024 fue de 27.564, un 3,4% más que el año anterior, según se desprende del informe publicado por el CGPJ. El 74,6% de los lanzamientos, 20.558, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) , mientras que otros 5.073 (18,4%) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.933 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron un aumento interanual del 4,5% respecto a 2023, y los derivados de ejecuciones hipotecarias, una disminución del 3,6%. Por territorios, Cataluña –con 7.381, el 26,8% del total– fue la comunidad autónoma en la que se practicaron más desahucios , seguida por Andalucía (4.027) y Valencia(3.610).

Los todavía escasos pisos que se ofrecen dentro del programa Alquiler Seguro que impulsa el Govern balear están registrando un alud de peticiones , hasta el punto de que hay casos en los que no permanecen ni una hora en las páginas web en las que se ofrecen. El presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Balears, José Miguel Artieda , pone un ejemplo real sobre estas situaciones: una vivienda de Alcúdia vinculada a este plan tuvo que ser retirada a los 30 minutos de ser anunciada porque en ese plazo contabilizó algo más de 40 peticiones , superando la media de una por minuto. Este dato se aporta para reflejar la situación que el mercado del alquiler de Mallorca está viviendo en estos momentos, agravado por la reincorporación a la isla de las personas que regresan para trabajar en la temporada turística de la mano de la reapertura hotelera y de la oferta complementaria. El Govern ya tramita 450 viviendas del programa de 'Alquiler Seguro' Lo primero que apunta Artieda es que la oferta de viviendas en alquiler se encuentra en estos momentos en niveles mínimos al acercarse la temporada turística, y ello a pesar de que se ha notado un descenso en la demanda por parte de empresas del sector para alojar a sus empleados, que ha sido muy intensa durante los últimos años, algo que el presidente de los API achaca a que «se han puesto las pilas y ya disponen de alternativas». En concreto, subraya que en lugares como Platja de Palma de forma notable, pero en general las proximidades de las principales zonas turísticas, se encuentran ya prácticamente con el cartel de completo, salvo casos muy puntuales y con precios que no son asumibles para la mayoría de las familias. En cualquier caso, añade que la escasez se extiende al conjunto de la isla y ello en un contexto de «demanda brutal» . En relación con este punto, subraya que aunque la entrada de viviendas que antes estaban vacías para formar parte del programa de Alquiler Seguro está siendo más lenta de lo esperado, las peticiones para disponer de este tipo de inmuebles, en los que además el inquilino se beneficia de un descuento del 30% financiado por el Govern , está siento muy intensa, como lo reflejan los datos antes señalados respecto a la acumulación de aspirantes en cuando se ofrece uno de estos pisos. José Miguel Artieda, presidente del Colegio de los API de Balears / B. Ramón El problema, lamenta, es que una parte importante de estos aspirantes no cumple con los requisitos que se exigen para poder acceder a estas viviendas, ya sea en cuestiones como la solvencia económica y especialmente con la exigencia de llevar cinco años de residencia en las islas. En cualquier caso, José Miguel Artieda afirma que ya se han firmado los primeros contratos de alquiler relacionados con este plan (estima que ya hay al menos una veintena), aunque estas situaciones se dan con algunos meses de retraso respecto a las previsiones iniciales que el Ejecutivo autonómico planteó cuando presentó esta iniciativa. Por todo lo expuesto, el presidente del Colegio de los API lamenta la denuncia realizada por Més per Menorca apuntando que la empresa a la que este organismo ha encargado la recogida de los datos de los aspirantes a ocupar una vivienda de Alquiler Seguro se estaba haciendo con información «altamente sensible». Més per Menorca denuncia que una empresa privada recopila datos personales de inquilinos con el aval del Govern Para empezar, subraya que esos datos que se piden no se usan para ofrecer ningún servicio ni se venden a otras empresa s, y que además están protegido s. La información reclamada, subraya, solo se usa para comprobar que se cumplen las condiciones del plan y para disponer de una bolsa de aspirantes a ocupar uno de estos pisos con el fin de adjudicarlos en cuanto están listos para ser ocupados.

Con la apertura de la planta hotelera para arrancar otra temporada los empresarios se han vuelto a afanar en encontrar soluciones para dar alojamiento a sus trabajadores en un destino en el que los temporeros compiten con los residentes para encontrar lo imposible en Mallorca: vivienda a precio asequible. Por un periodo que suele rondar máximo nueve meses, lo que dura la actividad turística aún es más difícil. Los hoteleros están curados de espanto y combina n diferentes fórmulas : alquiler de pisos compartidos y apartamentos, el regreso de las habitaciones para personal dentro de las propias instalaciones hoteleras y en algunos casos no queda más remedio que apartar habitaciones destinadas a clientes para la plantilla. El norte de la isla es una de las zonas donde más se complica encontrar alojamiento. El Four Seasons Resort Mallorca en Formentor reabrió sus puertas el viernes para afrontar su primera temporada completa después de que el año pasado se inauguró a medio gas en agosto . Entonces apenas contó con la mitad de su plantilla. Uno de sus grandes retos, como reconocía su directora general, Estreya Gosalbez, era completar el personal que requiere un alojamiento de alta gama como el Four Seasons en un destino turístico donde encontrar vivienda en pleno verano es una quimera. Entonces trascendió que perseguían rentar un bloque completo para sus trabajadores, podía ser un hotel de baja gama... «Nos costó conseguirlo, pero lo hemos logrado. Hemos alquilado para cinco años un edificio de apartamentos nuevo, a estrenar, en el Port d’Alcúdia», explica Gosalbez. Tiene capacidad para más de 200 empleados. «Nos lo entregaron en febrero». Desde allí trasladarán en autobuses al personal hasta la península de Formentor.

Una de las imágenes que dejó la okupación de Sant Antoni fue la de una decena de efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil mirando de forma contemplativa lo que estaba ocurriendo en la calle Bisbe Cardona, sin intervenir en ningún momento, para sorpresa de Vicente Riera. Así cambian unos okupas la puerta de una casa en Sant Antoni El dueño del inmueble invadido era presa de la incredulidad al comprobar que los agentes, lógicamente siguiendo instrucciones de sus superiores, se quedaban de brazos cruzados mientras los okupas se mofaban abiertamente de ellos con gritos de «¡Viva el Rey!» y «¡Viva España!». Cuando las fuerzas de seguridad abandonaron el lugar, después de explicarle a la víctima que lo único que podía hacer era poner una denuncia y resignarse a un proceso judicial, los okupas se pusieron a cambiar la puerta de entrada a la vivienda a martillazos, a plena luz del día y con toda la calma del mundo. ¿Por qué no intervinieron todos esos policías y guardias civiles que se personaron en la calle Bisbe Cardona tras la llamada de Vicente Riera? La palabra clave en este asunto, igual que en todas las okupaciones, es «morada» , que la Real Academia de la Lengua define someramente como «lugar donde se habita». La ley diferencia entre dos delitos distintos, el allanamiento de morada y la usurpación. El lamento del okupado en Sant Antoni: «Mi error ha sido confiarme y pecar de bueno» El allanamiento implica entrar en una vivienda con residentes habituales , es decir, una morada, y la respuesta automática de las fuerzas de seguridad es acudir al lugar y expulsar a los intrusos. Por contra, la usurpación ocurre cuando se okupa una vivienda que no es morada. Pero esa condición puede cambiar con el tiempo. ¿Cuánto? Esa es la clave. En cuanto la vivienda okupada adquiere la condición de morada, las fuerzas de seguridad ya no pueden echar a los okupas . Pero por mucho que se hable de 24 horas, de 48 horas, de lo que sea, la realidad es que la ley no habla de ningún espacio de tiempo concreto que haga que, por arte de magia, la vivienda usurpada se convierta en morada. 

Vicente Riera tuvo una oportunidad el miércoles de resolver por la vía rápida la okupación de su vivienda en Sant Antoni , pero no pudo aprovecharla por una mezcla de ingenua bondad y falta de información. Eran las dos de la tarde cuando recibió el aviso de una vecina y acudió raudo a la calle Bisbe Cardona de Sant Antoni . Okupación en Sant Antoni: «La Policía Local y la Guardia Civil están atadas a lo que dice la ley» Lo hizo acompañado de unos amigos porque ya se olía el olor a quemado de la tostada que le esperaba dentro. La vivienda, deshabitada y propiedad de su madre , que vive en una residencia, tenía la puerta abierta, así que entró. Al fin y al cabo, es de su familia. Dentro, se encontró con un hombre de origen magrebí y con una mujer española que se vieron sorprendidos in fraganti por el legítimo propietario. Desde ese momento empezaron a aplicar el manual del perfecto okupa. «Me dijeron que pensaban que el piso estaba abandonado», recuerda Riera en declaraciones a Diario de Ibiza . «Yo les contesté que no, que solo estaba pendiente de reforma y que estaba a la espera del permiso de obra. También les dije que no tenía luz ni agua, que no era una casa habitable », resume. Cambio de discurso Ese instante era la ocasión que Vicente tenía casi en la mano y que se le escapó en cuanto volvió a salir a la calle. Cruzar el umbral de su propia casa puso en marcha el contador del proceso judicial, de duración completamente impredecible , que algún día resolverá esta okupación. «En cuanto salí a la calle empezaron con otro discurso y me dije ‘uy, no vamos bien’. Mi error fue confiarme y pecar de bueno», rememora. Los okupas sabían perfectamente lo que hacían . Pasaron de contestar con buenas palabras a Vicente, que les había ofrecido que se marcharan por las buenas a pesar de que se habían cargado la cerradura, a sacar las garras en cuanto el dueño volvió a estar fuera del inmueble.

Este jueves, entre el vecindario de la calle Bisbe Cardona del municipio de Sant Antoni, el tema del día no era otro que la ocupación de uno de los pisos de su calle. Ramona trabaja en esta calle y, en su opinión, «no hay derecho a que se te metan de esta manera en tu vivienda y que, además, se rían en tu cara». Una opinión compartida por buena parte de su vecindario, aunque, en su caso, reconoce que «cuando cierro el negocio me voy a casa y estoy tranquila, pero quienes viven aquí es lógico que estén preocupados». Una de estas vecinas es Antònia, que califica la situación de «vergüenza para el pueblo» y muestra su preocupación por que «a este paso nos van a echar a todos». Vecina del barrio desde hace décadas, Antònia conoce bien tanto a los propietarios del piso okupado como su estado, y teme que esto repercuta en el bienestar del barrio. «Como no tiene luz, ni agua ni un baño en condiciones, cualquier día puede haber algún problema». La veterana vecina recuerda los tiempos en los que, en su misma calle, «salías de casa y te dejabas la puerta abierta», mientras sus vecinos, Toni y Maribel, le contestan que «ahora no te puedes fiar, no hay derecho a que ocurran estas cosas». La pareja habla de una «sensación de inseguridad» en su calle y denuncia que, «como otras calles del pueblo, está muy mal iluminada; hay zonas en las que tenemos que sacar la linterna por la noche». Vicent Riera, Garrover, también habla de inseguridad desde que el pasado miércoles se enfrentó a quienes estaban cambiando la puerta de su piso. «Desde entonces tengo miedo de moverme solo por esta calle, nunca se sabe con qué te van a salir», reconoce, mientras considera que «no es lo mismo alguien que ocupa una casa porque no tiene dinero que unos delincuentes que te cambian la puerta de tu casa ante tus narices y se te encaran». El propietario está tramitando junto a su abogado, Joan Carles Rodríguez, la denuncia y reconoce que «de momento no me he planteado contratar a ninguna empresa de desocupación. Ni estoy para pagarles un dineral ni estoy seguro de que sean más legales que el propio okupa. Considero que esto es un derecho que debe garantizarte el Estado», explica Vicent Riera, Garrover, propietario de la vivienda ocupada, sin ocultar la impotencia de haber presenciado cómo le ocupaban su piso ante sus narices. Garrover se enteró por una vecina, que le llamó para ver si había alquilado el piso o si le había dado la llave a alguien. Rápidamente, fue a ver lo que estaba pasando y se encontró con la imagen de varios ciudadanos de origen marroquí cambiando la puerta de su piso. «Me han asegurado que creían que el piso estaba abandonado. Les he aclarado que no es así y, de buenas maneras, hemos hablado y hemos acordado que recogerían sus cosas, volverían a cambiar la cerradura de la puerta, se marcharían y ‘aquí no ha pasado nada’», explicó este vecino a Periódico de Ibiza y Formentera este miércoles por la tarde. Garrover reconoció a este rotativo que «he pecado de bueno», y añadió que «en cuanto hemos salido de la casa, el hombre ha cambiado su discurso y se ha puesto más agresivo». Acudió la Policía Local de Sant Antoni, que, según relató este vecino, no pudo hacer nada. Pero, ¿por qué la Policía Local de Sant Antoni no pudo actuar? Según han explicado fuentes oficiales a este rotativo, estas personas okuparon este piso el pasado 8 de marzo, algo que demostraron a los agentes con un vídeo. Por esta razón, se considera que han «constituido morada». Los agentes identificaron a los okupas y dieron traslado de los hechos a las autoridades judiciales. Las mismas fuentes indicaron que debe ser el propietario del piso quien denuncie la okupación para que la vivienda sea desalojada mediante una orden judicial.

La okupación de una vivienda en Sant Antoni sigue generando episodios insólitos. Este jueves, la Policía Nacional de Ibiza tuvo que desalojar de las instalaciones de Diario de Ibiza a uno de los colaboradores de los okupas y a otro hombre que lo acompañaba , después de que irrumpieran en la sede del medio para exigir la retirada de imágenes en las que aparecen cambiando la puerta de la vivienda okupada .  El vídeo, grabado por el propio propietario del inmueble, Vicent Riera , muestra cómo uno de los jóvenes, de origen magrebí , se burla del dueño mientras cambia la cerradura . En la misma grabación, otra de las okupas, una mujer española , intenta echar a Riera de su propia casa y le amenaza con llamar a la Policía. Intento de censura en Diario de Ibiza A las 15:15 horas de este jueves , el colaborador de los okupas y su acompañante se presentaron en las oficinas de Diario de Ibiza, asegurando que no se marcharían hasta que se eliminaran las imágenes . Alegaban que su derecho a la privacidad estaba siendo vulnerado, pese a que las imágenes fueron tomadas en la vía pública. Ante la negativa del periódico a borrar el contenido, la discusión se tornó cada vez más tensa , hasta el punto de que el personal del diario decidió llamar a la Policía Nacional . En apenas cuatro minutos , varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local de Ibiza accedieron a la sede del periódico para solventar la situación. Los agentes revisaron las imágenes y confirmaron que no había ningún motivo legal para su retirada . Uno de los policías dejó claro a los okupas que no tenían derecho a exigir la eliminación del contenido: «Si en la calle nos pueden grabar a nosotros, ¿cómo no van a poder grabarles a ustedes?» . Finalmente, ambos individuos fueron desalojados del edificio por la Policía sin que el medio retirara las imágenes . De la okupación a la presión contra los medios Este nuevo episodio agrava aún más el escándalo en torno a la okupación en Sant Antoni , un caso que ha generado indignación en la isla y que ha puesto sobre la mesa el debate sobre la respuesta de las autoridades ante estos delitos . El pasado miércoles, Vicent Riera, propietario de la vivienda okupada en la calle Bisbe Cardona , grabó con su móvil cómo un grupo de okupas cambiaba la puerta de su casa a plena luz del día . Riera intentó negociar con ellos y les pidió que abandonaran el inmueble sin necesidad de llamar a la Policía . Sin embargo, su actitud cambió rápidamente y uno de los okupas se volvió agresivo , llegando a agredir al propietario . La Policía Local y la Guardia Civil no pudieron intervenir Al lugar de los hechos acudieron agentes de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil , pero ninguno de los cuerpos pudo desalojar a los okupas en ese momento . Los agentes explicaron que, según la legislación vigente, al haber pruebas de que los okupas llevaban varios días en la vivienda, el desalojo debía realizarse por vía judicial .

El alcalde de Sant Antoni , Marcos Serra , ha mostrado su enojo por la okupación sufrida por un vecino de la localidad en la calle Bisbe Cardona. « Entiendo la posición de los propietarios porque es indignante que te okupen la vivienda en tu cara y tú no puedas hacer nada. Es indignante que además de que okupen tu casa tengas que escuchar insultos», lamentó ante la prensa. El regidor tiene claro que la fórmula para confrontar la okupación es «endurecer las penas a nivel español» , ya que considera que «la Policía Local y la Guardia Civil están atadas a lo que dicen las leyes» «Me pongo rotundamente en contra de estas okupaciones. Me pongo en la piel de las víctimas y a lo mejor se trata de una persona que solamente tiene una vivienda y esa fuente de ingresos. A veces son gente jubilada que ha trabajado toda la vida para pagarse un piso y tener una fuente de ingresos. Necesitan que la ley los ampare», exigió. Serra subrayó que tanto el Ayuntamiento de Sant Antoni como la Policía Local hacen «todo lo posible para evitar este tipo de situaciones» , pero que «una vez que los okupas quedan establecidos como moradas» ya no pueden intervenir. «Desde ese momento la ley los protege y hay que judicializar el proceso», añadió. La mejor prevención Además, destacó que «al final no es solo la okupación» como tal, sino «todo lo que engloba». «Ya hemos ha tenido casos en Sant Antoni de falta de seguridad porque muchas veces hacen instalaciones precarias o no tienen sistema de saneamiento . Los vecinos tienen que sufrir eso y en ocasiones también fiestas ilegales», remarcó.  De cara a que los vecinos de Sant Antoni eviten ver sus casas okupadas, recordó que «la mejor medida de prevención es poner una alarma» . «Si salta la alarma en una vivienda que no tiene residentes se puede acudir rápidamente y demostrar que acaban de entrar. Una alarma es una buena solución para solucionar la okupación en las primeras horas», manifestó.

Se está convirtiendo en una imagen más que corriente, especialmente en la periferia de Palma . Aunque el volumen de chabolas y barracas que se levanta en este asentamiento está muy por encima de la media , mostrando una composición medianamente ordenada, además de separaciones por grupos o nacionalidades, como asegura uno de sus moradores, Javi, un mallorquín que ocupa uno de los habitáculos ubicados en la parte más alejada de la carretera de Establiments. Multitud de carros de la compra procedentes de un centro comercial próximo, pequeños huertos, incluso un corral en el que gallinas, gallos y hasta un pavo real delatan el carácter fijo del asentamiento, en el que algunos juguetes o un columpio delatan la presencia de menores a cargo de las familias que allí habitan. Camufladas entre la vegetación, pilas de basura se amontona en los extremos, mientras, al tiempo que se avanza por los caminos, no acaba la espiral de infraviviendas, en las que, en contados casos, asoman algunos de sus moradores , que recelan de la presencia de extraños que, como relata Javi, en algunos casos han amenazado incluso con incendiar las chabolas, en las que habitan rumanos, marroquíes y algunos españoles, que se han convertido en minoría. Al otro lado de lo que fue el complejo Riskal y de varios bloques de viviendas desde los que se observan el asentamiento, la acumulación de residuos por parte de algunos -no todos- sus residentes genera preocupación , especialmente en los meses de verano, ante el posible peligro de incendio que puede acarrear esa cantidad de basura que aparece, especialmente, a las afueras del poblado, que limitan ya con el tramo descendente hacia Can Valero. No muy lejos se hallan otros asentamientos ya habituales dentro de este singular mapa de la emergencia habitacional de Palma, que se extiende a escenarios como Germans Escalas, Sa Riera o el Nou Llevant, aunque este último destaca por el volumen de personas, centenares, que habitarían en las diferentes chabolas , que llevan presentes desde hace «cuatro años, por lo menos», dice uno de sus habitantes.