El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.

«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».

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Federico Álvarez siempre imaginó su nueva vida de jubilado como tranquila y feliz. Médico durante toda su vida -ha trabajado en los hospitales de Son Dureta y Manacor - a sus 78 años sin embargo vive un calvario. Recibió en herencia una vivienda en el término municipal de Sant Lluís (Menorca); una propiedad legada por sus padres y que en julio del año pasado fue okupada . « Es injusto que no podamos hacer nada por recuperar la casa que mi padre sudó para poder dejar a sus hijos », explica el hematólogo a este diario.

Cuando una sociedad deja de estar regida por la ley y el orden, se produce el colapso, la pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es en ese preciso momento cuando rige la “Ley de la Selva”. Expresión metafórica acuñada por Rudyard Kipling en 1984 en ‘El libro de la selva’ y que describe situaciones donde no existen normas, ni autoridad, ni justicia que regule el comportamiento humano y donde la voluntad del más fuerte, se impone sobre la del más débil. De forma que, cuando impera la “Ley de la Selva”, las acciones no tienen consecuencias y generan impunidad, inseguridad y desprotección constante, porque todo, absolutamente todo, sin excepción, nos puede ser arrebatado por la fuerza. Hoy algunos, sentimos, de forma profunda y con cierta frustración, esa sensación de indefensión, desprotección y vulnerabilidad, que escapa a toda lógica. Más aún cuando ya no se respetan las normas, no hay justicia ni equidad, no existe seguridad jurídica y personal que nos proteja en igualdad, causándonos con ello, un desamparo infinito ante la pasividad inaudita de quiénes deberían protegernos. Me refiero concretamente a la proliferación en nuestro país, de las ocupaciones ilegales de inmuebles que atentan de forma directa contra el derecho a la propiedad privada. No entraremos a valorar los elementos que hacen que dicha ocupación sea considerada un delito de usurpación (donde se requiere violencia o intimidación y que no se trate de vivienda habitual) o de allanamiento de morada, donde los jueces, en caso de ocupación pacífica, son reacios a calificarlos en este sentido, mientras los procedimientos de desahucio se eternizan y convierten en algo tortuoso, lento e ineficaz para quienes desean recuperar la posesión de lo que es legítimamente suyo por derecho. Y en este orden de cosas, debemos plantearnos si el derecho a la propiedad privada reconocido por el artículo 33 de nuestra CE y el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE debe ser protegido, o si debe imperar la “Ley de la Selva”. Porque proteger el derecho a la propiedad privada, supone: Incentivar el uso eficiente de los recursos, promover la inversión, el desarrollo económico y la creación de riqueza de una sociedad; Poner en valor los valores democráticos que defienden la mayoría de constituciones y tratados internacionales; Garantizar la autonomía personal frente al poder del Estado, permitiendo crear proyectos de vida propios en libertad; Fomentar la responsabilidad individual y el civismo al dotar a las familias de estabilidad y seguridad; Luchar contra la pobreza y la pérdida de libertades evitando lo sucedido en regímenes comunistas que han suprimido la propiedad privada y con ello han conducido a sus ciudadanos a situaciones de pobreza extrema y represión; Y favorecer la meritocracia al permitir que el esfuerzo tenga recompensa. En cuanto a la dicotomía entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, protegidos ambos constitucionalmente, Matilde Cuenca Casas en su artículo “La ocupación ilegal de inmuebles: un necesario enfoque global” (octubre de 2023), señala que no debemos caer en respuestas simplistas y demagógicas protagonizadas por ciertos sectores de la sociedad que confunden ocupación con pobreza, ya que muchas ocupaciones están instrumentalizadas por mafias que revenden llaves o explotan el sistema. Menos aún que se utilice políticamente este problema sin aplicar soluciones estructurales de fondo, porque no debemos olvidar que el derecho a la vivienda digna es responsabilidad de los poderes públicos y, ante la ineptitud e ineficiencia de aquellos, no debe trasladarse dicha obligación al sector privado. Por ello, defender el derecho a la propiedad no es incompatible con garantizar derechos sociales, sin embargo, tolerar la ocupación sin consecuencias, socava la seguridad jurídica y la convivencia democrática, y nos conduce al imperio de la “Ley de la Selva”. «La justicia sin la fuerza es impotente: la fuerza sin la justicia es tiranía. Solo cuando la ley reemplaza la ley de la selva puede florecer la libertad» (Theodore Roosevelt).

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que adopte de forma “urgente” medidas para cumplir la orden que le dio en marzo pasado de hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo

Ley y orden. Así resuena el decreto de seguridad que el Gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante tras la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento. La Cámara de los Diputados ya había dado luz verde al decreto (163 votos a favor, 91 en contra y una abstención) hace una semana, mientras que este miércoles fue el turno del Senado italiano, que ha dado vía libre al documento con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Si a nivel internacional Meloni se muestra como una líder moderada, la nueva ley de seguridad confirma su mano dura a nivel interno . Con la nueva reforma, habrá 14 nuevos tipos penales y nueve circunstancias agravantes que, en esencia, endurecen las penas y aumentan los años de cárcel en relación a delitos vinculados con la seguridad y el orden público . Uno de los aspectos más controvertidos, sin embargo, tiene que ver con casos directa o indirectamente relacionados con la libertad de manifestación y de expresión. "Con la aprobación definitiva del decreto de seguridad, el Gobierno italiano da un paso hacia adelante para reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres en uniforme", dijo la primera ministra italiana tras la votación del Senado y añadió que su Ejecutivo protege "a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos" y refuerza "las herramientas a disposición de las fuerzas del orden". No piensa lo mismo la oposición progresista, que se sentó en el suelo, en el centro de la Cámara Alta, como señal de protesta contra el Ejecutivo de Meloni. Mencionaron una "deriva autoritaria" y un sentimiento de "vergüenza" por la nueva reforma en materia de seguridad. Francesco Boccia, el presidente de los senadores del Partido Democrático (PD) y principal formación de la oposición progresista, denunció el exceso de "mociones de confianza" del Gobierno para que se aprueben sus reformas. "Este decreto es lo más lejano a nuestra cultura" , dijo el ex primer ministro y senador del partido centrista Italia Viva (IV), Matteo Renzi, aunque no participó en la sentada. A partir de ahora, no estará permitido manifestarse interrumpiendo el tráfico de calles, plazas, carreteras, vías de tren o la ejecución de obras públicas. Se establecen penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años en el caso de que conlleve la participación de muchas más personas. Uno de los aspectos más polémicos tiene relación con el hecho de que n o se hará ninguna diferencia aunque las manifestaciones no sean violentas . No se podrá protestar ocupando lugares públicos ni siquiera de forma pacífica de ahí que la oposición del país, con cierta indignación, hable de una norma "anti Ghandi" , en referencia al histórico líder indio símbolo internacional de la resistencia pasiva y la desobediencia civil dentro del marco de la no violencia. Revueltas en las cárceles y 'okupas' Aunque las cárceles italianas tienen un problema de sobrepoblación y preocupan los altos casos de suicidio, la nueva norma apuesta por penas de hasta cinco años de prisión para quienes sean responsables de instigar revueltas -uno de los nuevos delitos tipificados- y desobedecer las normas carcelarias. Se endurecen las medidas en el caso de se trate de centros de detención y de expulsión para extranjeros. En la filosofía "anti Ghandi" mencionada por la oposición y los principales medios del país, el decreto también castiga la resistencia pasiva que impida el desarrollo ordinario de las actividades dentro de las prisiones italianas. Otra de las novedades más destacadas tiene que ver con la acción de los okupas en viviendas privadas. Al igual que en otros países, en Italia los procesos judiciales para los desalojos pueden ser muy complejos y lentos. De modo que el nuevo decreto de seguridad trata de aportar respuestas más rápidas al respecto. Formalmente, el nuevo tipo penal de la ley italiana habla de castigar a quienes sean responsables de "ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas que van de los dos a los siete años de cárcel . La Justicia, a través de la policía judicial , podrá decretar de forma inmediata el desalojo de una vivienda okupada incluso sin esperar la orden de un magistrado. La ley considerará un elemento judicial favorable para los responsables si los okupas colaboran en la comprobación de los hechos y en el desalojo de los inmuebles. El Gobierno también ha aportado nuevos elementos en relación a los servicios de inteligencia. Las agencias de seguridad italianas , a partir de ahora, podrán participar en grupos terroristas y mafiosos para conseguir infiltrarse . En el ámbito terrorista, se tipifican nuevos delitos vinculados a la posesión de material que contenga informaciones acerca de cómo llevar a cabo actos terroristas , de cómo emplear explosivos y de cómo realizar delitos contra cargos del Estado.

Mohamed se cuela en la lista de nombres más comunes en Baleares. Según los datos actualizados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ocupa el puesto número 33 entre los 50 primeros por delante de nombres como Guillermo, Antoni, Ángel o Fernando. En Baleares viven 3.059 personas que llevan ese nombre , lo que supone el 0,5 % de la población de las islas. No hay un equivalente femenino para Mohamed y entre los 50 nombres más comunes de mujer no hay ninguno extranjero. Los datos facilitados por el INE señalan que en Baleares siguen dominando los nombres tradicionales de manera mayoritaria , aunque el cambio generacional trae consigo cambios en los nombres que se ponen a los recién nacidos. ¿Y cuál es el nombre más común entre los hombres que viven en las Islas? Como era de esperar, es Antonio, con 19.250 personas que se llaman así, a los que se suman otros 2.867 en su versión catalana, es decir, Antoni. Tras Antonio, los siguiente nueve nombres más comunes en los hombres son Juan (14.350 personas), José (11.352), Francisco (10.321) , Miguel (9.876), Manuel (7.716), Pedro (6.956), David (6.649), Jaime (6.584) y Daniel (6.376). Son los diez más comunes, a los que suman Rafael (5.690), Alejandro (5.645), Gabriel (5.594), Carlos (5.475), Miguel Ángel (5.405), y Marc (5.133), todos ellos por encima de los 5.000 residentes. En los nombres femeninos, el top 5 está encabezado por los cinco grandes nombres tradicionales de Mallorca : María (18.854), Catalina (13.514), Margarita (11.657), Antonia (11.612) y Francisca (11.205). Diez de cada 100 mujeres que viven en Baleares lleva alguno de estos nombres. A estos cinco nombres se suma María Carmen (8.835), Laura (5.791), Isabel (5.786), Marta (5.572) y Cristina (5.261). Ana María es el nombre restante que supera una frecuencia de 5.000 y llega a 5.171. El INE también ofrece datos sobre los apellidos más frecuentes en Baleares y la lista da una idea de la profunda transformación que han sufrido las Islas en los últimos años. Hay que bajar hasta el puesto 10 de la lista para encontrar un apellido catalán: Pons. Hay 8.410 personas en las Islas que tienen ese primer apellido. Antes que él aparecen García (21.774), Martínez (14.949), López (13.718), Rodríguez (13.609), Sánchez (13.289), Fernández (13.141), González (13.100), Pérez (10.544) y Torres (8.848). La estadística también da datos de los apellidos que llevan quienes han nacido en las islas y también en este caso García gana por goleada. Hay 12.101 nacidos en las Islas que llevan ese apellido. Por detrás se sitúa Martínez (8.670) y Pons sí aparece en tercera posición (8.390). El siguiente apellido balear más común, Serra, no aparece hasta el puesto 12 entre los nacidos en Baleares (4.765) y le siguen Riera (4.550) y Oliver (4.124).

Recientemente en un foro especializado se me preguntó sobre cómo era posible que en un año de recaudación tributaria récord para el Estado (2024) se manifestaran con tanta virulencia los fenómenos de la ocupación ilegal y otros muchos hechos delictivos derivados aparentemente de la inaccesibilidad a una vivienda que se recogen a diario en todos los medios de comunicación. No soy experto ni en fiscalidad ni en reparto tributario, lo que sí parece patente es que arrastramos un sistema de financiación ineficiente y caduco desde el año 2014; lo que agravia a las Comunidades que no cuentan con recursos ni competencias para afrontar problemas tan graves y que se producen en cascada como son: la migración ilegal, la superpoblación, la masificación, el incremento delictivo, la emergencia habitacional, la ocupación ilegal, el colapso de los recursos primarios y también de los servicios públicos y sistemas asistenciales locales, entre otros. Todas estas cuestiones, según los expertos, son síntomas y consecuencia directa de la inacción pública estatal, y que encuentra su paradigma en la proliferación del sinhogarismo a partir del año 2021 en todas las regiones de España. En un entorno europeo; el sinhogarismo constituye el mayor de los fracasos de un Estado; pero … ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Paradójicamente todos los problemas señalados se manifiestan e identifican en y con los Entes Locales, pero se tratan todas ellas de competencias exclusivas del Estado. Así: la política de fronteras, el otorgamiento de la nacionalidad española, los índices y límites demográficos de España, el ejercicio del poder coercitivo y punitivo de la nación, la Ley de Vivienda, la defensa de la Constitución española, las políticas comunitarias de transición ecológica y el reparto financiero para las políticas asistenciales son, residen y las ejerce unívocamente el Gobierno del Estado. Desgraciadamente Balears es centro y destino de las mafias y rutas de migración ilegales lo que supone que, desde hace años, miles de personas se incorporan a nuestra demografía, siendo 2024 un año tan prolífico que se incrementó hasta en un 168% el índice de migrantes, alcanzando la cifra de 6.000 nuevos residentes en las islas, solo en ese ejercicio. La cuestión no es si queremos sino si podemos acoger dignamente a los migrantes, y además hacerlo sin perjudicarnos. Lo cierto es que en los últimos diez años las islas han recibido más de 130.000 migrantes y números expertos vaticinan que pronto la mayoría de la población balear será de origen extranjero. Es evidente que todos deseamos dignidad y prosperidad a los recién llegados, pero eso supone un proceso arduo y largo como acredita la propia Historia de España y su compleja y belicosa transformación social que supuso un ímprobo esfuerzo para generaciones y generaciones de españoles que hoy ven cómo se les arrebatan por decreto todos sus bienes materiales e inmateriales, a fin de construir una nueva España sin españoles ni herencia. El Acogimiento internacional de migrantes no es una responsabilidad individual de los españoles sino del Estado que cuenta con más recursos que nunca para cumplir con sus deberes de acción pública y asistencia social. Por ello el sinhogarismo se proyecta como la consecuencia directa de una mala gestión pública estatal que no se debe trasvasar a los ciudadanos y menos recortando sus derechos constitucionales como son la tutela judicial efectiva, la propiedad privada y la herencia. Con medios y un 70% de territorio declarado como España vaciada, confiamos en que se reconduzcan todas las políticas estatales y se refuercen los derechos individuales de todos los contribuyentes mediante la urgente promulgación de una Ley Antiocupación para ampararnos bajo el imperio de la Ley y el Orden social. Como balear, considero urgente recuperar nuestra autonomía real para decidir nuestro modelo social intergeneracional. Del aquí y el ahora depende el futuro hábitat de nuestros hijos y nietos, y eso me parece demasiado Tributo al Estado. 

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Más de seis meses después de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la situación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación se ha podido reunir con algunos representantes del Partido Socialista en materia de vivienda. Sin embargo, en el encuentro ha quedado claro una vez más, según Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma, « la desatención y el desinterés total sobre nuestro problema». Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso, además de Bravo estaban presentes el portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Rodríguez Palacios , y el portavoz adjunto de vivienda del grupo socialista en el Congreso, Vicent Sarrià. Un encuentro, según cuenta el portavoz de las víctimas de la okupación a THE OBJECTIVE , decepcionante y «poco constructivo» en el que los representantes del partido en el Gobierno aparecieron «con una libreta en blanco, sin medidas ni cifras» . Además, para sorpresa de Bravo, el espíritu fue de confrontación constante . «Lo más curioso de todo es que nos dijeron claramente que veníamos de la mano de otros partidos políticos y durante toda la reunión hubo una confrontación política que además fue más allá del tema de la okupación y la inquiokupación, metiendo temas que no tenían mucho que ver», lamenta. Según el portavoz de la Plataforma, Rodríguez y Sarrià reconocieron que les tienen «vetados» porque creen que van de la mano de partidos políticos (PP y Vox) y que están representando una ideología en lugar de una realidad. «Me indigna soberanamente ser atacados por una cuestión ideológica cuando no tenían ni idea de cuestiones fundamentales sobre el problema acerca de cómo interviene la policía ante un delito flagrante o sobre los modelos de vulnerabilidad asociados al real decreto», lamenta Bravo. Carta a la ministra El pasado 18 de noviembre, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación denunció en el Congreso de los Diputados la infravaloración de la situación por parte del Ejecutivo. Los afectados siguen sintiéndose «ignorados» por el Ministerio de Vivienda y por la ministra , a la que llevan pidiendo audiencia desde que entró en el cargo . Este martes, otro de los puntos clave de la reunión era precisamente entregarles a los portavoces de vivienda en el PSOE una carta para hacérsela llegar en mano a la ministra Isabel Rodríguez. En ella recuerdan que desde que tomó posesión de su cargo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha remitido todoslos meses de forma telemática una solicitud de reunión para que reciba a los afectados por okupación e inquiokupación. En la misma señalan que la Plataforma es totalmente apolítica, sin ánimo de lucro y formada por «pequeños propietarios que sufren okupación e inquiokupación y por vecinos que padecen comportamientos incívicos en sus comunidades por la okupación mafiosa». En la carta señalan además que algunos de los integrantes de la Plataforma han perdido su única vivienda, ya que durante lapandemia se tuvieron que trasladar a otra ciudad por motivos de trabajo y arrendaron su vivienda para poder afrontar el pago de su hipoteca. Explican la situación en profundidad y solicitan, por enésima vez, una reunión con Rodríguez, ya que esta, consideran, «puede ser de gran utilidad para poder compartir posibles soluciones a la gran preocupación de los españoles». Inquiocupación en aumento Otra parte importante de la reunión fue cuando desde la Plataforma se sacó el tema de la inquiocupación (inquilinos que empiezan pagando el alquiler y que pasados unos meses dejan de hacerlo y a los que no se les puede desahuciar si son considerados vulnerables). «Rápidamente, negaron la existencia de esa palabra, solo se podían considerar impagos. Nosotros les dijimos que preguntaran a una familia que lleva cuatro años sufriendo esto y manteniendo a su inquiokupa sin pagar y sin poder echarles», asegura Bravo. «Esto lo que demuestra es que en ningún momento se han puesto del lado de los afectados y que no tienen esa empatía hacia las víctimas que somos».  Con respecto al decreto antidesahucios, que es el culpable de la creciente inquiokupación en los últimos años a juicio de los afectados y de los expertos del sector, «mostraron cierta preocupación». En este sentido, desde la plataforma solicitaron al grupo socialista que, ya que no va a derogar una norma «tan perjudicial», que al menos excluya a los propietarios de una sola vivienda en alquiler del mismo. «Tomaron nota, nos dijeron que lo plantearían, veremos», finaliza el portavoz de la Plataforma de Afectados.

Los propietarios de viviendas okupadas ilegalmente en una ciudad de España ya no enfrentarán cargos penales si deciden cortar el agua, la luz o el gas a los intrusos . Así lo determinó la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 7 de marzo, en un acuerdo histórico que unifica criterios judiciales y exonera a los dueños de inmuebles de ser acusados por coacciones al suspender suministros básicos.  La medida, respaldada por cerca de 60 magistrados de las secciones penales, marca un antes y después en la lucha contra la okupación ilegal, un problema que en 2024 generó más de 2.300 denuncias solo en Cataluña . Un giro legal frente a los okupas El documento judicial, al que ha tenido acceso este medio, establece que "el titular de una finca okupada no comete delito de coacciones si deja de pagar o mantiene cortados los suministros". Esta decisión revierte la interpretación anterior, que equiparaba el corte de servicios con una forma de presión ilegítima, castigable con penas de hasta tres años de prisión según el artículo 172 del Código Penal . Okupa atrincherado en El Kubo (Barcelona) La resolución llega en un momento de creciente frustración entre los propietarios, que hasta ahora debían asumir los costes de los suministros mientras esperaban meses —incluso años— por un desalojo judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , el proceso medio para recuperar un inmueble en España oscila entre 4 y 12 meses, dependiendo de la comunidad autónoma. Barcelona, pionera La Audiencia de Gerona había sentado un precedente similar en noviembre de 2024, avalando además los desalojos exprés en casos de okupación flagrante (menos de 24 horas). Este último punto, sin embargo, no fue incluido en el acuerdo de Barcelona, pese a su relevancia en episodios como los disturbios de Salt (Girona) , donde el desahucio de un imán y su familia desencadenó protestas violentas. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha calificado la medida como " un paso necesario ", pero insiste en que debe complementarse con reformas legislativas más profundas. En su último congreso sobre okupación ilegal, abogados de Barcelona, Madrid y Málaga propusieron crear un procedimiento civil urgente para recuperar propiedades en 48 horas y eliminar trabas burocráticas que equiparan a okupas con inquilinos legales.

Los okupas de Avingudes se atrincheran en la antigua sucursal bancaria El espacio ha sido sellado con una cerradura, siendo foco de inquietud para los residentes en la zona  La antigua sucursal bancaria okupada por un grupo de personas sintecho en plenas Avingudes de Palma ha sido cerrada por sus moradores, un grupo que en ocasiones ha mostrado actitudes incívicas y violentas contra los vecinos y residentes en esa zona de la capital mallorquina, próxima a dos centros escolares y muy frecuentada entre semana por trabajadores de diferentes empresas y negocios.

Pascual Ariño ha contado en laSexta Xplica cómo ha conseguido ser dueño de 15 propiedades: "Yo he sido policía durante 14 años; antes, trabajaba en el Telepizza, de repartidor, de todo, y cuando era policía y terminaba de trabajar, lo que hacía era ir a reformar pisos , y como no tenía dinero para la reforma, cogía los sacos de escombros y los subía yo solo, así como los sacos de cemento y de ladrillos". En este sentido, el inversor inmobiliario ha señalado que "se trata de coger una propiedad, sacar el mayor partido posible, venderla y comprar otras dos". "Yo he sido policía, llegaba justo a fin de mes y me ponía a hacer horas extra reformando mis propios pisos", ha insistido, tras lo que ha defendido que el problema actual "no son los rentistas, sino la falta de educación financiera".

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El madrileño aeropuerto de Barajas continúa siendo el lugar donde pernoctan y viven cerca de 400 indigentes , una situación que ha generado problemas de inseguridad para los empleados del Adolfo Suárez que denuncian peleas, robos y estafas y que su lugar de trabajo se ha convertido "en una ciudad sin ley". Recientemente, el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) ha informado de que Aena ha recolocado a los indigentes, que llaman ocupantes no autorizados (ONA), a la planta 2 norte y en la planta 1 sur de la T4, donde hay unas oficinas que no se usan.  Fuentes de Aena informan de que continúan trabajando con las instituciones para resolver el problema de los indigentes , que se arrastra desde hace meses, y añaden que desde el aeropuerto no se ubica a los indigentes en ninguna planta, ya que no siempre están en las mismas zonas. Pero los trabajadores de Barajas no lo ven así. Un portavoz de ASAE explica que lo único que ha hecho Aena ha sido mover el problema: "Debido a las quejas de aerolínea Emirates, cuyos mostradores de facturación están en la T4 Planta 2 Sur, han trasladado el lugar para dormir a la T4 planta 2 norte, moviendo el problema a Boliviana de Aviación, American Airlines y la aerolínea israelí El Al, entre otras compañías". Durante los últimos meses, los trabajadores del Adolfo Suárez han denunciado la inacción de Aena ante diversas situaciones que ponen en riesgo su seguridad y la de los miles pasajeros que transitan por el aeropuerto cada día. La última de ellas, una plaga de chinches e insectos en la Terminal 4 que han llegado a picar a algunos empleados. Aena ha negado que exista tal plaga e informaron este martes a través de un comunicado de que "las tareas de limpieza e higienización de las instalaciones son constantes y siempre que se producen solicitudes de las personas trabajadoras". Ante las imágenes de operarios fumigando mostradores del aeropuerto, desde la sociedad aeroportuaria informaron que "se han llevado a cabo inspecciones y tratamientos de monitorización y prevención y en el momento en que se ha identificado algún insecto en puntos muy limitados y delimitados se ha actuado de forma específica". Indigentes durmiendo en la T4 del Aeropuerto de Barajas. E. E. Sobre este problema, la empresa especializada en desinsectación no ha determinado la existencia de una plaga en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Pero durante meses, el sindicato ha puesto el foco en los problemas de inseguridad generados por los indigentes que pernoctan en las instalaciones de Barajas, ya que muchos de ellos son conflictivos. El último incidente se produjo durante la noche del pasado martes 22 de abril, cuando dos mendigos comenzaron a increparse cerca de los mostradores 950 y 970. Después de realizar varios aspavientos y amenazarse, uno de ellos sacó un cuchillo y el otro un destornillador . Indigentes durmiendo en la T4 del aeropuerto de Barajas. Cedida Por fortuna, a pesar de las amenazas, no hubo que lamentar heridos. En un primer momento, se hizo cargo de esta disputa la seguridad del aeropuerto de Barajas y, minutos después, se personó la Policía Nacional que efectuó una detención a un hombre de origen brasileño de 44 años acusado de un delito de amenazas graves, que fue el varón que sacó el cuchillo. El otro hombre, ecuatoriano de 63 años, no resultó detenido por las autoridades, pero sí fue cacheado. Sobre esta pelea entre indigentes, desde Aena informaron que es la Policía Nacional quien tiene las competencias en situaciones de desorden público o incidentes con denuncia y recalcan que colaboran con las instituciones en este tipo de problemas. Pero los trabajadores de Barajas están cansados. Antonio Llarena , secretario de ASAE afirma que "Barajas se ha convertido en una especie de Bronx": "Los trabajadores de apoyo a pasajeros, usuarios y clientes (APUC) de Aena y nuestros médicos y enfermeras no están seguros. Tampoco lo están muchos empleados de limpieza, líneas aéreas, etc. Hay que desalojar Barajas ya y que Aena aplique las propias normas que cuelgan en sus carteles". De hecho, el pasado martes 22 de abril, el citado sindicato mantuvo una reunión con la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad . En ella, desde ASAE le trasladaron la problemática actual de inseguridad en el aeropuerto de Barajas. En esta reunión, Delegación y sindicato acordaron, como primera actuación, elaborar un censo con la filiación de las personas sin hogar que viven en el aeropuerto para determinar la casuística de cada persona y así poder ofrecer soluciones personalizadas, que se deberán consensuar en futuras reuniones. Por otro lado, fuentes del Ayuntamiento de Madrid informaron el pasado mes de abril de que están manteniendo reuniones técnicas con responsables de Aena, de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid con el objetivo de trabajar, de manera coordinada, para que todas las administraciones competentes puedan ofrecer una respuesta digna a las personas que viven y pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fuentes del consistorio madrileño afirmaron que siguen realizando una intervención social a través de los Equipos de Calle con las personas sobre las que tienen competencia de atención: las personas sin hogar vinculadas a Madrid. Psicólogos y trabajadores están atendiendo a unas 70 personas actualmente, a las que tratan de acercar a los recursos municipales.

Pilar Pérez, la viuda gallega que lleva cinco años manteniendo a su inquiokupa y a la que incluso le embargaron la pensión por no pagarle el agua , ha logrado finalmente que el juez ordene su lanzamiento, sorteando así el polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en 2020.  " Por fin se ha hecho justicia ", dice la propietaria, que reconoce estar "contenta y cansada" a partes iguales, después de que, por fin, el titular del Juzgado número 4 de La Coruña haya accedido a revisar su caso y haya comprobado él mismo que si su inquiokupa es vulnerable —la coartada con la que los inquilinos que dejan de pagar el alquiler evitan el desahucio— es simple y llanamente porque ella quiere. No en vano, tal y como adelantó Libre Mercado , durante todos estos años, no solo ha rechazado numerosas viviendas sociales, sino que incluso logró un trabajo y que una fundación le pagase el alquiler . Con todo, el magistrado ordena a la inquiokupa que abandone la vivienda "dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de lanzamiento", pero, además, la condena a abonar el importe de las rentas impagadas hasta el momento de presentación de la demanda (1.890 euros), más todas "las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la restitución posesoria", lo que haría un total de más de 22.000 euros , según la propietaria. Relacionado "Han sido cinco largos años de sufrimiento que nadie me va a devolver , pero, finalmente, el juez ha reconocido que ella era vulnerable porque quería, porque se le han dado más que ayudas para no serlo, para no seguir robando lo que es mío, y ella las rechazó todas para seguir ahí fastidiándome la vida. Y esto no se puede permitir", insiste la popietaria. Un mensaje de esperanza Con la esperanza puesta en poder recuperar su casa lo antes posible, Pilar dedica esta sentencia a todas las víctimas de esta lacra, a quienes envía un mensaje de aliento: "Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida". Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida Para Xaime da Pena, de dP Abogados , esta sentencia supone "un hecho histórico " y todo un "hito" en la Justicia española, ya que podría marcar un antes y un después. " Es probable que marque las pautas para un gran número de procedimientos de esta naturaleza , ya sean futuros o que se encuentren ya en curso", advierte. Falsa vulnerabilidad Tal y como avanzó en su día Libre Mercado , a pesar de que inicialmente fue declarada vulnerable, a lo largo de estos cinco años, la inquiokupa de Pilar había rechazado hasta tres viviendas alternativas. Así lo llegaron a certificar los Servicios Sociales: " Fueron varias las viviendas ofertadas y visitadas y todas fueron rechazadas por la interesada ", reza el informe al que tuvo acceso este periódico. Por si fuera poco, en 2022, la inquiokupa logró un empleo y que una fundación se ofreciera a pagarle el alquiler. " La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería ", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de aquel año. " La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia. Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia , pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé , pero yo jamás he recibido ni un euro", denunció Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros. Un punto de inflexión A pesar de las evidencias, hasta ahora, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello no solo ha supuesto un punto de inflexión para Pilar, sino que podría marcar un antes y un después para el resto de las víctimas de esta lacra. Los afectados por la inquiokupación llevan años quejándose de que sus casos no se revisen, cuando es evidente que, después de tanto tiempo, la situación económica y laboral de sus inquiokupas ha podido cambiar . Precisamente por eso, esta sentencia supone un hito, porque abre la puerta a que otros magistrados sigan la estela del titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Coruña. Su decisión va en consonancia, además, con el compromiso adquirido el pasado 12 de marzo, por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona , quienes acordaron solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma . De esta forma, las víctimas de la ciudad condal tendrán al menos una oportunidad al año de revertir una situación que no solo les condena a la ruina sino que, además, les destroza psicológicamente. Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD .

El pleno de ayer en el Consell d’Eivissa sirvió para reflejar, una vez más, las diferentes recetas que el PP y la oposición de izquierdas tienen a la hora de abordar los problemas de la isla. Los socialistas, a través de dos mociones, reclamaron la retirada de los decretos urbanísticos y turísticos del Govern que han sido convalidados por el Parlament. No convencieron al equipo de gobierno, que votó en contra. En materia de vivienda, la socialista Elena López aseguró que el decreto aprobado «solo servirá para «beneficiar a los de siempre: constructores y promotores». «Es falso que construyendo más viviendas bajarán los precios, y ustedes lo saben», añadió la portavoz socialista, que insistió en que la solución es «limitar el precio de los alquileres». Por su parte, el vicepresidente Mariano Juan resaltó que el decreto aprobado «no afecta a Ibiza, sino a Palma». Con la tramitación parlamentaria, «tenemos un lienzo en blanco y la normativa dirá lo que quieran los ayuntamientos de Ibiza». En este sentido, Juan abogó por «crear suelo urbano tasado, no de vivienda libre. No se va a construir en el campo ni en los bosques. Se va a construir para residentes con un mínimo de años empadronados, vamos a pedir pisos asequibles, también de protección oficial y a precio limitado, que un porcentaje de pisos sea para los ayuntamientos y que dos terceras partes del suelo sea público además de pisos para colectivos específicos. Esto es lo que va a pedir Ibiza». Mariano Juan insistió: «Hay que poner suelo para residentes que lleven años y que (las viviendas) sean a precios razonables. Aquí no hay propuestas para la clase media ibicenca». El vicepresidente afeó QUE «la moción escrita desde Palma que ha presentado el PSOE» ignora la realidad de la isla de Ibiza, afirmando que existe alquiler turístico en plurifamiliares y recordó la dimisión del conseller Vericad en 2018 por votar en contra de la zonificación del alquiler turístico que proponían PSOE y Podemos. Mariano Juan echó en cara que los socialistas hablen de saturación turística «cuando ustedes fueron los que más licencias turísticas dieron en Ibiza. Del total de 2.200 viviendas turísticas, 1.600 las concedieron ustedes. De las 18.000 plazas que hay, ustedes dieron 12.000 plazas turísticas». La portavoz socialista respondió que estas plazas fueron fruto de la Ley Delgado de 2012 y que «las tuvimos que dar para no ir a prisión». Interpelación El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, interpeló al presidente del Consell sobre la creciente presencia de asentamientos de infraviviendas en Ibiza. «El problema se ha agudizado en un año, en el que hemos visto el dramático desalojo de Can Rova con centenares de personas y se han tomado cero medidas para solucionar esta situación. Mientras, ha habido una política criminalizadora de esta gente. En es Gorg no los desaloja, pero va a denunciarlos. La administración putea a la clase trabajadora de esta isla», señaló Rodríguez. Vicent Marí señaló que «los asentamientos son un riesgo, no solo para el entorno, sino para las personas que viven allí» y culpó del agravamiento de la situación a las políticas de vivienda de la izquierda El presidente del Consell d’Eivissa destacó que «no podemos fiarlo solamente a la VPO», a la vez que aseguró que «no se puede normalizar en Ibiza vivir en caravanas, tiendas de campaña, yurtas, ni demás infraviviendas». Finalmente, Marí tendió la mano a la oposición para que hagan propuestas en materia de vivienda. «Necesitamos crear esperanza y que la gente pueda acceder una vivienda a un precio razonable y limitado. Si aquí somos capaces de consensuar unas propuestas, en el Parlament no nos llevarán la contraria», apuntó Vicent Marí. EL APUNTE Rifirrafe entre PSOE y PPpor la hipotética incineradora El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el conseller socialista Víctor Torres, protagonizaron ayer el momento más tenso de la sesión plenaria. En el turno de preguntas, Torres se saltó el reglamento y en vez de ceñirse a leer las tres preguntas que llevaba preparadas sobre residuos criticó el proceso de participación ciudadana que el Consell d’Eivissa inició semanas atrás para decidir el futuro de la gestión de los residuos de la isla ante el cercano cierre del vertedero de Ca na Putxa. El socialista señaló que este proceso ha quedado «invalidado» ya que no se ofrece información sobre dónde se construirá la incineradora de residuos en caso de que ésta sea la opción escogida finalmente. «Es ofensivo que ustedes hagan un proceso participativo sin dar toda la información», apuntó el conseller socialista.  Vicent Marí le paró los pies a Torres y le contestó que lo que estaba haciendo era «demagogia». «Que diga que el proceso queda invalidado le descalifica a usted. Está avalado por técnicos de la casa y la empresa consultora más prestigiosa del país. Que venga a dar lecciones no se lo admito porque pone en duda la profesionalidad de gente con más estudios que usted y yo», le espetó el presidente. El Consell propone llevar los residuos a Mallorca o construir una incineradora y tratarlos en Ibiza.

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Hoy es noticia: Un informe de la AIReF alerta de que la presión demográfica está afectando de forma especial a Baleares por su intensidad El boom migratorio que sufren algunas comunidades, con especial mención a Baleares, está provocando un notable aumento del gasto en sanidad y educación y puede provocar tensiones y poner en jaque la sostenibilidad del sistema . Es una de las conclusiones fundamentales del informe ‘Documento técnico sobre la metodología de los modelos de sanidad, educación y cuidados de larga duración’ que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ( AIReF ). Los expertos de este organismo que vigila y controla la actuación económico–financiera alertan, además, de que no hay previsiones de que este aumento de gasto se modere. Cree que puede haber una mayor tensión en la sostenibilidad del sistema si la progresión demográfica se mantiene. En los últimos 20 años, Baleares ha recibido la llegada de 300.000 nuevos residentes, la mayor parte de ellos migrantes. Es un aumento de casi un 40 % de la población, muy por encima de la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma. En el conjunto de las comunidades, desde 2016 a 2023, el crecimiento promedio del gasto sanitario ha sido del 5,2 %. El informe señala que las comunidades de Canarias, Baleares, Madrid, Comunitat Valenciana y Catalunya las variaciones demográficas han supuesto un plus de gasto añadido. De ese 5,2 % de incremento total registrado, más de 1 punto es por el aumento de población. Es decir, más de una quinta parte de todo lo que se ha disparado el gasto sanitario es claramente atribuible al boom demográfico. Noticias relacionadas Lo mismo sucede con la educación. De hecho, en su informe, los expertos mencionan que ya se hizo un trabajo específico singularizado para comentar las especificidades del sistema donde ya se hacía referencia a los efectos colaterales de la explosión demográfica en las Islas. «En Canarias, Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana, Baleares, Catalunya, Madrid, Andalucía y Cantabria,  el gasto en educación creció en promedio por encima de la media», señala. Balears vuelve a estar en cabeza en esta materia. El gasto ha crecido muy por encima del 5 % para dar cobertura a la nueva demanda. El informe aventura que lo mismo está sucediendo en materia de cuidados a mayores , si bien en este apartado no tiene datos concretos para las comunidades autónomas. En este aspecto, aventura que Baleares puede no ser una de las comunidades más perjudicadas ya que los problemas de sostenibilidad afectan más a la más envejecidas, que no es la Comunidad Autónoma. La presión económica que señala la AIReF en su informe comparativo ya se nota en los Presupuestos de la Comunidad, que en los últimos años han visto cómo aumentaba la partida destinada al gasto social de forma que ya suma el 70 % del gasto total. El Govern trabaja en un nuevo presupuesto, que podría aprobarse en el Consell de Govern del próximo 16 de mayo , que recupera parte de las previsiones del que no se pudo aprobar en diciembre por el rechazo de Vox. La mayor parte de los más de 7.300 millones comprometidos se destinan a las áreas sociales básicas, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. El nuevo texto que negocian PP y Vox mantiene estas partidas. Punto de vista Mayor tensión Mónica González Como la masificación turística, la sobrepoblación también puede provocar un empeoramiento del entorno y una disminución en la calidad de vida. Ya ha comenzado, de hecho, a tensionar el gasto sanitario y el educativo. Ni siquiera las terribles dificultades para acceder a una vivienda digna parecen disuadir a los que llegan. Y a ello se suma en el horizonte cercano la llamada ‘gran jubilación’. Es decir, cada vez más pobla- ción y menos profesionales para atenderla bien Los datos La población total de las Islas a 1 de enero era de 1.244.394 personas El INE prevé actualizar esta mañana los datos de población a fecha 1 de abril de este año, pero a 1 de enero el número total de residentes era de 1.244.394 personas. De ellas, 352.551 han nacido en el extranjero. Representan el 28 % de la población total. El crecimiento se modera en Balears en los últimos meses La última estadística de población constata que el aumento se ha moderado de forma ligera en los últimos meses. En el cuarto trimestre de 2024 creció en apenas un 0,07 %, muy por debajo de la media de España (2,4 %). Problemas de diversa índole, incluidos en materia de vivienda La masiva llegada de nueva población a las Islas tensiona los servicios educativos y sanitarios pero también está detrás de algunos de los problemas de acceso a la vivienda ya que también hay un aumento general de la demanda. 

" Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas contra la masificación, pero a los geógrafos nunca nos hacen caso ", es la sentencia del catedrático de Geografía Humana Pere Salvà (Sant Jordi, Palma, 1950), sobre los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE) que revelan el gran crecimiento de población en Mallorca. La isla ha sumado 40.000 extranjeros y ha perdido 900 españoles en los últimos cuatro años . Salvà ejerció durante 50 años la docencia en la universidad . En su dilatada trayectoria, ha analizado el mundo rural y sus cambios territoriales , ha investigado sobre los recursos naturales de las islas y sobre los efectos del turismo en la sociedad. Tiene más de un centenar de artículos científicos publicados en revistas de todo el mundo, y es una de las voces más autorizadas para hablar de incremento de población en Baleares  Más de 40.000 extranjeros nuevos y la perdida de 900 españoles en cuatro años en Mallorca, ¿Cómo valora los últimos datos del INE? La bajada de españoles peninsulares se veía venir. Ya no existe el mismo flujo de inmigración nacional que existía a finales del siglo XX y esta ha sido substituida por una inmigración exterior. Una hipótesis es que esta fuga está relacionada con el problema de la vivienda. Muchos de estos españoles vuelven a su lugar de origen después de haberse jubilado para dejarle sus casas a los hijos. La última lección del geógrafo Pere Salvà en la UIB: “Me jubilo frustrado: no he llegado a ver políticas contra la masificación en Mallorca” Y, por el contrario, hay un gran incremento de la población extranjera. La inmigración laboral suele ser de países latinoamericanos, marroquís y subsaharianos, mientras que la residencial suele venir de países europeos como Inglaterra y Alemania. ¿Hay mallorquines que se van de la isla? Hay una pequeña parte de residentes mallorquines que se van. Esta es la emigración especializada que se va a Inglaterra, Alemania o a otros sitios significativos. Es gente que va a sitios donde tienen mejores oportunidades y huyen de nuestros problemas de vivienda. ¿No tienen oportunidades en Mallorca los jóvenes especializados? No y mira que aquí faltan médicos y enfermeros, pero no ofrecemos ningún atractivo para que se queden. Es una fuga de cerebros que si ofreciéramos una buena estructura no se produciría. En Palma es donde hay el mayor desbalance, con la salida de 5.000 españoles y la llegada de 20.000 nuevos extranjeros. En la ciudad es donde se concentra la gran mayoría de oferta. Palma representa más del 40% de la población de Mallorca y es donde viene más inmigración extranjera a trabajar. Además, es el sitio desde donde más peninsulares vuelven a sus comunidades de origen. Si seguimos esta línea en 40 años habrá más extranjeros en Palma que españoles Es posible que esto pase. Ya hay pequeños municipios donde la población nacida en el extranjero ya supone casi un 30% de la población total, como Alcúdia Andratx o Calvià. La gran mayoría de estos lugares son los que están especializados en turismo o la construcción. ¿Se tienen que tomar medidas para reducir la presión? Hace mucho tiempo que se debería haber hecho, pero no nos hacen caso. Según previsiones del INE, en 2037 habrá más de 300.000 personas nuevas en las Balears . Viendo como está siendo la evolución es lógico pensar que un 90% de esta gente vendrá del extranjero. Acabará Mallorca siendo como Hong Kong. (Risas) Sí, tendremos mucha diversidad de orígenes. Algunos lugares de la isla ya son así de multiculturales, sobre todo en los lugares donde hay una mayor cantidad de inmigrantes laborables. ¿Es necesario hablar de inmigración en la política? Es un debate que se debe poner en la mesa. Los partidos no lo hacen porque es políticamente incorrecto, sobre todo cuando hay elecciones cerca. El gran problema de la política es que se planifica cada cuatro años y nosotros deberíamos mirar a 15-20 años vista. Tenemos que pensar que la inmigración laboral viene a trabajar en sectores que nosotros rechazamos, pero si vienen 100.000 personas deberemos hacer 100.000 viviendas más a precios sociales. ¿Tenemos que cargarnos todo el campo para dar cabida a toda la gente nueva? Todo esto son preguntas que se deben formular. ¿Cómo se podría parar este crecimiento? Las islas son un lugar ideal para hacer un control, pero no tenemos las competencias. Ni tan siquiera podemos controlar las llegadas de pateras en el mar. Para moderar la inmigración necesitamos medidas estatales. Igualmente, la movilidad humana es muy difícil de parar, porque es gente que viene de áreas necesitadas en busca de un lugar donde tener una vida mejor. ¿Ha hecho algo este Govern para parar la masificación ? Nada, solo palabras. En dos años le Govern no ha hecho nada para parar los problemas de la inmigración y el turismo, pero no es el único. Los partidos políticos mallorquines solo ponen parches, no existe un plan estratégico. ¿Es complicado para los políticos hablar sobre la inmigración? Sí, porque no es políticamente correcto. Nunca se debate sobre los problemas de la inmigración porque a la mínima te llaman xenófobo. Piensa que es hablar sobre gente que está siendo muy explotada en sus lugares de trabajo. La temporada cada vez dura más. ¿Ha conseguido mallorca la tan ansiada desestacionalización? Esto es un problema, cuando se hablaba de este tema era para que en verano bajara la presión y que en invierno subiera un poco. Pero lo que nosotros estamos haciendo es mantener el verano y subir la temporada baja. A veces la estacionalización no es negativa del todo, porque son 3-4 meses de estrés territorial muy fuerte que se recupera en la temporada baja. En cambio, si mantenemos lo del verano todo el año la recuperación no será posible. El éxito del turismo llevará a un fracaso absoluto, no tendremos recursos ni físicos ni humanos y seguiremos con el estrés demográfico, laboral y la saturación.

La triste pérdida de un ilustre icono del regionalismo balear como lo fue, es y será don Pere Sampol, me impulsa a reflexionar sobre cómo este gran estadista se enfrentaría hoy al enorme reto que supone el actual contexto político y social que titula este artículo. El INE determina que el 30% de los habitantes de nuestras islas son extranjeros, cada año 12.000 nuevos migrantes aumentan este porcentaje. Mallorca roza el millón de habitantes, no en vano en los últimos 10 años más de 130.000 migrantes se han convertido en residentes en las islas Baleares. Casi la mitad de los actuales residentes insulares no ha nacido aquí. Somos la Comunidad Autónoma más mestizada de toda España con el 47% de habitantes no natos en las islas y de mayoría extranjera. Trato de imaginar qué nos diría Pere ante este escenario. ¿Qué opinaría sobre esta migración abusiva que colapsa y masifica nuestras islas? ¿Cómo pondría freno a las mafias de migración organizada que cada día inundan nuestras playas? ¿Cómo protegería nuestra tierra, los espacios públicos y la propiedad privada? ¿De qué manera defendería nuestra lengua en una isla de extranjeros? ¿Cómo lucharía por nuestra cultura y tradiciones si los mallorquines somos cada vez menos? Estimado Señor Sampol, como gran defensor de Mallorca y de los mallorquines, le echamos mucho de menos. Yo también me declaro regionalista, lo soy de mi padre y de mi madre, también de mis hermanos, de mi barrio, mis amigos y de mi colegio. Yo quiero ser autóctono, una persona con identidad propia y sentido de pertenencia. Quiero conocer y saludar a mis vecinos, sentirme seguro con todos ellos en el campo de fútbol, en el bar o en la plaza. Pere, te envidio porque en tus tiempos todo fue natural y sincero. Siento decírtelo, pero han arrasado con todo. De tu legado ya casi no queda nada. Sin mallorquines no hay lengua, no hay cultura ni tradición isleña. Todo se fue en una patera de ida y vuelta. Ahora todo es de todos: los idiomas, las casas, los servicios sociales, las religiones y todo lo demás. Madrid ordena y Baleares se desangra. Allá donde estés no te voy a engañar. En la isla que tanto amaste no quedan mallorquines, ahora todos somos multirraciales, multicolores, multiculturales, multisexo, multilingües y analfabetos. Ya no cuidamos del entorno, no pensamos ni discutimos. Desde Madrid nos dicen que somos tontos e improductivos, que mejor que no trabajemos y así nos darán una paga por no hacer nada. Son tiempos nuevos, donde no hay que esforzarse y mucho menos exigir o reivindicar en favor de los tuyos o de tu tierra. Siento decírtelo, pero los regionalistas se extinguieron. Ya nadie habla de este archipiélago, de su lengua, de su ecosistema y tampoco de nuestra legítima herencia. En tu ausencia el Estado nos impele a renunciar a nuestra Compilación de Derecho Civil Balear y también a nuestra Ley de Sucesiones autóctona. Debo decirte, Pere, que en estas islas ya nadie conoce su Derecho Foral ni reclama sus derechos históricos. De hecho, cada día se okupan e inquiokupan casas y más casas, muchísimas y en todas las islas, pero como los de Madrid dicen que si son vulnerables no pasa nada, pues los pocos autóctonos que somos estamos calladitos, a ver si se pasa el mal rato. Imagino que desde donde estés podrás comprobar que ya no somos llonguets ni pagessos y que nadie baila tus boleros. Los políticos ya no hablan de nosotros sino de los otros. Lo siento mucho muchísimo, pero de tu legado apenas queda nada. Aquí ya nadie habla del hecho insular, de nuestro mar o de nuestra tierra, de los espacios naturales, de nuestra propiedad privada, del pueblo o de la pertenencia. Nadie se atreve a hablar, así es como dilapidan tu herencia. Sin ti, Pere, nadie volverá a hablar del éxodo mallorquín fruto de la hambruna que sufrieron nuestros ancestros, allá en 1890. Sin ti nadie nos contará que las islas son limitadas y no aceptan los excesos. Dime qué opinas de que, desde Madrid, nos obliguen a ser islas masificadas y con fronteras abiertas a toda suerte de mafias. Señor Sampol, debo reconocer cuánto lamento no haber llegado a escuchar lo que Ud., como líder regionalista, hubiera trasladado a las miles de familias que lo han perdido todo por culpa de un inquiokupa disfrazado o de un okupa que por no estar no está ni reconocido ni censado. Dígame, ¿quién ordena este desorden? Ud. fue docto y un avanzado, por eso con o sin su ideario en común somos muchos los que ya le echamos de menos. Porque la tierra no tiene izquierdas ni derechas, tan sólo puntos cardinales que nos ayudan a organizar su legítima defensa. Ya solo somos el 50% pero aquí seguimos y si nos dejan aquí nos quedamos. Nos declaramos «mallorquines», pero es cierto que muy pronto ni en nuestra cuna seremos soberanos. Hemos muerto de éxito y nos han colonizado. Ya nunca sabremos qué pensabas sobre este desgraciado y desagradable eclipse local, se apagó tu voz regionalista y ahora somos islas huérfanas y okupadas. En mi opinión lo que importa no es el color político que uno proclama, sino el amor que uno emana por su tierra y por su gente. Confiemos que aún podamos recuperar, todos a una, el respeto por nuestras islas y aprender a defender lo que siempre fue nuestro para continuar con la labor de nuestros ancestros: transmitir a nuestros herederos su legítimo patrimonio y también nuestros valores, nuestras raíces y esa inconfundible esencia salada. Adiós, Pere Sampol. Las islas te recuerdan.

El portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, denunció este viernes por la tarde en Ibiza «el desamparo total» que sufren las víctimas de la usurpación de viviendas, lamentando también que son el eje de una campaña orquestada por el Gobierno para minimizar e invisibilizar el sufrimiento de las personas a quienes han okupado sus casas. Así lo aseguró Bravo, participante en la iniciativa del PP de Ibiza, ‘Objectius a Debat’, que en esta ocasión abordó el problema de la okupación ilegal de viviendas, el allanamiento y la inquiokupación. El foro fue moderado por el senador autonómico Miguel Jerez y contó además con el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Baleares, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular en materia de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. El presidente de la plataforma nacional recordó que ahora mismo registran en toda España unos 7.000 casos abiertos relacionados con okupaciones, casos que, según estadísticas, habrían crecido más de un 7% en el último año, aunque puntualizaron que hay muchas víctimas más que no aparecen recogidas en esos porcentajes puesto que algunas familias pueden decantarse por buscar vías extrajudiciales para solventar su situación. «En las estadísticas no se recoge ni un solo caso de inquiokupación. Nosotros los ciframos en unos 80.000 en toda España», insistió. Bravo lamentó que no se estén dando soluciones legislativas para acabar con esta lacra. También reconoció la sorpresa en la plataforma porque en Baleares, con la grave problemática habitacional, se están dando incluso okupaciones de barcos. «En las islas, vemos más las usurpaciones como síntomas de la situación, no como la causa», insistió. «En Baleares hay muchas segundas residencias que están siendo okupadas. Los extranjeros allanados desconocen los recursos existentes en España. Puede haber un número de afectados sorprendente que puede crear una alarma incluso internacional», advirtió Bravo. Según explicó también, el caso de la casa okupada en Sant Antoni llegó al Parlamento Europeo donde se comentó cómo llegó a actuar el pueblo para expulsar a los okupas. Consejos como contratar de inmediato a un abogado para saber cómo actuar ante una posible okupación fue uno de los consejos ofrecidos por Bravo puesto que, actualmente, «sólo se puede denunciar y esperar». Fausto Oviedo, por su parte, agradeció que el Partido Popular haya impulsado este debate social «tan necesario» al haberse convertido la usurpación de viviendas en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. «Y es normal porque se está legislando de forma desleal contra la Constitución para convertir el país en una España sin propiedad privada y sin herencia y esto es muy grave», consideró. El presidente de la asociación balear señaló que la okupación y la inquiokupación no son un reflejo real de la sociedad actual, sino que «son el resultado de la permisividad institucional ante las mafias».  «Desconozco las razones por las que se está erosionando la Constitución, pero estos fenómenos sólo demuestran el fracaso del actual Gobierno al ser un síntoma inequívoco de que existe un país donde no hay ley ni orden», criticó. Según añadió también, eventos como el de ayer sirven para brindar información a los ciudadanos y aumentar la conciencia social sobre la necesidad de lograr un cambio legislativo para contar con una auténtica ley antiokupación.

Bromea con que le llamemos ‘Capitán Jack Sparrow’ mientras sus compañeros, un grupo de personas sin hogar que duerme en el interior del Aeroport de Palma, escuchan atentamente los retazos de su última aventura. Es curioso, pero cuando lo cuenta, se ve ilusión en sus ojos . Aunque también sabe que ha cometido un delito grave robando el ‘Peregrin Tuk’; un velero de doce metros de eslora en el que navegó, junto a otro de los compañeros sintecho, durante dos días. Pedro M.V. cumplía los 59 años el pasado lunes 21 de abril cuando, según él, «decidí dar fin a la aventura y entregarme a las autoridades». Pasó su aniversario en el calabozo. Quiere dejar claro que, tras el robo de la embarcación , no fueron interceptados por la patrullera sino que fue él mismo quien contactó con el Canal 16, dio el aviso a Salvamento Marítimo y éstos, a la Guardia Civil. Los agentes acabaron por detener a los dos hombres la mañana del lunes a las 09.50 horas. Habían pasado más de cuarenta y ocho horas en el barco robado . La patrullera acudió al punto que indicó la radiobaliza desplegada. Según el testimonio del hombre, fue él quien avisó a Salvamento Marítimo porque «quería entregarme» «El velero era precioso», dice. Iba acompañado de un ex acaudalado empresario y patrón de yate que también acabó sin techo a causa de concatenar una serie de malas decisiones. El alcohol fue el detonante en la mente de ambos para cometer el delito . «Nos bebimos una botella de whisky en la terminal y luego, no sé cómo, llegamos a Ca’n Pastilla. Nos metimos donde los barcos y entramos en uno. Le gustó a mi amigo», cuenta. En el interior encontraron más alcohol y continuaron con su fiesta particular. Acabaron con dos botellas de ron, dos de tequila y una caja de cervezas. «Pero no había comida. Dicen que nos pusimos las botas, pero no es cierto. Beber sí bebimos», confiesa. Asegura que estuvieron de fiesta durante toda la madrugada y que partieron con el velero ya de día. Era la mañana del sábado 19 de abril. «No forzamos nada. Las llaves estaban en un canastillo muy cerca del bombín, junto al puesto de gobierno . Las cogimos, arrancamos y tiramos p’alante», narra convencido. Se dirigieron hacia Cabrera y dice que llegaron a abarloarse a la costa «para pedir tabaco, porque nos habíamos quedado sin». A pesar de ello siguieron adelante con su viaje inesperado, «teníamos alcohol y combustible en el velero». Según cuenta, luego volvieron en dirección a Sa Ràpita, encontrándose en el canal con olas de entre dos y tres metros . Llegaron a pasar dos noches en el buque. Pedro quiere compartir su historia para provocar una reflexión, aunque sabe que cometió un delito grave que ha afectado a otras personas «Él durmió en el camarote del capitán y yo en el otro, había tres en total», dice Pedro, añade que se despertó de madrugada y convenció a su compañero para dar aviso. «Tú no sabes lo que es estar en este agujero» , cuenta señalando los sacos de dormir de los sintecho con los que convive en el aeropuerto. «No nos dejan dormir aquí y por eso nos despiertan de madrugada, duermes en el suelo, no hay derecho a esto», cuenta con tristeza. Afirma que quiso escapar de la realidad por unos instantes. Sentir la libertad y la soledad de «navegar en silencio y bajo las estrellas» . Muchos pensaron que su intención era escaparse ya que llevaban todo su equipaje con ellos, aunque explica que fue para que no le tiraran sus cosas a la basura. Según sus cuentas, «a la velocidad que íbamos, podríamos haber llegado a Alicante», aventura. Aunque su estado, despierto aunque bajo los efectos del alcohol, dificulta pensar en esa posibilidad como veraz. «En parte sí lo hice por mi cumpleaños pero la verdad es que el alcohol nos dominó. Navegar sin ver a nadie, sin que venga la policía, poder dormir en un colchón, levantarte y ver el barco navegar, disfrutar», divaga. Le duele una costilla. Resbaló en el barco y se golpeó contra el picaporte del baño . Asegura que él también tiene conocimientos de náutica y que fue «patrón de embarcaciones de recreo con un barco de nueve metros de eslora», además de trabajar para Aena durante años. «Si no sabes navegar, te estrellas. Cuando él dormía, yo navegaba y viceversa, hemos devuelto intacta la embarcación . Es mentira que esté destrozada, ni un rasguño tiene», dice convencido. La propiedad del velero no piensa lo mismo. Asegura que los dos indigentes «vandalizaron» el interior de la embarcación y forzaron la puerta de la cabina . Pedro admite que «dejamos tiradas varias latas de cerveza, un cojín en el suelo, el mamparo caído, pero poco más. Con el oleaje se cayó también el platero». Se le nota la preocupación por las repercusiones; por mucho que pueda dar una imagen distinta, sabe que se ha equivocado. « Me arrepiento , esto me va a costar caro, perderé a mi familia y eso es lo que más me importa, me preocupa muchísimo», confiesa emocionado. Por otra parte, dice no tener miedo de entrar en la cárcel, «no tengo antecedentes pero igual no puedo pagar y entro por eso». Mientras habla, su mente vuelve a las horas en las que fue libre, navegando en el velero robado. «Ver el mar azul, olvidarme de todo lo que veo aquí todos los días , necesitaba una escapada, más que por mi cumpleaños, de la vida en general», dice. El detenido fue puesto en libertad el martes 22 y volvió al recinto aeroportuario. Allí nos contó que tiene conocimientos náuticos, al menos, como patrón de embarcaciones de recreo. «Pienso en donde estoy, quien soy y donde quiero ir, y como nada está saliendo bien, uno se vuelve rebelde» Pedro no se enorgullece de su hazaña, a pesar de que ha sido una de las pocas cosas que le ha hecho sonreír en los últimos tiempos. Es consciente del daño que ha causado a los afectados y una vez más, le ha hecho pensar en los errores cometidos a lo largo de su vida. Según cuenta, vivía en un chalet en Badia Gran y llegó a tener su propia embarcación. Lo perdió todo a causa de decisiones erróneas y la llamada ‘mala vida’. Con sangre andaluza, Pedro también escribe y toca flamenco; nos lo cuenta mientras nos lleva al rincón de Salidas, en Son Sant Joan , donde ha dormido los últimos siete meses. «Mira, aquí vivimos. Lo compartimos todo» , dice mientras le pido que baje la voz para no despertar a los demás. «No tengo esperanza en que las cosas vayan mejor, no veo la luz, ésa es la verdad, si la viera, no estaría aquí», sentencia. Sabe qué ha sido el protagonista de una historia sorprendente, de un delito que nadie esperaba. «Es una locura, lo sé», dice. «Si yo me levanto todos los días con sentimientos de rabia, frustración y melancolía, qué más da robar un banco», zanja. No habla en serio. O quizá sí. Pero mientras en su día a día pasan desapercibidos ante los miles de viajeros que recibe el aeropuerto de Palma ; estas últimas horas, a pesar de enfrentarse, según la calificación provisional, a una pena de entre uno y tres años; todos se paran a escucharle . Nada justifica un delito, pero quien no tiene nada, nada tiene que perder.

El primer combate judicial por la okupación de un piso en Ibiza con una anciana dentro se iba a celebrar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza . Sin embargo, se tuvo que aplazar a la semana que viene por un problema logístico del juzgado . Iba a ser un juicio rápido programado unas horas después de que el desencuentro llegara por primera vez al plano físico y diera pie a denuncias cruzadas por lesiones. Y es que el último puente que podía quedar en pie entre J. y Patricia saltó por los aires en la tarde del lunes, cuando por primera vez llegaron a las manos. El hombre estaba abandonando el piso cuando se encontró de bruces con la mujer, que en ese momento salía del ascensor. Se inició un forcejeo en el que también se vio involucrada la madre de ella, de 83 años. Resuelto el rifirrafe, J. y Patricia acudieron a distintos centros sanitarios en busca de atención médica. Él sufre excoriaciones en la región occipital y contusión frontal izquierda. Le curaron con yodo. Ella sufría dolor abdominal a consecuencia de un puñetazo y ansiedad. Le recetaron ibuprofeno y un ansiolítico. Ambos partes médicos van acompañados de sendos informes judiciales. El encontronazo en el descansillo del edificio se producía dos semanas después de que Patricia realizara un nuevo intento de diálogo con J. a través del siguiente mensaje.  "No sé qué pretendes. Me sacas de mis casillas con tu actitud. No entiendo cómo un joven de tanto provecho se pone en ese plan de querer perjudicar y vivir a costa del trabajo ajeno. A mí conseguir legalmente este piso me ha costado muchísimo esfuerzo y sacrificio. Yo no le perjudico nada a nadie, pero tampoco dejaré que se metan con mis cosas, lucharé por ello. Quiero que te vayas de la casa, de la casa de mi madre, que nos dejes en paz , que te busques un lugar. Yo no te he alquilado nada. Te di tiempo para que te fueras y te aprovechaste de eso. Aún estás a tiempo de irte y que esto no se convierte en un sinvivir para todos», le rogó, sin éxito, el pasado 26 de marzo.

El PP de Ibiza celebrará este viernes un debate sobre la «preocupante situación» de la okupación ilegal de viviendas en las islas con motivo de la nueva edición de la jornada ‘Objectius a Debat’. La cita, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el Centro Cultural de Jesús a partir de las 19.30 horas, según anuncia la formación. El foro contará con la participación del portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo; el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Balears, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ibicenco, Sara Ramón, valoró la campaña iniciada por su partido para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol , que «desbloquee» la ley del PP aprobada por el Senado, con la que se «permitiría echar a los okupas en 24 horas». Además, esta iniciativa contempla incrementar las penas y suspender la inscripción en el padrón municipal de los okupas, entre otras medidas.  «Pero Armengol bloquea esta ley, conocedora de que es una votación que saldría adelante en caso de votarse», criticó Ramón. En Ibiza, los socialistas también han elegido «seguir en el lado de los delincuentes y fomentar una práctica que cada vez afecta a más familias», añadió. La popular ha cuestionado que «una mala ley socialista» ha disparado las okupaciones en Balears, «situándola como la segunda comunidad con la tasa más alta». No obstante, Ramón aseguró que los populares llegarán al poder «en dos años» y desbloquearán esta ley.

A las seis y veinte de la mañana del pasado domingo las cámaras de seguridad del club náutico de Can Pastilla grabaron al velero ‘Peregrin Tuk’, de 12 metros de eslora, saliendo por la bocana del puerto. Dos indigentes iban a bordo del barco tras haberlo robado y se dirigían hacia el sur de Mallorca cargados con litronas de cerveza. Horas después se desorientaron en aguas de Cabrera y contactaron con Salvamento Marítimo para informar de que estaban a la deriva y les pidieron que transmitieran su posición a través de la radiobaliza. La patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó la embarcación y detuvo a los dos sintecho, españoles de 53 y 59 años. Los agentes recuperaron el barco y se lo devolvieron a sus legítimos propietarios. Los dueños del ‘Peregrin Tuk’ se sorprendieron al ver el estado en el que se encontraron el velero. «Han destruido el barco, lo han vandalizado», explicaba uno de los propietarios del barco, que pertenece a una familia. «El interior ha quedado muy lastimado por estos individuos que se emborracharon y dejaron una serie de litronas que no son nuestras». Los titulares de la embarcación lamentaron la inseguridad en el Club Marítimo de San Antonio de la Playa, en Can Pastilla. «¿Cómo pueden entrar estos dos individuos y llevarse el barco?», se preguntan. «Nos llama la atención que se activara todo el protocolo por la llamada de los indigentes», añaden. «Esta zona está llena de personas sintecho, hay dos poblados enteros, no podemos permitir más inseguridad». Los dos detenidos fueron trasladados por la Guardia Civil, ayer por la mañana, hasta los juzgados de Manacor. El juez de Instrucción número 2, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad. No quisieron declarar. La familia agradece al capitán Salas de la Guardia Civil su profesionalidad La familia propietaria del velero ‘Peregrin Tuk’, que prefiere no revelar su identidad, quiere agradecer al capitán Salas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil su «profesionalidad» en el trato con ellos y su «comportamiento ejemplar». Los agentes interceptaron el barco cuando se encontraba navegando en aguas próximas a cabrera. Los dos tripulantes quedaron detenidos y fueron trasladados hasta el puerto de sa Ràpita. Las víctimas del robo recuperaron su embarcación: «Estábamos súper angustiados», aseguran.

Dos indigentes que habitualmente pernoctan en el Aeropuerto de Palma , uno de ellos con conocimientos náuticos, decidieron dar un vuelco drástico a sus penurias cotidianas. Así, el domingo robaron un velero de 12 metros de eslora y se echaron a la mar. Después de comer y beber todo lo que toparon en la embarcación, su singladura se puso fin abruptamente en sa Ràpita. Tras quedar el patrón inconsciente y el otro sin posibilidad de llevar el timón, embarcaciones de Salvamento Marítimo acudieron a su rescate y efectivos del S ervicio Marítimo de la Guardia Civil procedieron a su abordaje y posterior detención. Los dos indigentes habían encontrado acomodo en el Aeropuerto de Palma . Hastiados de las penurias, uno de ellos trató de sacar partido de sus conocimientos náuticos y le propuso al otro aventurarse en una particular odisea. Así ambos se dirigieron la mañana del domingo al club náutico San Antonio de la Playa de Can Pastilla. El patrón potencial reparó en un velero de doce metros de eslora y le convenció de que ambos podrían zarpar y echarse a la mar. Durante la travesía los dos indigentes reconvertidos en marinos dieron buena cuenta de la comida y, sobre todo, de la bebida que albergaba la embarcación. Hasta tal punto de que el patrón y el único de los dos con conocimientos náuticos se quedó inconsciente. Su acompañante empezó entonces a sentirse desvalido. El único ocupante que se encontraba consciente no tenía la menor idea de gobernar el velero y su mayor preocupación entonces pasaba por encontrar la fórmula para que alguien acudiera en su auxilio. Después de manipular la radio, consiguió establecer contacto con Salvamento Marítimo. Sin embargo, el tripulante del velero no tenía la menor idea de transmitir cuál era su posición. El primer consejo que le dieron fue que activara la radiobaliza para que pudieran acudir en su auxilio. Sin embargo, este no encontró la fórmula para poner en marcha el dispositivo. Ante la manifiesta incapacidad que presentaba el interlocutor para actuar ante esta emergencia, los expertos de Salvamento Marítimo le propusieron una solución drástica: arrojar al mar la radiobaliza para que se activara automáticamente nada más entrar en contacto con el agua. El incompetente ladrón del barco siguió las instrucciones que le marcaron los expertos al pie de la letra para que le rescataran. Aunque eso le pudiera suponer que acabara detenido junto con su compañero de fatigas. Dicho y hecho. Nada más entrar en contacto con el agua del mar, la radiobaliza posicionó con exactitud el lugar donde se encontraba la embarcación sustraída y sus dos ocupantes. Los servicios de emergencia tenían constancia de que se encontraban ante una embarcación robada. A continuación un dispositivo especial se movilizó hacia el lugar que marcaban las coordenadas de la radiobaliza después de haber sido lanzada al mar. Salvamento Marítimo movilizó un remolcador para hacerse cargo del velero robado y una lancha para ocuparse de los ladrones, reconvertidos en náufragos. Detención Al tener constancia de que se encontraban ante dos presuntos ladrones, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil desplazó la patrullera Río Gállego para actuar ante los delincuentes. Tras divisar a la deriva el velero ‘Pelegrin Tuk’ , de 12 metros de eslora, y sabedores de que había dos delincuentes en el interior los efectivos del instituto armado adoptaron las debidas precauciones y procedieron al abordaje de la embarcación al sur de sa Ràpita. Lejos de oponer resistencia, los dos indigentes recibieron con cierto alivio la llegada y el abordaje del velero efectuado por los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su alocada singladura había llegado a su fin de forma abrupta con la detención de estos dos individuos. Mientras, el personal del remolcador de Salvamento Marítimo se encargó de amarrar la embarcación de manera provisional en el muelle de sa Ràpita.

Inseguridad jurídica: el enemigo silencioso del crecimiento económico En el debate público sobre los grandes desafíos económicos de España, rara vez se menciona con la suficiente claridad uno de los factores que más daño está haciendo a nuestro modelo productivo: la creciente inseguridad jurídica. Este fenómeno, que avanza casi de forma silenciosa pero firme en estos últimos años, está erosionando con rapidez las bases sobre las que se ha sostenido buena parte del crecimiento económico español en las últimas décadas. Atraídos por su clima, su calidad de vida, su localización estratégica, la estabilidad dentro de la Unión Europea y un marco jurídico que garantizaba la propiedad privada, durante años nuestro país se había convertido en uno de los principales destinos para la inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años este escenario ha cambiado radicalmente. La propiedad privada, tradicionalmente protegida en los países de nuestro entorno, se ha convertido en un bien cada vez más expuesto a vaivenes políticos y normativos, que han introducido un nivel de incertidumbre desconocido hasta ahora en España. La actual inseguridad jurídica, marcada por la proliferación de normativas intervencionistas en el mercado inmobiliario, las trabas a los desahucios incluso en situaciones flagrantes de impago, la aparición de la ambigua figura del vulnerable y el auge de las ocupaciones ilegales, todo ello amparado por una saturación desesperante de los procesos judiciales, están enviando un mensaje muy claro a los inversores: España ya no es un país seguro para invertir. Y cuando el capital recibe ese mensaje, actúa en consecuencia. La inversión extranjera directa en el sector inmobiliario español cayó un 15% en 2023 respecto al año anterior, según datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No es un fenómeno aislado, sino una tendencia que empieza a consolidarse. Cuando la inversión se frena, no es solo un problema para inversores o constructores, sino que toda la cadena de valor se resiente. El resultado está a la vista: caída de la inversión, fuga de capital extranjero en favor de otros países, contracción de la oferta de vivienda y, paradójicamente, subida de precios. Pero si hay un fenómeno que refleja de forma paradigmática la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario español es el de las ocupaciones ilegales. Lo que en otros países de nuestro entorno se resuelve de manera rápida y eficiente, aquí se ha convertido en un auténtico calvario para los propietarios. Los procesos judiciales se alargan incluso años, y la protección al ocupante ha llegado a extremos incomprensibles desde el punto de vista de un sistema económico que históricamente se ha basado en el respeto a la propiedad privada para su estabilidad y desarrollo. El binomio turístico-inmobiliario España ha sostenido su crecimiento económico en las últimas décadas sobre dos pilares fundamentales: turismo e inmobiliario. Ambos sectores no son compartimentos estancos, están profundamente interrelacionados, y representan juntos cerca de un 25% del PIB, generando millones de empleos. Por ello, la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario representa un grave obstáculo para el desarrollo sostenible de economías fuertemente dependientes del turismo. La falta de seguridad jurídica no es, por tanto, un problema menor o aislado. Es un riesgo sistémico que pone en cuestión la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. La inestabilidad normativa, el intervencionismo desbordado y la falta de respeto a la propiedad privada están expulsando a los inversores, reduciendo la oferta de vivienda, alimentando la economía sumergida, afectando al empleo y debilitando la imagen internacional de España como destino de inversión y turismo, en favor de otros destinos competidores. La imagen internacional de un destino turístico se basa, entre otros factores, en la percepción de seguridad y calidad de vida. Las noticias sobre ocupaciones ilegales, la percepción negativa sobre la seguridad y el orden, o inacción de las autoridades proyectan una imagen negativa que puede afectar directamente a la captación de nuevas inversiones en nuestro país. Un frenazo en el desarrollo de infraestructuras turísticas genera una oferta turística envejecida y menos atractiva, lo que reduce la capacidad de competir frente a destinos más modernos y seguros legalmente, y disminuye la afluencia de turistas, preocupados por posibles problemas legales o por el deterioro del entorno. El turismo moderno depende en gran medida de la calidad de la infraestructura y servicios ofrecidos. Si la inseguridad jurídica paraliza el desarrollo o la renovación de la oferta turística, ésta se vuelve obsoleta frente a otros destinos, y esto lleva a una pérdida de competitividad regional frente a destinos que sí garantizan estabilidad legal y seguridad patrimonial. Sin inversión, no hay renovación. Sin renovación, no hay competitividad. Y sin competitividad, el destino pierde atractivo. Las Islas Baleares: las grandes damnificadas En regiones tan dependientes del turismo como son las Islas Baleares, este fenómeno adquiere una dimensión aún más preocupante. Baleares es la comunidad autónoma con mayor dependencia del turismo en España, representando el 45% del PIB. Si a ello le sumamos el sector inmobiliario, estos dos motores económicos representan más del 65% para la economía balear. En este contexto, los efectos que la inseguridad jurídica está generando sobre las Islas Baleares —como resultado del complejo entramado normativo estatal que está socavando de forma inusual el derecho a la propiedad privada— son casi tres veces más intensos que los que se observan en el conjunto de la economía española. En consecuencia, la inseguridad jurídica para la propiedad privada representa una amenaza estructural para todo el modelo turístico balear. Hoteles, resorts, complejos residenciales turísticos, segundas residencias y servicios de infraestructura (centros comerciales, puertos deportivos, restaurantes, etc.) dependen de un marco legal claro, transparente y estable. No olvidemos que el turismo residencial —más sensible aún si cabe a los efectos de la inseguridad jurídica inmobiliaria—, representa tradicionalmente una vertiente estratégica dentro del modelo turístico balear, un sector que complementa el turismo tradicional y que dinamiza de manera intensa el tejido económico local. El turismo residencial atrae a visitantes de poder adquisitivo medio-alto durante todo el año, dinamiza el sector inmobiliario e impulsa servicios vinculados de calidad, generando miles de puestos de trabajo. Se trata de un turista que no busca la masificación, en muchas ocasiones impulsa la revitalización de zonas rurales o menos saturadas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para modelos de desarrollo turístico sostenible. En definitiva, el llamado “turismo de calidad” no es una etiqueta vacía: se trata de un perfil de visitante que gasta más, permanece más tiempo, busca experiencias culturales y gastronómicas, valora la exclusividad y, sobre todo, exige un entorno ordenado, limpio, seguro y profesional. Pero este turista no tolera la inestabilidad. Cuando percibe desorden urbano, inseguridad jurídica, cambios legislativos arbitrarios, conflictos sociales o degradación del entorno, simplemente cambia de destino. Cuando un destino turístico pierde su atractivo para el visitante de calidad y al mismo tiempo se convierte en un territorio de residencia permanente para aquellos más vulnerables, el modelo económico empieza a mostrar grietas estructurales. La estacionalidad se acentúa, los ingresos fiscales se reducen, la imagen exterior se deteriora y los conflictos sociales aumentan. El destino se convierte, paulatinamente, en un espacio saturado, con una economía de bajo valor añadido, escasa cohesión social y limitada proyección futura. Las Islas Baleares son, hoy por hoy, un claro ejemplo de este doble fenómeno en acción. Por un lado, un fuerte crecimiento de la población residente extranjera, aún atraída por las oportunidades de empleo rápido que ofrece una economía basada en los servicios —aunque estas sean en muchos casos precarias—, que han convertido a la región en un polo natural de atracción migratoria, especialmente para trabajadores de baja cualificación. Por otro lado, el socavamiento de la capacidad del destino para atraer y fidelizar el denominado “turismo de calidad”, que provoca una expulsión progresiva del visitante de mayor poder adquisitivo, que es precisamente el que genera mayor valor añadido, impulsa la inversión privada y eleva la recaudación fiscal. La pérdida de este segmento supone una reducción directa de la rentabilidad del sector turístico y una menor capacidad de reinversión en infraestructuras y servicios. Si no se revierte esta tendencia, la economía balear —altamente dependiente del turismo— será la que en este caso se convertirá en vulnerable, perdiendo competitividad frente a otros destinos emergentes mejor posicionados. Amenazar estos sectores por un exceso de intervencionismo o por la falta de seguridad jurídica no es solo un error; es un riesgo estratégico. Las Islas Baleares no pueden permitirse este lujo. Más que ninguna otra región, deben asumir un papel de liderazgo firme y decidido en la defensa del derecho de propiedad privada frente a las injerencias del Estado, sin ambigüedades ni concesiones. La seguridad jurídica no es una cuestión ideológica. Es una condición imprescindible para el progreso económico y social. No se trata de proteger solo al propietario o al inversor; se trata de proteger la economía en su conjunto. La sostenibilidad de la economía balear pasa necesariamente por garantizar este marco normativo estable, transparente y predecible para la recuperación de la confianza inversora.  Lo contrario es avanzar hacia un escenario de menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor conflicto social. En definitiva, cavar la tumba de un modelo económico que, con sus luces y sombras, ha permitido a las Islas Baleares prosperar en las últimas décadas. Y lo más preocupante es que, cuando los inversores y los turistas se van, volver a recuperarlos no es cuestión de meses, sino de generaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto en su punto de mira a herencias y a herederos . El pasado lunes, el líder del PSOE compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda , aunque una parte de su discurso se lo dedicó a las casas que los padres legan a sus hijos tras su fallecimiento. En plena escalada de precios de la vivienda y tras 6 años de mandato, Sánchez presentó 12 medidas inmobiliarias para intentar solucionar un problema causado, principalmente, por la falta de oferta . Sin embargo, el plan de Sánchez gira en torno a más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas liberticidas, lo que no augura ninguna solución.  Amenaza velada a las herencias Dentro de sus propuestas relativas a la vivienda, en el discurso de Sánchez llamaron la atención unas declaraciones que ya han sido interpretadas como una amenaza velada a los herencias. "Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales, económicas y políticas que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas" señaló Sánchez. "Y si no lo hacemos, la sociedad europea y española va a acabar dividida en dos clases de personas: las que reciben una o varias casas de sus padres , y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a formarse o viajar, y las que se pasan la vida trabajando para pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven" añadió. Alrededor de esta reflexión de Sánchez surgen numerosas incógnitas. Las principales son ¿cómo piensa evitar el presidente del Gobierno que haya herederos? ¿está planeando algún tipo de traba? También cabe preguntarse si es que el líder del PSOE cree que las herencias son un juego de suma cero , en las que, cuando aumenta el capital de los herederos disminuye el de los inquilinos. Resulta llamativo que en las dos Españas de Sánchez no existan los ciudadanos que se compran su propia vivienda con su esfuerzo y trabajo (ya sea para vivir o como inversión para alquilar). Tras escuchar las palabras de Sánchez, el abogado de Herencias.es , David Fernández, considera que la táctica del líder del PSOE es "la del globo sonda: decir una bestialidad para que cuando intervenga parcialmente en las herencias vía impuestos , la gente se vea aliviada". El letrado señala que para prohibir las herencias "Sánchez tendría que modificar el Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y no va a llegar hasta ahí". Fernández añade que "si se prohibieran las herencias, se dispararían las donaciones, ¿también prohibiría las donaciones? No tiene sentido". Montero quiere subir Sucesiones Cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tiene un especial interés recaudador sobre el legado de los fallecidos. Y es que, la socialista lleva clamando por subir Sucesiones en las regiones donde lo tienen más bajo desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía con el equipo de Susana Díaz. Hace unos meses, la socialista volvía a apostar por la "armonización fiscal" y, en concreto, por aumentar la tributación a las herencias en las regiones que tienen el Impuesto de Sucesiones más bajo o desaparecido, como Madrid o Andalucía. Ya lo ha hecho con Patrimonio, y todo apunta a que el siguiente paso será Sucesiones. Además, la de las herencias no es la única amenaza del Ejecutivo a los propietarios de vivienda en los últimos meses. En el marco del 41 Congreso Federal , el PSOE planteó una extensa batería de medidas económicas entre las que destacó la aplicación de "un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda ". De momento, no se conocen más detalles.

El conocido abogado mallorquín, Carlos Barceló , ha conseguido algo nada frecuente. Ha convencido al juzgado de Instrucción número 4 de Palma para proceder al desalojo exprés de un grupo de personas que había okupado una vivienda en la capital balear en tan solo diez días. Según ha podido saber OKBALEARES , ante el delito de usurpación de vivienda denunciado, el letrado remitió un escrito al juzgado interesando el desalojo «como medida cautelar». Y el juzgado, estimando la petición, ha ordenado el desalojo de las personas que se habían hecho fuertes en la vivienda. La petición de medidas cautelares apenas tiene precedentes en España y mucho menos con resultado exitoso. Barceló no ha llegado a utilizar la nueva legislación. Con la anterior le ha bastado para desalojar a los okupas.  Los propietarios de una vivienda de alto standing en una zona privilegiada de Palma denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, la okupación de la lujosa vivienda por un grupo indeterminado de personas formado por un matrimonio y otras personas que no han sido identificadas. Acto seguido, acudieron al despacho de Carlos Barceló para que llevara la tramitación judicial para conseguir su expulsión. Es algo para lo que normalmente la demora es de meses o años en los peores casos. Con lo que nadie contaba es que al abogado se le ocurriera pedir medidas cautelares el primer día que asumió el caso. A los diez días la policía, por mandato judicial, los expulsó de la vivienda. Baleares es una de las comunidades con más viviendas okupadas, según refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. En concreto, señala que el índice de ocupaciones en relación con el número de viviendas vacias por comunidades autónomas de las Islas es de 113. Desde el citado organismo explican que se ha tomado como base 100 para el conjunto de España, por lo que el peso de la ocupación sobre las viviendas vacías en las Islas es mayor que en el total nacional un 13 %. Se trata de «niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías», señalan desde el citado organismo . Baleares tiene actualmente un total de 518 viviendas en venta con okupas, lo que supone un 1,7% del total de inmuebles que hay a día de hoy en el mercado. La gran mayoría de ellas se encuentran en Palma, donde hasta 213 viviendas que se venden están okupadas (2,9%), según datos del cuarto trimestre del año pasado del portal inmobiliario Idealista. Se trata de un fenómeno que hace unos años era completamente inexistente en España y ahora las viviendas en venta con okupas suponen el 2,6% de la oferta en todo el país. Y es que este primer estudio revela que un total de 20.464 viviendas en venta de toda España reconocieron sufrir un proceso de okupación durante el cuarto trimestre de 2024. Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.

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Cinco miembros de un clan familiar fueron condenados ayer a penas que suman ocho años y medio de prisión por utilizar pisos okupados en Palma para cultivar grandes cantidades de marihuana con las que luego traficaban. Los procesados disponían de cuatro inmuebles en Son Gotleu y La Soledat , donde habían realizado conexiones ilegales a la red eléctrica para no pagar el abultado consumo de los sistemas para cultivar las plantaciones. En el juicio, tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados, la Fiscalía y la letrada de Endesa, se declararon autores de delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico . Además, deberán indemnizar a la compañía suministradora con 73.000 euros. Uno de los acusados, además, confesó otro delito de tenencia ilícita de armas porque tenía una escopeta de cañones paralelos sin licencia. Otro encausado fue absuelto al retirarse los cargos contra él. Los cinco procesados, miembros del clan del Cauta, fueron detenidos en octubre de 2022 por agentes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional. Los agentes llevaban meses indagando sobre las actividades del grupo y averiguaron que tenían con cuatro viviendas en Son Gotleu y La Soledat, varias de ellas okupadas . Los domicilios se habían reconvertido en invernaderos en los que habían instalado grandes plantaciones de marihuana. Los investigadores estimaban que podían producir unos cinco kilos de cannabis cada mes, que vendían a otros grupos de traficantes asentados en las mismas barriadas. La Policía Nacional llevó a cabo un operativo tras varias semanas de pesquisas y registró los cuatro pisos vinculados al clan. Encontraron casi 400 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento y abundante material para fomentar su crecimiento, como aparatos de aire acondicionado, lámparas, extractores y filtros . Todo estaba conectado a la red eléctrica mediante enganches ilegales , lo que les permitía ahorrarse las facturas y al mismo tiempo no levantar sospechas por el elevado consumo que generaban las plantaciones. En una de las viviendas la Policía encontró también una escopeta de cañones paralelos en buen estado y con capacidad de ser disparada. La operación culminó con la detención de cinco miembros del clan, tres de los cuales pasaron medio año en prisión preventiva por orden judicial.  Cuatro delitos La Fiscalía les imputó delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y defraudación de suministro eléctrico, así como otro de tenencia ilícita de armas para el propietario de la escopeta. Por ellos, el ministerio público solicitaba condenas de entre cuatro y cinco años de prisión para cada uno de los procesados, así como sendas multas de 100.000 euros y que indemnizaran con casi 73.000 euros a Gesa-Endesa por el consumo de energía que no pagaron durante los meses que tuvieron en marcha las plantaciones de marihuana.

El juez decano en Ibiza, Sergio González Malabia, consideró este miércoles que la nueva Ley Orgánica 1/2025 que entra en vigor este jueves «no cambiará mucho» la respuesta judicial en casos de okupación. «En algunos supuestos se podrán mejorar plazos. Si realmente se pretende agilizar procedimientos, las medidas deberían ser de mayor calado y no quedarse en la superficialidad», señaló. Según recordó el magistrado, la nueva ley contempla, entre otros aspectos, modificaciones procesales en todas las jurisdicciones. Aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene la «supuesta intención» de agilizar procesos relacionados con los temidos casos de okupación, el magistrado dudó que la norma proporcione los resultados esperados. «Introduce determinadas modificaciones para intentar que la tramitación de los procedimientos relacionados con casos de usurpación o allanamiento de morada se puedan agilizar; se intenta, pero no sé hasta qué punto se podrá conseguir», reconoció el juez decano. Según puntualizó, no se modifican penas ni otros aspectos a grandes rasgos, pero sí se contemplan determinados pasos que «pueden» llegar a resolver casos en algunos supuestos, aunque no de forma inmediata. «En relación a delitos de usurpación o allanamiento se prevé la posibilidad de que se tramiten como juicios rápidos. La usurpación seguirá siendo un delito leve con la pena de delito leve, mientras que las penas de prisión ya se contemplaban en casos de allanamiento. En determinados supuestos, si tienen encaje en la tramitación de juicio rápido, podrán agilizarse los procesos, pero tampoco se podrán acortar dichos plazos en exceso. En allanamientos, se podría agilizar si existe la conformidad del autor», explicó González. Según comentó también, jueces y abogados se mantienen expectantes para ir comprobando los resultados de la nueva ley. Carlos Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), consideró este miércoles que, con la reforma normativa para intentar agilizar los lanzamientos en casos de okupación, «por muchas demandas que haya y por mucho que diga la ley, si el caso se tiene que poner a la cola, tardará más». «Un desahucio no puede pasar por delante de la custodia de un niño o sobre una persona pendiente de cobrar una indemnización. Quedará a la cola; lo que es importante es que la cola se mueva», afirmó. Letrados consultados por este rotativo reconocieron que, en estos momentos, son otros los temas que les preocupan en relación a los cambios aprobados recientemente en el sistema judicial español. Cabe recordar también que tras producirse varios casos de okupación en Ibiza, el juez decano explicó que estas situaciones pueden solventarse con cierta rapidez si a través de la vía penal se decretan medidas cautelares por parte del juzgado de guardia. Para ello, la Guardia Civil debe entregar el atestado que recoge todos los detalles e información sobre el caso, actuando después el juzgado de guardia en consecuencia, «aunque hay que diferenciar entre el juicio, que se alarga en el tiempo, y una medida cautelar de protección que puede decretarse en 24 horas y que puede suponer la restitución de la propiedad», explicó el juez a este rotativo. Si el propietario interpone una demanda civil, éste debe acreditar la propiedad, mientras que los okupas deberán presentar en el plazo de cinco días el título que les permita permanecer en la vivienda o, en caso contrario, se determinará su lanzamiento, un proceso que puede alargarse hasta 20 días.

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas para los propietarios. Un problema que está creciendo en los últimos años y que está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad, según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe.  El 'think tank' de la CEOE repasa de la mano de los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí cómo han ido creciendo las denuncias por okupación en nuestro país mientras ha ido empeorando el marco regulatorio que garantiza la propiedad privada inmobiliaria, hasta el punto de provocar un 'efecto llamada'. Los primeros datos que aporta el documento son los que proporciona la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el fuerte incremento de las denuncias de los delitos usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica y muestra un alza cercana al 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Al margen del repunte de esta cifra, desde el IEE recuerdan que esta estadística solo tiene en cuenta las denuncias que ponen las personas físicas, por lo que habría que sumar tanto aquellos casos de okupación en los que los propietarios son personas jurídicas como aquellos en los que el propietario particular no denuncia para evitar los elevados costes del proceso. Tampoco están incluidos los casos de inquiokupación, que agrupa los casos en los que el arrendatario deja de abonar la renta y, no obstante, permanece en el inmueble. Por tanto, el problema sería muy superior al que dibujan las cifras oficiales. Para Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho , "la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer". En su análisis, la catedrática recalca que, a la vista de los datos oficiales, "el incremento es indudable y ostensible" desde el año 2010, cuando se contabilizaron poco más de 2.700 casos (frente a los más de 16.000 en la actualidad) y critica que el Gobierno compare el número de denuncias sobre el total de viviendas en España para limitar su impacto. Según Cuena Casas, "no es posible obviar lo evidente y negar el problema comparando la tasa de ocupación ilegal con el total de viviendas es manipular la información". Las reformas legales han agravado el problema Para la catedrática, el incremento de los casos de okupación de los últimos años ha venido de la mano de unas reformas legales que han provocado que la situación se haya agravado, lo que le lleva a concluir que "no existe una voluntad de resolver el problema" y que "la ocupación ilegal se ha convertido en mecanismo utilizado por el Estado para garantizar el derecho a la vivienda". Cuena Casas reprocha que "lo grave no es tanto que se produzcan casos de ocupación ilegal, sino el tiempo que tarda el propietario en recuperar el inmueble (no menos de un año, en función de la provincia) y los costes en los que tiene que incurrir para desalojar al ocupante ilegal". Su opinión es que "el foco hay que ponerlo en arbitrar mecanismos rápidos para ordenar el desalojo. Y la clave es que muchas de las reformas legales han ido, precisamente, en sentido contrario, poniendo obstáculos procesales al propietario para recuperar la posesión del inmueble". Un ejemplo concreto es la Ley de Vivienda , que "pone más obstáculos procesales al propietario de la vivienda para desalojar tanto al ocupante ilegal como al «inquiokupa» al imponer requisitos de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda". Así, detalla, "todo propietario (sea o no gran tenedor), deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no vivienda habitual del ocupante ilegal y si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. De serlo, si el propietario es un gran tenedor no se admitirá la demanda de desalojo hasta que el propietario acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes". Otra de las medidas legales que ha dañado la propiedad privada es la regulación de la suspensión de los desahucios de los inquilinos que no podían abonar la renta en plena pandemia del coronavirus, pero que, posteriormente, se extendió a ocupantes ilegales en situación de vulnerabilidad. La medida estará vigente al menos hasta finales de año y, según Cuena Casas, "es otro claro incentivo a la ocupación ilegal". Como argumenta la catedrática, "para que proceda la suspensión debe tratarse de propietarios grandes tenedores (titulares de más de diez viviendas) y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. En suma, basta que haya un menor o persona dependiente en el inmueble para que entre en el ámbito de aplicación de la suspensión del desalojo que durará hasta el 31 de diciembre de 2025. Se prevé una compensación para el propietario que acredite que la suspensión le ha producido un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o en alquiler", por lo que "no es una compensación a todo propietario, sino al que cumpla este requisito, lo que implica que el que no tuviera la vivienda en mercado de alquiler o venta tiene que soportar al ocupante, sin compensación alguna". En este contexto, señala Cuena Casas, "no es de extrañar que se haya profesionalizado el negocio de la okupación" y lamenta que "España se ha convertido en el paraíso de las mafias de la ocupación ilegal por la conciencia generalizada de que la ley protege al okupa". Sus críticas coinciden en el tiempo con las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos , durante un acto en Málaga, en el que defendido que "si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco". La falta de vivienda social traslada la carga al propietario Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona , es otro de los autores que participa en el estudio del IEE. Su percepción es que "de forma concurrente, se ha producido un incremento de la ocupación sin título legítimo de posesión. En un principio se realizó por personas afectadas por los lanzamientos cuando no tenían una alternativa habitacional. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado a otros colectivos que lo han utilizado como solución habitacional". Para el catedrático, el origen de la situación actual está en la falta de vivienda social en nuestro país. "El problema que se plantea en España es que el Estado no tiene vivienda social para ofrecer esta alternativa habitacional , lo que ha provocado que haya trasladado la carta al propietario ampliando el concepto de la función social de la propiedad [...] El legislador ha optado por ralentizar y suspender el proceso judicial cuando implique el lanzamiento de la vivienda habitual de personas vulnerables ante la falta de vivienda social del Estado para ofrecerles una alternativa habitacional. De esta forma, dicta leyes que suponen la suspensión del proceso judicial que implica lanzamiento como medida de protección de las personas vulnerables, trasladando a los particulares lo que es una obligación del Estado", detalla en su análisis. Pérez Daudí también cuestiona uno de los argumentos más utilizados actualmente para defender la regulación del mercado de la vivienda, como es que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Una afirmación que el catedrático matiza: "El derecho a la vivienda, en España, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica , por lo que no puede ser invocado directamente ante los Tribunales. Es el poder legislativo el que debe regularlo y, en el caso de entrar en relación con algún derecho fundamental, realizar el juicio de proporcionalidad correspondiente". Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, lo que se está viendo afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva , que se configura como el derecho de acceso a los tribunales y a la efectividad de sus resoluciones, ante las recientes modificaciones normativas, como por ejemplo la Ley de Vivienda. Para Pérez Daudí, el legislador "puede imponer requisitos de procedibilidad o suspender temporalmente la eficacia de una resolución judicial para que la Administración competente pueda ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por un lanzamiento. Lo que no puede hacer es impedir el acceso al proceso judicial o suspender, de forma permanente, la eficacia de una resolución que implique lanzamiento, ya que afectaría al núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Soluciones para atajar el problema Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda. "Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", alerta el informe en este sentido. Entre las medidas que propone el estudio para atajar el problema de la okupación en España se encuentran elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente ; y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de propiedades que hayan sido ocupadas de forma ilegal. Así, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda. También reclaman cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, exigiendo el sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar. Asimismo, proponen elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal; equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada , lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos; o establecer exenciones fiscales a los propietarios cuando acrediten haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal. Por último, desde el 'think tank' de la CEOE consideran necesario proteger a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, siempre que esté acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado ordene el desalojo. España no mejora posiciones en el Índice de Derechos de Propiedad La nueva edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo del promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea. En 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, situándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE (el mismo que en la anterior edición), lo que indica "la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad", según el IEE. El ranking está liderado por Finlandia, seguido de Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Completan el 'top 10' Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Alemania y Suiza. Portugal e Italia se encuentran por debajo de España en la lista, que cierran México, Colombia y Turquía. Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político . En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de los Veintisiete.

España retrocede posiciones entre las grandes economías desarrolladas respecto a lo que a la protección de la propiedad privada se refiere. Nuestro país ocupa el puesto 22 entre 37 países analizados de la OCDE, por debajo de Estados como la Republica Checa y del promedio.

El 93,4% de los propietarios que arriendan su vivienda en España son personas particulares con tan solo un inmueble en alquiler, de clase media, y que usan la renta para pagar la hipoteca o complementar su pensión en el caso de los mayores. Es la radiografía que hace el estudio Perfil de los propietarios de viviendas en alquiler en España, elaborado por el Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro , que trata de tirar por tierra la imagen de 'rentista' que algunos partidos políticos y organizaciones de inquilinos achacan a los arrendadores. El mismo estudio asegura que tan solo un 5,3% de los caseros cuentan con dos inmuebles y el 1,3% dispone de más de tres. «La gran mayoría son, por tanto, pequeños propietarios que, según el perfil que traza este estudio elaborado a partir de la Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística (INE) y datos aportados por la empresa Alquiler Seguro, residen en zonas de clase media y tienen más de 65 años», es la principal conclusión del informe. Casi la mitad de los propietarios, un 44,4% tienen más de 65 años , porque «los más mayores han tenido más oportunidades de adquirir nuevas propiedades a lo largo de su vida, ya sea a través de herencias o de la compra». Algo que según los elaboradores del estudio explica que la principal fuente de ingresos que sustenta al 46,6% de los hogares de los arrendadores españoles sean las pensiones contributivas. A los mayores de 65 años les sigue el grupo de propietarios con edades comprendidas entre los 50 y los 64 años, que son el 37,9%. Los que tienen entre 35 y 49 años representan el 16,5%, mientras que los más jóvenes, con menos de 35 años, tan solo suponen el 1,2%. La edad media asciende a 59 años. Además de las pensiones contributivas, otras fuentes de ingresos relevantes en los hogares de los propietarios son los ingresos de trabajo por cuenta ajena (40%) y por cuenta propia (9,6%). Tan solo un 1,1% de estas familias se sustentan gracias a las rentas del capital y de la propiedad, aportan los autores. ¿A qué dedican el dinero estos propietarios? La mayoría, un 34%, destinan este dinero a complementar sus pensiones y un 27% para pagar la hipoteca, mientras que un 32% utilizan el alquiler como una inversión para obtener una rentabilidad. Según el estudio, el 6% restante destina estos ingresos a otros fines, como pagar su propio alquiler, complementar su sueldo, ahorrar o simplemente para evitar que su vivienda esté vacía. Mayoría de clase media El informe también incide en que los hogares de los propietarios ingresan de media unos 3.200 euros mensuales, que si se reparten entre la media de 2,5 personas que componen cada hogar, salen a unos 1.260 euros. Aunque los autores también aclaran que es una cifra muy susceptible de variar según la ubicación y las características de los inmuebles que arrienden. Con todo, la gran mayoría de propietarios, un 75,4%, residen en zonas urbanas de clase media. Les siguen los que viven en áreas rurales, que representan el 15,8%, y en barrios de clase alta, que son el 7,1%. En cambio, son muchos menos los que habitan en zonas de clase media baja (1,2%), y aún menos los que lo hacen en zonas urbanas de lujo (0,5%). Principales preocupaciones El estudio también apunta a la importancia que dan a los propietarios a encontrar un inquilino con solvencia y estabilidad por encima de obtener una mayor renta. Es por eso que el 83% asegura que su prioridad es encontrar un inquilino fiable que no dé problemas, «incluso si para ello tienen que acceder a bajar el precio de la renta». En este sentido, el informe dice que la desconfianza de los propietarios «es un freno para la generación de oferta» y sitúa como mayores preocupaciones el impago de la renta (33%) y los posibles daños a la vivienda (32%). Otro tipo de preocupaciones que también destacan son la dificultad para encontrar buenos inquilinos (13%), los problemas legales (9%) o la rotación frecuente de los arrendatarios (6%).

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Desbordados por la multitud de casos que se dan en Cataluña, los jueces de Barcelona lideran estos días la rebelión contra la impunidad okupa. Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordase que, a partir de ahora, cortar o dejar de pagar los suministros de los okupas de patada en la puerta no constituirá un delito de coacciones , los magistrados de la ciudad condal ponen coto a la temida inquiokupación, la modalidad que más ha crecido desde 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, a pesar del fin de la pandemia, ha sido prorrogado hasta en once ocasiones. A tal fin, y según ha podido saber Libre Mercado, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma (punto 4), ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios. Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces. Lo que dice el acuerdo "La prórroga de la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 prevista en el Real .Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no excluye la posibilidad de verificar que subsisten los requisitos que determinaron que se otorgara en su momento ", esgrime el mencionado acuerdo al que ha tenido acceso LD. El documento en cuestión justifica tal decisión alegando que "dado que los documentos e informes de servicios sociales que pudieron determinar la previa suspensión acreditaron la concurrencia de los requisitos habilitantes para la misma en un momento anterior, nada obsta a que deban ser actualizados en el momento de decidir sobre la prórroga de la suspensión, máxime cuando dichos documentos tienen una vigencia temporal limitada ". Lo que opinan los expertos "Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo para exigir que esos inquiokupas tengan que justificar que siguen reuniendo los requisitos de vulnerabilidad, por eso es tan importante", subraya José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario . Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo, por eso es tan importante El letrado considera que los jueces de Barcelona han asumido el liderazgo de la rebelión antiokupa, también con el tema de los suministros, por una razón muy sencilla: " Prácticamente, el 50% de la okupación que hay en España está en Cataluña y hay jueces que pueden hacer hasta 25 o 30 sentencias semanales en materia de okupación, con lo que es evidente que marcan tendencia, pero, tal y como están las cosas, esto va a ir a más en todas las comunidades, así que yo espero que este tipo de acuerdos se vayan extrapolando". Lo que desean las víctimas Lo mismo desean desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación , cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recuerda que, aunque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que revisar los requisitos de vulnerabilidad con cada prórroga y debería sentar jurisprudencia ( STS 1417/2024 ), la realidad es que muchos jueces siguen sin hacerlo. Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo  "Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, tanto por registro en el Ayuntamiento, como informando a sus abogados para que lo reclamen al juez —apunta Bravo—, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo".

Tres personas okupan desde el pasado fin de semana el chalet donde el poeta Antonio Machado vivió durante la Guerra Civil española, entre 1936 y 1938, en el municipio valenciano de Rocafort. La casa, una construcción modernista de principios del siglo XX con el nombre de Villa Amparo, es propiedad de la Generalitat Valenciana desde 2018 y está cerrada al público desde 2023. Anteriormente, ya han habido intentos de okupación y el inmueble está visiblemente deteriorado. Ver la noticia completa en el enlace

Según un estudio de Idealista, en España ya se venden más de 20.000 viviendas con okupas dentro, y en solo un año, los casos han aumentado un 7%, con 16.000 denuncias presentadas.  En El Análisis Diario de la Noche , abordamos esta problemática con María Segura, concejala de Seguridad en Alguazas (Murcia), que ha ordenado tapiar 94 viviendas okupadas, y con Antonio Ruiz, activista que denuncia la ilegalidad de estas medidas.

El PSOE supo el mismo 23-J que la correlación de fuerzas emanada de las urnas le obligaría a ir modulando su acción legislativa a lo largo de la legislatura para ir contentando a su variada lista de socios de investidura. Pero la distancia que existe entre las derechas y las izquierdas en lo relativo a los desahucios en casos de ocupación le está impidiendo satisfacer a los segundos. Quienes amenazan con reaccionar a futuro por el “incumplimiento” socialista. El origen de la encrucijada del PSOE data de noviembre, cuando el pleno del Congreso aprobó la l ey de eficiencia de la Justicia . Esa iniciativa incluyó una enmienda del PNV para que, tal y como también venía reclamando Junts , se puedan celebrar juicios rápidos, en 48 horas, por allanamientos y okupaciones replanteando así las medidas impulsadas por los sucesivos legisladores tras la crisis inmobiliaria de 2008 para demorar los lanzamientos fulminantes de los ocupantes antes tomar en consideración la situación de las personas que se han instalado en una vivienda y las circunstancias legales de la propiedad. Desvelada la argucia de los peneuvistas, ERC y EH Bildu se disculparon por haber apoyado “por error” una enmienda que no compartían, ni comparten. Esperamos que, como se comprometió el Gobierno con nosotros, haga su trabajo para convencer a todos los grupos y se elimine esa cláusula prodesahucios Javier Sánchez Serna Portavoz de Podemos Mientras que, en el caso de Podemos , cuyos cuatro diputados apoyaron la norma, ligaron su posicionamiento al haber pactado con el Gobierno que la citada enmienda sobre desahucios sería derogada en la siguiente ley orgánica que se tramitara. Pero esa derogación sigue sin llegar. El Gobierno lo ha intentado este martes de nuevo. Introduciendo su propia enmienda a otra ley que no tiene, a priori, relación directa con los desahucios como es la ley de asociaciones, presentada por los socialistas para disolver aquellas organizaciones que hagan apología del franquismo. En concreto, el PSOE, Sumar, Podemos, ERC y Bildu firmaron con este objetivo una enmienda transaccional la semana pasada durante la reunión de la ponencia de la reforma de la ley de asociaciones. La ley se ha debatido en la Comisión Constitucional. Sin embargo, fuentes parlamentarias han explicado esta enmienda transaccional no ha salido adelante por falta de apoyos. De hecho, la citada reforma de la ley de asociaciones ha finalizado este martes su trámite en comisión e irá al pleno del Congreso para su aprobación definitiva sin ninguna alusión a los desahucios. Y eso está impacientando, entre otros, a Podemos: “Esperamos que, como se comprometió el Gobierno con nosotros, haga su trabajo para convencer a todos los grupos y se elimine esa cláusula prodesahucios”, ha advertido su portavoz, Javier Sánchez Serna. Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López , ha restado importancia al fracaso en el intento de revertir la medidas sobre desahucios a través de la ley de asociaciones. “Nosotros hicimos una modificación legislativa en su momento para que los allanamientos se pudieran resolver en menos de 48 horas. Por lo tanto, nos parece que hay legislación suficiente para que los jueces puedan determinar si alguien allana una vivienda y no tiene ningún tipo de relación con ese inmueble, pueda ser desalojado. Y, en caso de que sean vulnerables, puedan ponerse el propio juez pueda ponerlo en relación con los servicios sociales de cada uno de los ayuntamientos son las instituciones”, ha declarado.

o sé a ustedes, pero a mí de niña me contaban cuentos que se pretendían edificantes. Es decir, con moraleja. Uno de ellos era el de los tres cerditos. Para las víctimas de las últimas reformas educativas, ahí va un spoiler: son tres cerditos que se quieren hacer una casa cada uno. El primero se la hace de papel, el segundo de paja. Así no se estresan mucho y les queda mucho tiempo libre para jugar o para mirar el tiktok de los cerdos. Sólo el tercer cerdito se toma el tema en serio y levanta con el sudor de su lomo una casa de verdad, una casa de ladrillo, mientras los otros dos se burlan de él. No le llaman cerdo capitalista pero sí cerdo empollón, aburrido y culpable de la cerdada suprema: trabajar .  En estas viene un lobo que debe ser muy woke, porque quiere okupar las casas de los cerdos y comérselos. Todo ello gratis, por supuesto. "¡Soplaré, soplaré y vuestra casa derribaré!", grita, tremebundo. La casa de papel y la de paja evidentemente las derriba de un suspiro. Sus habitantes sólo se salvan porque el tercer cerdito, el que invirtió en ladrillo, les acoge y les defiende de la okupación. De todo eso me he acordado leyendo aquí mismo, en Libertad Digital, la apabullante noticia de que el portal Idealista tiene ya a la venta 20.000 viviendas con okupas dentro . Se dice pronto. Lo cuenta el mismo Idealista en un informe que se hizo público este jueves y que hace eso que a los indepes les gusta tanto —las dichosas balanzas fiscales—, siempre que la comparación no sea odiosa y les deje a ellos con sus propios tocinos al aire. En Barcelona hay un 7,6 por ciento de viviendas okupadas. La sigue Toledo, con un 4,1 por ciento, Murcia con el 4 por ciento, Girona con el 3,8 por ciento y Sevilla con el 3,7 por ciento. Madrid está en el 2,6 por ciento, justo la media de toda España. Estos son los porcentajes sobre el total del parque de viviendas. Si miramos las viviendas a la venta que lo son con "bicho", es decir, con okupa dentro, allá vamos: Girona un 8,8 por ciento, Murcia un 5,5 por ciento, Sevilla un 4,7 por ciento, Almería el 3,9 por ciento y Málaga el 3,8 por ciento. Madrid se queda en el 2,3 por ciento, por debajo de la media española. Sin duda la okupación tiende a ser más alta en determinados núcleos urbanos más importantes o más densamente poblados. Por eso llama la atención que justo en la muy inmobiliariamente apetecible capital de España el tema esté más bajo control que en Barcelona. Entre las leyes de la señorita pepis que hasta ahora han protegido a los propietarios y el discurso de la izquierda molona y gorrona que durante años ha gobernado la capital catalana, el balance es desolador . No es lo mismo hacer política de vivienda que con la vivienda. Es fascinante el empeño woke en intervenir y topar los alquileres para toda la vida como hizo, quién lo iba a decir, Franco. La gente se cree que la izquierda más ultra defiende más las libertades, cuando su esencia es el puro y duro intervencionismo en todo de la Administración, venga o no venga a cuento. Los extremos y las dictaduras se tocan. Hasta Franco se dio cuenta de que su regulación masiva de los alquileres, que pudo tener un sentido cuando muchas familias españolas sufrían para levantar cabeza en una economía de posguerra, acabó generando un efecto contrario al deseado. Cada vez se alquilaban menos casas. Decidió el dictador de entonces crear un organismo público sólo para construir nuevas viviendas . ¿Les suena? Vivir es ver volver. El caso es que ni Franco se atrevió a prometer casas gratis. A nadie. Incluso a los excombatientes de la División Azul se les daban facilidades para acceder a viviendas de protección oficial, pero no les regalaban una dacha. Lo malo de ciertos discursos políticos es que la realidad es tozuda y los deja a la intemperie, como los dos primeros cerditos del cuento. Claro que, con lo que pasa ahora, el que palmaría es el tercer cerdito, el que construyó una casa de verdad. Se la soplarían. O mirarían para otro lado cantando La Internacional mientras se la soplan otros. Lo cual es más grave de lo que parece, no sólo porque cuestionar el derecho a la propiedad privada y al fruto del trabajo es muy peligroso si se aspira, no sé, a seguir recaudando impuestos. Es que encima sucede otra cosa. En estos lares, la gente invierte sus ahorros en ladrillo como en otras latitudes en Bolsa. Por eso unos tienen burbujas financieras, otros burbujas inmobiliarias, y algunos alumnos aventajados de Bakunin disfrutan las dos. ¿Queremos de verdad que la clase media, o lo que de ella quede, desconfíe de ahorrar para comprarse una casa, vivir en ella y dejársela en herencia a sus hijos? Hasta don Pablo Iglesias y doña Irene Montero pudieron comprarse el famoso chalet de Galapagar porque acababan de heredar de sus respectivos progenitores. Como supongo que esperan que sus tres churumbeles les hereden a ellos. ¿En qué quedamos, señorías? Mientras la Administración no sólo no se tome en serio que viene el lobo, sino que le quiera poner un piso (el nuestro), seguiremos cavando la tumba de todo contrato social imaginable. ¿Y si lo que nos aguarda a la vuelta de la esquina no es ya puro y duro populismo, sino la ley de la selva?

Una familia okupó una vivienda vacía de Cales de Mallorca que estaba a punto de ser vendida. Los intrusos intentaron hacer creer a los agentes de la Policía Nacional que llevaban semanas viviendo allí. No obstante los vecinos coincidieron en señalar que les habían visto llegar e instalarse allí la tarde anterior. Tras apercibirles de que si no se marchaban incurrirían en un presunto delito de desobediencia grave y acabarían detenidos. Optaron por abandonar el inmueble. Los hechos se produjeron durante el presente mes de marzo. Una familia recién llegada en Mallorca decidió okupar una casa vacía en Cales de Mallorca, que estaba a punto de ser vendida. Un vecino presenció la escena y llamó inmediatamente al 091. A continuación una patrulla de la Policía Nacional se personó en el lugar para averiguar qué era lo que ocurría, pero los okupas intentaron engañarles y les dijeron que llevaban semanas viviendo allí y se negaban a irse. Entonces se limitaron a identificarlos. Okupar una caseta de aperos en una finca no constituye ningún delito Tras hacer gestiones para comprobar lo ocurrido, los agentes contactaron al día siguiente con los legítimos propietarios. Estos confirmaron que acudían habitualmente al inmueble y que, justo el día anterior por la mañana, habían estado haciendo arreglos allí de cara a su venta. Luego la habían cerrado perfectamente, según sus propias palabras. De hecho los perjudicados acudieron a la Comisaría de Manacor para interponer la correspondiente denuncia. También ayudaron a los agentes a localizar varios testigos. Todos estos coincidieron en señalar que la okupación se había producido la tarde anterior, cuando actuó la primera patrulla. También les aportaron imágenes que así lo acreditaban. Desobediencia grave  Ante estas circunstancias, dos patrullas de la Policía Nacional acudieron a la vivienda e instaron a los okupas a abandonar el lugar y que estaban obligados a ello. También les informaron de que el hecho de que se hubiesen negado a seguir sus indicaciones, y al proseguir con esa actitud, les haría incurrir en un presunto delito de desobediencia grave y serían detenidos. Tras constatar que el requerimiento de los policías iba en serio, los okupas optaron por abandonar el inmueble. Y anunciaron que se irían a otra casa para okuparla. Se da la circunstancia de que esta vivienda estaba a punto de ser vendida y pudo ser recuperada en un tiempo récord. De lo contrario, la transacción se podría haber abortado. La Policía Nacional resalta la importancia de denunciar estos casos lo más rápido posible. De lo contrario la recuperación del inmueble se dificulta notoriamente.

Hasta 50 jóvenes asaltaron y destrozaron en la noche de este domingo 23 de marzo un centro cívico en Girona. Según han relatado fuentes de los Mossos d'Esquadra a EFE, se enfrentaron a los policías a pedradas incluso. En el intento de ocupar el local Onyar, en el barrio Font de la Pólvora de la ciudad, los agentes fueron alertados de que el numeroso grupo estaba quemando contenedores y causando daños para tratar de acceder al interior del inmueble. De inmediato, se movilizaron variedad de patrullas junto a otras de la Policía Local de Girona para tratar de disuadir a los asaltantes. Eran las 00:30 horas cuando empezaron a recibirles con lanzamientos de piedras y otros objetos. Sin heridos ni detenidos También los vehículos policiales sufrieron desperfectos en unos incidentes que se prolongaron durante tres horas. Las mismas fuentes han precisado que concluyeron sin heridos ni tampoco detenidos por los hechos. No obstante, esta mañana se han reunido tanto el alcalde de la ciudad, Lluc Salellas , como varios concejales de su equipo de gobierno, con el delegado territorial del Departamento de Interior de la Generalitat, Eduard Adrobau. Al encuentro han asistido también mandos policiales para hablar de la situación vivida anoche. El regidor la ha calificado de "intolerable por asaltar un equipamiento público y social que da servicio a los barrios " de Girona. "Encontrar a los responsables y actuar con contundencia" Ante este suceso violento, Salellas ha asegurado que se actuará "con toda la contundencia posible ", una vez que finalicen las labores para " encontrar a los responsables de los destrozos", como igualmente ha manifestado el ayuntamiento. Policía Local y Mossos ya trabajan conjuntamente para identificar a los jóvenes que participaron en el altercado. Ha provocado "graves desperfectos" al centro cívico, que permanecerá cerrado al público hasta el domingo 30 de marzo. "Próximamente se iniciarán las actuaciones pertinentes para arreglar " todo lo que ha quedado dañado en las instalaciones, según ha avanzado el consistorio.