En los últimos meses han cobrado mayor fuerza las voces que nos invitan a apostar por la compra de vivienda. Invertir en un piso que podamos asumir y huir así de la alternativa, cada vez más costosa y con una oferta al alcance de muy pocas personas, sobre todo en las grandes ciudades. En las capitales de las 52 provincias, el precio del alquiler se dispara a cifras desorbitadas. Un aumento del coste histórico que no parece tocar techo, nunca mejor dicho. Así, expertos como Gonzalo Bernardos explican cuáles son las principales ventajas de entrar como propietarios en el mercado inmobiliario. Es una encrucijada y un debate en el que se acumulan 'pros' y 'contras' , pero lo cierto es que para adquirir una hipoteca hay que haber llenado la hucha con una cantidad consistente que nos permita pagar las arras, la entrada y los gastos de gestoría e impuestos previos. Natalia de Santiago, experta en finanzas y ahorro, ha contestado a la gran pregunta en el podcast de Judith Tiral, 'Tenía la duda': "¿Alquilar es tirar el dinero?" . La ingeniera y financiera ha explicado cuál es su punto de vista en esta división de opiniones ante el oscuro panorama de la vivienda en España. Alquilar vs. comprar Asegura que le preguntan constantemente si alquilar es tirar el dinero y ella siempre responde lo mismo: "No. Alquilar no es tirar el dinero y qué gasto más noble hay que poner un techo sobre tu cabeza . Además, comprar no siempre es una buena inversión". Con estas palabras, Natalia de Santiago se opone a lo que muchos gurús financieros sostienen desde hace meses, sobre todo con el incremente del precio del alquiler y la bajada de los tipos de interés como alicientes en el contexto inmobiliario que tenemos en España. La ingeniera explica que "comprar compensa sobre todo a largo plazo , porque tú los primeros años que estás pagando tu hipoteca estás amortizando los gastos de más y los intereses de la hipoteca, porque los primeros años pagas más intereses de lo que reduces la deuda". El 'learning potential' Natalia de Santiago considera que la compra de vivienda puede rentabilizarse a largo plazo , porque si vendemos demasiado pronto el piso que hemos adquirido, no se recupera la inversión inicial. "Si vendes tras cinco años, en una situación normal igual no has compensado los gastos", apunta. "A corto plazo, si te vas a mudar o vas a tener un hijo , vives en un estudio y vas a necesitar algo más grande, puede compensar alquilar. No hay que demonizar el alquiler, para nada", continúa con su defensa, a la que le pone algún matiz. Para la experta, optar por el arrendamiento "se pone muy crudo de cara a la jubilación" , pero "cuando tú eres más joven tienes que maximizar tu capacidad de ganar dinero". De esta forma, hasta aproximadamente los 45 años, apostaríamos por lo que en inglés se conoce como el 'learning potential': "tu capacidad para generar ingresos". "Que tú dejes de montar un negocio o de irte a una ciudad en un trabajo que tenga mucha más proyección por tu casa puede ser una mala idea financieramente hablando. Eso sí, a partir de los 40 años , ya te lo tienes que plantear muy seriamente, porque una casa en propiedad puede ser una ventaja aplastante de cara a la jubilación" , advierte. Ahorrar con lo que podamos Judith Tiral le ha trasladado la preocupación de muchas personas que, con salarios bajos y teniendo que asumir gastos elevados, son incapaces de separar un dinero para ir haciendo colchón financiero. Con todo y con eso, Natalia de Santiago considera que "vale la pena ahorrar 50 euros al mes". Está claro que no siempre se va a poder meter en la hucha esa cantidad, más cuando hay meses que las facturas y necesidades suman más que lo que ganamos, pero hay que intentar generar ese ahorro con lo que podamos: "Es como lo que me pasa con el deporte, que como no puedo hacer una maratón al día no hago deporte". Así como encontramos alternativas ajustadas a nuestras posibilidades en otros escenarios y atendiendo a otras cuestiones, en este terreno ocurriría lo mismo, tal y como aconseja la experta: "Cada paso que haces es bueno y en finanzas pasa lo mismo. Es empezar poco a poco, porque son hábitos y hay que ir paso a paso".  "Hay que primar la flexibilidad , que la vida da muchas vueltas y hoy en día que va todo tan rápido y que todo cambia tanto, más", deja como consejo la ingeniera, que reconoce que uno de los errores que cometió fue "invertir mucho", ya que en un momento dado se quedó con poca liquidez.

Baleares ya roza los 3.000 inmigrantes ilegales llegados en patera en lo que va de 2025 tras la última oleada de cayucos durante la madrugada de este lunes cuando se han interceptado cinco embarcaciones con hasta 85 personas a bordo. En total, Baleares ha recibido en lo que va de año 2.953 inmigrantes ilegales, una cifra muy similar a las de la mitad del 2024, un año en el que se acabó rompiendo todos los récords de inmigración, creciendo hasta un 168% respecto al 2023 tras la llegada de 5.846 personas en 346 pateras. Harto de la inacción del Gobierno de España que encabeza el socialista Pedro Sánchez , el PP de Baleares ha iniciado una ofensiva en el Congreso para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre el «drama humanitario » que se vive en las Islas en relación a la incesante llegada de pateras, donde sólo este fin de semana han llegado «jugándose la vida» hasta 171 inmigrantes ilegales . El diputado del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó , junto con el resto de parlamentarios nacionales de la formación azul, han exigido la comparecencia en la Cámara Baja de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo ; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela , y del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez . El diputado popular ha reprochado que «pese a la evidente consolidación, pese incluso la aparición de cadáveres maniatados, Sánchez y el PSOE sigan negando la existencia de la vía argelina de acceso irregular a nuestro país». En cuanto a Aina Calvo, Marí Bosó ha recordado que «durante su etapa de delegada del Gobierno en Balears no hizo nada y con ella se produjo el aumento injustificado de llegadas de inmigrantes irregulares entre 2019 y 2023. Un periodo en el que, pese a las advertencias del PP, las cifras de personas llegadas a nuestras costas se multiplicaron por diez ». Sobre Alfonso Rodríguez, el dirigente balear del PP ha cuestionado su diligencia ya que « va pegando broncas en los medios de comunicación, pero no asume la responsabilidad que debe, que es doble . Por un lado, la de actuar de una forma eficiente contra la inmigración ilegal y, por otro, la de tener a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en perfectas condiciones, con salarios dignos y con la insularidad reconocida para que puedan actuar con contundencia». Por otro lado, Marí Bosó también ha exigido la puesta en marcha de los medios materiales necesarios, entre los que ha destacado el SIVE de Formentera que «llevan años esperando que se instale». «El año pasado, más de 6.000 inmigrantes llegaron en pateras a nuestras costas y en 2025 llevamos el mismo camino. Más de 20 cadáveres aparecidos sólo en lo que va de año y recientemente hemos sabido que algunos de ellos de forma macabra . Es de una gravedad extrema que no se puede permitir y por eso pedimos la comparecencia de estos tres responsables o, mejor dicho, irresponsables. Sánchez espera a que el tema muera, pero no pasará, vamos a ser muy vigilantes y exigentes porque hablamos de vidas humanas», ha concluido. 

La Policía Nacional ha asestado un golpe a las redes de inmigración ilegal al detener a dos inmigrantes ilegales de origen argelino el 19 de junio de 2025 por pilotar una patera desde Argelia hasta Mallorca , cobrando a los ocupantes la suma de 9.500 euros por inmigrante. Según fuentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental), estos traficantes no son novatos: han organizado múltiples entradas ilegales en el archipiélago balear este mismo año, aprovechándose de las fronteras permeables de España. Las detenciones, seguidas de prisión provisional, sacan a la luz las descaradas operaciones de las mafias de tráfico de personas que explotan la actual vulnerabilidad de Baleares. La patera, con 24 inmigrantes ilegales argelinos a bordo, llegó a Mallorca tras un trayecto de 42 horas. Cada pasajero pagó 9.500 euros, lo que reportó a los traficantes más de 228.000 euros en un solo viaje , una muestra clara de la enorme rentabilidad de este negocio ilícito. La Policía confirma que los detenidos forman parte de un grupo criminal organizado, con antecedentes de cruces similares en 2025, lo que pone de manifiesto el desafío persistente de desmantelar estas redes. Las Islas Baleares se han convertido en un imán para la inmigración ilegal, con casi 100 inmigrantes ilegales que desembarcaron en Cabrera y Formentera en menos de 24 horas el pasado 29 de junio de 2025. Las cifras oficiales revelan un aumento del 170% en las llegadas en 2024 , con 5.994 migrantes alcanzando las islas en casi 350 pateras. La ruta argelina a Baleares, ahora un corredor principal para los traficantes, se nutre de las políticas de deportación inconsistentes de España y la inercia burocrática de la UE, creando una puerta giratoria para las entradas ilegales. Esta afluencia descontrolada tensiona los recursos locales, sobrecarga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y aviva la frustración en el archipiélago por la presión sobre los servicios públicos y las preocupaciones de seguridad.  Los 9.500 euros por inmigrante no son sólo una cifra: son el síntoma de un sistema fallido . Los traficantes operan con impunidad, envalentonados por la falta de medidas contundentes para asegurar las fronteras o sancionar eficazmente las entradas ilegales. Aunque las detenciones son un paso adelante, el enfoque de España —marcado por una cooperación internacional insuficiente y la reticencia a aplicar deportaciones— permite que estas mafias prosperen. Las Baleares, antaño un tranquilo paraíso turístico, son ahora la primera línea de esta crisis creciente en el área mediterránea de España, por delante de la zona de Levante y Almería.

La okupación es un problema que inquieta a muchos propietarios en España, especialmente cuando tienen segundas viviendas vacías. En el caso de que eso ocurra comienza un tedioso proceso de expulsión . Así, hartos de la tardanza, muchos propietarios deciden poner el piso a la venta, aunque por un precio mucho menor al valor real de mercado. No es una operación para todo el mundo, pero sí llama la atención de los inversores . Por qué no debes comprar una casa con un okupa en su interior Ante cualquier ciudadano que se se plantee esta opción, los expertos recomiendan estudiar bien todos los detalles. En este sentido, la abogada experta en derecho inmobiliario y socia fundadora de AF Legis, Arantxa Goenaga, advierte de que el problema principal es que «no te entregan la posesión y no se puede hacer una entrega de llaves como tal» como sí ocurriría en una operación al uso. Es común que quienes afronten esta situación ya tengan estudiada la situación de la persona que usurpa la propiedad y que incluso se plantee un acuerdo extrajudicial: pagar al okupa para que la abandone. Sin embargo, cualquier movimiento debe ser estudiado con detenimiento. Como señala Goenaga, en caso de encontrarse con unos okupas declarados vulnerables «se suspenden los procedimientos» y no pondrán ser expulsados. «No te entregan la posesión y no se puede hacer una entrega de llaves como tal» Arantxa Goenaga Abogada Asimismo, no es una operación recomendable para un comprador que quiere hacer de esa vivienda su residencia habitual. Principalmente por los plazos, aunque también hay otros condicionantes como que suelen ser casas en las que «no hay mantenimiento». Tampoco el propietario puede saber las condiciones en las que se encuentra: «El vendedor no puede responder» . «El comprador también asume las deudas , impuestos como el IBI o gastos relacionados con la comunidad de propietarios», destaca Goenaga. Como indica, como abogada, no es «partidaria» de este tipo de operaciones a menos que sea un inversor muy especializado y bien asesorado. Pero no para el público general. De hecho, es poco probable que los bancos ofrezcan un préstamo hipotecario: «Se necesitan fondos propios o pedir un préstamo a título personal» .

La okupación y la inquiokupación (cuando inquilinos legales dejan de pagar pero se niegan a abandonar la vivienda) siguen siendo un problema creciente en Cataluña. Según datos del Departamento de Justicia de la Generalitat, en 2024 se registraron 1.200 denuncias por okupación ilegal en la región , con un aumento del 15% respecto al año anterior. En Tarragona, los casos más mediáticos giran en torno a propiedades vacías, pero también a situaciones como la de Joaquim Álvarez, un vecino de Reus cuya vivienda en el exclusivo Gaudí Reus Golf Club (antiguo Aigüesverds) fue convertida en piso turístico por sus inquilinos morosos, quienes cuentan con un certificado de vulnerabilidad emitido por el Ayuntamiento de Reus. Joaquim Álvarez ha relatado a RAC1 cómo su decisión de alquilar su casa en 2019 para aliviar la presión de la hipoteca se transformó en una pesadilla. "Nos mudamos a una masía con mi mujer y nuestros tres hijos para reducir gastos, pero nunca imaginamos que acabaríamos sin cobrar el alquiler y con una multa de Hacienda por una actividad que no cometimos", explicó. El contrato con la familia inquilina (también con tres hijos) era por tres años , pero los impagos comenzaron en 2020. "Primero retrasaban los pagos, luego en 2021 dejaron de abonar nada, alegando la pandemia y problemas personales", detalló Álvarez.  Una multa de 5.000 euros Cuando el contrato expiró en 2022, los inquilinos se negaron a marcharse. Lo que siguió fue un calvario judicial y económico: "Llevo más de tres años sin ingresar ni un euro por mi casa, mientras ellos viven como si nada", denunció Joaquim. Según su testimonio, los okupas disfrutan de un nivel de vida envidiable: son socios del club de golf, frecuentan restaurantes y hasta pagan clases de golf para sus hijos. Sin embargo, el Ayuntamiento de Reus les otorgó un certificado de vulnerabilidad que les protege del desahucio. Àngels Granados, jefa de Bienestar del consistorio, defendió la decisión: " No somos inspectores de Hacienda; evaluamos la documentación presentada, no su veracidad ". La situación escaló cuando Joaquim descubrió que su vivienda estaba publicada en Booking como alojamiento turístico, con reseñas que confirmaban su uso ilegal. "No solo no pagan, sino que lucran con mi propiedad", afirmó. La Agencia Tributaria de Catalunya le impuso una multa de 5.000 euros por operar sin licencia, embargando 500 euros mensuales de su nómina. "Me penalizan a mí, mientras los verdaderos infractores siguen protegidos", lamenta. Okupación en Tarragona El caso ejemplifica las grietas del Real Decreto-ley 11/2020, que protege a personas vulnerables de desalojos sin alternativa habitacional. Aunque la norma busca evitar situaciones de desamparo, críticos señalan que se presta a abusos. " El sistema no distingue entre vulnerabilidad real y fraude ", advirtió un portavoz de la Asociación de Afectados por la Okupación de Tarragona. Mientras, el Ayuntamiento de Reus insiste en que carece de herramientas para investigar los ingresos de los okupas.

Un matrimonio de Bujalance, en Córdoba , vive desde hace días una auténtica pesadilla tras ser víctima de una agresión extrema. Eloísa Muñoz, embarazada, y su pareja, Óscar Jiménez, fueron brutalmente golpeados por un grupo de okupas que habían invadido su casa mientras ellos estaban fuera. Al regresar, se encontraron no solo con su vivienda desvalijada, sino también con una emboscada . La familia okupa, conocida en la localidad por su carácter conflictivo, los recibió con palos, cadenas de motocicleta e incluso objetos afilados. “Vinieron a matarnos, si no llega la Guardia Civil a tiempo, nosotros no lo contamos”, afirma Eloísa a un equipo de Atresmedia. La pareja fue atacada cuando acudió al contenedor donde los okupas habían tirado sus pertenencias . “Llegaron y se tiraron contra nosotros para matarnos con unos palos que acababan en punta, que con eso nos rajaban y unas cadenas”, explicó ella. Muestran a cámara las graves secuelas: hematomas, moratones y cortes. Óscar recibió 20 puntos de sutura por una herida abierta en la cabeza, mientras que Eloísa, que espera un bebé, muestra heridas físicas evidentes. Aún tiene el ojo morado y contusiones por todo el cuerpo. “Me pegaron en el brazo, y a él le pegaron con un palo”, añade. “Vinieron a matarnos” Además del impacto físico, permanece en estado de ansiedad y miedo tras lo ocurrido. “Vinieron a matarnos”, repite. “No duermo, se me viene la imagen del hombre a la cabeza, que me va a matar ”, relata Eloísa. La agresión no fue un hecho aislado. Según el testimonio de la pareja, este conflicto se remonta a años atrás, cuando Eloísa denunció a los mismos individuos por haber ocupado la casa de otra vecina. Desde entonces, asegura, han sufrido represalias constantes.

El pasado mes de marzo sorprendió profundamente un estudio de Idealista que desveló que en España hubo un total de 20.464 viviendas anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de okupación durante el el cuarto trimestre de 2024. Muchas veces estos números quedan en el aire al no conocerse el número total de inmueble s. En este caso es mucho más útil el porcentaje, que es del 2,6%, es decir, más de dos de cada 100 casas a la venta tienen okupas dentro.  La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 723 viviendas okupadas a la venta, seguida por Madrid con 644 vivienda s en el mismo periodo. Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas 'okupadas' es más acusado, ya que el 8,8% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupada. "Los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado", explicaba Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Sin embargo, para comprender los fenómenos hay que ir más allá de los números y conocer casos reales. Uno de estos pisos okupados anunciados a la venta está en la calle Císcar número 20 de Valencia y la descripción es simplemente asombrosa. Este piso es un cuarto exterior con ascensor, cuenta con tres habitaciones y tiene un total de 118 metros cuadrados , según el anuncio, que muestra nada más entrar lo siguiente: "Ocupada ilegalmente". Todo por el módico precio de 350.000 euros. La surrealista descripción de esta vivienda Desde luego, que no esconde nada este anuncio publicado en Idealista. Nada más entrar en el comentario, pone el siguiente texto en mayúsculas: "Ocupado, no visitable, no hipotecable, sin comisión de agencia" . A priori, parece complicado que alguien esté dispuesto a asumir una cantidad de 350.000 euros cuando ni siquiera puede entrar a verlo antes de comprarlo. No acaba ahí la sorprendente descripción: "Se desconoce el estado actual de la vivienda" . No es posible tampoco saber cómo se encuentra el piso , algo bastante a tener en cuenta ya que los okupas en más de una ocasión lo han dejado completamente destrozado, sucio y sin mobiliario. Hay casos en los que se han llegado a encontrar toneladas de basura. No es lo ideal para hacer una inversión , sobre todo teniendo en cuenta que también tendrá por delante una costosa batalla judicial o una mediación para poder expulsar al okupa. Un adorno insuficiente El vendedor vuelve a comentar los detalles en la parte inferior, aunque en este caso adornándolo más: "Se encuentra en un edificio con encanto, construido en 1934, con una superficie de 118 m² de vivienda y 10 m² de elementos comunes, según información catastral" . Aunque tener un okupa dentro no parece demasiado encanto para cualquier comprador. La zona también es la ideal, según el todavía propietario anuncia: " Ubicada en una de las zonas más exclusivas y demandadas de Valencia , rodeada de todos los servicios esenciales, comercios, restaurantes y cafeterías de prestigio". El anuncio sirve casi como guía de turismo: "Además, s e encuentra a pocos minutos andando del emblemático Mercado de Colón y del Jardín del Turia, uno de los pulmones verdes de la ciudad , ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre". Este anuncio no es algo del pasado ya que se ha actualizado hace tan solo 22 días . Antes de acabar esta detallada descripción, se hace un último inciso: "Este anuncio no es vinculante, puede contener errores, se muestra a título informativo y no contractual" . En muchas ocasiones suelen tener un descuento notable por contar con okupas dentro , pero en este caso podemos encontrar un caramelito de 350.000 con regalo en el interior.

Las fuerzas de seguridad han rescatado esta noche a 12 personas de origen magrebí en una patera a 3,5 millas al este de las isla de Cabrera y han interceptado a otro grupo de 21 inmigrantes ya en tierra, en la zona de la Colònia de Sant Jordi , en el municipio de Ses Salines, al sur de Mallorca. El rescate en aguas de Cabrera por parte del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil , el Servicio Fiscal de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo, fue sobre las 22:50 horas del jueves, una embarcación en la que viajaban 12 personas, según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.  En el recuento oficial, esa patera fue la sexta de la jornada del jueves en Baleares , durante la cual fueron rescatadas en total 117 personas en dos pateras cerca de Formentera y otras cuatro en aguas cercanas a Cabrera. En cuanto a la primera patera llegada este viernes, el grupo de 21 inmigrantes de origen magrebí ha sido localizado en torno a las 4:00 horas de la madrugada en Colonia de Sant Jordi. Han intervenido la Policía Local Ses Salines y la Guardia Civil de los puestos de Santanyí y Campos. En lo que va de año han llegado al archipiélago al menos 2.398 personas en 112 embarcaciones , según el recuento de EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno. En 2024, arribaron a las islas de forma irregular por mar 5.882 migrantes, según el Informe Anual de Seguridad Nacional del Ministerio del Interior.

La presencia de personas sintecho que están pernoctando en los parques municipales trae de cabeza a usuarios, residentes e incluso a los propios trabajadores de parques y jardines de las subcontratas municipales. La inseguridad es una de las principales quejas de los empleados y advierten de la presencia de sintecho en Son Malferit, en el Parc Wifi y en el Krekovic. Toni Quetglas, presidente del comité de trabajadores del lote Levante de Parques y Jardines, contrato que se adjudicó Acciona, advierte que «en el parque de delante de Son Malferit «vive un hombre en una de las casetas de electricidad. En ese solar tiene dos perros de gran tamaño, que persiguen a los trabajadores municipales cuando entran allí para realizar labores de mantenimiento ». Los empleados dicen que su seguridad no está garantizada y aunque «hemos pasado nota al técnico y al gerente, no se ha solucionado nada» . Mientras tanto, Quetglas lamenta que «el Ajuntament sí que tomó medidas en el parque de Son Malferit, donde vivía una familia con niños. El solar fue cerrado con candado y ahora viven en una caravana que está aparcada justo al lado». El parque sigue cerrado y, denuncia Quetglas, no hay muestras de que se vaya a llevar a cabo ningún proyecto en breve, pese a que el Consistorio desahució a la familia con niños con el argumento de que había proyectado un punto verde y un punto negro. Respecto al Parc Wifi, un hombre sin identificar duerme cada noche en una de los juegos infantiles . En concreto, el que tiene forma de vivienda se ha convertido en un refugio, cuyas aperturas cierra con cartones. Los restos de basuras impiden que muchos niños puedan utilizar luego este juego. Además, en este mismo parque hay colchones que son utilizados para dormir al raso. Otro parque municipal con problemas es el Krekovic, muy próximo. Quetglas denuncia que «hace dos meses vinieron 15 policías nacionales» ya que la peleas entre los residentes de esta zona verde suelen ser muy habituales. Los trabajadores reconocen que algunos de estos sintecho son violentos y suponen un problema.

La paciencia de los vecinos de varias calles de la barriada de Pere Garau está llegando a su límite. Porque desde hace meses, un grupo de personas de etnia gitana en su mayor parte, ha okupado un solar abandonado en el cruce entre la calle L'Abat de Sant Feliu y Joan Mestre . Aseguran los residentes que ese terreno pertenece a la SAREB (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), según han podido averiguar. En su interior, una pila de metal desguazado y cribado se apelotona cerca de la puerta de acceso. A la sombra, intentando librarse de un sol abrasador, algunos de quienes trabajan allí descansan mientras una mujer trabaja con un viejo ventilador. Denuncian los residentes en esa zona los ruidos que provocan al trabajar con electrodomésticos, incluso los domingos por la mañana y en festivos, además de las malas formas e insultos que profieren a quienes intentan pedirles que paren su actividad. Explican los vecinos que, puntualmente, una furgoneta acude para realizar labores de carga y que, en ocasiones, han llegado a ser una veintena de personas en el solar okupado, entre ellos menores de edad. Han elevado sus quejas los residentes a la OAC de Pere Garau -dicen que una decena-, también al 010, pero no encuentran respuesta y empiezan a estar hartos de esta imagen, pero por encima de todo de los ruidos y el comportamiento de los okupas, molestos por la presencia de cualquier extraño que se asome a un terreno cuya puerta está abierta. Lamento Tampoco el Policía de Barrio ha conseguido avance alguno en esta problemática, denunciando los vecinos y propietarios de algunos locales de restauración próximos que estos okupas «usan el solar como un negocio más. ¿Qué pasaría si bajamos un día, montamos una barra, ponemos música y vendemos copas? Nos dijo la Policía que nos echaría. Pues lo mismo tendría que ser con ellos, ¿no?» , lamenta uno de los residentes en esas calles.  Además, relatan que se enfrentan a los vecinos, creándose situaciones de tensión y dilemas como el de dejar la zona. «Alguno se plantea vender su piso», asegura un vecino , quien lamenta imágenes desagradables como «cuando hacen sus necesidades allí, provocando malos olores. Además, depositan baterías, aceite... Incluso venden de las cosas que tiene por ahí alguna vez», prosiguen. Consultados los okupas, se muestran esquivos y dicen que el solar «ya está comprado» , desconociendo al nuevo propietario de un espacio dividido en dos partes, pues el fondo está perimetrado por unos palos y otra puerta de acceso cerrada. Ahí no se acercan los okupas, que se defienden de las acusaciones vertidas por los vecinos y recuerdan que «hemos limpiado el terreno, ¿no lo ve?», espeta una de ellas.

El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.

«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».

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Federico Álvarez siempre imaginó su nueva vida de jubilado como tranquila y feliz. Médico durante toda su vida -ha trabajado en los hospitales de Son Dureta y Manacor - a sus 78 años sin embargo vive un calvario. Recibió en herencia una vivienda en el término municipal de Sant Lluís (Menorca); una propiedad legada por sus padres y que en julio del año pasado fue okupada . « Es injusto que no podamos hacer nada por recuperar la casa que mi padre sudó para poder dejar a sus hijos », explica el hematólogo a este diario.

Cuando una sociedad deja de estar regida por la ley y el orden, se produce el colapso, la pérdida de confianza en las instituciones y en la capacidad del sistema para garantizar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Es en ese preciso momento cuando rige la “Ley de la Selva”. Expresión metafórica acuñada por Rudyard Kipling en 1984 en ‘El libro de la selva’ y que describe situaciones donde no existen normas, ni autoridad, ni justicia que regule el comportamiento humano y donde la voluntad del más fuerte, se impone sobre la del más débil. De forma que, cuando impera la “Ley de la Selva”, las acciones no tienen consecuencias y generan impunidad, inseguridad y desprotección constante, porque todo, absolutamente todo, sin excepción, nos puede ser arrebatado por la fuerza. Hoy algunos, sentimos, de forma profunda y con cierta frustración, esa sensación de indefensión, desprotección y vulnerabilidad, que escapa a toda lógica. Más aún cuando ya no se respetan las normas, no hay justicia ni equidad, no existe seguridad jurídica y personal que nos proteja en igualdad, causándonos con ello, un desamparo infinito ante la pasividad inaudita de quiénes deberían protegernos. Me refiero concretamente a la proliferación en nuestro país, de las ocupaciones ilegales de inmuebles que atentan de forma directa contra el derecho a la propiedad privada. No entraremos a valorar los elementos que hacen que dicha ocupación sea considerada un delito de usurpación (donde se requiere violencia o intimidación y que no se trate de vivienda habitual) o de allanamiento de morada, donde los jueces, en caso de ocupación pacífica, son reacios a calificarlos en este sentido, mientras los procedimientos de desahucio se eternizan y convierten en algo tortuoso, lento e ineficaz para quienes desean recuperar la posesión de lo que es legítimamente suyo por derecho. Y en este orden de cosas, debemos plantearnos si el derecho a la propiedad privada reconocido por el artículo 33 de nuestra CE y el artículo 17 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE debe ser protegido, o si debe imperar la “Ley de la Selva”. Porque proteger el derecho a la propiedad privada, supone: Incentivar el uso eficiente de los recursos, promover la inversión, el desarrollo económico y la creación de riqueza de una sociedad; Poner en valor los valores democráticos que defienden la mayoría de constituciones y tratados internacionales; Garantizar la autonomía personal frente al poder del Estado, permitiendo crear proyectos de vida propios en libertad; Fomentar la responsabilidad individual y el civismo al dotar a las familias de estabilidad y seguridad; Luchar contra la pobreza y la pérdida de libertades evitando lo sucedido en regímenes comunistas que han suprimido la propiedad privada y con ello han conducido a sus ciudadanos a situaciones de pobreza extrema y represión; Y favorecer la meritocracia al permitir que el esfuerzo tenga recompensa. En cuanto a la dicotomía entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, protegidos ambos constitucionalmente, Matilde Cuenca Casas en su artículo “La ocupación ilegal de inmuebles: un necesario enfoque global” (octubre de 2023), señala que no debemos caer en respuestas simplistas y demagógicas protagonizadas por ciertos sectores de la sociedad que confunden ocupación con pobreza, ya que muchas ocupaciones están instrumentalizadas por mafias que revenden llaves o explotan el sistema. Menos aún que se utilice políticamente este problema sin aplicar soluciones estructurales de fondo, porque no debemos olvidar que el derecho a la vivienda digna es responsabilidad de los poderes públicos y, ante la ineptitud e ineficiencia de aquellos, no debe trasladarse dicha obligación al sector privado. Por ello, defender el derecho a la propiedad no es incompatible con garantizar derechos sociales, sin embargo, tolerar la ocupación sin consecuencias, socava la seguridad jurídica y la convivencia democrática, y nos conduce al imperio de la “Ley de la Selva”. «La justicia sin la fuerza es impotente: la fuerza sin la justicia es tiranía. Solo cuando la ley reemplaza la ley de la selva puede florecer la libertad» (Theodore Roosevelt).

El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que adopte de forma “urgente” medidas para cumplir la orden que le dio en marzo pasado de hacerse cargo de más de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo

Ley y orden. Así resuena el decreto de seguridad que el Gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante tras la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento. La Cámara de los Diputados ya había dado luz verde al decreto (163 votos a favor, 91 en contra y una abstención) hace una semana, mientras que este miércoles fue el turno del Senado italiano, que ha dado vía libre al documento con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención. Si a nivel internacional Meloni se muestra como una líder moderada, la nueva ley de seguridad confirma su mano dura a nivel interno . Con la nueva reforma, habrá 14 nuevos tipos penales y nueve circunstancias agravantes que, en esencia, endurecen las penas y aumentan los años de cárcel en relación a delitos vinculados con la seguridad y el orden público . Uno de los aspectos más controvertidos, sin embargo, tiene que ver con casos directa o indirectamente relacionados con la libertad de manifestación y de expresión. "Con la aprobación definitiva del decreto de seguridad, el Gobierno italiano da un paso hacia adelante para reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres en uniforme", dijo la primera ministra italiana tras la votación del Senado y añadió que su Ejecutivo protege "a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos" y refuerza "las herramientas a disposición de las fuerzas del orden". No piensa lo mismo la oposición progresista, que se sentó en el suelo, en el centro de la Cámara Alta, como señal de protesta contra el Ejecutivo de Meloni. Mencionaron una "deriva autoritaria" y un sentimiento de "vergüenza" por la nueva reforma en materia de seguridad. Francesco Boccia, el presidente de los senadores del Partido Democrático (PD) y principal formación de la oposición progresista, denunció el exceso de "mociones de confianza" del Gobierno para que se aprueben sus reformas. "Este decreto es lo más lejano a nuestra cultura" , dijo el ex primer ministro y senador del partido centrista Italia Viva (IV), Matteo Renzi, aunque no participó en la sentada. A partir de ahora, no estará permitido manifestarse interrumpiendo el tráfico de calles, plazas, carreteras, vías de tren o la ejecución de obras públicas. Se establecen penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años en el caso de que conlleve la participación de muchas más personas. Uno de los aspectos más polémicos tiene relación con el hecho de que n o se hará ninguna diferencia aunque las manifestaciones no sean violentas . No se podrá protestar ocupando lugares públicos ni siquiera de forma pacífica de ahí que la oposición del país, con cierta indignación, hable de una norma "anti Ghandi" , en referencia al histórico líder indio símbolo internacional de la resistencia pasiva y la desobediencia civil dentro del marco de la no violencia. Revueltas en las cárceles y 'okupas' Aunque las cárceles italianas tienen un problema de sobrepoblación y preocupan los altos casos de suicidio, la nueva norma apuesta por penas de hasta cinco años de prisión para quienes sean responsables de instigar revueltas -uno de los nuevos delitos tipificados- y desobedecer las normas carcelarias. Se endurecen las medidas en el caso de se trate de centros de detención y de expulsión para extranjeros. En la filosofía "anti Ghandi" mencionada por la oposición y los principales medios del país, el decreto también castiga la resistencia pasiva que impida el desarrollo ordinario de las actividades dentro de las prisiones italianas. Otra de las novedades más destacadas tiene que ver con la acción de los okupas en viviendas privadas. Al igual que en otros países, en Italia los procesos judiciales para los desalojos pueden ser muy complejos y lentos. De modo que el nuevo decreto de seguridad trata de aportar respuestas más rápidas al respecto. Formalmente, el nuevo tipo penal de la ley italiana habla de castigar a quienes sean responsables de "ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas que van de los dos a los siete años de cárcel . La Justicia, a través de la policía judicial , podrá decretar de forma inmediata el desalojo de una vivienda okupada incluso sin esperar la orden de un magistrado. La ley considerará un elemento judicial favorable para los responsables si los okupas colaboran en la comprobación de los hechos y en el desalojo de los inmuebles. El Gobierno también ha aportado nuevos elementos en relación a los servicios de inteligencia. Las agencias de seguridad italianas , a partir de ahora, podrán participar en grupos terroristas y mafiosos para conseguir infiltrarse . En el ámbito terrorista, se tipifican nuevos delitos vinculados a la posesión de material que contenga informaciones acerca de cómo llevar a cabo actos terroristas , de cómo emplear explosivos y de cómo realizar delitos contra cargos del Estado.

Mohamed se cuela en la lista de nombres más comunes en Baleares. Según los datos actualizados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ocupa el puesto número 33 entre los 50 primeros por delante de nombres como Guillermo, Antoni, Ángel o Fernando. En Baleares viven 3.059 personas que llevan ese nombre , lo que supone el 0,5 % de la población de las islas. No hay un equivalente femenino para Mohamed y entre los 50 nombres más comunes de mujer no hay ninguno extranjero. Los datos facilitados por el INE señalan que en Baleares siguen dominando los nombres tradicionales de manera mayoritaria , aunque el cambio generacional trae consigo cambios en los nombres que se ponen a los recién nacidos. ¿Y cuál es el nombre más común entre los hombres que viven en las Islas? Como era de esperar, es Antonio, con 19.250 personas que se llaman así, a los que se suman otros 2.867 en su versión catalana, es decir, Antoni. Tras Antonio, los siguiente nueve nombres más comunes en los hombres son Juan (14.350 personas), José (11.352), Francisco (10.321) , Miguel (9.876), Manuel (7.716), Pedro (6.956), David (6.649), Jaime (6.584) y Daniel (6.376). Son los diez más comunes, a los que suman Rafael (5.690), Alejandro (5.645), Gabriel (5.594), Carlos (5.475), Miguel Ángel (5.405), y Marc (5.133), todos ellos por encima de los 5.000 residentes. En los nombres femeninos, el top 5 está encabezado por los cinco grandes nombres tradicionales de Mallorca : María (18.854), Catalina (13.514), Margarita (11.657), Antonia (11.612) y Francisca (11.205). Diez de cada 100 mujeres que viven en Baleares lleva alguno de estos nombres. A estos cinco nombres se suma María Carmen (8.835), Laura (5.791), Isabel (5.786), Marta (5.572) y Cristina (5.261). Ana María es el nombre restante que supera una frecuencia de 5.000 y llega a 5.171. El INE también ofrece datos sobre los apellidos más frecuentes en Baleares y la lista da una idea de la profunda transformación que han sufrido las Islas en los últimos años. Hay que bajar hasta el puesto 10 de la lista para encontrar un apellido catalán: Pons. Hay 8.410 personas en las Islas que tienen ese primer apellido. Antes que él aparecen García (21.774), Martínez (14.949), López (13.718), Rodríguez (13.609), Sánchez (13.289), Fernández (13.141), González (13.100), Pérez (10.544) y Torres (8.848). La estadística también da datos de los apellidos que llevan quienes han nacido en las islas y también en este caso García gana por goleada. Hay 12.101 nacidos en las Islas que llevan ese apellido. Por detrás se sitúa Martínez (8.670) y Pons sí aparece en tercera posición (8.390). El siguiente apellido balear más común, Serra, no aparece hasta el puesto 12 entre los nacidos en Baleares (4.765) y le siguen Riera (4.550) y Oliver (4.124).

Recientemente en un foro especializado se me preguntó sobre cómo era posible que en un año de recaudación tributaria récord para el Estado (2024) se manifestaran con tanta virulencia los fenómenos de la ocupación ilegal y otros muchos hechos delictivos derivados aparentemente de la inaccesibilidad a una vivienda que se recogen a diario en todos los medios de comunicación. No soy experto ni en fiscalidad ni en reparto tributario, lo que sí parece patente es que arrastramos un sistema de financiación ineficiente y caduco desde el año 2014; lo que agravia a las Comunidades que no cuentan con recursos ni competencias para afrontar problemas tan graves y que se producen en cascada como son: la migración ilegal, la superpoblación, la masificación, el incremento delictivo, la emergencia habitacional, la ocupación ilegal, el colapso de los recursos primarios y también de los servicios públicos y sistemas asistenciales locales, entre otros. Todas estas cuestiones, según los expertos, son síntomas y consecuencia directa de la inacción pública estatal, y que encuentra su paradigma en la proliferación del sinhogarismo a partir del año 2021 en todas las regiones de España. En un entorno europeo; el sinhogarismo constituye el mayor de los fracasos de un Estado; pero … ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Paradójicamente todos los problemas señalados se manifiestan e identifican en y con los Entes Locales, pero se tratan todas ellas de competencias exclusivas del Estado. Así: la política de fronteras, el otorgamiento de la nacionalidad española, los índices y límites demográficos de España, el ejercicio del poder coercitivo y punitivo de la nación, la Ley de Vivienda, la defensa de la Constitución española, las políticas comunitarias de transición ecológica y el reparto financiero para las políticas asistenciales son, residen y las ejerce unívocamente el Gobierno del Estado. Desgraciadamente Balears es centro y destino de las mafias y rutas de migración ilegales lo que supone que, desde hace años, miles de personas se incorporan a nuestra demografía, siendo 2024 un año tan prolífico que se incrementó hasta en un 168% el índice de migrantes, alcanzando la cifra de 6.000 nuevos residentes en las islas, solo en ese ejercicio. La cuestión no es si queremos sino si podemos acoger dignamente a los migrantes, y además hacerlo sin perjudicarnos. Lo cierto es que en los últimos diez años las islas han recibido más de 130.000 migrantes y números expertos vaticinan que pronto la mayoría de la población balear será de origen extranjero. Es evidente que todos deseamos dignidad y prosperidad a los recién llegados, pero eso supone un proceso arduo y largo como acredita la propia Historia de España y su compleja y belicosa transformación social que supuso un ímprobo esfuerzo para generaciones y generaciones de españoles que hoy ven cómo se les arrebatan por decreto todos sus bienes materiales e inmateriales, a fin de construir una nueva España sin españoles ni herencia. El Acogimiento internacional de migrantes no es una responsabilidad individual de los españoles sino del Estado que cuenta con más recursos que nunca para cumplir con sus deberes de acción pública y asistencia social. Por ello el sinhogarismo se proyecta como la consecuencia directa de una mala gestión pública estatal que no se debe trasvasar a los ciudadanos y menos recortando sus derechos constitucionales como son la tutela judicial efectiva, la propiedad privada y la herencia. Con medios y un 70% de territorio declarado como España vaciada, confiamos en que se reconduzcan todas las políticas estatales y se refuercen los derechos individuales de todos los contribuyentes mediante la urgente promulgación de una Ley Antiocupación para ampararnos bajo el imperio de la Ley y el Orden social. Como balear, considero urgente recuperar nuestra autonomía real para decidir nuestro modelo social intergeneracional. Del aquí y el ahora depende el futuro hábitat de nuestros hijos y nietos, y eso me parece demasiado Tributo al Estado. 

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Más de seis meses después de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la situación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación se ha podido reunir con algunos representantes del Partido Socialista en materia de vivienda. Sin embargo, en el encuentro ha quedado claro una vez más, según Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma, « la desatención y el desinterés total sobre nuestro problema». Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso, además de Bravo estaban presentes el portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Rodríguez Palacios , y el portavoz adjunto de vivienda del grupo socialista en el Congreso, Vicent Sarrià. Un encuentro, según cuenta el portavoz de las víctimas de la okupación a THE OBJECTIVE , decepcionante y «poco constructivo» en el que los representantes del partido en el Gobierno aparecieron «con una libreta en blanco, sin medidas ni cifras» . Además, para sorpresa de Bravo, el espíritu fue de confrontación constante . «Lo más curioso de todo es que nos dijeron claramente que veníamos de la mano de otros partidos políticos y durante toda la reunión hubo una confrontación política que además fue más allá del tema de la okupación y la inquiokupación, metiendo temas que no tenían mucho que ver», lamenta. Según el portavoz de la Plataforma, Rodríguez y Sarrià reconocieron que les tienen «vetados» porque creen que van de la mano de partidos políticos (PP y Vox) y que están representando una ideología en lugar de una realidad. «Me indigna soberanamente ser atacados por una cuestión ideológica cuando no tenían ni idea de cuestiones fundamentales sobre el problema acerca de cómo interviene la policía ante un delito flagrante o sobre los modelos de vulnerabilidad asociados al real decreto», lamenta Bravo. Carta a la ministra El pasado 18 de noviembre, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación denunció en el Congreso de los Diputados la infravaloración de la situación por parte del Ejecutivo. Los afectados siguen sintiéndose «ignorados» por el Ministerio de Vivienda y por la ministra , a la que llevan pidiendo audiencia desde que entró en el cargo . Este martes, otro de los puntos clave de la reunión era precisamente entregarles a los portavoces de vivienda en el PSOE una carta para hacérsela llegar en mano a la ministra Isabel Rodríguez. En ella recuerdan que desde que tomó posesión de su cargo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha remitido todoslos meses de forma telemática una solicitud de reunión para que reciba a los afectados por okupación e inquiokupación. En la misma señalan que la Plataforma es totalmente apolítica, sin ánimo de lucro y formada por «pequeños propietarios que sufren okupación e inquiokupación y por vecinos que padecen comportamientos incívicos en sus comunidades por la okupación mafiosa». En la carta señalan además que algunos de los integrantes de la Plataforma han perdido su única vivienda, ya que durante lapandemia se tuvieron que trasladar a otra ciudad por motivos de trabajo y arrendaron su vivienda para poder afrontar el pago de su hipoteca. Explican la situación en profundidad y solicitan, por enésima vez, una reunión con Rodríguez, ya que esta, consideran, «puede ser de gran utilidad para poder compartir posibles soluciones a la gran preocupación de los españoles». Inquiocupación en aumento Otra parte importante de la reunión fue cuando desde la Plataforma se sacó el tema de la inquiocupación (inquilinos que empiezan pagando el alquiler y que pasados unos meses dejan de hacerlo y a los que no se les puede desahuciar si son considerados vulnerables). «Rápidamente, negaron la existencia de esa palabra, solo se podían considerar impagos. Nosotros les dijimos que preguntaran a una familia que lleva cuatro años sufriendo esto y manteniendo a su inquiokupa sin pagar y sin poder echarles», asegura Bravo. «Esto lo que demuestra es que en ningún momento se han puesto del lado de los afectados y que no tienen esa empatía hacia las víctimas que somos».  Con respecto al decreto antidesahucios, que es el culpable de la creciente inquiokupación en los últimos años a juicio de los afectados y de los expertos del sector, «mostraron cierta preocupación». En este sentido, desde la plataforma solicitaron al grupo socialista que, ya que no va a derogar una norma «tan perjudicial», que al menos excluya a los propietarios de una sola vivienda en alquiler del mismo. «Tomaron nota, nos dijeron que lo plantearían, veremos», finaliza el portavoz de la Plataforma de Afectados.

Los propietarios de viviendas okupadas ilegalmente en una ciudad de España ya no enfrentarán cargos penales si deciden cortar el agua, la luz o el gas a los intrusos . Así lo determinó la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 7 de marzo, en un acuerdo histórico que unifica criterios judiciales y exonera a los dueños de inmuebles de ser acusados por coacciones al suspender suministros básicos.  La medida, respaldada por cerca de 60 magistrados de las secciones penales, marca un antes y después en la lucha contra la okupación ilegal, un problema que en 2024 generó más de 2.300 denuncias solo en Cataluña . Un giro legal frente a los okupas El documento judicial, al que ha tenido acceso este medio, establece que "el titular de una finca okupada no comete delito de coacciones si deja de pagar o mantiene cortados los suministros". Esta decisión revierte la interpretación anterior, que equiparaba el corte de servicios con una forma de presión ilegítima, castigable con penas de hasta tres años de prisión según el artículo 172 del Código Penal . Okupa atrincherado en El Kubo (Barcelona) La resolución llega en un momento de creciente frustración entre los propietarios, que hasta ahora debían asumir los costes de los suministros mientras esperaban meses —incluso años— por un desalojo judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , el proceso medio para recuperar un inmueble en España oscila entre 4 y 12 meses, dependiendo de la comunidad autónoma. Barcelona, pionera La Audiencia de Gerona había sentado un precedente similar en noviembre de 2024, avalando además los desalojos exprés en casos de okupación flagrante (menos de 24 horas). Este último punto, sin embargo, no fue incluido en el acuerdo de Barcelona, pese a su relevancia en episodios como los disturbios de Salt (Girona) , donde el desahucio de un imán y su familia desencadenó protestas violentas. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha calificado la medida como " un paso necesario ", pero insiste en que debe complementarse con reformas legislativas más profundas. En su último congreso sobre okupación ilegal, abogados de Barcelona, Madrid y Málaga propusieron crear un procedimiento civil urgente para recuperar propiedades en 48 horas y eliminar trabas burocráticas que equiparan a okupas con inquilinos legales.

Los okupas de Avingudes se atrincheran en la antigua sucursal bancaria El espacio ha sido sellado con una cerradura, siendo foco de inquietud para los residentes en la zona  La antigua sucursal bancaria okupada por un grupo de personas sintecho en plenas Avingudes de Palma ha sido cerrada por sus moradores, un grupo que en ocasiones ha mostrado actitudes incívicas y violentas contra los vecinos y residentes en esa zona de la capital mallorquina, próxima a dos centros escolares y muy frecuentada entre semana por trabajadores de diferentes empresas y negocios.

Pascual Ariño ha contado en laSexta Xplica cómo ha conseguido ser dueño de 15 propiedades: "Yo he sido policía durante 14 años; antes, trabajaba en el Telepizza, de repartidor, de todo, y cuando era policía y terminaba de trabajar, lo que hacía era ir a reformar pisos , y como no tenía dinero para la reforma, cogía los sacos de escombros y los subía yo solo, así como los sacos de cemento y de ladrillos". En este sentido, el inversor inmobiliario ha señalado que "se trata de coger una propiedad, sacar el mayor partido posible, venderla y comprar otras dos". "Yo he sido policía, llegaba justo a fin de mes y me ponía a hacer horas extra reformando mis propios pisos", ha insistido, tras lo que ha defendido que el problema actual "no son los rentistas, sino la falta de educación financiera".

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El madrileño aeropuerto de Barajas continúa siendo el lugar donde pernoctan y viven cerca de 400 indigentes , una situación que ha generado problemas de inseguridad para los empleados del Adolfo Suárez que denuncian peleas, robos y estafas y que su lugar de trabajo se ha convertido "en una ciudad sin ley". Recientemente, el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (ASAE) ha informado de que Aena ha recolocado a los indigentes, que llaman ocupantes no autorizados (ONA), a la planta 2 norte y en la planta 1 sur de la T4, donde hay unas oficinas que no se usan.  Fuentes de Aena informan de que continúan trabajando con las instituciones para resolver el problema de los indigentes , que se arrastra desde hace meses, y añaden que desde el aeropuerto no se ubica a los indigentes en ninguna planta, ya que no siempre están en las mismas zonas. Pero los trabajadores de Barajas no lo ven así. Un portavoz de ASAE explica que lo único que ha hecho Aena ha sido mover el problema: "Debido a las quejas de aerolínea Emirates, cuyos mostradores de facturación están en la T4 Planta 2 Sur, han trasladado el lugar para dormir a la T4 planta 2 norte, moviendo el problema a Boliviana de Aviación, American Airlines y la aerolínea israelí El Al, entre otras compañías". Durante los últimos meses, los trabajadores del Adolfo Suárez han denunciado la inacción de Aena ante diversas situaciones que ponen en riesgo su seguridad y la de los miles pasajeros que transitan por el aeropuerto cada día. La última de ellas, una plaga de chinches e insectos en la Terminal 4 que han llegado a picar a algunos empleados. Aena ha negado que exista tal plaga e informaron este martes a través de un comunicado de que "las tareas de limpieza e higienización de las instalaciones son constantes y siempre que se producen solicitudes de las personas trabajadoras". Ante las imágenes de operarios fumigando mostradores del aeropuerto, desde la sociedad aeroportuaria informaron que "se han llevado a cabo inspecciones y tratamientos de monitorización y prevención y en el momento en que se ha identificado algún insecto en puntos muy limitados y delimitados se ha actuado de forma específica". Indigentes durmiendo en la T4 del Aeropuerto de Barajas. E. E. Sobre este problema, la empresa especializada en desinsectación no ha determinado la existencia de una plaga en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Pero durante meses, el sindicato ha puesto el foco en los problemas de inseguridad generados por los indigentes que pernoctan en las instalaciones de Barajas, ya que muchos de ellos son conflictivos. El último incidente se produjo durante la noche del pasado martes 22 de abril, cuando dos mendigos comenzaron a increparse cerca de los mostradores 950 y 970. Después de realizar varios aspavientos y amenazarse, uno de ellos sacó un cuchillo y el otro un destornillador . Indigentes durmiendo en la T4 del aeropuerto de Barajas. Cedida Por fortuna, a pesar de las amenazas, no hubo que lamentar heridos. En un primer momento, se hizo cargo de esta disputa la seguridad del aeropuerto de Barajas y, minutos después, se personó la Policía Nacional que efectuó una detención a un hombre de origen brasileño de 44 años acusado de un delito de amenazas graves, que fue el varón que sacó el cuchillo. El otro hombre, ecuatoriano de 63 años, no resultó detenido por las autoridades, pero sí fue cacheado. Sobre esta pelea entre indigentes, desde Aena informaron que es la Policía Nacional quien tiene las competencias en situaciones de desorden público o incidentes con denuncia y recalcan que colaboran con las instituciones en este tipo de problemas. Pero los trabajadores de Barajas están cansados. Antonio Llarena , secretario de ASAE afirma que "Barajas se ha convertido en una especie de Bronx": "Los trabajadores de apoyo a pasajeros, usuarios y clientes (APUC) de Aena y nuestros médicos y enfermeras no están seguros. Tampoco lo están muchos empleados de limpieza, líneas aéreas, etc. Hay que desalojar Barajas ya y que Aena aplique las propias normas que cuelgan en sus carteles". De hecho, el pasado martes 22 de abril, el citado sindicato mantuvo una reunión con la subdelegada del Gobierno en Madrid, Pilar Trinidad . En ella, desde ASAE le trasladaron la problemática actual de inseguridad en el aeropuerto de Barajas. En esta reunión, Delegación y sindicato acordaron, como primera actuación, elaborar un censo con la filiación de las personas sin hogar que viven en el aeropuerto para determinar la casuística de cada persona y así poder ofrecer soluciones personalizadas, que se deberán consensuar en futuras reuniones. Por otro lado, fuentes del Ayuntamiento de Madrid informaron el pasado mes de abril de que están manteniendo reuniones técnicas con responsables de Aena, de la Delegación del Gobierno y de la Comunidad de Madrid con el objetivo de trabajar, de manera coordinada, para que todas las administraciones competentes puedan ofrecer una respuesta digna a las personas que viven y pernoctan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Fuentes del consistorio madrileño afirmaron que siguen realizando una intervención social a través de los Equipos de Calle con las personas sobre las que tienen competencia de atención: las personas sin hogar vinculadas a Madrid. Psicólogos y trabajadores están atendiendo a unas 70 personas actualmente, a las que tratan de acercar a los recursos municipales.

Pilar Pérez, la viuda gallega que lleva cinco años manteniendo a su inquiokupa y a la que incluso le embargaron la pensión por no pagarle el agua , ha logrado finalmente que el juez ordene su lanzamiento, sorteando así el polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en 2020.  " Por fin se ha hecho justicia ", dice la propietaria, que reconoce estar "contenta y cansada" a partes iguales, después de que, por fin, el titular del Juzgado número 4 de La Coruña haya accedido a revisar su caso y haya comprobado él mismo que si su inquiokupa es vulnerable —la coartada con la que los inquilinos que dejan de pagar el alquiler evitan el desahucio— es simple y llanamente porque ella quiere. No en vano, tal y como adelantó Libre Mercado , durante todos estos años, no solo ha rechazado numerosas viviendas sociales, sino que incluso logró un trabajo y que una fundación le pagase el alquiler . Con todo, el magistrado ordena a la inquiokupa que abandone la vivienda "dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de lanzamiento", pero, además, la condena a abonar el importe de las rentas impagadas hasta el momento de presentación de la demanda (1.890 euros), más todas "las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la restitución posesoria", lo que haría un total de más de 22.000 euros , según la propietaria. Relacionado "Han sido cinco largos años de sufrimiento que nadie me va a devolver , pero, finalmente, el juez ha reconocido que ella era vulnerable porque quería, porque se le han dado más que ayudas para no serlo, para no seguir robando lo que es mío, y ella las rechazó todas para seguir ahí fastidiándome la vida. Y esto no se puede permitir", insiste la popietaria. Un mensaje de esperanza Con la esperanza puesta en poder recuperar su casa lo antes posible, Pilar dedica esta sentencia a todas las víctimas de esta lacra, a quienes envía un mensaje de aliento: "Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida". Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida Para Xaime da Pena, de dP Abogados , esta sentencia supone "un hecho histórico " y todo un "hito" en la Justicia española, ya que podría marcar un antes y un después. " Es probable que marque las pautas para un gran número de procedimientos de esta naturaleza , ya sean futuros o que se encuentren ya en curso", advierte. Falsa vulnerabilidad Tal y como avanzó en su día Libre Mercado , a pesar de que inicialmente fue declarada vulnerable, a lo largo de estos cinco años, la inquiokupa de Pilar había rechazado hasta tres viviendas alternativas. Así lo llegaron a certificar los Servicios Sociales: " Fueron varias las viviendas ofertadas y visitadas y todas fueron rechazadas por la interesada ", reza el informe al que tuvo acceso este periódico. Por si fuera poco, en 2022, la inquiokupa logró un empleo y que una fundación se ofreciera a pagarle el alquiler. " La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería ", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de aquel año. " La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia. Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia , pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé , pero yo jamás he recibido ni un euro", denunció Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros. Un punto de inflexión A pesar de las evidencias, hasta ahora, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello no solo ha supuesto un punto de inflexión para Pilar, sino que podría marcar un antes y un después para el resto de las víctimas de esta lacra. Los afectados por la inquiokupación llevan años quejándose de que sus casos no se revisen, cuando es evidente que, después de tanto tiempo, la situación económica y laboral de sus inquiokupas ha podido cambiar . Precisamente por eso, esta sentencia supone un hito, porque abre la puerta a que otros magistrados sigan la estela del titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Coruña. Su decisión va en consonancia, además, con el compromiso adquirido el pasado 12 de marzo, por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona , quienes acordaron solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma . De esta forma, las víctimas de la ciudad condal tendrán al menos una oportunidad al año de revertir una situación que no solo les condena a la ruina sino que, además, les destroza psicológicamente. Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD .

El pleno de ayer en el Consell d’Eivissa sirvió para reflejar, una vez más, las diferentes recetas que el PP y la oposición de izquierdas tienen a la hora de abordar los problemas de la isla. Los socialistas, a través de dos mociones, reclamaron la retirada de los decretos urbanísticos y turísticos del Govern que han sido convalidados por el Parlament. No convencieron al equipo de gobierno, que votó en contra. En materia de vivienda, la socialista Elena López aseguró que el decreto aprobado «solo servirá para «beneficiar a los de siempre: constructores y promotores». «Es falso que construyendo más viviendas bajarán los precios, y ustedes lo saben», añadió la portavoz socialista, que insistió en que la solución es «limitar el precio de los alquileres». Por su parte, el vicepresidente Mariano Juan resaltó que el decreto aprobado «no afecta a Ibiza, sino a Palma». Con la tramitación parlamentaria, «tenemos un lienzo en blanco y la normativa dirá lo que quieran los ayuntamientos de Ibiza». En este sentido, Juan abogó por «crear suelo urbano tasado, no de vivienda libre. No se va a construir en el campo ni en los bosques. Se va a construir para residentes con un mínimo de años empadronados, vamos a pedir pisos asequibles, también de protección oficial y a precio limitado, que un porcentaje de pisos sea para los ayuntamientos y que dos terceras partes del suelo sea público además de pisos para colectivos específicos. Esto es lo que va a pedir Ibiza». Mariano Juan insistió: «Hay que poner suelo para residentes que lleven años y que (las viviendas) sean a precios razonables. Aquí no hay propuestas para la clase media ibicenca». El vicepresidente afeó QUE «la moción escrita desde Palma que ha presentado el PSOE» ignora la realidad de la isla de Ibiza, afirmando que existe alquiler turístico en plurifamiliares y recordó la dimisión del conseller Vericad en 2018 por votar en contra de la zonificación del alquiler turístico que proponían PSOE y Podemos. Mariano Juan echó en cara que los socialistas hablen de saturación turística «cuando ustedes fueron los que más licencias turísticas dieron en Ibiza. Del total de 2.200 viviendas turísticas, 1.600 las concedieron ustedes. De las 18.000 plazas que hay, ustedes dieron 12.000 plazas turísticas». La portavoz socialista respondió que estas plazas fueron fruto de la Ley Delgado de 2012 y que «las tuvimos que dar para no ir a prisión». Interpelación El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, interpeló al presidente del Consell sobre la creciente presencia de asentamientos de infraviviendas en Ibiza. «El problema se ha agudizado en un año, en el que hemos visto el dramático desalojo de Can Rova con centenares de personas y se han tomado cero medidas para solucionar esta situación. Mientras, ha habido una política criminalizadora de esta gente. En es Gorg no los desaloja, pero va a denunciarlos. La administración putea a la clase trabajadora de esta isla», señaló Rodríguez. Vicent Marí señaló que «los asentamientos son un riesgo, no solo para el entorno, sino para las personas que viven allí» y culpó del agravamiento de la situación a las políticas de vivienda de la izquierda El presidente del Consell d’Eivissa destacó que «no podemos fiarlo solamente a la VPO», a la vez que aseguró que «no se puede normalizar en Ibiza vivir en caravanas, tiendas de campaña, yurtas, ni demás infraviviendas». Finalmente, Marí tendió la mano a la oposición para que hagan propuestas en materia de vivienda. «Necesitamos crear esperanza y que la gente pueda acceder una vivienda a un precio razonable y limitado. Si aquí somos capaces de consensuar unas propuestas, en el Parlament no nos llevarán la contraria», apuntó Vicent Marí. EL APUNTE Rifirrafe entre PSOE y PPpor la hipotética incineradora El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el conseller socialista Víctor Torres, protagonizaron ayer el momento más tenso de la sesión plenaria. En el turno de preguntas, Torres se saltó el reglamento y en vez de ceñirse a leer las tres preguntas que llevaba preparadas sobre residuos criticó el proceso de participación ciudadana que el Consell d’Eivissa inició semanas atrás para decidir el futuro de la gestión de los residuos de la isla ante el cercano cierre del vertedero de Ca na Putxa. El socialista señaló que este proceso ha quedado «invalidado» ya que no se ofrece información sobre dónde se construirá la incineradora de residuos en caso de que ésta sea la opción escogida finalmente. «Es ofensivo que ustedes hagan un proceso participativo sin dar toda la información», apuntó el conseller socialista.  Vicent Marí le paró los pies a Torres y le contestó que lo que estaba haciendo era «demagogia». «Que diga que el proceso queda invalidado le descalifica a usted. Está avalado por técnicos de la casa y la empresa consultora más prestigiosa del país. Que venga a dar lecciones no se lo admito porque pone en duda la profesionalidad de gente con más estudios que usted y yo», le espetó el presidente. El Consell propone llevar los residuos a Mallorca o construir una incineradora y tratarlos en Ibiza.

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Hoy es noticia: Un informe de la AIReF alerta de que la presión demográfica está afectando de forma especial a Baleares por su intensidad El boom migratorio que sufren algunas comunidades, con especial mención a Baleares, está provocando un notable aumento del gasto en sanidad y educación y puede provocar tensiones y poner en jaque la sostenibilidad del sistema . Es una de las conclusiones fundamentales del informe ‘Documento técnico sobre la metodología de los modelos de sanidad, educación y cuidados de larga duración’ que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ( AIReF ). Los expertos de este organismo que vigila y controla la actuación económico–financiera alertan, además, de que no hay previsiones de que este aumento de gasto se modere. Cree que puede haber una mayor tensión en la sostenibilidad del sistema si la progresión demográfica se mantiene. En los últimos 20 años, Baleares ha recibido la llegada de 300.000 nuevos residentes, la mayor parte de ellos migrantes. Es un aumento de casi un 40 % de la población, muy por encima de la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma. En el conjunto de las comunidades, desde 2016 a 2023, el crecimiento promedio del gasto sanitario ha sido del 5,2 %. El informe señala que las comunidades de Canarias, Baleares, Madrid, Comunitat Valenciana y Catalunya las variaciones demográficas han supuesto un plus de gasto añadido. De ese 5,2 % de incremento total registrado, más de 1 punto es por el aumento de población. Es decir, más de una quinta parte de todo lo que se ha disparado el gasto sanitario es claramente atribuible al boom demográfico. Noticias relacionadas Lo mismo sucede con la educación. De hecho, en su informe, los expertos mencionan que ya se hizo un trabajo específico singularizado para comentar las especificidades del sistema donde ya se hacía referencia a los efectos colaterales de la explosión demográfica en las Islas. «En Canarias, Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana, Baleares, Catalunya, Madrid, Andalucía y Cantabria,  el gasto en educación creció en promedio por encima de la media», señala. Balears vuelve a estar en cabeza en esta materia. El gasto ha crecido muy por encima del 5 % para dar cobertura a la nueva demanda. El informe aventura que lo mismo está sucediendo en materia de cuidados a mayores , si bien en este apartado no tiene datos concretos para las comunidades autónomas. En este aspecto, aventura que Baleares puede no ser una de las comunidades más perjudicadas ya que los problemas de sostenibilidad afectan más a la más envejecidas, que no es la Comunidad Autónoma. La presión económica que señala la AIReF en su informe comparativo ya se nota en los Presupuestos de la Comunidad, que en los últimos años han visto cómo aumentaba la partida destinada al gasto social de forma que ya suma el 70 % del gasto total. El Govern trabaja en un nuevo presupuesto, que podría aprobarse en el Consell de Govern del próximo 16 de mayo , que recupera parte de las previsiones del que no se pudo aprobar en diciembre por el rechazo de Vox. La mayor parte de los más de 7.300 millones comprometidos se destinan a las áreas sociales básicas, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. El nuevo texto que negocian PP y Vox mantiene estas partidas. Punto de vista Mayor tensión Mónica González Como la masificación turística, la sobrepoblación también puede provocar un empeoramiento del entorno y una disminución en la calidad de vida. Ya ha comenzado, de hecho, a tensionar el gasto sanitario y el educativo. Ni siquiera las terribles dificultades para acceder a una vivienda digna parecen disuadir a los que llegan. Y a ello se suma en el horizonte cercano la llamada ‘gran jubilación’. Es decir, cada vez más pobla- ción y menos profesionales para atenderla bien Los datos La población total de las Islas a 1 de enero era de 1.244.394 personas El INE prevé actualizar esta mañana los datos de población a fecha 1 de abril de este año, pero a 1 de enero el número total de residentes era de 1.244.394 personas. De ellas, 352.551 han nacido en el extranjero. Representan el 28 % de la población total. El crecimiento se modera en Balears en los últimos meses La última estadística de población constata que el aumento se ha moderado de forma ligera en los últimos meses. En el cuarto trimestre de 2024 creció en apenas un 0,07 %, muy por debajo de la media de España (2,4 %). Problemas de diversa índole, incluidos en materia de vivienda La masiva llegada de nueva población a las Islas tensiona los servicios educativos y sanitarios pero también está detrás de algunos de los problemas de acceso a la vivienda ya que también hay un aumento general de la demanda. 

" Hace mucho tiempo que se deberían haber tomado medidas contra la masificación, pero a los geógrafos nunca nos hacen caso ", es la sentencia del catedrático de Geografía Humana Pere Salvà (Sant Jordi, Palma, 1950), sobre los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística ( INE) que revelan el gran crecimiento de población en Mallorca. La isla ha sumado 40.000 extranjeros y ha perdido 900 españoles en los últimos cuatro años . Salvà ejerció durante 50 años la docencia en la universidad . En su dilatada trayectoria, ha analizado el mundo rural y sus cambios territoriales , ha investigado sobre los recursos naturales de las islas y sobre los efectos del turismo en la sociedad. Tiene más de un centenar de artículos científicos publicados en revistas de todo el mundo, y es una de las voces más autorizadas para hablar de incremento de población en Baleares  Más de 40.000 extranjeros nuevos y la perdida de 900 españoles en cuatro años en Mallorca, ¿Cómo valora los últimos datos del INE? La bajada de españoles peninsulares se veía venir. Ya no existe el mismo flujo de inmigración nacional que existía a finales del siglo XX y esta ha sido substituida por una inmigración exterior. Una hipótesis es que esta fuga está relacionada con el problema de la vivienda. Muchos de estos españoles vuelven a su lugar de origen después de haberse jubilado para dejarle sus casas a los hijos. La última lección del geógrafo Pere Salvà en la UIB: “Me jubilo frustrado: no he llegado a ver políticas contra la masificación en Mallorca” Y, por el contrario, hay un gran incremento de la población extranjera. La inmigración laboral suele ser de países latinoamericanos, marroquís y subsaharianos, mientras que la residencial suele venir de países europeos como Inglaterra y Alemania. ¿Hay mallorquines que se van de la isla? Hay una pequeña parte de residentes mallorquines que se van. Esta es la emigración especializada que se va a Inglaterra, Alemania o a otros sitios significativos. Es gente que va a sitios donde tienen mejores oportunidades y huyen de nuestros problemas de vivienda. ¿No tienen oportunidades en Mallorca los jóvenes especializados? No y mira que aquí faltan médicos y enfermeros, pero no ofrecemos ningún atractivo para que se queden. Es una fuga de cerebros que si ofreciéramos una buena estructura no se produciría. En Palma es donde hay el mayor desbalance, con la salida de 5.000 españoles y la llegada de 20.000 nuevos extranjeros. En la ciudad es donde se concentra la gran mayoría de oferta. Palma representa más del 40% de la población de Mallorca y es donde viene más inmigración extranjera a trabajar. Además, es el sitio desde donde más peninsulares vuelven a sus comunidades de origen. Si seguimos esta línea en 40 años habrá más extranjeros en Palma que españoles Es posible que esto pase. Ya hay pequeños municipios donde la población nacida en el extranjero ya supone casi un 30% de la población total, como Alcúdia Andratx o Calvià. La gran mayoría de estos lugares son los que están especializados en turismo o la construcción. ¿Se tienen que tomar medidas para reducir la presión? Hace mucho tiempo que se debería haber hecho, pero no nos hacen caso. Según previsiones del INE, en 2037 habrá más de 300.000 personas nuevas en las Balears . Viendo como está siendo la evolución es lógico pensar que un 90% de esta gente vendrá del extranjero. Acabará Mallorca siendo como Hong Kong. (Risas) Sí, tendremos mucha diversidad de orígenes. Algunos lugares de la isla ya son así de multiculturales, sobre todo en los lugares donde hay una mayor cantidad de inmigrantes laborables. ¿Es necesario hablar de inmigración en la política? Es un debate que se debe poner en la mesa. Los partidos no lo hacen porque es políticamente incorrecto, sobre todo cuando hay elecciones cerca. El gran problema de la política es que se planifica cada cuatro años y nosotros deberíamos mirar a 15-20 años vista. Tenemos que pensar que la inmigración laboral viene a trabajar en sectores que nosotros rechazamos, pero si vienen 100.000 personas deberemos hacer 100.000 viviendas más a precios sociales. ¿Tenemos que cargarnos todo el campo para dar cabida a toda la gente nueva? Todo esto son preguntas que se deben formular. ¿Cómo se podría parar este crecimiento? Las islas son un lugar ideal para hacer un control, pero no tenemos las competencias. Ni tan siquiera podemos controlar las llegadas de pateras en el mar. Para moderar la inmigración necesitamos medidas estatales. Igualmente, la movilidad humana es muy difícil de parar, porque es gente que viene de áreas necesitadas en busca de un lugar donde tener una vida mejor. ¿Ha hecho algo este Govern para parar la masificación ? Nada, solo palabras. En dos años le Govern no ha hecho nada para parar los problemas de la inmigración y el turismo, pero no es el único. Los partidos políticos mallorquines solo ponen parches, no existe un plan estratégico. ¿Es complicado para los políticos hablar sobre la inmigración? Sí, porque no es políticamente correcto. Nunca se debate sobre los problemas de la inmigración porque a la mínima te llaman xenófobo. Piensa que es hablar sobre gente que está siendo muy explotada en sus lugares de trabajo. La temporada cada vez dura más. ¿Ha conseguido mallorca la tan ansiada desestacionalización? Esto es un problema, cuando se hablaba de este tema era para que en verano bajara la presión y que en invierno subiera un poco. Pero lo que nosotros estamos haciendo es mantener el verano y subir la temporada baja. A veces la estacionalización no es negativa del todo, porque son 3-4 meses de estrés territorial muy fuerte que se recupera en la temporada baja. En cambio, si mantenemos lo del verano todo el año la recuperación no será posible. El éxito del turismo llevará a un fracaso absoluto, no tendremos recursos ni físicos ni humanos y seguiremos con el estrés demográfico, laboral y la saturación.

La triste pérdida de un ilustre icono del regionalismo balear como lo fue, es y será don Pere Sampol, me impulsa a reflexionar sobre cómo este gran estadista se enfrentaría hoy al enorme reto que supone el actual contexto político y social que titula este artículo. El INE determina que el 30% de los habitantes de nuestras islas son extranjeros, cada año 12.000 nuevos migrantes aumentan este porcentaje. Mallorca roza el millón de habitantes, no en vano en los últimos 10 años más de 130.000 migrantes se han convertido en residentes en las islas Baleares. Casi la mitad de los actuales residentes insulares no ha nacido aquí. Somos la Comunidad Autónoma más mestizada de toda España con el 47% de habitantes no natos en las islas y de mayoría extranjera. Trato de imaginar qué nos diría Pere ante este escenario. ¿Qué opinaría sobre esta migración abusiva que colapsa y masifica nuestras islas? ¿Cómo pondría freno a las mafias de migración organizada que cada día inundan nuestras playas? ¿Cómo protegería nuestra tierra, los espacios públicos y la propiedad privada? ¿De qué manera defendería nuestra lengua en una isla de extranjeros? ¿Cómo lucharía por nuestra cultura y tradiciones si los mallorquines somos cada vez menos? Estimado Señor Sampol, como gran defensor de Mallorca y de los mallorquines, le echamos mucho de menos. Yo también me declaro regionalista, lo soy de mi padre y de mi madre, también de mis hermanos, de mi barrio, mis amigos y de mi colegio. Yo quiero ser autóctono, una persona con identidad propia y sentido de pertenencia. Quiero conocer y saludar a mis vecinos, sentirme seguro con todos ellos en el campo de fútbol, en el bar o en la plaza. Pere, te envidio porque en tus tiempos todo fue natural y sincero. Siento decírtelo, pero han arrasado con todo. De tu legado ya casi no queda nada. Sin mallorquines no hay lengua, no hay cultura ni tradición isleña. Todo se fue en una patera de ida y vuelta. Ahora todo es de todos: los idiomas, las casas, los servicios sociales, las religiones y todo lo demás. Madrid ordena y Baleares se desangra. Allá donde estés no te voy a engañar. En la isla que tanto amaste no quedan mallorquines, ahora todos somos multirraciales, multicolores, multiculturales, multisexo, multilingües y analfabetos. Ya no cuidamos del entorno, no pensamos ni discutimos. Desde Madrid nos dicen que somos tontos e improductivos, que mejor que no trabajemos y así nos darán una paga por no hacer nada. Son tiempos nuevos, donde no hay que esforzarse y mucho menos exigir o reivindicar en favor de los tuyos o de tu tierra. Siento decírtelo, pero los regionalistas se extinguieron. Ya nadie habla de este archipiélago, de su lengua, de su ecosistema y tampoco de nuestra legítima herencia. En tu ausencia el Estado nos impele a renunciar a nuestra Compilación de Derecho Civil Balear y también a nuestra Ley de Sucesiones autóctona. Debo decirte, Pere, que en estas islas ya nadie conoce su Derecho Foral ni reclama sus derechos históricos. De hecho, cada día se okupan e inquiokupan casas y más casas, muchísimas y en todas las islas, pero como los de Madrid dicen que si son vulnerables no pasa nada, pues los pocos autóctonos que somos estamos calladitos, a ver si se pasa el mal rato. Imagino que desde donde estés podrás comprobar que ya no somos llonguets ni pagessos y que nadie baila tus boleros. Los políticos ya no hablan de nosotros sino de los otros. Lo siento mucho muchísimo, pero de tu legado apenas queda nada. Aquí ya nadie habla del hecho insular, de nuestro mar o de nuestra tierra, de los espacios naturales, de nuestra propiedad privada, del pueblo o de la pertenencia. Nadie se atreve a hablar, así es como dilapidan tu herencia. Sin ti, Pere, nadie volverá a hablar del éxodo mallorquín fruto de la hambruna que sufrieron nuestros ancestros, allá en 1890. Sin ti nadie nos contará que las islas son limitadas y no aceptan los excesos. Dime qué opinas de que, desde Madrid, nos obliguen a ser islas masificadas y con fronteras abiertas a toda suerte de mafias. Señor Sampol, debo reconocer cuánto lamento no haber llegado a escuchar lo que Ud., como líder regionalista, hubiera trasladado a las miles de familias que lo han perdido todo por culpa de un inquiokupa disfrazado o de un okupa que por no estar no está ni reconocido ni censado. Dígame, ¿quién ordena este desorden? Ud. fue docto y un avanzado, por eso con o sin su ideario en común somos muchos los que ya le echamos de menos. Porque la tierra no tiene izquierdas ni derechas, tan sólo puntos cardinales que nos ayudan a organizar su legítima defensa. Ya solo somos el 50% pero aquí seguimos y si nos dejan aquí nos quedamos. Nos declaramos «mallorquines», pero es cierto que muy pronto ni en nuestra cuna seremos soberanos. Hemos muerto de éxito y nos han colonizado. Ya nunca sabremos qué pensabas sobre este desgraciado y desagradable eclipse local, se apagó tu voz regionalista y ahora somos islas huérfanas y okupadas. En mi opinión lo que importa no es el color político que uno proclama, sino el amor que uno emana por su tierra y por su gente. Confiemos que aún podamos recuperar, todos a una, el respeto por nuestras islas y aprender a defender lo que siempre fue nuestro para continuar con la labor de nuestros ancestros: transmitir a nuestros herederos su legítimo patrimonio y también nuestros valores, nuestras raíces y esa inconfundible esencia salada. Adiós, Pere Sampol. Las islas te recuerdan.

El portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, denunció este viernes por la tarde en Ibiza «el desamparo total» que sufren las víctimas de la usurpación de viviendas, lamentando también que son el eje de una campaña orquestada por el Gobierno para minimizar e invisibilizar el sufrimiento de las personas a quienes han okupado sus casas. Así lo aseguró Bravo, participante en la iniciativa del PP de Ibiza, ‘Objectius a Debat’, que en esta ocasión abordó el problema de la okupación ilegal de viviendas, el allanamiento y la inquiokupación. El foro fue moderado por el senador autonómico Miguel Jerez y contó además con el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Baleares, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular en materia de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. El presidente de la plataforma nacional recordó que ahora mismo registran en toda España unos 7.000 casos abiertos relacionados con okupaciones, casos que, según estadísticas, habrían crecido más de un 7% en el último año, aunque puntualizaron que hay muchas víctimas más que no aparecen recogidas en esos porcentajes puesto que algunas familias pueden decantarse por buscar vías extrajudiciales para solventar su situación. «En las estadísticas no se recoge ni un solo caso de inquiokupación. Nosotros los ciframos en unos 80.000 en toda España», insistió. Bravo lamentó que no se estén dando soluciones legislativas para acabar con esta lacra. También reconoció la sorpresa en la plataforma porque en Baleares, con la grave problemática habitacional, se están dando incluso okupaciones de barcos. «En las islas, vemos más las usurpaciones como síntomas de la situación, no como la causa», insistió. «En Baleares hay muchas segundas residencias que están siendo okupadas. Los extranjeros allanados desconocen los recursos existentes en España. Puede haber un número de afectados sorprendente que puede crear una alarma incluso internacional», advirtió Bravo. Según explicó también, el caso de la casa okupada en Sant Antoni llegó al Parlamento Europeo donde se comentó cómo llegó a actuar el pueblo para expulsar a los okupas. Consejos como contratar de inmediato a un abogado para saber cómo actuar ante una posible okupación fue uno de los consejos ofrecidos por Bravo puesto que, actualmente, «sólo se puede denunciar y esperar». Fausto Oviedo, por su parte, agradeció que el Partido Popular haya impulsado este debate social «tan necesario» al haberse convertido la usurpación de viviendas en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. «Y es normal porque se está legislando de forma desleal contra la Constitución para convertir el país en una España sin propiedad privada y sin herencia y esto es muy grave», consideró. El presidente de la asociación balear señaló que la okupación y la inquiokupación no son un reflejo real de la sociedad actual, sino que «son el resultado de la permisividad institucional ante las mafias».  «Desconozco las razones por las que se está erosionando la Constitución, pero estos fenómenos sólo demuestran el fracaso del actual Gobierno al ser un síntoma inequívoco de que existe un país donde no hay ley ni orden», criticó. Según añadió también, eventos como el de ayer sirven para brindar información a los ciudadanos y aumentar la conciencia social sobre la necesidad de lograr un cambio legislativo para contar con una auténtica ley antiokupación.

Bromea con que le llamemos ‘Capitán Jack Sparrow’ mientras sus compañeros, un grupo de personas sin hogar que duerme en el interior del Aeroport de Palma, escuchan atentamente los retazos de su última aventura. Es curioso, pero cuando lo cuenta, se ve ilusión en sus ojos . Aunque también sabe que ha cometido un delito grave robando el ‘Peregrin Tuk’; un velero de doce metros de eslora en el que navegó, junto a otro de los compañeros sintecho, durante dos días. Pedro M.V. cumplía los 59 años el pasado lunes 21 de abril cuando, según él, «decidí dar fin a la aventura y entregarme a las autoridades». Pasó su aniversario en el calabozo. Quiere dejar claro que, tras el robo de la embarcación , no fueron interceptados por la patrullera sino que fue él mismo quien contactó con el Canal 16, dio el aviso a Salvamento Marítimo y éstos, a la Guardia Civil. Los agentes acabaron por detener a los dos hombres la mañana del lunes a las 09.50 horas. Habían pasado más de cuarenta y ocho horas en el barco robado . La patrullera acudió al punto que indicó la radiobaliza desplegada. Según el testimonio del hombre, fue él quien avisó a Salvamento Marítimo porque «quería entregarme» «El velero era precioso», dice. Iba acompañado de un ex acaudalado empresario y patrón de yate que también acabó sin techo a causa de concatenar una serie de malas decisiones. El alcohol fue el detonante en la mente de ambos para cometer el delito . «Nos bebimos una botella de whisky en la terminal y luego, no sé cómo, llegamos a Ca’n Pastilla. Nos metimos donde los barcos y entramos en uno. Le gustó a mi amigo», cuenta. En el interior encontraron más alcohol y continuaron con su fiesta particular. Acabaron con dos botellas de ron, dos de tequila y una caja de cervezas. «Pero no había comida. Dicen que nos pusimos las botas, pero no es cierto. Beber sí bebimos», confiesa. Asegura que estuvieron de fiesta durante toda la madrugada y que partieron con el velero ya de día. Era la mañana del sábado 19 de abril. «No forzamos nada. Las llaves estaban en un canastillo muy cerca del bombín, junto al puesto de gobierno . Las cogimos, arrancamos y tiramos p’alante», narra convencido. Se dirigieron hacia Cabrera y dice que llegaron a abarloarse a la costa «para pedir tabaco, porque nos habíamos quedado sin». A pesar de ello siguieron adelante con su viaje inesperado, «teníamos alcohol y combustible en el velero». Según cuenta, luego volvieron en dirección a Sa Ràpita, encontrándose en el canal con olas de entre dos y tres metros . Llegaron a pasar dos noches en el buque. Pedro quiere compartir su historia para provocar una reflexión, aunque sabe que cometió un delito grave que ha afectado a otras personas «Él durmió en el camarote del capitán y yo en el otro, había tres en total», dice Pedro, añade que se despertó de madrugada y convenció a su compañero para dar aviso. «Tú no sabes lo que es estar en este agujero» , cuenta señalando los sacos de dormir de los sintecho con los que convive en el aeropuerto. «No nos dejan dormir aquí y por eso nos despiertan de madrugada, duermes en el suelo, no hay derecho a esto», cuenta con tristeza. Afirma que quiso escapar de la realidad por unos instantes. Sentir la libertad y la soledad de «navegar en silencio y bajo las estrellas» . Muchos pensaron que su intención era escaparse ya que llevaban todo su equipaje con ellos, aunque explica que fue para que no le tiraran sus cosas a la basura. Según sus cuentas, «a la velocidad que íbamos, podríamos haber llegado a Alicante», aventura. Aunque su estado, despierto aunque bajo los efectos del alcohol, dificulta pensar en esa posibilidad como veraz. «En parte sí lo hice por mi cumpleaños pero la verdad es que el alcohol nos dominó. Navegar sin ver a nadie, sin que venga la policía, poder dormir en un colchón, levantarte y ver el barco navegar, disfrutar», divaga. Le duele una costilla. Resbaló en el barco y se golpeó contra el picaporte del baño . Asegura que él también tiene conocimientos de náutica y que fue «patrón de embarcaciones de recreo con un barco de nueve metros de eslora», además de trabajar para Aena durante años. «Si no sabes navegar, te estrellas. Cuando él dormía, yo navegaba y viceversa, hemos devuelto intacta la embarcación . Es mentira que esté destrozada, ni un rasguño tiene», dice convencido. La propiedad del velero no piensa lo mismo. Asegura que los dos indigentes «vandalizaron» el interior de la embarcación y forzaron la puerta de la cabina . Pedro admite que «dejamos tiradas varias latas de cerveza, un cojín en el suelo, el mamparo caído, pero poco más. Con el oleaje se cayó también el platero». Se le nota la preocupación por las repercusiones; por mucho que pueda dar una imagen distinta, sabe que se ha equivocado. « Me arrepiento , esto me va a costar caro, perderé a mi familia y eso es lo que más me importa, me preocupa muchísimo», confiesa emocionado. Por otra parte, dice no tener miedo de entrar en la cárcel, «no tengo antecedentes pero igual no puedo pagar y entro por eso». Mientras habla, su mente vuelve a las horas en las que fue libre, navegando en el velero robado. «Ver el mar azul, olvidarme de todo lo que veo aquí todos los días , necesitaba una escapada, más que por mi cumpleaños, de la vida en general», dice. El detenido fue puesto en libertad el martes 22 y volvió al recinto aeroportuario. Allí nos contó que tiene conocimientos náuticos, al menos, como patrón de embarcaciones de recreo. «Pienso en donde estoy, quien soy y donde quiero ir, y como nada está saliendo bien, uno se vuelve rebelde» Pedro no se enorgullece de su hazaña, a pesar de que ha sido una de las pocas cosas que le ha hecho sonreír en los últimos tiempos. Es consciente del daño que ha causado a los afectados y una vez más, le ha hecho pensar en los errores cometidos a lo largo de su vida. Según cuenta, vivía en un chalet en Badia Gran y llegó a tener su propia embarcación. Lo perdió todo a causa de decisiones erróneas y la llamada ‘mala vida’. Con sangre andaluza, Pedro también escribe y toca flamenco; nos lo cuenta mientras nos lleva al rincón de Salidas, en Son Sant Joan , donde ha dormido los últimos siete meses. «Mira, aquí vivimos. Lo compartimos todo» , dice mientras le pido que baje la voz para no despertar a los demás. «No tengo esperanza en que las cosas vayan mejor, no veo la luz, ésa es la verdad, si la viera, no estaría aquí», sentencia. Sabe qué ha sido el protagonista de una historia sorprendente, de un delito que nadie esperaba. «Es una locura, lo sé», dice. «Si yo me levanto todos los días con sentimientos de rabia, frustración y melancolía, qué más da robar un banco», zanja. No habla en serio. O quizá sí. Pero mientras en su día a día pasan desapercibidos ante los miles de viajeros que recibe el aeropuerto de Palma ; estas últimas horas, a pesar de enfrentarse, según la calificación provisional, a una pena de entre uno y tres años; todos se paran a escucharle . Nada justifica un delito, pero quien no tiene nada, nada tiene que perder.

El primer combate judicial por la okupación de un piso en Ibiza con una anciana dentro se iba a celebrar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza . Sin embargo, se tuvo que aplazar a la semana que viene por un problema logístico del juzgado . Iba a ser un juicio rápido programado unas horas después de que el desencuentro llegara por primera vez al plano físico y diera pie a denuncias cruzadas por lesiones. Y es que el último puente que podía quedar en pie entre J. y Patricia saltó por los aires en la tarde del lunes, cuando por primera vez llegaron a las manos. El hombre estaba abandonando el piso cuando se encontró de bruces con la mujer, que en ese momento salía del ascensor. Se inició un forcejeo en el que también se vio involucrada la madre de ella, de 83 años. Resuelto el rifirrafe, J. y Patricia acudieron a distintos centros sanitarios en busca de atención médica. Él sufre excoriaciones en la región occipital y contusión frontal izquierda. Le curaron con yodo. Ella sufría dolor abdominal a consecuencia de un puñetazo y ansiedad. Le recetaron ibuprofeno y un ansiolítico. Ambos partes médicos van acompañados de sendos informes judiciales. El encontronazo en el descansillo del edificio se producía dos semanas después de que Patricia realizara un nuevo intento de diálogo con J. a través del siguiente mensaje.  "No sé qué pretendes. Me sacas de mis casillas con tu actitud. No entiendo cómo un joven de tanto provecho se pone en ese plan de querer perjudicar y vivir a costa del trabajo ajeno. A mí conseguir legalmente este piso me ha costado muchísimo esfuerzo y sacrificio. Yo no le perjudico nada a nadie, pero tampoco dejaré que se metan con mis cosas, lucharé por ello. Quiero que te vayas de la casa, de la casa de mi madre, que nos dejes en paz , que te busques un lugar. Yo no te he alquilado nada. Te di tiempo para que te fueras y te aprovechaste de eso. Aún estás a tiempo de irte y que esto no se convierte en un sinvivir para todos», le rogó, sin éxito, el pasado 26 de marzo.

El PP de Ibiza celebrará este viernes un debate sobre la «preocupante situación» de la okupación ilegal de viviendas en las islas con motivo de la nueva edición de la jornada ‘Objectius a Debat’. La cita, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el Centro Cultural de Jesús a partir de las 19.30 horas, según anuncia la formación. El foro contará con la participación del portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo; el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Balears, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ibicenco, Sara Ramón, valoró la campaña iniciada por su partido para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol , que «desbloquee» la ley del PP aprobada por el Senado, con la que se «permitiría echar a los okupas en 24 horas». Además, esta iniciativa contempla incrementar las penas y suspender la inscripción en el padrón municipal de los okupas, entre otras medidas.  «Pero Armengol bloquea esta ley, conocedora de que es una votación que saldría adelante en caso de votarse», criticó Ramón. En Ibiza, los socialistas también han elegido «seguir en el lado de los delincuentes y fomentar una práctica que cada vez afecta a más familias», añadió. La popular ha cuestionado que «una mala ley socialista» ha disparado las okupaciones en Balears, «situándola como la segunda comunidad con la tasa más alta». No obstante, Ramón aseguró que los populares llegarán al poder «en dos años» y desbloquearán esta ley.

A las seis y veinte de la mañana del pasado domingo las cámaras de seguridad del club náutico de Can Pastilla grabaron al velero ‘Peregrin Tuk’, de 12 metros de eslora, saliendo por la bocana del puerto. Dos indigentes iban a bordo del barco tras haberlo robado y se dirigían hacia el sur de Mallorca cargados con litronas de cerveza. Horas después se desorientaron en aguas de Cabrera y contactaron con Salvamento Marítimo para informar de que estaban a la deriva y les pidieron que transmitieran su posición a través de la radiobaliza. La patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil interceptó la embarcación y detuvo a los dos sintecho, españoles de 53 y 59 años. Los agentes recuperaron el barco y se lo devolvieron a sus legítimos propietarios. Los dueños del ‘Peregrin Tuk’ se sorprendieron al ver el estado en el que se encontraron el velero. «Han destruido el barco, lo han vandalizado», explicaba uno de los propietarios del barco, que pertenece a una familia. «El interior ha quedado muy lastimado por estos individuos que se emborracharon y dejaron una serie de litronas que no son nuestras». Los titulares de la embarcación lamentaron la inseguridad en el Club Marítimo de San Antonio de la Playa, en Can Pastilla. «¿Cómo pueden entrar estos dos individuos y llevarse el barco?», se preguntan. «Nos llama la atención que se activara todo el protocolo por la llamada de los indigentes», añaden. «Esta zona está llena de personas sintecho, hay dos poblados enteros, no podemos permitir más inseguridad». Los dos detenidos fueron trasladados por la Guardia Civil, ayer por la mañana, hasta los juzgados de Manacor. El juez de Instrucción número 2, en funciones de guardia, decretó su puesta en libertad. No quisieron declarar. La familia agradece al capitán Salas de la Guardia Civil su profesionalidad La familia propietaria del velero ‘Peregrin Tuk’, que prefiere no revelar su identidad, quiere agradecer al capitán Salas del Servicio Marítimo de la Guardia Civil su «profesionalidad» en el trato con ellos y su «comportamiento ejemplar». Los agentes interceptaron el barco cuando se encontraba navegando en aguas próximas a cabrera. Los dos tripulantes quedaron detenidos y fueron trasladados hasta el puerto de sa Ràpita. Las víctimas del robo recuperaron su embarcación: «Estábamos súper angustiados», aseguran.

Dos indigentes que habitualmente pernoctan en el Aeropuerto de Palma , uno de ellos con conocimientos náuticos, decidieron dar un vuelco drástico a sus penurias cotidianas. Así, el domingo robaron un velero de 12 metros de eslora y se echaron a la mar. Después de comer y beber todo lo que toparon en la embarcación, su singladura se puso fin abruptamente en sa Ràpita. Tras quedar el patrón inconsciente y el otro sin posibilidad de llevar el timón, embarcaciones de Salvamento Marítimo acudieron a su rescate y efectivos del S ervicio Marítimo de la Guardia Civil procedieron a su abordaje y posterior detención. Los dos indigentes habían encontrado acomodo en el Aeropuerto de Palma . Hastiados de las penurias, uno de ellos trató de sacar partido de sus conocimientos náuticos y le propuso al otro aventurarse en una particular odisea. Así ambos se dirigieron la mañana del domingo al club náutico San Antonio de la Playa de Can Pastilla. El patrón potencial reparó en un velero de doce metros de eslora y le convenció de que ambos podrían zarpar y echarse a la mar. Durante la travesía los dos indigentes reconvertidos en marinos dieron buena cuenta de la comida y, sobre todo, de la bebida que albergaba la embarcación. Hasta tal punto de que el patrón y el único de los dos con conocimientos náuticos se quedó inconsciente. Su acompañante empezó entonces a sentirse desvalido. El único ocupante que se encontraba consciente no tenía la menor idea de gobernar el velero y su mayor preocupación entonces pasaba por encontrar la fórmula para que alguien acudiera en su auxilio. Después de manipular la radio, consiguió establecer contacto con Salvamento Marítimo. Sin embargo, el tripulante del velero no tenía la menor idea de transmitir cuál era su posición. El primer consejo que le dieron fue que activara la radiobaliza para que pudieran acudir en su auxilio. Sin embargo, este no encontró la fórmula para poner en marcha el dispositivo. Ante la manifiesta incapacidad que presentaba el interlocutor para actuar ante esta emergencia, los expertos de Salvamento Marítimo le propusieron una solución drástica: arrojar al mar la radiobaliza para que se activara automáticamente nada más entrar en contacto con el agua. El incompetente ladrón del barco siguió las instrucciones que le marcaron los expertos al pie de la letra para que le rescataran. Aunque eso le pudiera suponer que acabara detenido junto con su compañero de fatigas. Dicho y hecho. Nada más entrar en contacto con el agua del mar, la radiobaliza posicionó con exactitud el lugar donde se encontraba la embarcación sustraída y sus dos ocupantes. Los servicios de emergencia tenían constancia de que se encontraban ante una embarcación robada. A continuación un dispositivo especial se movilizó hacia el lugar que marcaban las coordenadas de la radiobaliza después de haber sido lanzada al mar. Salvamento Marítimo movilizó un remolcador para hacerse cargo del velero robado y una lancha para ocuparse de los ladrones, reconvertidos en náufragos. Detención Al tener constancia de que se encontraban ante dos presuntos ladrones, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil desplazó la patrullera Río Gállego para actuar ante los delincuentes. Tras divisar a la deriva el velero ‘Pelegrin Tuk’ , de 12 metros de eslora, y sabedores de que había dos delincuentes en el interior los efectivos del instituto armado adoptaron las debidas precauciones y procedieron al abordaje de la embarcación al sur de sa Ràpita. Lejos de oponer resistencia, los dos indigentes recibieron con cierto alivio la llegada y el abordaje del velero efectuado por los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su alocada singladura había llegado a su fin de forma abrupta con la detención de estos dos individuos. Mientras, el personal del remolcador de Salvamento Marítimo se encargó de amarrar la embarcación de manera provisional en el muelle de sa Ràpita.

Inseguridad jurídica: el enemigo silencioso del crecimiento económico En el debate público sobre los grandes desafíos económicos de España, rara vez se menciona con la suficiente claridad uno de los factores que más daño está haciendo a nuestro modelo productivo: la creciente inseguridad jurídica. Este fenómeno, que avanza casi de forma silenciosa pero firme en estos últimos años, está erosionando con rapidez las bases sobre las que se ha sostenido buena parte del crecimiento económico español en las últimas décadas. Atraídos por su clima, su calidad de vida, su localización estratégica, la estabilidad dentro de la Unión Europea y un marco jurídico que garantizaba la propiedad privada, durante años nuestro país se había convertido en uno de los principales destinos para la inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años este escenario ha cambiado radicalmente. La propiedad privada, tradicionalmente protegida en los países de nuestro entorno, se ha convertido en un bien cada vez más expuesto a vaivenes políticos y normativos, que han introducido un nivel de incertidumbre desconocido hasta ahora en España. La actual inseguridad jurídica, marcada por la proliferación de normativas intervencionistas en el mercado inmobiliario, las trabas a los desahucios incluso en situaciones flagrantes de impago, la aparición de la ambigua figura del vulnerable y el auge de las ocupaciones ilegales, todo ello amparado por una saturación desesperante de los procesos judiciales, están enviando un mensaje muy claro a los inversores: España ya no es un país seguro para invertir. Y cuando el capital recibe ese mensaje, actúa en consecuencia. La inversión extranjera directa en el sector inmobiliario español cayó un 15% en 2023 respecto al año anterior, según datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No es un fenómeno aislado, sino una tendencia que empieza a consolidarse. Cuando la inversión se frena, no es solo un problema para inversores o constructores, sino que toda la cadena de valor se resiente. El resultado está a la vista: caída de la inversión, fuga de capital extranjero en favor de otros países, contracción de la oferta de vivienda y, paradójicamente, subida de precios. Pero si hay un fenómeno que refleja de forma paradigmática la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario español es el de las ocupaciones ilegales. Lo que en otros países de nuestro entorno se resuelve de manera rápida y eficiente, aquí se ha convertido en un auténtico calvario para los propietarios. Los procesos judiciales se alargan incluso años, y la protección al ocupante ha llegado a extremos incomprensibles desde el punto de vista de un sistema económico que históricamente se ha basado en el respeto a la propiedad privada para su estabilidad y desarrollo. El binomio turístico-inmobiliario España ha sostenido su crecimiento económico en las últimas décadas sobre dos pilares fundamentales: turismo e inmobiliario. Ambos sectores no son compartimentos estancos, están profundamente interrelacionados, y representan juntos cerca de un 25% del PIB, generando millones de empleos. Por ello, la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario representa un grave obstáculo para el desarrollo sostenible de economías fuertemente dependientes del turismo. La falta de seguridad jurídica no es, por tanto, un problema menor o aislado. Es un riesgo sistémico que pone en cuestión la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. La inestabilidad normativa, el intervencionismo desbordado y la falta de respeto a la propiedad privada están expulsando a los inversores, reduciendo la oferta de vivienda, alimentando la economía sumergida, afectando al empleo y debilitando la imagen internacional de España como destino de inversión y turismo, en favor de otros destinos competidores. La imagen internacional de un destino turístico se basa, entre otros factores, en la percepción de seguridad y calidad de vida. Las noticias sobre ocupaciones ilegales, la percepción negativa sobre la seguridad y el orden, o inacción de las autoridades proyectan una imagen negativa que puede afectar directamente a la captación de nuevas inversiones en nuestro país. Un frenazo en el desarrollo de infraestructuras turísticas genera una oferta turística envejecida y menos atractiva, lo que reduce la capacidad de competir frente a destinos más modernos y seguros legalmente, y disminuye la afluencia de turistas, preocupados por posibles problemas legales o por el deterioro del entorno. El turismo moderno depende en gran medida de la calidad de la infraestructura y servicios ofrecidos. Si la inseguridad jurídica paraliza el desarrollo o la renovación de la oferta turística, ésta se vuelve obsoleta frente a otros destinos, y esto lleva a una pérdida de competitividad regional frente a destinos que sí garantizan estabilidad legal y seguridad patrimonial. Sin inversión, no hay renovación. Sin renovación, no hay competitividad. Y sin competitividad, el destino pierde atractivo. Las Islas Baleares: las grandes damnificadas En regiones tan dependientes del turismo como son las Islas Baleares, este fenómeno adquiere una dimensión aún más preocupante. Baleares es la comunidad autónoma con mayor dependencia del turismo en España, representando el 45% del PIB. Si a ello le sumamos el sector inmobiliario, estos dos motores económicos representan más del 65% para la economía balear. En este contexto, los efectos que la inseguridad jurídica está generando sobre las Islas Baleares —como resultado del complejo entramado normativo estatal que está socavando de forma inusual el derecho a la propiedad privada— son casi tres veces más intensos que los que se observan en el conjunto de la economía española. En consecuencia, la inseguridad jurídica para la propiedad privada representa una amenaza estructural para todo el modelo turístico balear. Hoteles, resorts, complejos residenciales turísticos, segundas residencias y servicios de infraestructura (centros comerciales, puertos deportivos, restaurantes, etc.) dependen de un marco legal claro, transparente y estable. No olvidemos que el turismo residencial —más sensible aún si cabe a los efectos de la inseguridad jurídica inmobiliaria—, representa tradicionalmente una vertiente estratégica dentro del modelo turístico balear, un sector que complementa el turismo tradicional y que dinamiza de manera intensa el tejido económico local. El turismo residencial atrae a visitantes de poder adquisitivo medio-alto durante todo el año, dinamiza el sector inmobiliario e impulsa servicios vinculados de calidad, generando miles de puestos de trabajo. Se trata de un turista que no busca la masificación, en muchas ocasiones impulsa la revitalización de zonas rurales o menos saturadas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para modelos de desarrollo turístico sostenible. En definitiva, el llamado “turismo de calidad” no es una etiqueta vacía: se trata de un perfil de visitante que gasta más, permanece más tiempo, busca experiencias culturales y gastronómicas, valora la exclusividad y, sobre todo, exige un entorno ordenado, limpio, seguro y profesional. Pero este turista no tolera la inestabilidad. Cuando percibe desorden urbano, inseguridad jurídica, cambios legislativos arbitrarios, conflictos sociales o degradación del entorno, simplemente cambia de destino. Cuando un destino turístico pierde su atractivo para el visitante de calidad y al mismo tiempo se convierte en un territorio de residencia permanente para aquellos más vulnerables, el modelo económico empieza a mostrar grietas estructurales. La estacionalidad se acentúa, los ingresos fiscales se reducen, la imagen exterior se deteriora y los conflictos sociales aumentan. El destino se convierte, paulatinamente, en un espacio saturado, con una economía de bajo valor añadido, escasa cohesión social y limitada proyección futura. Las Islas Baleares son, hoy por hoy, un claro ejemplo de este doble fenómeno en acción. Por un lado, un fuerte crecimiento de la población residente extranjera, aún atraída por las oportunidades de empleo rápido que ofrece una economía basada en los servicios —aunque estas sean en muchos casos precarias—, que han convertido a la región en un polo natural de atracción migratoria, especialmente para trabajadores de baja cualificación. Por otro lado, el socavamiento de la capacidad del destino para atraer y fidelizar el denominado “turismo de calidad”, que provoca una expulsión progresiva del visitante de mayor poder adquisitivo, que es precisamente el que genera mayor valor añadido, impulsa la inversión privada y eleva la recaudación fiscal. La pérdida de este segmento supone una reducción directa de la rentabilidad del sector turístico y una menor capacidad de reinversión en infraestructuras y servicios. Si no se revierte esta tendencia, la economía balear —altamente dependiente del turismo— será la que en este caso se convertirá en vulnerable, perdiendo competitividad frente a otros destinos emergentes mejor posicionados. Amenazar estos sectores por un exceso de intervencionismo o por la falta de seguridad jurídica no es solo un error; es un riesgo estratégico. Las Islas Baleares no pueden permitirse este lujo. Más que ninguna otra región, deben asumir un papel de liderazgo firme y decidido en la defensa del derecho de propiedad privada frente a las injerencias del Estado, sin ambigüedades ni concesiones. La seguridad jurídica no es una cuestión ideológica. Es una condición imprescindible para el progreso económico y social. No se trata de proteger solo al propietario o al inversor; se trata de proteger la economía en su conjunto. La sostenibilidad de la economía balear pasa necesariamente por garantizar este marco normativo estable, transparente y predecible para la recuperación de la confianza inversora.  Lo contrario es avanzar hacia un escenario de menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor conflicto social. En definitiva, cavar la tumba de un modelo económico que, con sus luces y sombras, ha permitido a las Islas Baleares prosperar en las últimas décadas. Y lo más preocupante es que, cuando los inversores y los turistas se van, volver a recuperarlos no es cuestión de meses, sino de generaciones.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha puesto en su punto de mira a herencias y a herederos . El pasado lunes, el líder del PSOE compareció para anunciar su enésimo plan de vivienda , aunque una parte de su discurso se lo dedicó a las casas que los padres legan a sus hijos tras su fallecimiento. En plena escalada de precios de la vivienda y tras 6 años de mandato, Sánchez presentó 12 medidas inmobiliarias para intentar solucionar un problema causado, principalmente, por la falta de oferta . Sin embargo, el plan de Sánchez gira en torno a más dinero público, más impuestos, un nuevo chantaje a los propietarios y medidas liberticidas, lo que no augura ninguna solución.  Amenaza velada a las herencias Dentro de sus propuestas relativas a la vivienda, en el discurso de Sánchez llamaron la atención unas declaraciones que ya han sido interpretadas como una amenaza velada a los herencias. "Nos estamos enfrentando a un problema grave, muy serio, de enormes implicaciones sociales, económicas y políticas que exige de una respuesta decidida del conjunto de la sociedad y, por tanto, de las instituciones públicas" señaló Sánchez. "Y si no lo hacemos, la sociedad europea y española va a acabar dividida en dos clases de personas: las que reciben una o varias casas de sus padres , y pueden por ello dedicar el grueso de sus ingresos a formarse o viajar, y las que se pasan la vida trabajando para pagar un alquiler y llegan a la vejez sin ser propietarios de la casa en la que viven" añadió. Alrededor de esta reflexión de Sánchez surgen numerosas incógnitas. Las principales son ¿cómo piensa evitar el presidente del Gobierno que haya herederos? ¿está planeando algún tipo de traba? También cabe preguntarse si es que el líder del PSOE cree que las herencias son un juego de suma cero , en las que, cuando aumenta el capital de los herederos disminuye el de los inquilinos. Resulta llamativo que en las dos Españas de Sánchez no existan los ciudadanos que se compran su propia vivienda con su esfuerzo y trabajo (ya sea para vivir o como inversión para alquilar). Tras escuchar las palabras de Sánchez, el abogado de Herencias.es , David Fernández, considera que la táctica del líder del PSOE es "la del globo sonda: decir una bestialidad para que cuando intervenga parcialmente en las herencias vía impuestos , la gente se vea aliviada". El letrado señala que para prohibir las herencias "Sánchez tendría que modificar el Artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia, y no va a llegar hasta ahí". Fernández añade que "si se prohibieran las herencias, se dispararían las donaciones, ¿también prohibiría las donaciones? No tiene sentido". Montero quiere subir Sucesiones Cabe recordar que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , tiene un especial interés recaudador sobre el legado de los fallecidos. Y es que, la socialista lleva clamando por subir Sucesiones en las regiones donde lo tienen más bajo desde que fuera consejera de Hacienda en Andalucía con el equipo de Susana Díaz. Hace unos meses, la socialista volvía a apostar por la "armonización fiscal" y, en concreto, por aumentar la tributación a las herencias en las regiones que tienen el Impuesto de Sucesiones más bajo o desaparecido, como Madrid o Andalucía. Ya lo ha hecho con Patrimonio, y todo apunta a que el siguiente paso será Sucesiones. Además, la de las herencias no es la única amenaza del Ejecutivo a los propietarios de vivienda en los últimos meses. En el marco del 41 Congreso Federal , el PSOE planteó una extensa batería de medidas económicas entre las que destacó la aplicación de "un impuesto especial progresivo a la propiedad a partir de la tercera vivienda ". De momento, no se conocen más detalles.

El conocido abogado mallorquín, Carlos Barceló , ha conseguido algo nada frecuente. Ha convencido al juzgado de Instrucción número 4 de Palma para proceder al desalojo exprés de un grupo de personas que había okupado una vivienda en la capital balear en tan solo diez días. Según ha podido saber OKBALEARES , ante el delito de usurpación de vivienda denunciado, el letrado remitió un escrito al juzgado interesando el desalojo «como medida cautelar». Y el juzgado, estimando la petición, ha ordenado el desalojo de las personas que se habían hecho fuertes en la vivienda. La petición de medidas cautelares apenas tiene precedentes en España y mucho menos con resultado exitoso. Barceló no ha llegado a utilizar la nueva legislación. Con la anterior le ha bastado para desalojar a los okupas.  Los propietarios de una vivienda de alto standing en una zona privilegiada de Palma denunciaron ante la Policía Nacional los hechos, la okupación de la lujosa vivienda por un grupo indeterminado de personas formado por un matrimonio y otras personas que no han sido identificadas. Acto seguido, acudieron al despacho de Carlos Barceló para que llevara la tramitación judicial para conseguir su expulsión. Es algo para lo que normalmente la demora es de meses o años en los peores casos. Con lo que nadie contaba es que al abogado se le ocurriera pedir medidas cautelares el primer día que asumió el caso. A los diez días la policía, por mandato judicial, los expulsó de la vivienda. Baleares es una de las comunidades con más viviendas okupadas, según refleja un informe del Instituto de Estudios Económicos. En concreto, señala que el índice de ocupaciones en relación con el número de viviendas vacias por comunidades autónomas de las Islas es de 113. Desde el citado organismo explican que se ha tomado como base 100 para el conjunto de España, por lo que el peso de la ocupación sobre las viviendas vacías en las Islas es mayor que en el total nacional un 13 %. Se trata de «niveles relativamente altos de okupación en relación con sus viviendas vacías», señalan desde el citado organismo . Baleares tiene actualmente un total de 518 viviendas en venta con okupas, lo que supone un 1,7% del total de inmuebles que hay a día de hoy en el mercado. La gran mayoría de ellas se encuentran en Palma, donde hasta 213 viviendas que se venden están okupadas (2,9%), según datos del cuarto trimestre del año pasado del portal inmobiliario Idealista. Se trata de un fenómeno que hace unos años era completamente inexistente en España y ahora las viviendas en venta con okupas suponen el 2,6% de la oferta en todo el país. Y es que este primer estudio revela que un total de 20.464 viviendas en venta de toda España reconocieron sufrir un proceso de okupación durante el cuarto trimestre de 2024. Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.

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Cinco miembros de un clan familiar fueron condenados ayer a penas que suman ocho años y medio de prisión por utilizar pisos okupados en Palma para cultivar grandes cantidades de marihuana con las que luego traficaban. Los procesados disponían de cuatro inmuebles en Son Gotleu y La Soledat , donde habían realizado conexiones ilegales a la red eléctrica para no pagar el abultado consumo de los sistemas para cultivar las plantaciones. En el juicio, tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados, la Fiscalía y la letrada de Endesa, se declararon autores de delitos contra la salud pública, grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico . Además, deberán indemnizar a la compañía suministradora con 73.000 euros. Uno de los acusados, además, confesó otro delito de tenencia ilícita de armas porque tenía una escopeta de cañones paralelos sin licencia. Otro encausado fue absuelto al retirarse los cargos contra él. Los cinco procesados, miembros del clan del Cauta, fueron detenidos en octubre de 2022 por agentes del grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional. Los agentes llevaban meses indagando sobre las actividades del grupo y averiguaron que tenían con cuatro viviendas en Son Gotleu y La Soledat, varias de ellas okupadas . Los domicilios se habían reconvertido en invernaderos en los que habían instalado grandes plantaciones de marihuana. Los investigadores estimaban que podían producir unos cinco kilos de cannabis cada mes, que vendían a otros grupos de traficantes asentados en las mismas barriadas. La Policía Nacional llevó a cabo un operativo tras varias semanas de pesquisas y registró los cuatro pisos vinculados al clan. Encontraron casi 400 plantas de marihuana en diversas fases de crecimiento y abundante material para fomentar su crecimiento, como aparatos de aire acondicionado, lámparas, extractores y filtros . Todo estaba conectado a la red eléctrica mediante enganches ilegales , lo que les permitía ahorrarse las facturas y al mismo tiempo no levantar sospechas por el elevado consumo que generaban las plantaciones. En una de las viviendas la Policía encontró también una escopeta de cañones paralelos en buen estado y con capacidad de ser disparada. La operación culminó con la detención de cinco miembros del clan, tres de los cuales pasaron medio año en prisión preventiva por orden judicial.  Cuatro delitos La Fiscalía les imputó delitos contra la salud pública, integración en grupo criminal y defraudación de suministro eléctrico, así como otro de tenencia ilícita de armas para el propietario de la escopeta. Por ellos, el ministerio público solicitaba condenas de entre cuatro y cinco años de prisión para cada uno de los procesados, así como sendas multas de 100.000 euros y que indemnizaran con casi 73.000 euros a Gesa-Endesa por el consumo de energía que no pagaron durante los meses que tuvieron en marcha las plantaciones de marihuana.

El juez decano en Ibiza, Sergio González Malabia, consideró este miércoles que la nueva Ley Orgánica 1/2025 que entra en vigor este jueves «no cambiará mucho» la respuesta judicial en casos de okupación. «En algunos supuestos se podrán mejorar plazos. Si realmente se pretende agilizar procedimientos, las medidas deberían ser de mayor calado y no quedarse en la superficialidad», señaló. Según recordó el magistrado, la nueva ley contempla, entre otros aspectos, modificaciones procesales en todas las jurisdicciones. Aunque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tiene la «supuesta intención» de agilizar procesos relacionados con los temidos casos de okupación, el magistrado dudó que la norma proporcione los resultados esperados. «Introduce determinadas modificaciones para intentar que la tramitación de los procedimientos relacionados con casos de usurpación o allanamiento de morada se puedan agilizar; se intenta, pero no sé hasta qué punto se podrá conseguir», reconoció el juez decano. Según puntualizó, no se modifican penas ni otros aspectos a grandes rasgos, pero sí se contemplan determinados pasos que «pueden» llegar a resolver casos en algunos supuestos, aunque no de forma inmediata. «En relación a delitos de usurpación o allanamiento se prevé la posibilidad de que se tramiten como juicios rápidos. La usurpación seguirá siendo un delito leve con la pena de delito leve, mientras que las penas de prisión ya se contemplaban en casos de allanamiento. En determinados supuestos, si tienen encaje en la tramitación de juicio rápido, podrán agilizarse los procesos, pero tampoco se podrán acortar dichos plazos en exceso. En allanamientos, se podría agilizar si existe la conformidad del autor», explicó González. Según comentó también, jueces y abogados se mantienen expectantes para ir comprobando los resultados de la nueva ley. Carlos Gómez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), consideró este miércoles que, con la reforma normativa para intentar agilizar los lanzamientos en casos de okupación, «por muchas demandas que haya y por mucho que diga la ley, si el caso se tiene que poner a la cola, tardará más». «Un desahucio no puede pasar por delante de la custodia de un niño o sobre una persona pendiente de cobrar una indemnización. Quedará a la cola; lo que es importante es que la cola se mueva», afirmó. Letrados consultados por este rotativo reconocieron que, en estos momentos, son otros los temas que les preocupan en relación a los cambios aprobados recientemente en el sistema judicial español. Cabe recordar también que tras producirse varios casos de okupación en Ibiza, el juez decano explicó que estas situaciones pueden solventarse con cierta rapidez si a través de la vía penal se decretan medidas cautelares por parte del juzgado de guardia. Para ello, la Guardia Civil debe entregar el atestado que recoge todos los detalles e información sobre el caso, actuando después el juzgado de guardia en consecuencia, «aunque hay que diferenciar entre el juicio, que se alarga en el tiempo, y una medida cautelar de protección que puede decretarse en 24 horas y que puede suponer la restitución de la propiedad», explicó el juez a este rotativo. Si el propietario interpone una demanda civil, éste debe acreditar la propiedad, mientras que los okupas deberán presentar en el plazo de cinco días el título que les permita permanecer en la vivienda o, en caso contrario, se determinará su lanzamiento, un proceso que puede alargarse hasta 20 días.

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas para los propietarios. Un problema que está creciendo en los últimos años y que está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad, según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe.  El 'think tank' de la CEOE repasa de la mano de los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí cómo han ido creciendo las denuncias por okupación en nuestro país mientras ha ido empeorando el marco regulatorio que garantiza la propiedad privada inmobiliaria, hasta el punto de provocar un 'efecto llamada'. Los primeros datos que aporta el documento son los que proporciona la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el fuerte incremento de las denuncias de los delitos usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica y muestra un alza cercana al 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder. Al margen del repunte de esta cifra, desde el IEE recuerdan que esta estadística solo tiene en cuenta las denuncias que ponen las personas físicas, por lo que habría que sumar tanto aquellos casos de okupación en los que los propietarios son personas jurídicas como aquellos en los que el propietario particular no denuncia para evitar los elevados costes del proceso. Tampoco están incluidos los casos de inquiokupación, que agrupa los casos en los que el arrendatario deja de abonar la renta y, no obstante, permanece en el inmueble. Por tanto, el problema sería muy superior al que dibujan las cifras oficiales. Para Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho , "la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer". En su análisis, la catedrática recalca que, a la vista de los datos oficiales, "el incremento es indudable y ostensible" desde el año 2010, cuando se contabilizaron poco más de 2.700 casos (frente a los más de 16.000 en la actualidad) y critica que el Gobierno compare el número de denuncias sobre el total de viviendas en España para limitar su impacto. Según Cuena Casas, "no es posible obviar lo evidente y negar el problema comparando la tasa de ocupación ilegal con el total de viviendas es manipular la información". Las reformas legales han agravado el problema Para la catedrática, el incremento de los casos de okupación de los últimos años ha venido de la mano de unas reformas legales que han provocado que la situación se haya agravado, lo que le lleva a concluir que "no existe una voluntad de resolver el problema" y que "la ocupación ilegal se ha convertido en mecanismo utilizado por el Estado para garantizar el derecho a la vivienda". Cuena Casas reprocha que "lo grave no es tanto que se produzcan casos de ocupación ilegal, sino el tiempo que tarda el propietario en recuperar el inmueble (no menos de un año, en función de la provincia) y los costes en los que tiene que incurrir para desalojar al ocupante ilegal". Su opinión es que "el foco hay que ponerlo en arbitrar mecanismos rápidos para ordenar el desalojo. Y la clave es que muchas de las reformas legales han ido, precisamente, en sentido contrario, poniendo obstáculos procesales al propietario para recuperar la posesión del inmueble". Un ejemplo concreto es la Ley de Vivienda , que "pone más obstáculos procesales al propietario de la vivienda para desalojar tanto al ocupante ilegal como al «inquiokupa» al imponer requisitos de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda". Así, detalla, "todo propietario (sea o no gran tenedor), deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no vivienda habitual del ocupante ilegal y si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. De serlo, si el propietario es un gran tenedor no se admitirá la demanda de desalojo hasta que el propietario acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes". Otra de las medidas legales que ha dañado la propiedad privada es la regulación de la suspensión de los desahucios de los inquilinos que no podían abonar la renta en plena pandemia del coronavirus, pero que, posteriormente, se extendió a ocupantes ilegales en situación de vulnerabilidad. La medida estará vigente al menos hasta finales de año y, según Cuena Casas, "es otro claro incentivo a la ocupación ilegal". Como argumenta la catedrática, "para que proceda la suspensión debe tratarse de propietarios grandes tenedores (titulares de más de diez viviendas) y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. En suma, basta que haya un menor o persona dependiente en el inmueble para que entre en el ámbito de aplicación de la suspensión del desalojo que durará hasta el 31 de diciembre de 2025. Se prevé una compensación para el propietario que acredite que la suspensión le ha producido un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o en alquiler", por lo que "no es una compensación a todo propietario, sino al que cumpla este requisito, lo que implica que el que no tuviera la vivienda en mercado de alquiler o venta tiene que soportar al ocupante, sin compensación alguna". En este contexto, señala Cuena Casas, "no es de extrañar que se haya profesionalizado el negocio de la okupación" y lamenta que "España se ha convertido en el paraíso de las mafias de la ocupación ilegal por la conciencia generalizada de que la ley protege al okupa". Sus críticas coinciden en el tiempo con las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos , durante un acto en Málaga, en el que defendido que "si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco". La falta de vivienda social traslada la carga al propietario Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona , es otro de los autores que participa en el estudio del IEE. Su percepción es que "de forma concurrente, se ha producido un incremento de la ocupación sin título legítimo de posesión. En un principio se realizó por personas afectadas por los lanzamientos cuando no tenían una alternativa habitacional. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado a otros colectivos que lo han utilizado como solución habitacional". Para el catedrático, el origen de la situación actual está en la falta de vivienda social en nuestro país. "El problema que se plantea en España es que el Estado no tiene vivienda social para ofrecer esta alternativa habitacional , lo que ha provocado que haya trasladado la carta al propietario ampliando el concepto de la función social de la propiedad [...] El legislador ha optado por ralentizar y suspender el proceso judicial cuando implique el lanzamiento de la vivienda habitual de personas vulnerables ante la falta de vivienda social del Estado para ofrecerles una alternativa habitacional. De esta forma, dicta leyes que suponen la suspensión del proceso judicial que implica lanzamiento como medida de protección de las personas vulnerables, trasladando a los particulares lo que es una obligación del Estado", detalla en su análisis. Pérez Daudí también cuestiona uno de los argumentos más utilizados actualmente para defender la regulación del mercado de la vivienda, como es que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Una afirmación que el catedrático matiza: "El derecho a la vivienda, en España, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica , por lo que no puede ser invocado directamente ante los Tribunales. Es el poder legislativo el que debe regularlo y, en el caso de entrar en relación con algún derecho fundamental, realizar el juicio de proporcionalidad correspondiente". Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, lo que se está viendo afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva , que se configura como el derecho de acceso a los tribunales y a la efectividad de sus resoluciones, ante las recientes modificaciones normativas, como por ejemplo la Ley de Vivienda. Para Pérez Daudí, el legislador "puede imponer requisitos de procedibilidad o suspender temporalmente la eficacia de una resolución judicial para que la Administración competente pueda ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por un lanzamiento. Lo que no puede hacer es impedir el acceso al proceso judicial o suspender, de forma permanente, la eficacia de una resolución que implique lanzamiento, ya que afectaría al núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos". Soluciones para atajar el problema Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda. "Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", alerta el informe en este sentido. Entre las medidas que propone el estudio para atajar el problema de la okupación en España se encuentran elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente ; y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de propiedades que hayan sido ocupadas de forma ilegal. Así, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil , en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda. También reclaman cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, exigiendo el sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar. Asimismo, proponen elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal; equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada , lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos; o establecer exenciones fiscales a los propietarios cuando acrediten haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal. Por último, desde el 'think tank' de la CEOE consideran necesario proteger a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, siempre que esté acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado ordene el desalojo. España no mejora posiciones en el Índice de Derechos de Propiedad La nueva edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo del promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea. En 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, situándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE (el mismo que en la anterior edición), lo que indica "la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad", según el IEE. El ranking está liderado por Finlandia, seguido de Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Completan el 'top 10' Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Alemania y Suiza. Portugal e Italia se encuentran por debajo de España en la lista, que cierran México, Colombia y Turquía. Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político . En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de los Veintisiete.