Sentencia histórica en la lucha contra la inquiokupación: una pensionista gallega logra eludir el decreto antidesahucios
Pilar Pérez, la viuda gallega que lleva cinco años manteniendo a su inquiokupa y a la que incluso le embargaron la pensión por no pagarle el agua, ha logrado finalmente que el juez ordene su lanzamiento, sorteando así el polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en 2020.
"Por fin se ha hecho justicia", dice la propietaria, que reconoce estar "contenta y cansada" a partes iguales, después de que, por fin, el titular del Juzgado número 4 de La Coruña haya accedido a revisar su caso y haya comprobado él mismo que si su inquiokupa es vulnerable —la coartada con la que los inquilinos que dejan de pagar el alquiler evitan el desahucio— es simple y llanamente porque ella quiere. No en vano, tal y como adelantó Libre Mercado, durante todos estos años, no solo ha rechazado numerosas viviendas sociales, sino que incluso logró un trabajo y que una fundación le pagase el alquiler.
Con todo, el magistrado ordena a la inquiokupa que abandone la vivienda "dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de lanzamiento", pero, además, la condena a abonar el importe de las rentas impagadas hasta el momento de presentación de la demanda (1.890 euros), más todas "las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la restitución posesoria", lo que haría un total de más de 22.000 euros, según la propietaria.
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"Han sido cinco largos años de sufrimiento que nadie me va a devolver, pero, finalmente, el juez ha reconocido que ella era vulnerable porque quería, porque se le han dado más que ayudas para no serlo, para no seguir robando lo que es mío, y ella las rechazó todas para seguir ahí fastidiándome la vida. Y esto no se puede permitir", insiste la popietaria.
Un mensaje de esperanza
Con la esperanza puesta en poder recuperar su casa lo antes posible, Pilar dedica esta sentencia a todas las víctimas de esta lacra, a quienes envía un mensaje de aliento: "Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida".
Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida
Para Xaime da Pena, de dP Abogados, esta sentencia supone "un hecho histórico" y todo un "hito" en la Justicia española, ya que podría marcar un antes y un después. "Es probable que marque las pautas para un gran número de procedimientos de esta naturaleza, ya sean futuros o que se encuentren ya en curso", advierte.
Falsa vulnerabilidad
Tal y como avanzó en su día Libre Mercado, a pesar de que inicialmente fue declarada vulnerable, a lo largo de estos cinco años, la inquiokupa de Pilar había rechazado hasta tres viviendas alternativas. Así lo llegaron a certificar los Servicios Sociales: "Fueron varias las viviendas ofertadas y visitadas y todas fueron rechazadas por la interesada", reza el informe al que tuvo acceso este periódico.
Por si fuera poco, en 2022, la inquiokupa logró un empleo y que una fundación se ofreciera a pagarle el alquiler. "La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de aquel año. "La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia.
Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia, pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé, pero yo jamás he recibido ni un euro", denunció Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros.
Un punto de inflexión
A pesar de las evidencias, hasta ahora, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello no solo ha supuesto un punto de inflexión para Pilar, sino que podría marcar un antes y un después para el resto de las víctimas de esta lacra.
Los afectados por la inquiokupación llevan años quejándose de que sus casos no se revisen, cuando es evidente que, después de tanto tiempo, la situación económica y laboral de sus inquiokupas ha podido cambiar. Precisamente por eso, esta sentencia supone un hito, porque abre la puerta a que otros magistrados sigan la estela del titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Coruña.
Su decisión va en consonancia, además, con el compromiso adquirido el pasado 12 de marzo, por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona, quienes acordaron solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma. De esta forma, las víctimas de la ciudad condal tendrán al menos una oportunidad al año de revertir una situación que no solo les condena a la ruina sino que, además, les destroza psicológicamente.
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