Cobraban 9.500 euros por inmigrante: detenidos dos inmigrantes ilegales argelinos por traer pateras desde Argelia a Mallorca

La Policía Nacional ha asestado un golpe a las redes de inmigración ilegal al detener a dos inmigrantes ilegales de origen argelino el 19 de junio de 2025 por pilotar una patera desde Argelia hasta Mallorca, cobrando a los ocupantes la suma de 9.500 euros por inmigrante. Según fuentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental), estos traficantes no son novatos: han organizado múltiples entradas ilegales en el archipiélago balear este mismo año, aprovechándose de las fronteras permeables de España. Las detenciones, seguidas de prisión provisional, sacan a la luz las descaradas operaciones de las mafias de tráfico de personas que explotan la actual vulnerabilidad de Baleares.
La patera, con 24 inmigrantes ilegales argelinos a bordo, llegó a Mallorca tras un trayecto de 42 horas. Cada pasajero pagó 9.500 euros, lo que reportó a los traficantes más de 228.000 euros en un solo viaje, una muestra clara de la enorme rentabilidad de este negocio ilícito. La Policía confirma que los detenidos forman parte de un grupo criminal organizado, con antecedentes de cruces similares en 2025, lo que pone de manifiesto el desafío persistente de desmantelar estas redes.
Las Islas Baleares se han convertido en un imán para la inmigración ilegal, con casi 100 inmigrantes ilegales que desembarcaron en Cabrera y Formentera en menos de 24 horas el pasado 29 de junio de 2025. Las cifras oficiales revelan un aumento del 170% en las llegadas en 2024, con 5.994 migrantes alcanzando las islas en casi 350 pateras. La ruta argelina a Baleares, ahora un corredor principal para los traficantes, se nutre de las políticas de deportación inconsistentes de España y la inercia burocrática de la UE, creando una puerta giratoria para las entradas ilegales. Esta afluencia descontrolada tensiona los recursos locales, sobrecarga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y aviva la frustración en el archipiélago por la presión sobre los servicios públicos y las preocupaciones de seguridad.
Los 9.500 euros por inmigrante no son sólo una cifra: son el síntoma de un sistema fallido. Los traficantes operan con impunidad, envalentonados por la falta de medidas contundentes para asegurar las fronteras o sancionar eficazmente las entradas ilegales. Aunque las detenciones son un paso adelante, el enfoque de España —marcado por una cooperación internacional insuficiente y la reticencia a aplicar deportaciones— permite que estas mafias prosperen. Las Baleares, antaño un tranquilo paraíso turístico, son ahora la primera línea de esta crisis creciente en el área mediterránea de España, por delante de la zona de Levante y Almería.


