Mohamed se cuela en la lista de nombres más comunes en Baleares. Según los datos actualizados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ocupa el puesto número 33 entre los 50 primeros por delante de nombres como Guillermo, Antoni, Ángel o Fernando. En Baleares viven 3.059 personas que llevan ese nombre , lo que supone el 0,5 % de la población de las islas. No hay un equivalente femenino para Mohamed y entre los 50 nombres más comunes de mujer no hay ninguno extranjero. Los datos facilitados por el INE señalan que en Baleares siguen dominando los nombres tradicionales de manera mayoritaria , aunque el cambio generacional trae consigo cambios en los nombres que se ponen a los recién nacidos. ¿Y cuál es el nombre más común entre los hombres que viven en las Islas? Como era de esperar, es Antonio, con 19.250 personas que se llaman así, a los que se suman otros 2.867 en su versión catalana, es decir, Antoni. Tras Antonio, los siguiente nueve nombres más comunes en los hombres son Juan (14.350 personas), José (11.352), Francisco (10.321) , Miguel (9.876), Manuel (7.716), Pedro (6.956), David (6.649), Jaime (6.584) y Daniel (6.376). Son los diez más comunes, a los que suman Rafael (5.690), Alejandro (5.645), Gabriel (5.594), Carlos (5.475), Miguel Ángel (5.405), y Marc (5.133), todos ellos por encima de los 5.000 residentes. En los nombres femeninos, el top 5 está encabezado por los cinco grandes nombres tradicionales de Mallorca : María (18.854), Catalina (13.514), Margarita (11.657), Antonia (11.612) y Francisca (11.205). Diez de cada 100 mujeres que viven en Baleares lleva alguno de estos nombres. A estos cinco nombres se suma María Carmen (8.835), Laura (5.791), Isabel (5.786), Marta (5.572) y Cristina (5.261). Ana María es el nombre restante que supera una frecuencia de 5.000 y llega a 5.171. El INE también ofrece datos sobre los apellidos más frecuentes en Baleares y la lista da una idea de la profunda transformación que han sufrido las Islas en los últimos años. Hay que bajar hasta el puesto 10 de la lista para encontrar un apellido catalán: Pons. Hay 8.410 personas en las Islas que tienen ese primer apellido. Antes que él aparecen García (21.774), Martínez (14.949), López (13.718), Rodríguez (13.609), Sánchez (13.289), Fernández (13.141), González (13.100), Pérez (10.544) y Torres (8.848). La estadística también da datos de los apellidos que llevan quienes han nacido en las islas y también en este caso García gana por goleada. Hay 12.101 nacidos en las Islas que llevan ese apellido. Por detrás se sitúa Martínez (8.670) y Pons sí aparece en tercera posición (8.390). El siguiente apellido balear más común, Serra, no aparece hasta el puesto 12 entre los nacidos en Baleares (4.765) y le siguen Riera (4.550) y Oliver (4.124).

Recientemente en un foro especializado se me preguntó sobre cómo era posible que en un año de recaudación tributaria récord para el Estado (2024) se manifestaran con tanta virulencia los fenómenos de la ocupación ilegal y otros muchos hechos delictivos derivados aparentemente de la inaccesibilidad a una vivienda que se recogen a diario en todos los medios de comunicación. No soy experto ni en fiscalidad ni en reparto tributario, lo que sí parece patente es que arrastramos un sistema de financiación ineficiente y caduco desde el año 2014; lo que agravia a las Comunidades que no cuentan con recursos ni competencias para afrontar problemas tan graves y que se producen en cascada como son: la migración ilegal, la superpoblación, la masificación, el incremento delictivo, la emergencia habitacional, la ocupación ilegal, el colapso de los recursos primarios y también de los servicios públicos y sistemas asistenciales locales, entre otros. Todas estas cuestiones, según los expertos, son síntomas y consecuencia directa de la inacción pública estatal, y que encuentra su paradigma en la proliferación del sinhogarismo a partir del año 2021 en todas las regiones de España. En un entorno europeo; el sinhogarismo constituye el mayor de los fracasos de un Estado; pero … ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Paradójicamente todos los problemas señalados se manifiestan e identifican en y con los Entes Locales, pero se tratan todas ellas de competencias exclusivas del Estado. Así: la política de fronteras, el otorgamiento de la nacionalidad española, los índices y límites demográficos de España, el ejercicio del poder coercitivo y punitivo de la nación, la Ley de Vivienda, la defensa de la Constitución española, las políticas comunitarias de transición ecológica y el reparto financiero para las políticas asistenciales son, residen y las ejerce unívocamente el Gobierno del Estado. Desgraciadamente Balears es centro y destino de las mafias y rutas de migración ilegales lo que supone que, desde hace años, miles de personas se incorporan a nuestra demografía, siendo 2024 un año tan prolífico que se incrementó hasta en un 168% el índice de migrantes, alcanzando la cifra de 6.000 nuevos residentes en las islas, solo en ese ejercicio. La cuestión no es si queremos sino si podemos acoger dignamente a los migrantes, y además hacerlo sin perjudicarnos. Lo cierto es que en los últimos diez años las islas han recibido más de 130.000 migrantes y números expertos vaticinan que pronto la mayoría de la población balear será de origen extranjero. Es evidente que todos deseamos dignidad y prosperidad a los recién llegados, pero eso supone un proceso arduo y largo como acredita la propia Historia de España y su compleja y belicosa transformación social que supuso un ímprobo esfuerzo para generaciones y generaciones de españoles que hoy ven cómo se les arrebatan por decreto todos sus bienes materiales e inmateriales, a fin de construir una nueva España sin españoles ni herencia. El Acogimiento internacional de migrantes no es una responsabilidad individual de los españoles sino del Estado que cuenta con más recursos que nunca para cumplir con sus deberes de acción pública y asistencia social. Por ello el sinhogarismo se proyecta como la consecuencia directa de una mala gestión pública estatal que no se debe trasvasar a los ciudadanos y menos recortando sus derechos constitucionales como son la tutela judicial efectiva, la propiedad privada y la herencia. Con medios y un 70% de territorio declarado como España vaciada, confiamos en que se reconduzcan todas las políticas estatales y se refuercen los derechos individuales de todos los contribuyentes mediante la urgente promulgación de una Ley Antiocupación para ampararnos bajo el imperio de la Ley y el Orden social. Como balear, considero urgente recuperar nuestra autonomía real para decidir nuestro modelo social intergeneracional. Del aquí y el ahora depende el futuro hábitat de nuestros hijos y nietos, y eso me parece demasiado Tributo al Estado.