Ley y orden. Así resuena el decreto de seguridad que el Gobierno de Giorgia Meloni ha conseguido sacar adelante tras la aprobación de ambas Cámaras del Parlamento. La Cámara de los Diputados ya había dado luz verde al decreto (163 votos a favor, 91 en contra y una abstención) hace una semana, mientras que este miércoles fue el turno del Senado italiano, que ha dado vía libre al documento con 109 votos a favor, 69 en contra y una abstención.

Si a nivel internacional Meloni se muestra como una líder moderada, la nueva ley de seguridad confirma su mano dura a nivel interno. Con la nueva reforma, habrá 14 nuevos tipos penales y nueve circunstancias agravantes que, en esencia, endurecen las penas y aumentan los años de cárcel en relación a delitos vinculados con la seguridad y el orden público. Uno de los aspectos más controvertidos, sin embargo, tiene que ver con casos directa o indirectamente relacionados con la libertad de manifestación y de expresión.

"Con la aprobación definitiva del decreto de seguridad, el Gobierno italiano da un paso hacia adelante para reforzar la protección de los ciudadanos, de los más vulnerables y de nuestros hombres y mujeres en uniforme", dijo la primera ministra italiana tras la votación del Senado y añadió que su Ejecutivo protege "a las familias, a los ancianos y a los propietarios honestos" y refuerza "las herramientas a disposición de las fuerzas del orden".

No piensa lo mismo la oposición progresista, que se sentó en el suelo, en el centro de la Cámara Alta, como señal de protesta contra el Ejecutivo de Meloni. Mencionaron una "deriva autoritaria" y un sentimiento de "vergüenza" por la nueva reforma en materia de seguridad. Francesco Boccia, el presidente de los senadores del Partido Democrático (PD) y principal formación de la oposición progresista, denunció el exceso de "mociones de confianza" del Gobierno para que se aprueben sus reformas. "Este decreto es lo más lejano a nuestra cultura", dijo el ex primer ministro y senador del partido centrista Italia Viva (IV), Matteo Renzi, aunque no participó en la sentada.

A partir de ahora, no estará permitido manifestarse interrumpiendo el tráfico de calles, plazas, carreteras, vías de tren o la ejecución de obras públicas. Se establecen penas de cárcel que pueden alcanzar hasta los seis años en el caso de que conlleve la participación de muchas más personas. Uno de los aspectos más polémicos tiene relación con el hecho de que no se hará ninguna diferencia aunque las manifestaciones no sean violentas. No se podrá protestar ocupando lugares públicos ni siquiera de forma pacífica de ahí que la oposición del país, con cierta indignación, hable de una norma "anti Ghandi", en referencia al histórico líder indio símbolo internacional de la resistencia pasiva y la desobediencia civil dentro del marco de la no violencia.

Revueltas en las cárceles y 'okupas'

Aunque las cárceles italianas tienen un problema de sobrepoblación y preocupan los altos casos de suicidio, la nueva norma apuesta por penas de hasta cinco años de prisión para quienes sean responsables de instigar revueltas -uno de los nuevos delitos tipificados- y desobedecer las normas carcelarias. Se endurecen las medidas en el caso de se trate de centros de detención y de expulsión para extranjeros. En la filosofía "anti Ghandi" mencionada por la oposición y los principales medios del país, el decreto también castiga la resistencia pasiva que impida el desarrollo ordinario de las actividades dentro de las prisiones italianas.

Otra de las novedades más destacadas tiene que ver con la acción de los okupas en viviendas privadas. Al igual que en otros países, en Italia los procesos judiciales para los desalojos pueden ser muy complejos y lentos. De modo que el nuevo decreto de seguridad trata de aportar respuestas más rápidas al respecto. Formalmente, el nuevo tipo penal de la ley italiana habla de castigar a quienes sean responsables de "ocupación arbitraria de inmueble destinado a domicilio ajeno" con penas que van de los dos a los siete años de cárcel. La Justicia, a través de la policía judicial, podrá decretar de forma inmediata el desalojo de una vivienda okupadaincluso sin esperar la orden de un magistrado. La ley considerará un elemento judicial favorable para los responsables si los okupas colaboran en la comprobación de los hechos y en el desalojo de los inmuebles.

El Gobierno también ha aportado nuevos elementos en relación a los servicios de inteligencia. Las agencias de seguridad italianas, a partir de ahora, podrán participar en grupos terroristas y mafiosos para conseguir infiltrarse. En el ámbito terrorista, se tipifican nuevos delitos vinculados a la posesión de material que contenga informaciones acerca de cómo llevar a cabo actos terroristas, de cómo emplear explosivos y de cómo realizar delitos contra cargos del Estado.