El IEE contradice al Gobierno: "La ocupación ilegal de viviendas es un problema real y creciente"

Ian Mateu • 2 de abril de 2025

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas para los propietarios. Un problema que está creciendo en los últimos años y que está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad, según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe.



El 'think tank' de la CEOE repasa de la mano de los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí cómo han ido creciendo las denuncias por okupación en nuestro país mientras ha ido empeorando el marco regulatorio que garantiza la propiedad privada inmobiliaria, hasta el punto de provocar un 'efecto llamada'. 


Los primeros datos que aporta el documento son los que proporciona la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el fuerte incremento de las denuncias de los delitos usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica y muestra un alza cercana al 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder.


Al margen del repunte de esta cifra, desde el IEE recuerdan que esta estadística solo tiene en cuenta las denuncias que ponen las personas físicas, por lo que habría que sumar tanto aquellos casos de okupación en los que los propietarios son personas jurídicas como aquellos en los que el propietario particular no denuncia para evitar los elevados costes del proceso. Tampoco están incluidos los casos de inquiokupación, que agrupa los casos en los que el arrendatario deja de abonar la renta y, no obstante, permanece en el inmueble. Por tanto, el problema sería muy superior al que dibujan las cifras oficiales.


Para Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho, "la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer".


En su análisis, la catedrática recalca que, a la vista de los datos oficiales, "el incremento es indudable y ostensible" desde el año 2010, cuando se contabilizaron poco más de 2.700 casos (frente a los más de 16.000 en la actualidad) y critica que el Gobierno compare el número de denuncias sobre el total de viviendas en España para limitar su impacto. Según Cuena Casas, "no es posible obviar lo evidente y negar el problema comparando la tasa de ocupación ilegal con el total de viviendas es manipular la información". 



Las reformas legales han agravado el problema

Para la catedrática, el incremento de los casos de okupación de los últimos años ha venido de la mano de unas reformas legales que han provocado que la situación se haya agravado, lo que le lleva a concluir que "no existe una voluntad de resolver el problema" y que "la ocupación ilegal se ha convertido en mecanismo utilizado por el Estado para garantizar el derecho a la vivienda".

Cuena Casas reprocha que "lo grave no es tanto que se produzcan casos de ocupación ilegal, sino el tiempo que tarda el propietario en recuperar el inmueble (no menos de un año, en función de la provincia) y los costes en los que tiene que incurrir para desalojar al ocupante ilegal". Su opinión es que "el foco hay que ponerlo en arbitrar mecanismos rápidos para ordenar el desalojo. Y la clave es que muchas de las reformas legales han ido, precisamente, en sentido contrario, poniendo obstáculos procesales al propietario para recuperar la posesión del inmueble".


Un ejemplo concreto es la Ley de Vivienda, que "pone más obstáculos procesales al propietario de la vivienda para desalojar tanto al ocupante ilegal como al «inquiokupa» al imponer requisitos de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda". Así, detalla, "todo propietario (sea o no gran tenedor), deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no vivienda habitual del ocupante ilegal y si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. De serlo, si el propietario es un gran tenedor no se admitirá la demanda de desalojo hasta que el propietario acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación
o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes".


Otra de las medidas legales que ha dañado la propiedad privada es la regulación de la suspensión de los desahucios de los inquilinos que no podían abonar la renta en plena pandemia del coronavirus, pero que, posteriormente, se extendió a ocupantes ilegales en situación de vulnerabilidad. La medida estará vigente al menos hasta finales de año y, según Cuena Casas, "es otro claro incentivo a la ocupación ilegal".


Como argumenta la catedrática, "para que proceda la suspensión debe tratarse de propietarios grandes tenedores (titulares de más de diez viviendas) y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. En suma, basta que haya un menor o persona dependiente en el inmueble para que entre en el ámbito de aplicación de la suspensión del desalojo que durará hasta el 31 de diciembre de 2025. Se prevé una compensación para el propietario que acredite que la suspensión le ha producido un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o en alquiler", por lo que "no es una compensación a todo propietario, sino al que cumpla este requisito, lo que implica que el que no tuviera la vivienda en mercado de alquiler o venta tiene que soportar al ocupante, sin compensación alguna".


En este contexto, señala Cuena Casas, "no es de extrañar que se haya profesionalizado el negocio de la okupación" y lamenta que "España se ha convertido en el paraíso de las mafias de la ocupación ilegal por la conciencia generalizada de que la ley protege al okupa". 


Sus críticas coinciden en el tiempo con las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, durante un acto en Málaga, en el que defendido que "si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco".


La falta de vivienda social traslada la carga al propietario

Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, es otro de los autores que participa en el estudio del IEE.

Su percepción es que "de forma concurrente, se ha producido un incremento de la ocupación sin título legítimo de posesión. En un principio se realizó por personas afectadas por los lanzamientos cuando no tenían una alternativa habitacional. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado a otros colectivos que lo han utilizado como solución habitacional".


Para el catedrático, el origen de la situación actual está en la falta de vivienda social en nuestro país. "El problema que se plantea en España es que el Estado no tiene vivienda social para ofrecer esta alternativa habitacionallo que ha provocado que haya trasladado la carta al propietario ampliando el concepto de la función social de la propiedad [...] El legislador ha optado por ralentizar y suspender el proceso judicial cuando implique el lanzamiento de la vivienda habitual de personas vulnerables ante la falta de vivienda social del Estado para ofrecerles una alternativa habitacional. De esta forma, dicta leyes que suponen la suspensión del proceso judicial que implica lanzamiento como medida de protección de las personas vulnerables, trasladando a los particulares lo que es una obligación del Estado", detalla en su análisis.


Pérez Daudí también cuestiona uno de los argumentos más utilizados actualmente para defender la regulación del mercado de la vivienda, como es que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Una afirmación que el catedrático matiza: "El derecho a la vivienda, en España, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica, por lo que no puede ser invocado directamente ante los Tribunales. Es el poder legislativo el que debe regularlo y, en el caso de entrar en relación con algún derecho fundamental, realizar el juicio de proporcionalidad correspondiente".

Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, lo que se está viendo afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva, que se configura como el derecho de acceso a los tribunales y a la efectividad de sus resoluciones, ante las recientes modificaciones normativas, como por ejemplo la Ley de Vivienda. 


Para Pérez Daudí, el legislador "puede imponer requisitos de procedibilidad o suspender temporalmente la eficacia de una resolución judicial para que la Administración competente pueda ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por un lanzamiento. Lo que no puede hacer es impedir el acceso al proceso judicial o suspender, de forma permanente, la eficacia de una resolución que implique lanzamiento, ya que afectaría al núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".


Soluciones para atajar el problema

Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda.

"Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", alerta el informe en este sentido.


Entre las medidas que propone el estudio para atajar el problema de la okupación en España se encuentran elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente; y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de propiedades que hayan sido ocupadas de forma ilegal.


Así, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda.


También reclaman cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, exigiendo el sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar.


Asimismo, proponen elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal; equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos; o establecer exenciones fiscales a los propietarios cuando acrediten haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal.

Por último, desde el 'think tank' de la CEOE consideran necesario proteger a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, siempre que esté acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado ordene el desalojo.


España no mejora posiciones en el Índice de Derechos de Propiedad 

La nueva edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo del promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea.

En 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, situándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE (el mismo que en la anterior edición), lo que indica "la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad", según el IEE. 

El ranking está liderado por Finlandia, seguido de Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Completan el 'top 10' Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Alemania y Suiza. Portugal e Italia se encuentran por debajo de España en la lista, que cierran México, Colombia y Turquía. 

Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de los Veintisiete. 


Por Ian Mateu 4 de julio de 2025
En los últimos meses han cobrado mayor fuerza las voces que nos invitan a apostar por la compra de vivienda. Invertir en un piso que podamos asumir y huir así de la alternativa, cada vez más costosa y con una oferta al alcance de muy pocas personas, sobre todo en las grandes ciudades. En las capitales de las 52 provincias, el precio del alquiler se dispara a cifras desorbitadas. Un aumento del coste histórico que no parece tocar techo, nunca mejor dicho. Así, expertos como Gonzalo Bernardos explican cuáles son las principales ventajas de entrar como propietarios en el mercado inmobiliario. Es una encrucijada y un debate en el que se acumulan 'pros' y 'contras' , pero lo cierto es que para adquirir una hipoteca hay que haber llenado la hucha con una cantidad consistente que nos permita pagar las arras, la entrada y los gastos de gestoría e impuestos previos. Natalia de Santiago, experta en finanzas y ahorro, ha contestado a la gran pregunta en el podcast de Judith Tiral, 'Tenía la duda': "¿Alquilar es tirar el dinero?" . La ingeniera y financiera ha explicado cuál es su punto de vista en esta división de opiniones ante el oscuro panorama de la vivienda en España. Alquilar vs. comprar Asegura que le preguntan constantemente si alquilar es tirar el dinero y ella siempre responde lo mismo: "No. Alquilar no es tirar el dinero y qué gasto más noble hay que poner un techo sobre tu cabeza . Además, comprar no siempre es una buena inversión". Con estas palabras, Natalia de Santiago se opone a lo que muchos gurús financieros sostienen desde hace meses, sobre todo con el incremente del precio del alquiler y la bajada de los tipos de interés como alicientes en el contexto inmobiliario que tenemos en España. La ingeniera explica que "comprar compensa sobre todo a largo plazo , porque tú los primeros años que estás pagando tu hipoteca estás amortizando los gastos de más y los intereses de la hipoteca, porque los primeros años pagas más intereses de lo que reduces la deuda". El 'learning potential' Natalia de Santiago considera que la compra de vivienda puede rentabilizarse a largo plazo , porque si vendemos demasiado pronto el piso que hemos adquirido, no se recupera la inversión inicial. "Si vendes tras cinco años, en una situación normal igual no has compensado los gastos", apunta. "A corto plazo, si te vas a mudar o vas a tener un hijo , vives en un estudio y vas a necesitar algo más grande, puede compensar alquilar. No hay que demonizar el alquiler, para nada", continúa con su defensa, a la que le pone algún matiz. Para la experta, optar por el arrendamiento "se pone muy crudo de cara a la jubilación" , pero "cuando tú eres más joven tienes que maximizar tu capacidad de ganar dinero". De esta forma, hasta aproximadamente los 45 años, apostaríamos por lo que en inglés se conoce como el 'learning potential': "tu capacidad para generar ingresos". "Que tú dejes de montar un negocio o de irte a una ciudad en un trabajo que tenga mucha más proyección por tu casa puede ser una mala idea financieramente hablando. Eso sí, a partir de los 40 años , ya te lo tienes que plantear muy seriamente, porque una casa en propiedad puede ser una ventaja aplastante de cara a la jubilación" , advierte. Ahorrar con lo que podamos Judith Tiral le ha trasladado la preocupación de muchas personas que, con salarios bajos y teniendo que asumir gastos elevados, son incapaces de separar un dinero para ir haciendo colchón financiero. Con todo y con eso, Natalia de Santiago considera que "vale la pena ahorrar 50 euros al mes". Está claro que no siempre se va a poder meter en la hucha esa cantidad, más cuando hay meses que las facturas y necesidades suman más que lo que ganamos, pero hay que intentar generar ese ahorro con lo que podamos: "Es como lo que me pasa con el deporte, que como no puedo hacer una maratón al día no hago deporte". Así como encontramos alternativas ajustadas a nuestras posibilidades en otros escenarios y atendiendo a otras cuestiones, en este terreno ocurriría lo mismo, tal y como aconseja la experta: "Cada paso que haces es bueno y en finanzas pasa lo mismo. Es empezar poco a poco, porque son hábitos y hay que ir paso a paso".  "Hay que primar la flexibilidad , que la vida da muchas vueltas y hoy en día que va todo tan rápido y que todo cambia tanto, más", deja como consejo la ingeniera, que reconoce que uno de los errores que cometió fue "invertir mucho", ya que en un momento dado se quedó con poca liquidez.
Por Ian Mateu 4 de julio de 2025
Baleares ya roza los 3.000 inmigrantes ilegales llegados en patera en lo que va de 2025 tras la última oleada de cayucos durante la madrugada de este lunes cuando se han interceptado cinco embarcaciones con hasta 85 personas a bordo. En total, Baleares ha recibido en lo que va de año 2.953 inmigrantes ilegales, una cifra muy similar a las de la mitad del 2024, un año en el que se acabó rompiendo todos los récords de inmigración, creciendo hasta un 168% respecto al 2023 tras la llegada de 5.846 personas en 346 pateras. Harto de la inacción del Gobierno de España que encabeza el socialista Pedro Sánchez , el PP de Baleares ha iniciado una ofensiva en el Congreso para pedir explicaciones al Ejecutivo sobre el «drama humanitario » que se vive en las Islas en relación a la incesante llegada de pateras, donde sólo este fin de semana han llegado «jugándose la vida» hasta 171 inmigrantes ilegales . El diputado del PP por Baleares, José Vicente Marí Bosó , junto con el resto de parlamentarios nacionales de la formación azul, han exigido la comparecencia en la Cámara Baja de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo ; la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela , y del delegado del Gobierno en Balears, Alfonso Rodríguez . El diputado popular ha reprochado que «pese a la evidente consolidación, pese incluso la aparición de cadáveres maniatados, Sánchez y el PSOE sigan negando la existencia de la vía argelina de acceso irregular a nuestro país». En cuanto a Aina Calvo, Marí Bosó ha recordado que «durante su etapa de delegada del Gobierno en Balears no hizo nada y con ella se produjo el aumento injustificado de llegadas de inmigrantes irregulares entre 2019 y 2023. Un periodo en el que, pese a las advertencias del PP, las cifras de personas llegadas a nuestras costas se multiplicaron por diez ». Sobre Alfonso Rodríguez, el dirigente balear del PP ha cuestionado su diligencia ya que « va pegando broncas en los medios de comunicación, pero no asume la responsabilidad que debe, que es doble . Por un lado, la de actuar de una forma eficiente contra la inmigración ilegal y, por otro, la de tener a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en perfectas condiciones, con salarios dignos y con la insularidad reconocida para que puedan actuar con contundencia». Por otro lado, Marí Bosó también ha exigido la puesta en marcha de los medios materiales necesarios, entre los que ha destacado el SIVE de Formentera que «llevan años esperando que se instale». «El año pasado, más de 6.000 inmigrantes llegaron en pateras a nuestras costas y en 2025 llevamos el mismo camino. Más de 20 cadáveres aparecidos sólo en lo que va de año y recientemente hemos sabido que algunos de ellos de forma macabra . Es de una gravedad extrema que no se puede permitir y por eso pedimos la comparecencia de estos tres responsables o, mejor dicho, irresponsables. Sánchez espera a que el tema muera, pero no pasará, vamos a ser muy vigilantes y exigentes porque hablamos de vidas humanas», ha concluido. 
Por Ian Mateu 4 de julio de 2025
La Policía Nacional ha asestado un golpe a las redes de inmigración ilegal al detener a dos inmigrantes ilegales de origen argelino el 19 de junio de 2025 por pilotar una patera desde Argelia hasta Mallorca , cobrando a los ocupantes la suma de 9.500 euros por inmigrante. Según fuentes de la UCRIF (Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental), estos traficantes no son novatos: han organizado múltiples entradas ilegales en el archipiélago balear este mismo año, aprovechándose de las fronteras permeables de España. Las detenciones, seguidas de prisión provisional, sacan a la luz las descaradas operaciones de las mafias de tráfico de personas que explotan la actual vulnerabilidad de Baleares. La patera, con 24 inmigrantes ilegales argelinos a bordo, llegó a Mallorca tras un trayecto de 42 horas. Cada pasajero pagó 9.500 euros, lo que reportó a los traficantes más de 228.000 euros en un solo viaje , una muestra clara de la enorme rentabilidad de este negocio ilícito. La Policía confirma que los detenidos forman parte de un grupo criminal organizado, con antecedentes de cruces similares en 2025, lo que pone de manifiesto el desafío persistente de desmantelar estas redes. Las Islas Baleares se han convertido en un imán para la inmigración ilegal, con casi 100 inmigrantes ilegales que desembarcaron en Cabrera y Formentera en menos de 24 horas el pasado 29 de junio de 2025. Las cifras oficiales revelan un aumento del 170% en las llegadas en 2024 , con 5.994 migrantes alcanzando las islas en casi 350 pateras. La ruta argelina a Baleares, ahora un corredor principal para los traficantes, se nutre de las políticas de deportación inconsistentes de España y la inercia burocrática de la UE, creando una puerta giratoria para las entradas ilegales. Esta afluencia descontrolada tensiona los recursos locales, sobrecarga a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y aviva la frustración en el archipiélago por la presión sobre los servicios públicos y las preocupaciones de seguridad.  Los 9.500 euros por inmigrante no son sólo una cifra: son el síntoma de un sistema fallido . Los traficantes operan con impunidad, envalentonados por la falta de medidas contundentes para asegurar las fronteras o sancionar eficazmente las entradas ilegales. Aunque las detenciones son un paso adelante, el enfoque de España —marcado por una cooperación internacional insuficiente y la reticencia a aplicar deportaciones— permite que estas mafias prosperen. Las Baleares, antaño un tranquilo paraíso turístico, son ahora la primera línea de esta crisis creciente en el área mediterránea de España, por delante de la zona de Levante y Almería.