El IEE contradice al Gobierno: "La ocupación ilegal de viviendas es un problema real y creciente"

Ian Mateu • 2 de abril de 2025

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los principales problemas para los propietarios. Un problema que está creciendo en los últimos años y que está deteriorando la posición de España en el índice internacional de Derechos de la Propiedad, según explica el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en su último informe.



El 'think tank' de la CEOE repasa de la mano de los catedráticos Matilde Cuena Casas y Vicente Pérez Daudí cómo han ido creciendo las denuncias por okupación en nuestro país mientras ha ido empeorando el marco regulatorio que garantiza la propiedad privada inmobiliaria, hasta el punto de provocar un 'efecto llamada'. 


Los primeros datos que aporta el documento son los que proporciona la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del Ministerio del Interior, sobre el fuerte incremento de las denuncias de los delitos usurpación de inmuebles y de allanamiento de morada. En 2024 se contabilizaron 16.426 denuncias ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, un 7,4% más que un año antes. Se trata de la tercera cifra más elevada de la serie histórica y muestra un alza cercana al 35% desde 2018, cuando Pedro Sánchez llegó al poder.


Al margen del repunte de esta cifra, desde el IEE recuerdan que esta estadística solo tiene en cuenta las denuncias que ponen las personas físicas, por lo que habría que sumar tanto aquellos casos de okupación en los que los propietarios son personas jurídicas como aquellos en los que el propietario particular no denuncia para evitar los elevados costes del proceso. Tampoco están incluidos los casos de inquiokupación, que agrupa los casos en los que el arrendatario deja de abonar la renta y, no obstante, permanece en el inmueble. Por tanto, el problema sería muy superior al que dibujan las cifras oficiales.


Para Matilde Cuena Casas, catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid y cofundadora de la Fundación Hay Derecho, "la ocupación ilegal de inmuebles es un problema real y no es un bulo, como nos pretenden hacer creer".


En su análisis, la catedrática recalca que, a la vista de los datos oficiales, "el incremento es indudable y ostensible" desde el año 2010, cuando se contabilizaron poco más de 2.700 casos (frente a los más de 16.000 en la actualidad) y critica que el Gobierno compare el número de denuncias sobre el total de viviendas en España para limitar su impacto. Según Cuena Casas, "no es posible obviar lo evidente y negar el problema comparando la tasa de ocupación ilegal con el total de viviendas es manipular la información". 



Las reformas legales han agravado el problema

Para la catedrática, el incremento de los casos de okupación de los últimos años ha venido de la mano de unas reformas legales que han provocado que la situación se haya agravado, lo que le lleva a concluir que "no existe una voluntad de resolver el problema" y que "la ocupación ilegal se ha convertido en mecanismo utilizado por el Estado para garantizar el derecho a la vivienda".

Cuena Casas reprocha que "lo grave no es tanto que se produzcan casos de ocupación ilegal, sino el tiempo que tarda el propietario en recuperar el inmueble (no menos de un año, en función de la provincia) y los costes en los que tiene que incurrir para desalojar al ocupante ilegal". Su opinión es que "el foco hay que ponerlo en arbitrar mecanismos rápidos para ordenar el desalojo. Y la clave es que muchas de las reformas legales han ido, precisamente, en sentido contrario, poniendo obstáculos procesales al propietario para recuperar la posesión del inmueble".


Un ejemplo concreto es la Ley de Vivienda, que "pone más obstáculos procesales al propietario de la vivienda para desalojar tanto al ocupante ilegal como al «inquiokupa» al imponer requisitos de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda". Así, detalla, "todo propietario (sea o no gran tenedor), deberá especificar si el inmueble del ocupante es o no vivienda habitual del ocupante ilegal y si se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. De serlo, si el propietario es un gran tenedor no se admitirá la demanda de desalojo hasta que el propietario acredite que se ha sometido al procedimiento de conciliación
o intermediación que a tal efecto establezcan las Administraciones Públicas competentes".


Otra de las medidas legales que ha dañado la propiedad privada es la regulación de la suspensión de los desahucios de los inquilinos que no podían abonar la renta en plena pandemia del coronavirus, pero que, posteriormente, se extendió a ocupantes ilegales en situación de vulnerabilidad. La medida estará vigente al menos hasta finales de año y, según Cuena Casas, "es otro claro incentivo a la ocupación ilegal".


Como argumenta la catedrática, "para que proceda la suspensión debe tratarse de propietarios grandes tenedores (titulares de más de diez viviendas) y que las personas que las habitan sin título se encuentren en situación de vulnerabilidad
económica. En suma, basta que haya un menor o persona dependiente en el inmueble para que entre en el ámbito de aplicación de la suspensión del desalojo que durará hasta el 31 de diciembre de 2025. Se prevé una compensación para el propietario que acredite que la suspensión le ha producido un perjuicio económico al encontrarse la vivienda ofertada en venta o en alquiler", por lo que "no es una compensación a todo propietario, sino al que cumpla este requisito, lo que implica que el que no tuviera la vivienda en mercado de alquiler o venta tiene que soportar al ocupante, sin compensación alguna".


En este contexto, señala Cuena Casas, "no es de extrañar que se haya profesionalizado el negocio de la okupación" y lamenta que "España se ha convertido en el paraíso de las mafias de la ocupación ilegal por la conciencia generalizada de que la ley protege al okupa". 


Sus críticas coinciden en el tiempo con las declaraciones de Ione Belarra, secretaria general de Podemos, durante un acto en Málaga, en el que defendido que "si no tienes donde meter a tus hijos, le pegues una patada en la puerta al piso de un banco".


La falta de vivienda social traslada la carga al propietario

Vicente Pérez Daudí, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, es otro de los autores que participa en el estudio del IEE.

Su percepción es que "de forma concurrente, se ha producido un incremento de la ocupación sin título legítimo de posesión. En un principio se realizó por personas afectadas por los lanzamientos cuando no tenían una alternativa habitacional. Sin embargo, posteriormente se ha ampliado a otros colectivos que lo han utilizado como solución habitacional".


Para el catedrático, el origen de la situación actual está en la falta de vivienda social en nuestro país. "El problema que se plantea en España es que el Estado no tiene vivienda social para ofrecer esta alternativa habitacional, lo que ha provocado que haya trasladado la carta al propietario ampliando el concepto de la función social de la propiedad [...] El legislador ha optado por ralentizar y suspender el proceso judicial cuando implique el lanzamiento de la vivienda habitual de personas vulnerables ante la falta de vivienda social del Estado para ofrecerles una alternativa habitacional. De esta forma, dicta leyes que suponen la suspensión del proceso judicial que implica lanzamiento como medida de protección de las personas vulnerables, trasladando a los particulares lo que es una obligación del Estado", detalla en su análisis.


Pérez Daudí también cuestiona uno de los argumentos más utilizados actualmente para defender la regulación del mercado de la vivienda, como es que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental. Una afirmación que el catedrático matiza: "El derecho a la vivienda, en España, no es un derecho fundamental, sino un principio rector de la política social y económica, por lo que no puede ser invocado directamente ante los Tribunales. Es el poder legislativo el que debe regularlo y, en el caso de entrar en relación con algún derecho fundamental, realizar el juicio de proporcionalidad correspondiente".

Según el catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Barcelona, lo que se está viendo afectado es el derecho a la tutela judicial efectiva, que se configura como el derecho de acceso a los tribunales y a la efectividad de sus resoluciones, ante las recientes modificaciones normativas, como por ejemplo la Ley de Vivienda. 


Para Pérez Daudí, el legislador "puede imponer requisitos de procedibilidad o suspender temporalmente la eficacia de una resolución judicial para que la Administración competente pueda ofrecer una alternativa habitacional a las personas vulnerables afectadas por un lanzamiento. Lo que no puede hacer es impedir el acceso al proceso judicial o suspender, de forma permanente, la eficacia de una resolución que implique lanzamiento, ya que afectaría al núcleo esencial del derecho a la tutela judicial efectiva de los artículos 24 de la Constitución española y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos".


Soluciones para atajar el problema

Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) consideran que el problema de la ocupación ilegal en España es reflejo de un "deficiente" marco regulatorio que no garantiza el derecho a la propiedad privada inmobiliaria, así como de una "ineficiente" intervención pública en materia de vivienda.

"Es preocupante que, en España, a pesar de contar con un amplio margen de mejora, no se perciban esfuerzos sustanciales para reformar y fortalecer la protección de la propiedad privada inmobiliaria", alerta el informe en este sentido.


Entre las medidas que propone el estudio para atajar el problema de la okupación en España se encuentran elevar las penas en los delitos de ocupación de vivienda, posibilitar que los propietarios puedan cortar los suministros de la vivienda ocupada ilegalmente sin que ello tenga la consideración de delito de coacciones, como reconoce la jurisprudencia más reciente; y agilizar los procesos judiciales para la recuperación de propiedades que hayan sido ocupadas de forma ilegal.


Así, piden ampliar el ámbito de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas, y extender la posibilidad de uso de medidas cautelares también a personas jurídicas y a inmuebles distintos de vivienda.


También reclaman cambiar el requisito de forma del contrato de arrendamiento de bienes inmuebles, exigiendo el sello de la Administración de la comunidad autónoma competente en materia de vivienda que acredite que se ha depositado la fianza en dicha comunidad y que el contrato está celebrado por quien lo alega para paralizar una medida cautelar.


Asimismo, proponen elevar las penas por estafa procesal en el caso de falsificación de contratos de arrendamiento aportados por el ocupante ilegal; equiparar el delito de usurpación al de allanamiento de morada, lo que permitiría obtener casa de "manera inmediata" la posesión del bien ocupado ilegalmente, tal y como sucede en la mayoría de los países europeos; o establecer exenciones fiscales a los propietarios cuando acrediten haber iniciado un procedimiento judicial para lograr el desalojo de un ocupante ilegal.

Por último, desde el 'think tank' de la CEOE consideran necesario proteger a todo propietario sea persona física o jurídica, y permitir que una denuncia ante las fuerzas de seguridad, siempre que esté acompañada de un documento que acredite la propiedad del inmueble, sea suficiente para que el juzgado ordene el desalojo.


España no mejora posiciones en el Índice de Derechos de Propiedad 

La nueva edición del Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IIDP) muestra que España continúa presentando deficiencias en la protección de estos derechos, situándose por debajo del promedio de las economías desarrolladas y de la Unión Europea.

En 2024, España se mantuvo en la mitad inferior del ranking del Índice, situándose en el puesto 22 de los 37 países analizados de la OCDE (el mismo que en la anterior edición), lo que indica "la ausencia de medidas para mejorar la protección de los derechos de propiedad", según el IEE. 

El ranking está liderado por Finlandia, seguido de Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo y Suecia. Completan el 'top 10' Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Alemania y Suiza. Portugal e Italia se encuentran por debajo de España en la lista, que cierran México, Colombia y Turquía. 

Respecto a 2023, España ha experimentado una reducción más pronunciada que el resto de los países de la Unión Europea y que el resto de la OCDE en el subcomponente del entorno legal y político. En términos relativos, España presenta un resultado inferior en un 4,3% al valor medio de la OCDE y un 1,9% al de la media de los Veintisiete. 

«En Baleares se están okupando hasta barcos»

Por Ian Mateu • 28 de abril de 2025
El portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, denunció este viernes por la tarde en Ibiza «el desamparo total» que sufren las víctimas de la usurpación de viviendas, lamentando también que son el eje de una campaña orquestada por el Gobierno para minimizar e invisibilizar el sufrimiento de las personas a quienes han okupado sus casas. Así lo aseguró Bravo, participante en la iniciativa del PP de Ibiza, ‘Objectius a Debat’, que en esta ocasión abordó el problema de la okupación ilegal de viviendas, el allanamiento y la inquiokupación. El foro fue moderado por el senador autonómico Miguel Jerez y contó además con el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Baleares, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular en materia de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. El presidente de la plataforma nacional recordó que ahora mismo registran en toda España unos 7.000 casos abiertos relacionados con okupaciones, casos que, según estadísticas, habrían crecido más de un 7% en el último año, aunque puntualizaron que hay muchas víctimas más que no aparecen recogidas en esos porcentajes puesto que algunas familias pueden decantarse por buscar vías extrajudiciales para solventar su situación. «En las estadísticas no se recoge ni un solo caso de inquiokupación. Nosotros los ciframos en unos 80.000 en toda España», insistió. Bravo lamentó que no se estén dando soluciones legislativas para acabar con esta lacra. También reconoció la sorpresa en la plataforma porque en Baleares, con la grave problemática habitacional, se están dando incluso okupaciones de barcos. «En las islas, vemos más las usurpaciones como síntomas de la situación, no como la causa», insistió. «En Baleares hay muchas segundas residencias que están siendo okupadas. Los extranjeros allanados desconocen los recursos existentes en España. Puede haber un número de afectados sorprendente que puede crear una alarma incluso internacional», advirtió Bravo. Según explicó también, el caso de la casa okupada en Sant Antoni llegó al Parlamento Europeo donde se comentó cómo llegó a actuar el pueblo para expulsar a los okupas. Consejos como contratar de inmediato a un abogado para saber cómo actuar ante una posible okupación fue uno de los consejos ofrecidos por Bravo puesto que, actualmente, «sólo se puede denunciar y esperar». Fausto Oviedo, por su parte, agradeció que el Partido Popular haya impulsado este debate social «tan necesario» al haberse convertido la usurpación de viviendas en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. «Y es normal porque se está legislando de forma desleal contra la Constitución para convertir el país en una España sin propiedad privada y sin herencia y esto es muy grave», consideró. El presidente de la asociación balear señaló que la okupación y la inquiokupación no son un reflejo real de la sociedad actual, sino que «son el resultado de la permisividad institucional ante las mafias».  «Desconozco las razones por las que se está erosionando la Constitución, pero estos fenómenos sólo demuestran el fracaso del actual Gobierno al ser un síntoma inequívoco de que existe un país donde no hay ley ni orden», criticó. Según añadió también, eventos como el de ayer sirven para brindar información a los ciudadanos y aumentar la conciencia social sobre la necesidad de lograr un cambio legislativo para contar con una auténtica ley antiokupación.

El indigente que robó el velero en Can Pastilla: «Sólo quería sentir la libertad»

Por Ian Mateu • 28 de abril de 2025
Bromea con que le llamemos ‘Capitán Jack Sparrow’ mientras sus compañeros, un grupo de personas sin hogar que duerme en el interior del Aeroport de Palma, escuchan atentamente los retazos de su última aventura. Es curioso, pero cuando lo cuenta, se ve ilusión en sus ojos . Aunque también sabe que ha cometido un delito grave robando el ‘Peregrin Tuk’; un velero de doce metros de eslora en el que navegó, junto a otro de los compañeros sintecho, durante dos días. Pedro M.V. cumplía los 59 años el pasado lunes 21 de abril cuando, según él, «decidí dar fin a la aventura y entregarme a las autoridades». Pasó su aniversario en el calabozo. Quiere dejar claro que, tras el robo de la embarcación , no fueron interceptados por la patrullera sino que fue él mismo quien contactó con el Canal 16, dio el aviso a Salvamento Marítimo y éstos, a la Guardia Civil. Los agentes acabaron por detener a los dos hombres la mañana del lunes a las 09.50 horas. Habían pasado más de cuarenta y ocho horas en el barco robado . La patrullera acudió al punto que indicó la radiobaliza desplegada. Según el testimonio del hombre, fue él quien avisó a Salvamento Marítimo porque «quería entregarme» «El velero era precioso», dice. Iba acompañado de un ex acaudalado empresario y patrón de yate que también acabó sin techo a causa de concatenar una serie de malas decisiones. El alcohol fue el detonante en la mente de ambos para cometer el delito . «Nos bebimos una botella de whisky en la terminal y luego, no sé cómo, llegamos a Ca’n Pastilla. Nos metimos donde los barcos y entramos en uno. Le gustó a mi amigo», cuenta. En el interior encontraron más alcohol y continuaron con su fiesta particular. Acabaron con dos botellas de ron, dos de tequila y una caja de cervezas. «Pero no había comida. Dicen que nos pusimos las botas, pero no es cierto. Beber sí bebimos», confiesa. Asegura que estuvieron de fiesta durante toda la madrugada y que partieron con el velero ya de día. Era la mañana del sábado 19 de abril. «No forzamos nada. Las llaves estaban en un canastillo muy cerca del bombín, junto al puesto de gobierno . Las cogimos, arrancamos y tiramos p’alante», narra convencido. Se dirigieron hacia Cabrera y dice que llegaron a abarloarse a la costa «para pedir tabaco, porque nos habíamos quedado sin». A pesar de ello siguieron adelante con su viaje inesperado, «teníamos alcohol y combustible en el velero». Según cuenta, luego volvieron en dirección a Sa Ràpita, encontrándose en el canal con olas de entre dos y tres metros . Llegaron a pasar dos noches en el buque. Pedro quiere compartir su historia para provocar una reflexión, aunque sabe que cometió un delito grave que ha afectado a otras personas «Él durmió en el camarote del capitán y yo en el otro, había tres en total», dice Pedro, añade que se despertó de madrugada y convenció a su compañero para dar aviso. «Tú no sabes lo que es estar en este agujero» , cuenta señalando los sacos de dormir de los sintecho con los que convive en el aeropuerto. «No nos dejan dormir aquí y por eso nos despiertan de madrugada, duermes en el suelo, no hay derecho a esto», cuenta con tristeza. Afirma que quiso escapar de la realidad por unos instantes. Sentir la libertad y la soledad de «navegar en silencio y bajo las estrellas» . Muchos pensaron que su intención era escaparse ya que llevaban todo su equipaje con ellos, aunque explica que fue para que no le tiraran sus cosas a la basura. Según sus cuentas, «a la velocidad que íbamos, podríamos haber llegado a Alicante», aventura. Aunque su estado, despierto aunque bajo los efectos del alcohol, dificulta pensar en esa posibilidad como veraz. «En parte sí lo hice por mi cumpleaños pero la verdad es que el alcohol nos dominó. Navegar sin ver a nadie, sin que venga la policía, poder dormir en un colchón, levantarte y ver el barco navegar, disfrutar», divaga. Le duele una costilla. Resbaló en el barco y se golpeó contra el picaporte del baño . Asegura que él también tiene conocimientos de náutica y que fue «patrón de embarcaciones de recreo con un barco de nueve metros de eslora», además de trabajar para Aena durante años. «Si no sabes navegar, te estrellas. Cuando él dormía, yo navegaba y viceversa, hemos devuelto intacta la embarcación . Es mentira que esté destrozada, ni un rasguño tiene», dice convencido. La propiedad del velero no piensa lo mismo. Asegura que los dos indigentes «vandalizaron» el interior de la embarcación y forzaron la puerta de la cabina . Pedro admite que «dejamos tiradas varias latas de cerveza, un cojín en el suelo, el mamparo caído, pero poco más. Con el oleaje se cayó también el platero». Se le nota la preocupación por las repercusiones; por mucho que pueda dar una imagen distinta, sabe que se ha equivocado. « Me arrepiento , esto me va a costar caro, perderé a mi familia y eso es lo que más me importa, me preocupa muchísimo», confiesa emocionado. Por otra parte, dice no tener miedo de entrar en la cárcel, «no tengo antecedentes pero igual no puedo pagar y entro por eso». Mientras habla, su mente vuelve a las horas en las que fue libre, navegando en el velero robado. «Ver el mar azul, olvidarme de todo lo que veo aquí todos los días , necesitaba una escapada, más que por mi cumpleaños, de la vida en general», dice. El detenido fue puesto en libertad el martes 22 y volvió al recinto aeroportuario. Allí nos contó que tiene conocimientos náuticos, al menos, como patrón de embarcaciones de recreo. «Pienso en donde estoy, quien soy y donde quiero ir, y como nada está saliendo bien, uno se vuelve rebelde» Pedro no se enorgullece de su hazaña, a pesar de que ha sido una de las pocas cosas que le ha hecho sonreír en los últimos tiempos. Es consciente del daño que ha causado a los afectados y una vez más, le ha hecho pensar en los errores cometidos a lo largo de su vida. Según cuenta, vivía en un chalet en Badia Gran y llegó a tener su propia embarcación. Lo perdió todo a causa de decisiones erróneas y la llamada ‘mala vida’. Con sangre andaluza, Pedro también escribe y toca flamenco; nos lo cuenta mientras nos lleva al rincón de Salidas, en Son Sant Joan , donde ha dormido los últimos siete meses. «Mira, aquí vivimos. Lo compartimos todo» , dice mientras le pido que baje la voz para no despertar a los demás. «No tengo esperanza en que las cosas vayan mejor, no veo la luz, ésa es la verdad, si la viera, no estaría aquí», sentencia. Sabe qué ha sido el protagonista de una historia sorprendente, de un delito que nadie esperaba. «Es una locura, lo sé», dice. «Si yo me levanto todos los días con sentimientos de rabia, frustración y melancolía, qué más da robar un banco», zanja. No habla en serio. O quizá sí. Pero mientras en su día a día pasan desapercibidos ante los miles de viajeros que recibe el aeropuerto de Palma ; estas últimas horas, a pesar de enfrentarse, según la calificación provisional, a una pena de entre uno y tres años; todos se paran a escucharle . Nada justifica un delito, pero quien no tiene nada, nada tiene que perder.

Aplazan el primer juicio rápido por el piso okupado en Ibiza con una anciana dentro

Por Ian Mateu • 28 de abril de 2025
El primer combate judicial por la okupación de un piso en Ibiza con una anciana dentro se iba a celebrar el lunes en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ibiza . Sin embargo, se tuvo que aplazar a la semana que viene por un problema logístico del juzgado . Iba a ser un juicio rápido programado unas horas después de que el desencuentro llegara por primera vez al plano físico y diera pie a denuncias cruzadas por lesiones. Y es que el último puente que podía quedar en pie entre J. y Patricia saltó por los aires en la tarde del lunes, cuando por primera vez llegaron a las manos. El hombre estaba abandonando el piso cuando se encontró de bruces con la mujer, que en ese momento salía del ascensor. Se inició un forcejeo en el que también se vio involucrada la madre de ella, de 83 años. Resuelto el rifirrafe, J. y Patricia acudieron a distintos centros sanitarios en busca de atención médica. Él sufre excoriaciones en la región occipital y contusión frontal izquierda. Le curaron con yodo. Ella sufría dolor abdominal a consecuencia de un puñetazo y ansiedad. Le recetaron ibuprofeno y un ansiolítico. Ambos partes médicos van acompañados de sendos informes judiciales. El encontronazo en el descansillo del edificio se producía dos semanas después de que Patricia realizara un nuevo intento de diálogo con J. a través del siguiente mensaje.  "No sé qué pretendes. Me sacas de mis casillas con tu actitud. No entiendo cómo un joven de tanto provecho se pone en ese plan de querer perjudicar y vivir a costa del trabajo ajeno. A mí conseguir legalmente este piso me ha costado muchísimo esfuerzo y sacrificio. Yo no le perjudico nada a nadie, pero tampoco dejaré que se metan con mis cosas, lucharé por ello. Quiero que te vayas de la casa, de la casa de mi madre, que nos dejes en paz , que te busques un lugar. Yo no te he alquilado nada. Te di tiempo para que te fueras y te aprovechaste de eso. Aún estás a tiempo de irte y que esto no se convierte en un sinvivir para todos», le rogó, sin éxito, el pasado 26 de marzo.