Más de seis meses después de su comparecencia en el Congreso de los Diputados para explicar la situación, la Plataforma de Afectados por la Ocupación se ha podido reunir con algunos representantes del Partido Socialista en materia de vivienda. Sin embargo, en el encuentro ha quedado claro una vez más, según Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma, « la desatención y el desinterés total sobre nuestro problema». Durante la reunión, que tuvo lugar el pasado martes en el Congreso, además de Bravo estaban presentes el portavoz del PSOE en la Comisión de Vivienda y Agenda Urbana, Javier Rodríguez Palacios , y el portavoz adjunto de vivienda del grupo socialista en el Congreso, Vicent Sarrià. Un encuentro, según cuenta el portavoz de las víctimas de la okupación a THE OBJECTIVE , decepcionante y «poco constructivo» en el que los representantes del partido en el Gobierno aparecieron «con una libreta en blanco, sin medidas ni cifras» . Además, para sorpresa de Bravo, el espíritu fue de confrontación constante . «Lo más curioso de todo es que nos dijeron claramente que veníamos de la mano de otros partidos políticos y durante toda la reunión hubo una confrontación política que además fue más allá del tema de la okupación y la inquiokupación, metiendo temas que no tenían mucho que ver», lamenta. Según el portavoz de la Plataforma, Rodríguez y Sarrià reconocieron que les tienen «vetados» porque creen que van de la mano de partidos políticos (PP y Vox) y que están representando una ideología en lugar de una realidad. «Me indigna soberanamente ser atacados por una cuestión ideológica cuando no tenían ni idea de cuestiones fundamentales sobre el problema acerca de cómo interviene la policía ante un delito flagrante o sobre los modelos de vulnerabilidad asociados al real decreto», lamenta Bravo. Carta a la ministra El pasado 18 de noviembre, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación denunció en el Congreso de los Diputados la infravaloración de la situación por parte del Ejecutivo. Los afectados siguen sintiéndose «ignorados» por el Ministerio de Vivienda y por la ministra , a la que llevan pidiendo audiencia desde que entró en el cargo . Este martes, otro de los puntos clave de la reunión era precisamente entregarles a los portavoces de vivienda en el PSOE una carta para hacérsela llegar en mano a la ministra Isabel Rodríguez. En ella recuerdan que desde que tomó posesión de su cargo, la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha remitido todoslos meses de forma telemática una solicitud de reunión para que reciba a los afectados por okupación e inquiokupación. En la misma señalan que la Plataforma es totalmente apolítica, sin ánimo de lucro y formada por «pequeños propietarios que sufren okupación e inquiokupación y por vecinos que padecen comportamientos incívicos en sus comunidades por la okupación mafiosa». En la carta señalan además que algunos de los integrantes de la Plataforma han perdido su única vivienda, ya que durante lapandemia se tuvieron que trasladar a otra ciudad por motivos de trabajo y arrendaron su vivienda para poder afrontar el pago de su hipoteca. Explican la situación en profundidad y solicitan, por enésima vez, una reunión con Rodríguez, ya que esta, consideran, «puede ser de gran utilidad para poder compartir posibles soluciones a la gran preocupación de los españoles». Inquiocupación en aumento Otra parte importante de la reunión fue cuando desde la Plataforma se sacó el tema de la inquiocupación (inquilinos que empiezan pagando el alquiler y que pasados unos meses dejan de hacerlo y a los que no se les puede desahuciar si son considerados vulnerables). «Rápidamente, negaron la existencia de esa palabra, solo se podían considerar impagos. Nosotros les dijimos que preguntaran a una familia que lleva cuatro años sufriendo esto y manteniendo a su inquiokupa sin pagar y sin poder echarles», asegura Bravo. «Esto lo que demuestra es que en ningún momento se han puesto del lado de los afectados y que no tienen esa empatía hacia las víctimas que somos».  Con respecto al decreto antidesahucios, que es el culpable de la creciente inquiokupación en los últimos años a juicio de los afectados y de los expertos del sector, «mostraron cierta preocupación». En este sentido, desde la plataforma solicitaron al grupo socialista que, ya que no va a derogar una norma «tan perjudicial», que al menos excluya a los propietarios de una sola vivienda en alquiler del mismo. «Tomaron nota, nos dijeron que lo plantearían, veremos», finaliza el portavoz de la Plataforma de Afectados.

Los propietarios de viviendas okupadas ilegalmente en una ciudad de España ya no enfrentarán cargos penales si deciden cortar el agua, la luz o el gas a los intrusos . Así lo determinó la Audiencia Provincial de Barcelona el pasado 7 de marzo, en un acuerdo histórico que unifica criterios judiciales y exonera a los dueños de inmuebles de ser acusados por coacciones al suspender suministros básicos.  La medida, respaldada por cerca de 60 magistrados de las secciones penales, marca un antes y después en la lucha contra la okupación ilegal, un problema que en 2024 generó más de 2.300 denuncias solo en Cataluña . Un giro legal frente a los okupas El documento judicial, al que ha tenido acceso este medio, establece que "el titular de una finca okupada no comete delito de coacciones si deja de pagar o mantiene cortados los suministros". Esta decisión revierte la interpretación anterior, que equiparaba el corte de servicios con una forma de presión ilegítima, castigable con penas de hasta tres años de prisión según el artículo 172 del Código Penal . Okupa atrincherado en El Kubo (Barcelona) La resolución llega en un momento de creciente frustración entre los propietarios, que hasta ahora debían asumir los costes de los suministros mientras esperaban meses —incluso años— por un desalojo judicial. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) , el proceso medio para recuperar un inmueble en España oscila entre 4 y 12 meses, dependiendo de la comunidad autónoma. Barcelona, pionera La Audiencia de Gerona había sentado un precedente similar en noviembre de 2024, avalando además los desalojos exprés en casos de okupación flagrante (menos de 24 horas). Este último punto, sin embargo, no fue incluido en el acuerdo de Barcelona, pese a su relevancia en episodios como los disturbios de Salt (Girona) , donde el desahucio de un imán y su familia desencadenó protestas violentas. El Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ha calificado la medida como " un paso necesario ", pero insiste en que debe complementarse con reformas legislativas más profundas. En su último congreso sobre okupación ilegal, abogados de Barcelona, Madrid y Málaga propusieron crear un procedimiento civil urgente para recuperar propiedades en 48 horas y eliminar trabas burocráticas que equiparan a okupas con inquilinos legales.