Pilar Pérez, la viuda gallega que lleva cinco años manteniendo a su inquiokupa y a la que incluso le embargaron la pensión por no pagarle el agua , ha logrado finalmente que el juez ordene su lanzamiento, sorteando así el polémico decreto antidesahucios aprobado por el Gobierno en 2020.  " Por fin se ha hecho justicia ", dice la propietaria, que reconoce estar "contenta y cansada" a partes iguales, después de que, por fin, el titular del Juzgado número 4 de La Coruña haya accedido a revisar su caso y haya comprobado él mismo que si su inquiokupa es vulnerable —la coartada con la que los inquilinos que dejan de pagar el alquiler evitan el desahucio— es simple y llanamente porque ella quiere. No en vano, tal y como adelantó Libre Mercado , durante todos estos años, no solo ha rechazado numerosas viviendas sociales, sino que incluso logró un trabajo y que una fundación le pagase el alquiler . Con todo, el magistrado ordena a la inquiokupa que abandone la vivienda "dentro del plazo legal, bajo apercibimiento de lanzamiento", pero, además, la condena a abonar el importe de las rentas impagadas hasta el momento de presentación de la demanda (1.890 euros), más todas "las cantidades que se devenguen con posterioridad hasta la restitución posesoria", lo que haría un total de más de 22.000 euros , según la propietaria. Relacionado "Han sido cinco largos años de sufrimiento que nadie me va a devolver , pero, finalmente, el juez ha reconocido que ella era vulnerable porque quería, porque se le han dado más que ayudas para no serlo, para no seguir robando lo que es mío, y ella las rechazó todas para seguir ahí fastidiándome la vida. Y esto no se puede permitir", insiste la popietaria. Un mensaje de esperanza Con la esperanza puesta en poder recuperar su casa lo antes posible, Pilar dedica esta sentencia a todas las víctimas de esta lacra, a quienes envía un mensaje de aliento: "Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida". Que no se rindan, que tienen que luchar para sacar estos jetas y sinvergüenzas que están acabando con nuestra salud, con nuestro dinero y con nuestra vida Para Xaime da Pena, de dP Abogados , esta sentencia supone "un hecho histórico " y todo un "hito" en la Justicia española, ya que podría marcar un antes y un después. " Es probable que marque las pautas para un gran número de procedimientos de esta naturaleza , ya sean futuros o que se encuentren ya en curso", advierte. Falsa vulnerabilidad Tal y como avanzó en su día Libre Mercado , a pesar de que inicialmente fue declarada vulnerable, a lo largo de estos cinco años, la inquiokupa de Pilar había rechazado hasta tres viviendas alternativas. Así lo llegaron a certificar los Servicios Sociales: " Fueron varias las viviendas ofertadas y visitadas y todas fueron rechazadas por la interesada ", reza el informe al que tuvo acceso este periódico. Por si fuera poco, en 2022, la inquiokupa logró un empleo y que una fundación se ofreciera a pagarle el alquiler. " La madre con una orden de desahucio de su piso de A Coruña comienza a trabajar la próxima semana en una pizzería ", titulaba La Voz de Galicia en un artículo fechado el 14 de enero de aquel año. " La institución Padre Rubinos le pagará el alquiler para evitar que la mujer y su hija de 10 años sean desalojadas de su vivienda", añadía la noticia. Unos días más tarde, el propio diario le dedicaba otro artículo en el que se la podía ver ya trabajando en los fogones del restaurante y donde se aseguraba que desde la fundación Padre Rubinos "le pagaron el alquiler para evitar así el desahucio". Lo que sucedió con ese dinero es una incógnita, pero lo que está claro es que jamás llegó a quien tenía que llegar. "Eso fue lo que ella dijo a La Voz de Galicia , pero la fundación Padre Rubinos jamás se puso en contacto conmigo y jamás me ha pagado nada. Si le ha pagado a ella y se lo ha quedado, no lo sé , pero yo jamás he recibido ni un euro", denunció Pilar, a la que su inquiokupa debe a día de hoy más de 22.000 euros. Un punto de inflexión A pesar de las evidencias, hasta ahora, el juez siempre se había negado a revisar el procedimiento, limitándose a prorrogar de manera automática la primera suspensión del desahucio, que data de 2021. El hecho de que finalmente haya accedido a ello no solo ha supuesto un punto de inflexión para Pilar, sino que podría marcar un antes y un después para el resto de las víctimas de esta lacra. Los afectados por la inquiokupación llevan años quejándose de que sus casos no se revisen, cuando es evidente que, después de tanto tiempo, la situación económica y laboral de sus inquiokupas ha podido cambiar . Precisamente por eso, esta sentencia supone un hito, porque abre la puerta a que otros magistrados sigan la estela del titular del Juzgado de Primera Instancia número 4 de La Coruña. Su decisión va en consonancia, además, con el compromiso adquirido el pasado 12 de marzo, por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona , quienes acordaron solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma . De esta forma, las víctimas de la ciudad condal tendrán al menos una oportunidad al año de revertir una situación que no solo les condena a la ruina sino que, además, les destroza psicológicamente. Sánchez ya ha dejado claro que un medio crítico como este es un obstáculo. Nos halaga pero necesitamos tu ayuda para demostrarle que lo que dice es cierto. Hazte socio del Club LD .

El pleno de ayer en el Consell d’Eivissa sirvió para reflejar, una vez más, las diferentes recetas que el PP y la oposición de izquierdas tienen a la hora de abordar los problemas de la isla. Los socialistas, a través de dos mociones, reclamaron la retirada de los decretos urbanísticos y turísticos del Govern que han sido convalidados por el Parlament. No convencieron al equipo de gobierno, que votó en contra. En materia de vivienda, la socialista Elena López aseguró que el decreto aprobado «solo servirá para «beneficiar a los de siempre: constructores y promotores». «Es falso que construyendo más viviendas bajarán los precios, y ustedes lo saben», añadió la portavoz socialista, que insistió en que la solución es «limitar el precio de los alquileres». Por su parte, el vicepresidente Mariano Juan resaltó que el decreto aprobado «no afecta a Ibiza, sino a Palma». Con la tramitación parlamentaria, «tenemos un lienzo en blanco y la normativa dirá lo que quieran los ayuntamientos de Ibiza». En este sentido, Juan abogó por «crear suelo urbano tasado, no de vivienda libre. No se va a construir en el campo ni en los bosques. Se va a construir para residentes con un mínimo de años empadronados, vamos a pedir pisos asequibles, también de protección oficial y a precio limitado, que un porcentaje de pisos sea para los ayuntamientos y que dos terceras partes del suelo sea público además de pisos para colectivos específicos. Esto es lo que va a pedir Ibiza». Mariano Juan insistió: «Hay que poner suelo para residentes que lleven años y que (las viviendas) sean a precios razonables. Aquí no hay propuestas para la clase media ibicenca». El vicepresidente afeó QUE «la moción escrita desde Palma que ha presentado el PSOE» ignora la realidad de la isla de Ibiza, afirmando que existe alquiler turístico en plurifamiliares y recordó la dimisión del conseller Vericad en 2018 por votar en contra de la zonificación del alquiler turístico que proponían PSOE y Podemos. Mariano Juan echó en cara que los socialistas hablen de saturación turística «cuando ustedes fueron los que más licencias turísticas dieron en Ibiza. Del total de 2.200 viviendas turísticas, 1.600 las concedieron ustedes. De las 18.000 plazas que hay, ustedes dieron 12.000 plazas turísticas». La portavoz socialista respondió que estas plazas fueron fruto de la Ley Delgado de 2012 y que «las tuvimos que dar para no ir a prisión». Interpelación El conseller de Unidas Podemos, Óscar Rodríguez, interpeló al presidente del Consell sobre la creciente presencia de asentamientos de infraviviendas en Ibiza. «El problema se ha agudizado en un año, en el que hemos visto el dramático desalojo de Can Rova con centenares de personas y se han tomado cero medidas para solucionar esta situación. Mientras, ha habido una política criminalizadora de esta gente. En es Gorg no los desaloja, pero va a denunciarlos. La administración putea a la clase trabajadora de esta isla», señaló Rodríguez. Vicent Marí señaló que «los asentamientos son un riesgo, no solo para el entorno, sino para las personas que viven allí» y culpó del agravamiento de la situación a las políticas de vivienda de la izquierda El presidente del Consell d’Eivissa destacó que «no podemos fiarlo solamente a la VPO», a la vez que aseguró que «no se puede normalizar en Ibiza vivir en caravanas, tiendas de campaña, yurtas, ni demás infraviviendas». Finalmente, Marí tendió la mano a la oposición para que hagan propuestas en materia de vivienda. «Necesitamos crear esperanza y que la gente pueda acceder una vivienda a un precio razonable y limitado. Si aquí somos capaces de consensuar unas propuestas, en el Parlament no nos llevarán la contraria», apuntó Vicent Marí. EL APUNTE Rifirrafe entre PSOE y PPpor la hipotética incineradora El presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el conseller socialista Víctor Torres, protagonizaron ayer el momento más tenso de la sesión plenaria. En el turno de preguntas, Torres se saltó el reglamento y en vez de ceñirse a leer las tres preguntas que llevaba preparadas sobre residuos criticó el proceso de participación ciudadana que el Consell d’Eivissa inició semanas atrás para decidir el futuro de la gestión de los residuos de la isla ante el cercano cierre del vertedero de Ca na Putxa. El socialista señaló que este proceso ha quedado «invalidado» ya que no se ofrece información sobre dónde se construirá la incineradora de residuos en caso de que ésta sea la opción escogida finalmente. «Es ofensivo que ustedes hagan un proceso participativo sin dar toda la información», apuntó el conseller socialista.  Vicent Marí le paró los pies a Torres y le contestó que lo que estaba haciendo era «demagogia». «Que diga que el proceso queda invalidado le descalifica a usted. Está avalado por técnicos de la casa y la empresa consultora más prestigiosa del país. Que venga a dar lecciones no se lo admito porque pone en duda la profesionalidad de gente con más estudios que usted y yo», le espetó el presidente. El Consell propone llevar los residuos a Mallorca o construir una incineradora y tratarlos en Ibiza.