El portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo, denunció este viernes por la tarde en Ibiza «el desamparo total» que sufren las víctimas de la usurpación de viviendas, lamentando también que son el eje de una campaña orquestada por el Gobierno para minimizar e invisibilizar el sufrimiento de las personas a quienes han okupado sus casas. Así lo aseguró Bravo, participante en la iniciativa del PP de Ibiza, ‘Objectius a Debat’, que en esta ocasión abordó el problema de la okupación ilegal de viviendas, el allanamiento y la inquiokupación. El foro fue moderado por el senador autonómico Miguel Jerez y contó además con el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Baleares, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular en materia de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. El presidente de la plataforma nacional recordó que ahora mismo registran en toda España unos 7.000 casos abiertos relacionados con okupaciones, casos que, según estadísticas, habrían crecido más de un 7% en el último año, aunque puntualizaron que hay muchas víctimas más que no aparecen recogidas en esos porcentajes puesto que algunas familias pueden decantarse por buscar vías extrajudiciales para solventar su situación. «En las estadísticas no se recoge ni un solo caso de inquiokupación. Nosotros los ciframos en unos 80.000 en toda España», insistió. Bravo lamentó que no se estén dando soluciones legislativas para acabar con esta lacra. También reconoció la sorpresa en la plataforma porque en Baleares, con la grave problemática habitacional, se están dando incluso okupaciones de barcos. «En las islas, vemos más las usurpaciones como síntomas de la situación, no como la causa», insistió. «En Baleares hay muchas segundas residencias que están siendo okupadas. Los extranjeros allanados desconocen los recursos existentes en España. Puede haber un número de afectados sorprendente que puede crear una alarma incluso internacional», advirtió Bravo. Según explicó también, el caso de la casa okupada en Sant Antoni llegó al Parlamento Europeo donde se comentó cómo llegó a actuar el pueblo para expulsar a los okupas. Consejos como contratar de inmediato a un abogado para saber cómo actuar ante una posible okupación fue uno de los consejos ofrecidos por Bravo puesto que, actualmente, «sólo se puede denunciar y esperar». Fausto Oviedo, por su parte, agradeció que el Partido Popular haya impulsado este debate social «tan necesario» al haberse convertido la usurpación de viviendas en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos españoles. «Y es normal porque se está legislando de forma desleal contra la Constitución para convertir el país en una España sin propiedad privada y sin herencia y esto es muy grave», consideró. El presidente de la asociación balear señaló que la okupación y la inquiokupación no son un reflejo real de la sociedad actual, sino que «son el resultado de la permisividad institucional ante las mafias».  «Desconozco las razones por las que se está erosionando la Constitución, pero estos fenómenos sólo demuestran el fracaso del actual Gobierno al ser un síntoma inequívoco de que existe un país donde no hay ley ni orden», criticó. Según añadió también, eventos como el de ayer sirven para brindar información a los ciudadanos y aumentar la conciencia social sobre la necesidad de lograr un cambio legislativo para contar con una auténtica ley antiokupación.

El PP de Ibiza celebrará este viernes un debate sobre la «preocupante situación» de la okupación ilegal de viviendas en las islas con motivo de la nueva edición de la jornada ‘Objectius a Debat’. La cita, abierta a toda la ciudadanía, tendrá lugar el Centro Cultural de Jesús a partir de las 19.30 horas, según anuncia la formación. El foro contará con la participación del portavoz de la Plataforma Afectados por la Okupación, Ricardo Bravo; el presidente de la Asociación pro-derecho a la propiedad privada inmobiliaria de Balears, Fausto Oviedo; la administradora de fincas Lidia Oviedo y el director insular de lucha contra el intrusismo, Enrique Gómez Bastida. La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP ibicenco, Sara Ramón, valoró la campaña iniciada por su partido para reclamar a la presidenta del Congreso, Francina Armengol , que «desbloquee» la ley del PP aprobada por el Senado, con la que se «permitiría echar a los okupas en 24 horas». Además, esta iniciativa contempla incrementar las penas y suspender la inscripción en el padrón municipal de los okupas, entre otras medidas.  «Pero Armengol bloquea esta ley, conocedora de que es una votación que saldría adelante en caso de votarse», criticó Ramón. En Ibiza, los socialistas también han elegido «seguir en el lado de los delincuentes y fomentar una práctica que cada vez afecta a más familias», añadió. La popular ha cuestionado que «una mala ley socialista» ha disparado las okupaciones en Balears, «situándola como la segunda comunidad con la tasa más alta». No obstante, Ramón aseguró que los populares llegarán al poder «en dos años» y desbloquearán esta ley.

Dos indigentes que habitualmente pernoctan en el Aeropuerto de Palma , uno de ellos con conocimientos náuticos, decidieron dar un vuelco drástico a sus penurias cotidianas. Así, el domingo robaron un velero de 12 metros de eslora y se echaron a la mar. Después de comer y beber todo lo que toparon en la embarcación, su singladura se puso fin abruptamente en sa Ràpita. Tras quedar el patrón inconsciente y el otro sin posibilidad de llevar el timón, embarcaciones de Salvamento Marítimo acudieron a su rescate y efectivos del S ervicio Marítimo de la Guardia Civil procedieron a su abordaje y posterior detención. Los dos indigentes habían encontrado acomodo en el Aeropuerto de Palma . Hastiados de las penurias, uno de ellos trató de sacar partido de sus conocimientos náuticos y le propuso al otro aventurarse en una particular odisea. Así ambos se dirigieron la mañana del domingo al club náutico San Antonio de la Playa de Can Pastilla. El patrón potencial reparó en un velero de doce metros de eslora y le convenció de que ambos podrían zarpar y echarse a la mar. Durante la travesía los dos indigentes reconvertidos en marinos dieron buena cuenta de la comida y, sobre todo, de la bebida que albergaba la embarcación. Hasta tal punto de que el patrón y el único de los dos con conocimientos náuticos se quedó inconsciente. Su acompañante empezó entonces a sentirse desvalido. El único ocupante que se encontraba consciente no tenía la menor idea de gobernar el velero y su mayor preocupación entonces pasaba por encontrar la fórmula para que alguien acudiera en su auxilio. Después de manipular la radio, consiguió establecer contacto con Salvamento Marítimo. Sin embargo, el tripulante del velero no tenía la menor idea de transmitir cuál era su posición. El primer consejo que le dieron fue que activara la radiobaliza para que pudieran acudir en su auxilio. Sin embargo, este no encontró la fórmula para poner en marcha el dispositivo. Ante la manifiesta incapacidad que presentaba el interlocutor para actuar ante esta emergencia, los expertos de Salvamento Marítimo le propusieron una solución drástica: arrojar al mar la radiobaliza para que se activara automáticamente nada más entrar en contacto con el agua. El incompetente ladrón del barco siguió las instrucciones que le marcaron los expertos al pie de la letra para que le rescataran. Aunque eso le pudiera suponer que acabara detenido junto con su compañero de fatigas. Dicho y hecho. Nada más entrar en contacto con el agua del mar, la radiobaliza posicionó con exactitud el lugar donde se encontraba la embarcación sustraída y sus dos ocupantes. Los servicios de emergencia tenían constancia de que se encontraban ante una embarcación robada. A continuación un dispositivo especial se movilizó hacia el lugar que marcaban las coordenadas de la radiobaliza después de haber sido lanzada al mar. Salvamento Marítimo movilizó un remolcador para hacerse cargo del velero robado y una lancha para ocuparse de los ladrones, reconvertidos en náufragos. Detención Al tener constancia de que se encontraban ante dos presuntos ladrones, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil desplazó la patrullera Río Gállego para actuar ante los delincuentes. Tras divisar a la deriva el velero ‘Pelegrin Tuk’ , de 12 metros de eslora, y sabedores de que había dos delincuentes en el interior los efectivos del instituto armado adoptaron las debidas precauciones y procedieron al abordaje de la embarcación al sur de sa Ràpita. Lejos de oponer resistencia, los dos indigentes recibieron con cierto alivio la llegada y el abordaje del velero efectuado por los efectivos del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Su alocada singladura había llegado a su fin de forma abrupta con la detención de estos dos individuos. Mientras, el personal del remolcador de Salvamento Marítimo se encargó de amarrar la embarcación de manera provisional en el muelle de sa Ràpita.

Inseguridad jurídica: el enemigo silencioso del crecimiento económico En el debate público sobre los grandes desafíos económicos de España, rara vez se menciona con la suficiente claridad uno de los factores que más daño está haciendo a nuestro modelo productivo: la creciente inseguridad jurídica. Este fenómeno, que avanza casi de forma silenciosa pero firme en estos últimos años, está erosionando con rapidez las bases sobre las que se ha sostenido buena parte del crecimiento económico español en las últimas décadas. Atraídos por su clima, su calidad de vida, su localización estratégica, la estabilidad dentro de la Unión Europea y un marco jurídico que garantizaba la propiedad privada, durante años nuestro país se había convertido en uno de los principales destinos para la inversión extranjera. Sin embargo, en los últimos años este escenario ha cambiado radicalmente. La propiedad privada, tradicionalmente protegida en los países de nuestro entorno, se ha convertido en un bien cada vez más expuesto a vaivenes políticos y normativos, que han introducido un nivel de incertidumbre desconocido hasta ahora en España. La actual inseguridad jurídica, marcada por la proliferación de normativas intervencionistas en el mercado inmobiliario, las trabas a los desahucios incluso en situaciones flagrantes de impago, la aparición de la ambigua figura del vulnerable y el auge de las ocupaciones ilegales, todo ello amparado por una saturación desesperante de los procesos judiciales, están enviando un mensaje muy claro a los inversores: España ya no es un país seguro para invertir. Y cuando el capital recibe ese mensaje, actúa en consecuencia. La inversión extranjera directa en el sector inmobiliario español cayó un 15% en 2023 respecto al año anterior, según datos del propio Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. No es un fenómeno aislado, sino una tendencia que empieza a consolidarse. Cuando la inversión se frena, no es solo un problema para inversores o constructores, sino que toda la cadena de valor se resiente. El resultado está a la vista: caída de la inversión, fuga de capital extranjero en favor de otros países, contracción de la oferta de vivienda y, paradójicamente, subida de precios. Pero si hay un fenómeno que refleja de forma paradigmática la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario español es el de las ocupaciones ilegales. Lo que en otros países de nuestro entorno se resuelve de manera rápida y eficiente, aquí se ha convertido en un auténtico calvario para los propietarios. Los procesos judiciales se alargan incluso años, y la protección al ocupante ha llegado a extremos incomprensibles desde el punto de vista de un sistema económico que históricamente se ha basado en el respeto a la propiedad privada para su estabilidad y desarrollo. El binomio turístico-inmobiliario España ha sostenido su crecimiento económico en las últimas décadas sobre dos pilares fundamentales: turismo e inmobiliario. Ambos sectores no son compartimentos estancos, están profundamente interrelacionados, y representan juntos cerca de un 25% del PIB, generando millones de empleos. Por ello, la inseguridad jurídica en el sector inmobiliario representa un grave obstáculo para el desarrollo sostenible de economías fuertemente dependientes del turismo. La falta de seguridad jurídica no es, por tanto, un problema menor o aislado. Es un riesgo sistémico que pone en cuestión la sostenibilidad de nuestro modelo de crecimiento. La inestabilidad normativa, el intervencionismo desbordado y la falta de respeto a la propiedad privada están expulsando a los inversores, reduciendo la oferta de vivienda, alimentando la economía sumergida, afectando al empleo y debilitando la imagen internacional de España como destino de inversión y turismo, en favor de otros destinos competidores. La imagen internacional de un destino turístico se basa, entre otros factores, en la percepción de seguridad y calidad de vida. Las noticias sobre ocupaciones ilegales, la percepción negativa sobre la seguridad y el orden, o inacción de las autoridades proyectan una imagen negativa que puede afectar directamente a la captación de nuevas inversiones en nuestro país. Un frenazo en el desarrollo de infraestructuras turísticas genera una oferta turística envejecida y menos atractiva, lo que reduce la capacidad de competir frente a destinos más modernos y seguros legalmente, y disminuye la afluencia de turistas, preocupados por posibles problemas legales o por el deterioro del entorno. El turismo moderno depende en gran medida de la calidad de la infraestructura y servicios ofrecidos. Si la inseguridad jurídica paraliza el desarrollo o la renovación de la oferta turística, ésta se vuelve obsoleta frente a otros destinos, y esto lleva a una pérdida de competitividad regional frente a destinos que sí garantizan estabilidad legal y seguridad patrimonial. Sin inversión, no hay renovación. Sin renovación, no hay competitividad. Y sin competitividad, el destino pierde atractivo. Las Islas Baleares: las grandes damnificadas En regiones tan dependientes del turismo como son las Islas Baleares, este fenómeno adquiere una dimensión aún más preocupante. Baleares es la comunidad autónoma con mayor dependencia del turismo en España, representando el 45% del PIB. Si a ello le sumamos el sector inmobiliario, estos dos motores económicos representan más del 65% para la economía balear. En este contexto, los efectos que la inseguridad jurídica está generando sobre las Islas Baleares —como resultado del complejo entramado normativo estatal que está socavando de forma inusual el derecho a la propiedad privada— son casi tres veces más intensos que los que se observan en el conjunto de la economía española. En consecuencia, la inseguridad jurídica para la propiedad privada representa una amenaza estructural para todo el modelo turístico balear. Hoteles, resorts, complejos residenciales turísticos, segundas residencias y servicios de infraestructura (centros comerciales, puertos deportivos, restaurantes, etc.) dependen de un marco legal claro, transparente y estable. No olvidemos que el turismo residencial —más sensible aún si cabe a los efectos de la inseguridad jurídica inmobiliaria—, representa tradicionalmente una vertiente estratégica dentro del modelo turístico balear, un sector que complementa el turismo tradicional y que dinamiza de manera intensa el tejido económico local. El turismo residencial atrae a visitantes de poder adquisitivo medio-alto durante todo el año, dinamiza el sector inmobiliario e impulsa servicios vinculados de calidad, generando miles de puestos de trabajo. Se trata de un turista que no busca la masificación, en muchas ocasiones impulsa la revitalización de zonas rurales o menos saturadas, lo que lo convierte en un aliado perfecto para modelos de desarrollo turístico sostenible. En definitiva, el llamado “turismo de calidad” no es una etiqueta vacía: se trata de un perfil de visitante que gasta más, permanece más tiempo, busca experiencias culturales y gastronómicas, valora la exclusividad y, sobre todo, exige un entorno ordenado, limpio, seguro y profesional. Pero este turista no tolera la inestabilidad. Cuando percibe desorden urbano, inseguridad jurídica, cambios legislativos arbitrarios, conflictos sociales o degradación del entorno, simplemente cambia de destino. Cuando un destino turístico pierde su atractivo para el visitante de calidad y al mismo tiempo se convierte en un territorio de residencia permanente para aquellos más vulnerables, el modelo económico empieza a mostrar grietas estructurales. La estacionalidad se acentúa, los ingresos fiscales se reducen, la imagen exterior se deteriora y los conflictos sociales aumentan. El destino se convierte, paulatinamente, en un espacio saturado, con una economía de bajo valor añadido, escasa cohesión social y limitada proyección futura. Las Islas Baleares son, hoy por hoy, un claro ejemplo de este doble fenómeno en acción. Por un lado, un fuerte crecimiento de la población residente extranjera, aún atraída por las oportunidades de empleo rápido que ofrece una economía basada en los servicios —aunque estas sean en muchos casos precarias—, que han convertido a la región en un polo natural de atracción migratoria, especialmente para trabajadores de baja cualificación. Por otro lado, el socavamiento de la capacidad del destino para atraer y fidelizar el denominado “turismo de calidad”, que provoca una expulsión progresiva del visitante de mayor poder adquisitivo, que es precisamente el que genera mayor valor añadido, impulsa la inversión privada y eleva la recaudación fiscal. La pérdida de este segmento supone una reducción directa de la rentabilidad del sector turístico y una menor capacidad de reinversión en infraestructuras y servicios. Si no se revierte esta tendencia, la economía balear —altamente dependiente del turismo— será la que en este caso se convertirá en vulnerable, perdiendo competitividad frente a otros destinos emergentes mejor posicionados. Amenazar estos sectores por un exceso de intervencionismo o por la falta de seguridad jurídica no es solo un error; es un riesgo estratégico. Las Islas Baleares no pueden permitirse este lujo. Más que ninguna otra región, deben asumir un papel de liderazgo firme y decidido en la defensa del derecho de propiedad privada frente a las injerencias del Estado, sin ambigüedades ni concesiones. La seguridad jurídica no es una cuestión ideológica. Es una condición imprescindible para el progreso económico y social. No se trata de proteger solo al propietario o al inversor; se trata de proteger la economía en su conjunto. La sostenibilidad de la economía balear pasa necesariamente por garantizar este marco normativo estable, transparente y predecible para la recuperación de la confianza inversora.  Lo contrario es avanzar hacia un escenario de menor inversión, menor empleo, menor crecimiento y mayor conflicto social. En definitiva, cavar la tumba de un modelo económico que, con sus luces y sombras, ha permitido a las Islas Baleares prosperar en las últimas décadas. Y lo más preocupante es que, cuando los inversores y los turistas se van, volver a recuperarlos no es cuestión de meses, sino de generaciones.