«¿Qué leyes amparan a quienes tenemos las propiedades okupadas?»
La historia que os contamos a continuación parece increíble, más propia de la ciencia ficción, pero es real y cruda como la vida misma. Trataremos de resumirla. En 2019, Jordi Chalé heredó en Cala d'Or, a la vera de Cala Gran, un complejo turístico formado por un hotel de 218 plazas y tres bloques de apartamentos anexos, lo cual no está nada mal… Pero hay un problema: al recibir la herencia, todos los apartamentos estaban okupados por gente que no pagaba ni alquiler, ni luz, ni agua. Tras tres años de juicios no ha conseguido recuperarlos, porque la ley los ampara a que ni paguen ni se vayan. Y en cuanto al hotel… Pues después de sufrir robos y sabotajes constantes, hubo que pelarlo, es decir, quitarle puertas, ventanas, lavabos, váteres, platos de ducha, etc., a fin de que no fueran okupados… Cosa que no ha conseguido, ya que le han okupado cuatro apartamentos inhabitables, sin siquiera lavabo, y ¡ojo!, que algunos se han instalado en ellos con niños, «lo cual ha sido incluso acreditado por los Servicios Sociales del municipio», señala Jordi.
Todos los gastos por su cuenta
¿Qué le suponía –le supone– esta situación a Jordi? Pues… Primero, que si quiere explotar, vender o alquilar la propiedad heredada para afrontar los gastos –no hace mucho un grupo extranjero quería arrendar el hotel-–, no puede: está okupada. ¿Y quién quiere un hotel okupado? ¡Nadie! Por eso, el grupo interesado desistió en la operación. Además, pese a la okupación, por la cual ni puede reformar, ni alquilar, ni vender, debe de pagar el agua, la luz, los correspondientes impuestos y las basuras del hotel y apartamentos. Ha intentado negociar con los okupas sin resultado. Es más, más de dos le han amenazado, por ello, cada vez que se acerca a sus propiedades, lleva consigo, colgada en el pecho, una cámara Go-Pro, «pues es mi seguro, ya que en ella queda grabada cualquier agresión, insulto y/o amenaza, que pueda recibir por parte de ellos. Por eso siempre va conmigo». Ha denunciado el caso a la alcaldesa porque además hay riesgo declarado de colapso de los edificios, pero le ha dicho que no puede hacer nada, incluso habiendo acreditado con informes técnicos que puede ocurrir una desgracia. Ha denunciado el caso a la Guardia Civil, que le ha remitido al juzgado. En el juzgado, en vez de reunir todos los casos en uno, lo hace de uno en uno, y cuando, después de años, llega una sentencia favorable y se marchan los okupantes de la vivienda, enseguida esta es okupada por otros. «Y así llevo más de una centena de demandas y denuncias. Mientras tanto, me siguen llegando los impuestos y las facturas de agua, luz, y las reclamaciones de los vecinos, producidas por averías o vandalismo de los ocupantes etc., que ya no puedo pagar, pues ya llevo gastado, entre abogados, tapiados y vaciados, sistemas de vigilancia y alarma, trámites judiciales, y algunas facturas que pude abonar al principio, más de medio millón de euros. Todo ello sin haber podido generar ingresos, pero sí viendo cómo cada vez esto va a peor, encontrándome actualmente en una situación financiera al límite». Al preguntarle que quiénes son los okupas, Jordi nos dice que «unos son trabajadores, y entre ellos, temporeros de establecimientos turísticos de la zona, mientras que otros son okupas, simplemente, sin oficio declarado... Y si entre los primeros hay algunos que hacen cuentas marcharse cuando acabe la temporada, la mayoría no piensa irse nunca. Es más, más de uno tiene realquilado su apartamento. Y lo peor, que en los apartamentos viven niños que no van a la escuela».
Nos llama la atención ver en uno de los bloques un súper, un restaurante y una peluquería que están funcionando. ¿Okupados, también…? «No. Esos locales no son míos», nos aclara. Pues esta es la situación de Jordi a día de hoy. Se siente totalmente desamparado por los poderes públicos, a los que convocó hace más de tres años antes de iniciar procedimientos judiciales contra los okupantes, en un intento de tratar de encontrar una solución a la problemática que afecta también al municipio.
Le preguntamos que si antes de naufragar completamente ha contactado con el servicio de desokupas por si pudieran hacer algo y… «Sí, he hablado con ellos, pero me han dicho que tal y como están las cosas, esto es inviable».
Y por si fuera poco, ha llegado hasta nosotros que al lugar se le denomina ‘El Son Banya de Cala d' Or'. Jordi ni asiente ni desmiente «pues bastantes problemas tengo yo con algunos de los que viven en mis propiedades», nos dice. Pero está claro –le decimos– que ese calificativo, ‘El Son Banya de Cala d' Or', nada beneficia a Cala d'Or, sea desde el punto de vista vecinal, turístico o inversionista. O dicho de otro modo, esa denominación no le debe gustar ni a la alcaldesa, ni al conseller de Turisme, ni al de Economia…Ni al Consell, ni al Govern… ¡Ni a nadie! Sin embargo, la situación es esa. Los okupas a sus anchas, mientras que Jordi, a punto del ataque de nervios.
«Me parece muy bien que los okupas tengan leyes a su favor, pero, ¿qué leyes nos amparan a los okupados? Muy pocas, desde luego. Basta, si no, ver lo que me está pasando», se lamenta. Por eso nos llama la atención que la clase política parlamentaria no cambie esa ley, porque, tal y como están las cosas hoy, y gracias a cómo están las leyes hoy, Jordi sigue teniendo la propiedad okupada, está amenazado, tiene que pagar agua, luz, basuras, IBI, etc., de lo okupado, mientras los okupas viven tranquilamente a su costa. Las autoridades, que conocen el asunto, lamentan que esta sea la situación que le ha tocado vivir, pero lo máximo que ha obtenido hasta ahora son palabras de aliento. ¿Continuará siendo el mundo al revés mientras quien tiene la capacidad de dar solución a los problemas de okupación como éste, no tenga la voluntad de resolverlos y siga mirando hacia otro lado?
