Pena mínima por okupar una casa de una familia con niños
Entrar ilegalmente en una casa y okuparla durante semanas es un delito, pero el castigo no es demasiado alto. Ni siquiera cuando, una vez que estos okupas son obligados a abandonar el inmueble, se descubre que han provocado daños importantes, cuyo coste de reparación los tiene que asumir el propietario. Además, realiza estas reparaciones consciente de que los que han provocado los daños nunca podrán asumir el coste económico, porque se trata de personas que económicamente son insolventes. El castigo que se les impone se reduce a una multa, que ni siquiera van a pagar.
Esta situación es la que ha tenido que asumir una familia con hijos de Eivissa, que después de varios días fuera de su domicilio, al regresar descubrieron que habían cambiado la cerradura de la puerta y habían entrado en su propiedad. La mujer, dueña de esta casa, se encontró de pronto en la calle, junto a dos hijos menores, mientras que los okupas permanecían tranquilamente en el domicilio, disfrutando de todas las comodidades, sin la más mínima intención de marcharse.
Esta familia se encontró ante la necesidad de buscar otro sitio para poder residir, mientras se denunciaba lo ocurrido y se iniciaba el costoso trámite de poder sacar a los intrusos del domicilio. Y como en la isla de Eivissa no es precisamente fácil encontrar de pronto una casa para vivir, la mujer y las dos menores no tuvieron más remedio que trasladarse a un hotel. Allí pasaron varias semanas, sin poder tampoco disponer de sus pertenencias, mientras se expulsaba a los okupas de su casa. Aún tuvieron cierta fortuna, porque al tratarse de su vivienda habitual en algo más de un mes pudieron echarlos del domicilio. Cuando entraron descubrieron un panorama desolador. No solo les habían entrada a la fuerza, sino que además la habían destrozado. Rompieron colchones, puertas y vidrieras, entras otras muchas cosas, ya que al fin y al cabo se trataba de materiales que no eran suyos y podían prescindir de ellos. Una vez que lograron que estas personas abandonaran la casa, la propietaria presentó una denuncia, que terminó en un juicio y en una condena. Los tres okupas, dos hombres y una mujer, fueron declarados culpable de un delito de usurpación. El juez les impuso una pena de multa, que alcanza los 1.500 euros para cada uno, más una indemnización de 600 euros por los daños morales causados a la propietaria de la casa. Los acusados ni siquiera se dignaron a presentarse ante el juez y justificar lo que habían hecho. La sentencia se dictó sin escuchar su declaración.
Fue después de dictarse sentencia cuando los tres okupas decidieron recurrir la condena, al considerar que era injusta y desproporcionada.
Este recurso ha tenido que ser resuelto por la Audiencia de Palma, que ha analizado en profundidad lo que representa el fenómeno de la okupación y el daño que supone para quien lo sufre. Así, la sentencia, que en definitiva lo que hace es confirmar la pena de multa para los tres acusados, recuerda que el bien jurídico que protege la ley es la propiedad privada y los derechos que asisten a su propietario. El tribunal detalla que el ataque a esta propiedad privada puede poner en peligro el sistema económico del Estado. Además, este derecho siempre asiste al propietario, aunque la casa que le hayan entrado no represente su vivienda habitual.
Sobre la persecución de la okupación como delito de usurpación los tribunales han dictado numerosas sentencias. Algunas de ellas vienen citadas en esta resolución de la Audiencia, que sobre todo destaca que lo que se persigue con este delito es la entrada ilegal en una casa que no le pertenece, actuando con la intención de permanecer en ella durante mucho tiempo. Esta okupación, en algunos casos, se resuelve como un delito leve, pero en este caso se considera un delito grave por las circunstancias de lo ocurrido.
En cualquier caso este grave caso que sufrió esta familia indefensa, al final se ha castigado con una pena mínima de multa, que ni siquiera se va a pagar.
