Los jueces de Barcelona lideran la rebelión antiokupa: el desconocido acuerdo que pone coto al decreto antidesahucios

Ian Mateu • 27 de marzo de 2025

Desbordados por la multitud de casos que se dan en Cataluña, los jueces de Barcelona lideran estos días la rebelión contra la impunidad okupa. Después de que la Audiencia Provincial de Barcelona acordase que, a partir de ahora, cortar o dejar de pagar los suministros de los okupas de patada en la puerta no constituirá un delito de coacciones, los magistrados de la ciudad condal ponen coto a la temida inquiokupación, la modalidad que más ha crecido desde 2020 al calor del polémico decreto antidesahucios que el Gobierno aprobó para hacer frente a la crisis del coronavirus y que, a pesar del fin de la pandemia, ha sido prorrogado hasta en once ocasiones.


A tal fin, y según ha podido saber Libre Mercado, la Junta de Jueces de Primera Instancia de Barcelona acordó el pasado día 12 de marzo solicitar a los Servicios Sociales que comprueben en cada prórroga si la situación de vulnerabilidad alegada por los okupas sigue siendo la misma (punto 4), ya que algunos llevan hasta cinco años viviendo a costa de los propietarios. Se trata de una medida que las víctimas llevan reclamando mucho tiempo, por cuanto consideran que aquellos que se libraron de un desahucio por un despido sobrevenido, por ejemplo, ya han podido encontrar trabajo desde entonces.



Lo que dice el acuerdo

"La prórroga de la suspensión extraordinaria de los procedimientos de desahucio y de lanzamiento para hogares vulnerables sin alternativa habitacional regulada en el Real Decreto-ley 11/2020 prevista en el Real .Decreto-ley 1/2025, de 28 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad no excluye la posibilidad de verificar que subsisten los requisitos que determinaron que se otorgara en su momento", esgrime el mencionado acuerdo al que ha tenido acceso LD.


El documento en cuestión justifica tal decisión alegando que "dado que los documentos e informes de servicios sociales que pudieron determinar la previa suspensión acreditaron la concurrencia de los requisitos habilitantes para la misma en un momento anterior, nada obsta a que deban ser actualizados en el momento de decidir sobre la prórroga de la suspensión, máxime cuando dichos documentos tienen una vigencia temporal limitada".



Lo que opinan los expertos

"Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo para exigir que esos inquiokupas tengan que justificar que siguen reuniendo los requisitos de vulnerabilidad, por eso es tan importante", subraya José María Español, abogado experto en derecho inmobiliario.


Es algo de sentido común, porque usted pudo tener un problema económico en un momento puntual y ahora no tenerlo, pero no siempre se hace, y ahora los jueces de Barcelona se han puesto de acuerdo, por eso es tan importante

El letrado considera que los jueces de Barcelona han asumido el liderazgo de la rebelión antiokupa, también con el tema de los suministros, por una razón muy sencilla: "Prácticamente, el 50% de la okupación que hay en España está en Cataluña y hay jueces que pueden hacer hasta 25 o 30 sentencias semanales en materia de okupación, con lo que es evidente que marcan tendencia, pero, tal y como están las cosas, esto va a ir a más en todas las comunidades, así que yo espero que este tipo de acuerdos se vayan extrapolando".



Lo que desean las víctimas

Lo mismo desean desde la Plataforma de Afectados por la Ocupación, cuyo portavoz, Ricardo Bravo, recuerda que, aunque ya existe una sentencia del Tribunal Supremo que establece que hay que revisar los requisitos de vulnerabilidad con cada prórroga y debería sentar jurisprudencia (STS 1417/2024), la realidad es que muchos jueces siguen sin hacerlo.

Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo



"Nosotros hemos animado a nuestros afectados a que lo soliciten, tanto por registro en el Ayuntamiento, como informando a sus abogados para que lo reclamen al juez —apunta Bravo—, pero lógicamente lo ideal sería que, al igual que los jueces de Barcelona, los del resto de España también se comprometieran a exigirlo sin necesidad de que los propietarios tengan que pelearlo".


Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
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