Los abogados de Barcelona, Madrid y Málaga plantean desalojos en 48 horas contra la ocupación ilegal

Ian Mateu • 29 de enero de 2025

Los colegios de abogados de Barcelona, Madrid y Málaga han detallado este martes su receta para combatir la ocupación ilegal de viviendas: cambios legislativos para que, entre otras cosas, los jueces puedan dictar desalojos exprés, en un plazo máximo de 48 horas, contra quienes ocupen un piso sin tener un título habilitado para ello. La amplia propuesta de reforma legal, que los abogados confían en que sea adoptada por los partidos políticos, parte de la premisa de que las leyes en vigor no son satisfactorias porque la devolución de las viviendas a sus propietarios “se demora de manera extraordinaria”.


Los abogados consideran que la ocupación se ha “multiplicado exponencialmente” en los últimos años y que preocupa a la ciudadanía. Según los datos del Ministerio del Interior, en 2023 se denunciaron un total de 15.289 hechos en toda España, entre usurpaciones de viviendas y allanamientos de morada (las dos modalidades con las que el Código Penal castiga la ocupación). Cataluña acumula el 41% de los casos. La cifra global es inferior a la del año pasado (16.765 denuncias), aunque la tendencia ha sido ciertamente creciente en los últimos 15 años: en 2010 se registraron apenas 2.702.


El allanamiento de morada es el delito más grave, y ocurre cuando alguien ocupa una casa habitada o una segunda residencia. Es, también, el menos habitual: supone apenas un 5% de las ocupaciones ilegales. Los abogados proponen que ese delito deje de ser competencia del jurado popular para adaptarlo a la reciente ley de medidas de eficiencia en la justicia aprobada por el Gobierno. La segunda modalidad, la más habitual, supone un delito leve: la usurpación de vivienda, que persigue la ocupación de edificios o locales desocupados. Y es ahí donde los colegios de Barcelona, Madrid y Málaga han centrado sus propuestas.


Los letrados instan a modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para permitir que la usurpación se ventile “por los trámites del juicio inmediato”. Eso permitirá al juez de turno, razonan, adoptar una medida cautelar urgente de desalojo en el momento de celebración del juicio. El ocupante tendrá 48 horas para acreditar la posesión del inmueble y, si no lo hace, será expulsado de manera “inmediata” y obligado a devolver la vivienda. Los abogados recuerdan que otros países del entorno europeo (Holanda, Francia, Reino Unido, Italia) disponen de mecanismos similares que agilizan los desalojos. La medida evitará que los ocupantes se “perpetúen” en la vivienda y que se utilice “el argumento de vulnerabilidad para conseguir la suspensión del lanzamiento”.


La posible situación de vulnerabilidad de los ocupantes no es, han insistido los abogados, asunto del propietario. Es la Administración la que debe procurar un techo a esas personas si lo considera necesario. Y, aunque la Constitución reconoce el derecho a una vivienda digna, no se puede pretender que la solución a los problemas de falta de vivienda recaiga en los propietarios, según lo ven los abogados. “La ocupación no es un derecho en ningún caso”, ha afirmado el decano del Ilustre Colegios de Abogados de Barcelona (ICAB), Jesús Sánchez, que acoge estos días el segundo congreso sobre ocupación ilegal. “La idea del primer congreso es que no hubiera un segundo, y la del segundo será que no haya un tercero”, ha bromeado el decano de los abogados de Madrid, Eugenio Ribón, sobre la posibilidad de que las formaciones políticas adopten las propuestas legislativas que se están planteando.


Más poder a los vecinos

Los colegios profesionales distinguen entre dos situaciones. Una cosa son los procesos para desalojar a un inquilino que, por ejemplo, ha dejado de pagar la renta; en esos casos, los propietarios han de acreditar el incumplimiento del contrato. Otra muy distinta, razonan, son los procesos para expulsar a quienes nunca tuvieron derecho a estar en la vivienda. Los abogados creen que “no se puede equiparar el régimen jurídico” de ambas situaciones. Por eso, proponen modificar artículos de la legislación civil que “imponen condiciones adicionales que retrasan y complican” las demandas para recuperar esos inmuebles ocupados sin título. Plantean suprimir el trámite de acreditación de la vulnerabilidad, una medida que, aunque “busca proteger a colectivos vulnerables”, se aplica de forma “indiscriminada”, por lo que “se ha convertido en una herramienta utilizada para dilatar injustificadamente los procesos”.


La propuesta pasa también por reformar la ley de propiedad horizontal y el Código Civil de Cataluña para permitir que la comunidad de propietarios pueda pedir el desalojo de un inmueble ocupado si el propietario no lo hace.

Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
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