Una suerte de valla de madera, unida por unos alambres y recubierta por unas lonas negras, custodia una de las entradas del asentamiento ya popularmente conocido como Can Rova II. En el interior, se puede observar una de las calles principales del asentamiento, donde viviendas improvisadas se agolpan a izquierda y derecha. Un poco más abajo, una mujer entra con prisas porque se tiene que ir corriendo a por su hija a la guardería, abre uno de los candados que cierra el acceso a otra de las parcelas en las que se divide el asentamiento. Más de siete meses después desde que sucediera el desalojo del asentamiento original de Can Rova, la situación cada vez se parece más.

Es difícil calcular con exactitud cuánta gente vive actualmente en su interior. Las lonas para cubrir el asentamiento ya lo rodean en su práctica totalidad. Desde fuera ya tan solo se ven los tejados de las caravanas o las casetas de contrachapado que hay allí instaladas. Según explica a este medio una las personas que vive ahí, «el asentamiento se divide en tres parcelas. Donde yo estoy hay alrededor de 80 personas. No sé cuántas hay en total, pero si es parecida a la nuestra, habrá más de 200». Richard es uno de esas personas que fue desalojada de Can Rova y, tras ello, se desplazó a los terrenos aledaños. Asegura que no han recibido visitas recientes de la Policía, pero que sí están al corriente de la denuncia que ha interpuesto la propiedad de los terrenos en su contra, asunto que tienen en manos de su abogado.

Situación actual

El abogado de los desalojados del antiguo asentamiento de Can Rova y actuales residentes en el nuevo asentamiento de Can Rova II es David Fechenbach, un destacado especialista en derecho penal, quien ha analizado para Periódico de Ibiza y Formentera la actual situación de esos residentes de los terrenos, que según sus propias palabras, «no ha cambiado mucho en los últimos días» al estar en pleno entramado judicial.

Y es que a mediados de enero las personas que ocupan el terreno de Can Rova 2 recibieron la demanda de desalojo que presentaron los propietarios del terreno. Esta propiedad asegura que «han ocupado ilegalmente una finca rústica y desean recuperarla». Los demandados argumentaban que la propiedad había ocultado que es una gran tenedora de vivienda. El abogado de esa propiedad, tal y como exponía su abogado Mariano Ramón para los informativos de IB3, considera que «es indiferente porque la demanda no es respecto a una vivienda sino a una finca rústica».

La parte propietaria se trata de una única familia de la isla, que según explica el abogado de los desalojados, «han delegado sus poderes en una sola persona». A través de Ramón, su abogado, han iniciado el proceso para el desalojo del terreno y han solicitado el ingreso de la cuantía económica de la caución, que asciende hasta los 15.000 euros, según publicó IB3.

Respecto a esta demanda, Fechenbach explica que está pendiente de juicio y que lo primero que se ha hecho es «presentar alegaciones ante la cantidad de 15.000 euros que se solicita depositar para poder realizar la defensa». En palabras del jurista, esta cantidad ha sido solicitada «de mala fe, teniendo en cuenta las condiciones económicas de las personas a las que represento». Por este motivo, se ha solicitado una rebaja de esa cuantía económica a «una cantidad simbólica, el mínimo que establece la ley».

Esta defensa contra el posible desalojo que pide la parte propietaria de los terrenos de Can Rova 2 es lo más inminente y en lo que se está centrado Fechenbach. Sobre una posible demanda por un delito de estafa contra la parte propietaria de los terrenos del primero de los asentamientos, que arrendaba ilegalmente y dejó sin el dinero a muchos de los antiguos residentes, el letrado explica que se está dejando «para el día de mañana».

Fechenbach representa a un total de 21 personas, a los que él considera como «cabezas de familia», ya que detrás de ellas hay un total por encima de las 60 personas, según considera. Sobre la situación en la que se encuentran los residentes de los terrenos de Can Rova 2, explica que «siguen malviviendo sin ningún tipo de alternativa, padeciendo el mal tiempo y sobreviviendo con las casetas que se han construido. Han intentado cortarles la luz, el agua, les están observando con drones... En el lugar hay niños y hay mujeres embarazadas».

El Ayuntamiento

Desde el Ayuntamiento, al ser preguntados por este medio, remitieron a las declaraciones que sobre este asunto se hicieron en el último pleno celebrado el 27 de febrero, a raíz de una moción presentada por el grupo municipal socialista. En esa ocasión, la alcaldesa del municipio, Carmen Ferrer, se pronunció estableciendo la diferencia entre el primer y el segundo asentamiento, que es que «en Can Rova había una parte propietaria que es la que se estaba lucrando con estas personas residentes. En Can Rova II, en cambio, lo que hay es una usurpación de un terreno privado mediante la ocupación».
Cabe recordar que, por parte del Ayuntamiento, no han podido acceder al terreno para realizar las acciones pertinentes ni por parte de los Servicios Sociales ni la Policía Local, ante la negativa de los moradores. Para la alcaldesa, esta actitud «se ha actuado con mala fe para obstruir la actuación de esta institución dentro de sus competencias».



En cuanto a los registros que se han realizado en los alrededores del asentamiento, Ferrer aseguró que «se identificaron a muchas personas sin contar con la residencia en España, aunque muchas de ellas estaban empleadas».