El Congreso aprueba con los votos de PSOE y PP empezar a tramitar una ley de Junts para agilizar los desalojos de okupas en 48 horas

20 de marzo de 2025

El Congreso ha dado este martes un primer paso para tramitar una ley que acelere los desahucios y los desalojos de okupas en un plazo de 48 horas. La Cámara Baja ha dado luz verde a la toma en consideración de una proposición presentada por Junts a la que han sumado sus apoyos PSOE y PP. Populares y socialistas coinciden en reconocer su preocupación por la okupación ilegal de viviendas. Los de Pedro Sánchez recuerdan que el allanamiento de morada ya es un delito, aunque consideran que el ordenamiento jurídico es "susceptible de mejora". A su izquierda, sus socios habituales insisten en que se trata de un problema minoritario alimentado por discursos alarmistas.


La iniciativa a la que el Congreso ha dado el visto bueno inicial plantea que los procedimientos para desalojar inmuebles okupados ilegalmente no están siendo "suficientemente eficaces ni suficientemente rápidas". Por ello, pretende reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en caso de denuncia y garantizar la recuperación de la vivienda en un máximo de 48 horas, "impidiendo dilaciones" cuando se aleguen situaciones de vulnerabilidad. "La aplicación indiscriminada de esta protección se ha convertido en una herramienta que puede ser utilizada para dilatar injustificadamente los procesos", argumenta el texto impulsado por Junts.

"Hay que evitar que la protección de la vulnerabilidad recaiga sobre los titulares de inmuebles", ha recalcado en el debate parlamentario la diputada de Junts Marta Madrenas, que ha enfatizado la necesidad de preservar el derecho a la propiedad privada y ha reconocido que la mayoría de okupaciones ilegales no se producen sobre viviendas habituales. Los de Puigdemont admiten que se ha creado una "alarma ciudadana" que no se corresponde con la realidad, pero creen que la "extrema izquierda" y la "respuesta permisiva legal y judicial" han contribuido a hacer proliferar las okupaciones y que este fenómeno se ha convertido en un "grave" problema que vinculan con la delincuencia y consideran que genera problemas de convivencia.


Además de Junts, la propuesta de los de Puigdemont ha contado con el voto favorable de PP, PSOE, PNV, Coalición Canaria y Vox. Los socialistas han defendido que se trata de una iniciativa para "preservar" el derecho a la propiedad privada. "El ordenamiento jurídico español cuenta con mecanismos suficientes para perseguir la mal denominada ocupación ilegal. No obstante, este marco jurídico evidentemente es susceptible de mejora", ha señalado el diputado socialista Guillermo Hita, que ha recalcado la necesidad de que no se "menoscabe" la protección a los colectivos especialmente vulnerables y ha matizado que el endurecimiento de los desalojos no soluciona por sí solo el problema de la vivienda.



El PP ha dicho compartir la preocupación por la okupación, aunque ha recordado que ellos ya impulsaron su propia ley antiokupación y ha denunciado que se encuentra "congelada" por los socialistas en el Congreso. "Podríamos haber acabado ya con las okupaciones ilegales, porque ya podríamos tener vigente una ley que no tenemos porque Sánchez y Armengol han decidido bloquearla. No les importa convertir España en un país donde un okupa tiene mayor protección que aquel al que le roban su casa", ha expresado la diputada Cristina Agüera, que ha defendido que la iniciativa de los populares es "más completa" que la de Junts.


También ha apoyado la proposición de ley ha sido el PNV, que ha resaltado la necesidad de "mejorar la protección de los ciudadanos en la tenencia y disfrute de sus propiedades" y atender los "perjuicios que este fenómeno puede ocasionar a los vecinos", aunque ha reconocido que apenas se interponen 16.500 denuncias al año y ha pedido no "desatender" las situaciones de vulnerabilidad. "El vigente ordenamiento jurídico no tiene una respuesta ágil y eficiente para recuperar las viviendas", ha asegurado el diputado Mikel Legarda. No obstante, los nacionalistas vascos han subrayado que el debate en torno a al okupación no puede ser una "excusa" para acusar al Gobierno de "gestión criminal" o "complicidad" con los okupas ni para alentar un discurso xenófobo.


Vox ha vinculado precisamente la okupación y la inmigración y ha acusado al Gobierno de "amparar la delincuencia". Según los de Abascal, "la comparsa de okupas extranjeros, islamistas y antifascistas se adueña no solo de las casas sino de las calles". "No estamos ante una ocupación puntual de espacios públicos, sino constante de gente que impone sus mundos en nuestros mundos. Hay códigos postales completamente ocupados por inmigraciones masivas", ha aseverado el diputado Carlos Hernández, que ha asegurado que "hay zonas donde no solo hay que desokupar viviendas, sino barrios enteros".

Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
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