Defender los derechos de los propietarios de viviendas

Ante la creciente inseguridad jurídica y la vulneración del derecho histórico a la propiedad en las Islas Baleares, un grupo de ciudadanos y entidades ha decidido organizarse para proteger el derecho a la propiedad privada. Esta nueva asociación, formada por pequeños propietarios, tiene como principal objetivo frenar la ocupación ilegal de inmuebles y responder a la degradación de la propiedad privada, una situación que se agrava por la falta de acción de las autoridades.
La ocupación ilegal ha dejado de ser un fenómeno aislado y afecta a un número alarmante de propietarios. Sin embargo, no es el único desafío que enfrentan. La recién aprobada Ley de Vivienda estatal ha generado aún más incertidumbre. Esta ley impone límites al alquiler en "zonas tensionadas" y establece que, si los inquilinos son vulnerables, no se les puede desalojar, algo que debería asumir el Estado. Aunque se menciona frecuentemente a los "fondos buitre", la realidad es que el 85% de los alquileres en España están en manos de pequeños propietarios que se sienten desprotegidos. La ley debería incluir también un estudio de vulnerabilidad para el propietario, que en algunas situaciones puede ser más vulnerable que el propio inquilino.
Los miembros de la asociación advierten que la seguridad jurídica está prácticamente desaparecida. Muchos propietarios, que han invertido sus ahorros y esfuerzo en adquirir inmuebles, se ven vulnerables ante la falta de mecanismos rápidos y eficaces para recuperar sus propiedades. Esta inseguridad jurídica se agrava con las restricciones impuestas por la Ley de Vivienda, en particular los límites al precio del alquiler, que se perciben como intervencionistas e injustos.
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