¿Cuál es la multa por estar empadronado en un sitio y vivir en otro?

Ian Mateu • 21 de febrero de 2025

En España, el empadronamiento constituye la forma oficial de acreditar el lugar de residencia habitual. Aunque pueda parecer un simple trámite administrativo, en realidad se trata de un procedimiento con implicaciones fiscales, jurídicas y hasta electorales, ya que el padrón municipal sirve para determinar qué personas residen en un determinado municipio y, en consecuencia, planificar servicios públicos (sanidad, educación, transporte, etc.).



La normativa principal que regula el empadronamiento emana de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (disponible en el BOE) y de los Reales Decretos que desarrollan tanto la gestión del padrón como las competencias municipales. En particular, el Real Decreto 1690/1986, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales, ha sido objeto de sucesivas modificaciones que adaptan el padrón a la era digital y a las nuevas realidades de movilidad.


La obligación de empadronarse y su justificación

El empadronamiento acredita el lugar donde una persona reside de forma habitual. De hecho, la Ley 7/1985 dispone que toda persona que viva en España está obligada a empadronarse en el municipio en el que resida la mayor parte del año. Para la administración, es un instrumento fundamental de planificación y asignación de recursos. El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la web oficial, utiliza los datos del padrón para elaborar censos y proyecciones demográficas.

Existen múltiples ámbitos en los que el empadronamiento ejerce un papel clave:

  • Acceso a servicios públicos (centros de salud, colegios públicos, etc.).
  • Solicitud de ayudas y subvenciones (por ejemplo, ayudas al alquiler).
  • Voto en elecciones municipales (solo pueden votar quienes estén empadronados en ese municipio).
  • Inscripción en escuelas infantiles o institutos cercanos al domicilio.



De esta forma, empadronarse en un municipio sin realmente vivir en él puede acarrear beneficios indebidos (por ejemplo, acceso a un centro escolar al que no se tendría derecho) o eludir obligaciones (como las tasas municipales en el municipio donde sí se vive). De allí que muchas localidades hayan endurecido los controles y establezcan sanciones para quienes mientan o falseen su residencia.


La norma y las posibles sanciones

En la legislación estatal no se encuentra un artículo que, de manera literal, fije una “multa” concreta por estar empadronado en un municipio y residir en otro. Sin embargo, el Real Decreto 1690/1986 (Reglamento de Población) y sus posteriores modificaciones contemplan la posibilidad de que el Ayuntamiento proceda a la baja de oficio en el padrón cuando se constate que una persona no reside en la dirección consignada.


Aun así, ciertos ayuntamientos, en uso de sus competencias, pueden disponer de ordenanzas específicas que regulen infracciones y sanciones ligadas a la falsedad en los datos de empadronamiento. Por ejemplo, en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, las ordenanzas municipales de padrón incluyen mecanismos de verificación. Si tras una inspección —ya sea por notificaciones devueltas, visitas del Servicio de Inspección Municipal o denuncias de vecinos— se demuestra que la persona no habita donde afirma, el Ayuntamiento puede dar de baja el empadronamiento, e iniciar un expediente sancionador si considera que ha habido falsedad documental o uso indebido de datos.


A pesar de la creencia popular de que la multa podría oscilar entre 100 y 600 euros, no hay un importe estándar aplicable a todo el territorio. Cada municipio cuenta con potestad sancionadora según su normativa local y, en casos extremos, se podría incluso tipificar como un ilícito de falsedad en documento público (si existiera una manipulación intencionada y grave). En tales situaciones, la sanción podría ser mucho mayor y, potencialmente, conllevar responsabilidad penal.



No obstante, lo más habitual es que el castigo sea administrativo (una multa leve o moderada) o incluso que todo se quede en la anulación del empadronamiento y el requerimiento de subsanar los datos.


Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
El alcalde de Santa Margalida , Joan Monjo, denuncia que en su municipio hay unos 1.500 okupas . El primer edil prefiere llamarlos «turistas sociales» para que no le llamen racista. En este sentido, resalta que hay unas 250 viviendas okupadas «en las que podrían vivir familias».  Monjo explica que hace años que padecen esta situación, que se agrava cada día y teme que puedan producirse daños mayores, como incendios, etc., ya que estas persona no habitan en condiciones óptimas. « En cada piso viven 10-12 personas, sin contar con las garantías de salubridad y seguridad mínimas », advierte. Para evitar males mayores, el Ajuntament de Santa Margalida tapia las viviendas, pero el alcalde lamenta que al poco tiempo vuelven a ser okupadas. Una de las promociones de viviendas okupas. Cabe precisar que gran parte de las viviendas okupadas actualmente son inmuebles que quedaron i nacabados o pendientes de la finalización de obra debido a la crisis de vivienda de los años 2008-2010. «Hay unas 80 viviendas de este tipo, a las que hay que añadir unas 36 de bloques de apartamentos, así cómo unas 130 repartidas en el municipio; la mayoría de ellas son de los bancos», detalla. El primer edil reitera su preocupación por este asunto, ya que asegura que muchos de los que okupan estos inmuebles delinquen en el municipio. «Hay personas de todo tipo. Algunos son inmigrantes ilegales , que se dedican al top manta en nuestras playas; pero también hay trabajadores que no quieren pagar un alquiler. Lamentablemente, también hay niños », expone. Imagen de 36 partamentos turísticos okupados en Can Picafort. «Las viviendas no nos las quitan los turistas» El alcalde de Santa Margalida asegura que «las viviendas no nos las quitan los turistas» . En este punto, insiste en que en su municipio hay unos 250 inmuebles okupados, en los que podrían vivir familias. A su modo de ver, se está demonizando al turismo y culpándolo de la masificación, cuando realmente no es la causa. Monjo reprocha a los políticos con competencias en la materia que no adopten las medidas pertinentes para solucionar las dificultades para acceder a la vivienda. Además, subraya que el turismo es el principal motor de la economía balear . «En Santa Margalida tenemos 17.000 plazas hoteleras, que pagan sus impuestos y generan puestos de trabajo. Sin embargo, tenemos unos 1.500 turistas sociales que no abonan nada y sí generan muchos problemas », sentencia. Por ello, exige que se deje de criminalizar al turismo y se adopten las medidas necesarias para poner fin a la okupación y facilitar el acceso a la vivienda. Además, recrimina que se hayan construido muy pocas viviendas desde 2010 y reprocha al Pacte del Progrès que eliminase del Plan Teritorial los urbanizables y los falsos urbanos, ya que «ha hecho que las viviendas se encarezcan». Por tanto, reitera que la falta de vivienda que padece Mallorca es consecencia, principalmente, de la okupación y de las decisiones políticas que han frenado las nuevas edificaciones.
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
«Ya advertí que el sistema de pensiones estaba quebrado. Europa me ha dado la razón» , declara el economista Pep Ignasi Aguiló . En este sentido, explica que el hecho de que la Unión Europea haya exigido a España que haga un nuevo examen al sistema de pensiones pone de manifiesto que el primero no fue válido y, por tanto, no se puede asegurar que sea viable tal como está configurado en este momento. A su modo de ver, si se hiciese un examen exhaustivo reflejaría estas deficiencias . Sin embargo, sospecha que «la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lo presentará de una forma tan técnica que le permitirá al Gobierno seguir como hasta ahora ; relegará el problema al futuro». Pese a que este asunto genera mucha inquietud, Aguiló lanza un mesaje de tranquilidad a los pensionistas , ya que asegura que podrían tomarse medidas para que sí sea factible el sistema de pensiones. Sin embargo, no confía en que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez vaya a a hacerlo. Noticias relacionadas  El prestigioso economista viene advirtiendo desde hace tiempo que «sin las aportaciones del Estado no se podría pagar las pensiones» . No obstante, reitera que los pensionistas «seguirán cobrando sus pagas» porque el Gobierno se endeuda para aportar lo que hace falta, que cada vez es mayor puesto que el número de beneficiarios no para de crecer. « Las pensiones no están en peligro porque la fuerza electoral del colectivo es lo suficientemente grande como para que se asignen fondos desde otras partidas». Sin embargo, lamenta que esto vaya en contra del crecimiento económico de España y de la prosperidad de generaciones más jóvenes. Más jubilados que nacimientos en España En el caso concreto de los jubilados , Aguiló explica que la conocida como generación del 'baby boom', es decir, los nacidos en los años 60, se están retirando ahora; a lo que hay que añadir que la esperanza de vida cada vez es mayor , por lo que los pensionistas cobran durante más tiempo. Cabe destacar que en España ya hay más nuevos jubilados que nacimientos: en 2024 nacieron 322.034 bebés, mientras que se dieron de alta 368.065 nuevos jubilados. En Baleares aún hay más nacimientos que nuevos retirados. Sin embargo, los expertos avisan que pronto se producirá un sorpasso. «Los desafíos financieros a los que se enfranta España son de gran magnitud. Pues, por las características de la evolución demográfica y de la acción política suponen un incremento muy considerable de las necesidades financieras», sentencia. En este punto, añade que «nuestro sistema es de reparto y lleva varios años acumulando déficits que se sufragan por préstamos realizados por el Estado».
Por Ian Mateu 13 de junio de 2025
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